Santa Lucía estará listo en 3 años; no hay nada qué temer por caída del peso, dice AMLO
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Manu Ureste

Santa Lucía estará listo en 3 años; no hay nada qué temer por caída del peso, dice AMLO

El presidente electo confirmó que se respetará el resultado de la consulta en la que dijo, "la gente fue la que decidió" la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco. Se construirán dos pistas en Santa Lucía.
Manu Ureste
29 de octubre, 2018
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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se cancela la obra del nuevo aeropuerto de Texcoco para construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

“La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz”, aseguró en conferencia de prensa. 

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la consulta sobre el proyecto del nuevo aeropuerto. Tras cuatro días de votación, el 69 % de los ciudadanos optaron por la construcción de dos pistas en Santa Lucía, para complementar su operación con el actual aeropuerto Benito Juárez. El 29 % votó por continuar la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco.

López Obrador se comprometió a que en tres años se tendrá en definitiva resuelto el problema y estarán construidas las dos pistas que se necesitan en Santa Lucía, además de tener la conexión con el actual aeropuerto a través de un carril confinado, y se tendrá operando el tren de la capital del país a Toluca, para facilitar la llegada a esa terminal aeroportuaria.

“No tenemos ningún obstáculo, o sea, estoy optimista, no tenemos nada que limite, que impida, de que en tres años se resuelva el problema para 40, 50, años hacia adelante”, aseguró.

López Obrador dijo que hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos e inversiones, además existe “en respaldo y aval, nuestra palabra” de atender cualquier reclamación de empresas o de inversionistas.

“Esta decisión se toma con respeto absoluto al estado de derecho sin afectar intereses de empresas y de los financieros”, aseguró.

Dijo que se respetarán los contratos de los empresarios, e incluso, éstos podrían ser quienes se encargarán de la construcción de Santa Lucía.

En la conferencia, Javier Jiménez Espriú dijo que iniciará un diálogo con las autoridades actual del gobierno, así como con contratistas del actual proyecto de Texcoco, para determinar el mejor cauce legal para la suspensión ordenada de los trabajos.

“A partir del próximo 1 de diciembre, informaremos de todas las acciones a desarrollar en la terminación de los trabajos y la revisión de los contratos (de la obra de Texcoco), así como del inicio de los trabajos del nuevo sistema aeropuertario (en Santa Lucía)”, dijo Espriú.

Leer: ¿Cómo sería el Aeropuerto de Santa Lucía? Equipo de AMLO difunde el Plan Maestro

Destacó que “fue la gente la que decidió y tenemos que ir creando el hábito democrático, cuando hay democracia no existe la corrupción”, aseguró. En la consulta votaron 1 millón 67 mil 859 personas.

Sobre la caída del peso frente al dólar, luego de conocerse la noche del domingo los resultados de la consulta, aseguró que la fluctuación no es significativa, “no representó prácticamente nada de alteración”.

Añadió que el peso también se ve afectado por factores externos, “hay que esperarnos, no hay nada que temer”, añadió.

López Obrador consideró “exagerado” que la iniciativa privada declarara que recurrirá a tribunales para defender el aeropuerto en Texcoco, pues dijo que se respetarán los contratos.

Confió en que no habrá ninguna denuncia pues de ser necesario buscará a los empresarios para lograr un acuerdo.

El mandatario electo defendió la viabilidad de Santa Lucía, aseguró que estudios han demostrado que no existe ningún problema técnico, que pueden operar ese y el actual AICM. 

Añadió que el resultado de la consulta es un triunfo para los ambientalistas y que representará un ahorro de 100 mil millones de pesos.

 

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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