Llevan a la CIDH caso de proyectos que han provocado la muerte de peces en la Laguna Chacahua-Pastoría

El Estado mexicano lleva más de tres décadas ignorando a las comunidades afromexicanas que viven en la laguna Chacahua-Pastoría, Oaxaca. Organizaciones llevan el caso a nivel internacional para exigir atención a este racismo ambiental.

Llevan a la CIDH caso de proyectos que han provocado la muerte de peces en la Laguna Chacahua-Pastoría
Desde 2016, la cooperativa Mujeres Pescadoras del Manglar busca que el gobierno realice las reparaciones para que los peces puedan volver a la laguna. Rodrigo Crespo

En la audiencia sobre los derechos de personas afromexicanas y afrodescendientes del 169 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado mexicano aún no reconoce en la Constitución a los pueblos afrodescendientes, lo que fomenta diversas afectaciones a sus derechos humanos.

Nadia Alvarado Salas, del Colectivo para Eliminar el Racismo (COPERA) se refirió, entre esas afectaciones, al caso concreto de las poblaciones que viven en el complejo de lagunas Chacahua-Pastoría, en la Costa Chica de Oaxaca.

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El caso de las comunidades afromexicanas asentadas en este sistema lagunar, afirmó, es un ejemplo de cómo la falta de reconocimiento constitucional ha imposibilitado a estas comunidades a defender sus derechos colectivos e individuales ante el racismo ambiental e institucional por parte del Estado mexicano, que durante décadas ha implementado acciones y políticas y omitido obligaciones que han afectado a la población afromexicana e indígena que viven en y de la laguna.

El desvío de agua para abastecer el distrito de riego 110 y otros lugares, agregó la activista, junto con la apertura artificial de la boca barra de Cerro Hermoso en la década de los años 70´s han privado a las localidades El Azufre, Zapotalito, El Corral, Cerro Hermoso, Chacahua y La Grúa del derecho al acceso a bienes y servicios ambientales como el agua limpia.

Desde 1995, dijo Alvarado Salas ante las comisionadas de la CIDH, el Estado conoce esta problemática y no ha tomado las medidas necesarias para resolverla, atentando contra el derecho de los pobladores, al despojarlos de al menos 13 metros cúbicos de agua, que de manera natural llegaban a la laguna.

“El Estado mexicano es responsable de racismo ambiental en la medida que ha priorizado otros intereses sobre el derecho a un ambiente sano de la población afromexicana que depende de la laguna”.

También, señaló la integrante del Colectivo COPERA, “ha incurrido en racismo institucional al menospreciar el conocimiento local e ignorar las recomendaciones hechas por las comunidades sobre el uso y manejo de los recursos y excluirlos de la administración y la toma de decisiones, situación que los expone a la imposición de proyectos, bajo contratos cuestionados que violentan su forma de vida”.

El desinterés y la omisión gubernamental, acusó Alvarado Salas, han ocasionado la acumulación de contaminantes en la laguna disminuyendo la productividad y diversidad de peces. “En los últimos diez años ha habido al menos tres mortandades de peces y han aumentando los focos de infección. Esto afecta a las cinco comunidades que dependen de la pesca y el turismo en el sistema lagunar, generando pérdida de empleos y conflictividad social”.

Por lo tanto, advirtió, es urgente la reparación de los daños a las familias afectadas, que se realicen las obras para restituir el flujo de agua dulce y marina al sistema lagunar, así como un estudio que ayude a un plan de saneamiento y restitución del equilibrio ecológico de la laguna, involucrando y en consulta con las comunidades afectadas.

En su intervención para comentar sobre los casos expuestos por la sociedad civil, la comisionada de la CIDH Esmeralda Arosemena dijo que nunca antes había escuchado esa calificación de racismo ambiental, pero que sin duda se expresaba bien  en el caso de la Laguna Chacahua-Pastoría y en cómo esas obras afectan la vida de los grupos afrodescendientes y afromexicanos.

“Ese racismo ambiental está justo ahí porque la afectación es a su vida, a su actividad económica. Me gustaría saber cuál es el enfoque que tiene el gobierno mexicano para  una política pública respecto al área de las lagunas afectadas, en específico, sobre cómo se desvían las aguas y cómo se retienen”.

Sin embargo, en su intervención para contestar los cuestionamientos de las comisionadas, la delegación del estado mexicano solo dijo que, sobre el racismo ambiental, México cuenta con un marco jurídico para denunciar este tipo de situación y que existe ya un grupo de trabajo para darle seguimiento a las recomendaciones emitidas por el relator especial de las de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, quien señaló este problema (de la laguna) y otros, que se tratarán de corregir en el futuro.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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