Corte retira proyecto que ONG calificaron de discriminatorio contra trabajadoras del hogar
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Corte retira proyecto que ONG calificaron de discriminatorio contra trabajadoras del hogar

La Suprema Corte retiró un proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, que negaba a las trabajadoras del hogar el reconocimiento de sus derechos laborales.
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18 de octubre, 2018
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Organizaciones sociales celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de retirar un proyecto que negaba a las trabajadoras del hogar el reconocimiento de sus derechos laborales.

El lunes pasado, defensores de derechos humanos, académicos y activistas publicaron una carta en la que acusaron que el proyecto 9/2018, que sería discutido en la Segunda Sala de la SCJN, era discriminatorio para las trabajadoras del hogar, ya que legitimaba “un trato asimétrico” en materia de seguridad social.

Leer: Proyecto de la Corte sobre trabajadoras del hogar es discriminatorio, alertan defensores y activistas

El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán suscribía que “el hecho de que los empleados domésticos no se encuentren contemplados dentro del régimen obligatorio del Seguro Social atiende a una diferenciación objetiva y razonable, a saber, que los empleados domésticos se distinguen intrínsecamente de los demás trabajadores, ya que la naturaleza y especificidades de su labores es de carácter especial”.

A través de la misiva, más de 120 activistas, defensores de derechos humanos y académicos, hicieron un llamado a la Suprema Corte y al Estado para revertir las prácticas discriminatorias que atentan contra los derechos de las trabajadoras del hogar.

En un comunicado, las organizaciones hicieron un llamado a los ministros de la Corte para que la redacción del nuevo proyecto “esté apegado a los estándares más altos de protección de derechos humanos laborales para este sector de trabajadoras”.

Para el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Nosotrxs, Sinactraho y Hogar Justo Hogar, este caso “sienta un precedente histórico que obliga al Estado mexicano en su conjunto, a revisar con detenimiento las profundas desigualdades sustentadas y generadas a partir de las leyes federales que en la actualidad legitiman un trato asimétrico en su contra”.

Las organizaciones exhortaron al poder Ejecutivo para que envíe el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo al Senado para su ratificación, e hicieron un llamado al Legislativo para que realice las modificaciones necesarias a la Ley del Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo “para sentar las bases de igualdad que históricamente se le han negado a este sector”.

“Requerimos leyes justas que permitan a todos y todas las trabajadoras de nuestro país el acceso a una vida digna”, finalizaron.

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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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