La Corte emite sentencia ambigua sobre construcción de presa de minera Grupo México
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La Corte emite sentencia ambigua sobre construcción de presa de minera Grupo México

La Corte resolvió a favor del amparo interpuesto por los integrantes de la comunidad de Bacánuchi por no haber sido consultados sobre la construcción de una presa. Sin embargo, los alcances de la sentencia no son claros.
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4 de octubre, 2018
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La sentencia final de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) sobre el amparo que presentó la comunidad de Bacánuchi, en Sonora, por la construcción de una presa de la minera Grupo México es ambigua, pues no queda claro su alcance, aunque ordena que se informe sobre los impactos de la obra y también da oportunidad a los pobladores para que den a conocer sus preocupaciones y sugerencias.

La comunidad se amparó porque no fue consultada acerca de la construcción de una presa de jales, donde se almacenarán desechos sólidos y líquidos, de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, en la misma zona donde hace cuatros años se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado.

Luis Miguel Cano, el abogado de la organización PODER que lleva el caso en representación de los pobladores, señaló, en entrevista con Animal Político, que aunque la sentencia es un precedente importante respecto a reconocer la participación de las comunidades no indígenas en temas medioambientales, no queda claro el alcance de la consulta ni si quedará sin efecto la autorización ya emitida para el proyecto.

LEE: Contaminación, despojo y negligencia: las acusaciones contra Grupo México en Sonora

Semarnat autorizó, sin informar a las comunidades, la construcción de una presa de Grupo México de 65 hectáreas que reuniría 80 mil veces más desechos tóxicos que los derramados hace cuatro años.

El 5 de septiembre pasado, cuatro de cinco ministros de la Segunda Sala de la SCJN se pronunciaron a favor de conceder el recurso legal a los pobladores, pero quedó pendiente conocer los términos de la sentencia final. Son justos estos los que se emitieron este miércoles.

En ellos se ordena a las autoridades responsables que organicen una reunión pública de información en la que se explique a la comunidad quejosa los aspectos técnicos ambientales que se tomaron en cuenta para la construcción de la obra, los posibles impactos que se podrían ocasionar por su operación, con base en las experiencias previas que este tipo de obras han tenido, y las medidas de prevención y, en su caso, las medidas de mitigación que serán implementadas.

La sentencia también advierte que deberá darse oportunidad a la población para manifestar sus preocupaciones y posibles sugerencias, que deberán ser escuchadas por las autoridades y tomadas en cuenta en las medidas de prevención que se lleven a cabo. Posteriormente, las autoridades deberán usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que la obra cause daños significativos al ambiente.

Cano afirma que la sentencia resulta ambigua puesto que no especifica detalles como la forma en la que se llevará a cabo la consulta en la comunidad, los tiempos de su realización y la manera en que la Semarnat deberá tomar en cuenta las aportaciones de la comunidad. El abogado señala que preocupa sobre todo que en el contenido de la sentencia no se precisa si la autorización para la obra queda o no sin efecto.

“Celebramos el precedente de la Corte, es magnífico que haya reconocido el derecho de participación en asuntos medioambientales, pero vemos con preocupación los efectos de la sentencia, si estos son solo hacer una consulta entre la población para que de inmediato expresen sus preocupaciones y sugerencias y ver cómo las toma en cuenta la autoridad, pero no invalida la autorización que le dio a la minera para hacer el proyecto ni queda suspendido, entonces para qué consultar, eso sería más bien una simulación”, afirma Cano.

Ante los efectos ordenados por la SCJN, la comunidad de Bacánuchi presentó hoy una solicitud para aclarar la sentencia, tanto al Juzgado de Sonora, como ante la Segunda Sala de la Corte.

“Esta acción es fundamental a fin de precisar esos temas clave. Tenemos buena fe en que se va a aclarar la resolución y en que se va a precisar que esa autorización está invalidada, como sucedió en los casos de los permisos de soja transgénica”, señala el abogado.

 

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Agresión de policías a músico reenciende protestas en Francia por polémica ley de seguridad

El ataque a un productor de música negro, que fue golpeado por policías de París, ha elevado la indignación en Francia en momentos en que el gobierno promueve una polémica ley de seguridad.
28 de noviembre, 2020
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Los policías involucrados “han manchado el uniforme de la república”, sentenció este viernes el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin.

Y es que la golpiza que recibió el productor de música Michel Zecler el pasado 21 de noviembre ha indignado al país luego de que se diera a conocer un video del incidente que tuvo con policías en París.

Un caso que ha reavivado las protestas que se registran en el país por una ley de seguridad que propone el gobierno y que los manifestantes advierten hará invisibles casos de abuso de las fuerzas del orden.

Las imágenes de una cámara de seguridad, difundidas primero por el sitio de noticias Loopsider, muestran a tres agentes pateando y golpeando con porras a Zecler, cuando este entraba a su propio estudio musical.

El productor de Black Gold Studios presuntamente se había cruzado con una patrulla y, al no llevar puesta una mascarilla, trató de entrar rápido a su oficina para evitar ser multado.

Tres agentes lo siguieron e ingresaron al estudio para sacarlo a la calle. Para conseguirlo, hicieron uso de la fuerza, hecho que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que es “inaceptable” y “vergonzoso.

Tras pedirles ayuda, artistas que estaban en el estudio consiguieron liberarlo de los agentes y cerrar la puerta, pero los policías reingresaron y lanzaron una granada lacrimógena en el interior.

Zecler asegura que, además de ser golpeado, fue objeto de insultos racistas por ser negro durante los cinco minutos de golpiza que le dejó hematomas en todo el cuerpo, además de necesitar puntos en la cabeza.

Inicialmente había sido acusado de violencia y resistencia al arresto, pero los fiscales desestimaron los cargos y en su lugar abrieron una investigación contra los agentes.

“Me atacaron personas que deberían haberme protegido. No hice nada para merecer esto. Solo quiero que estas tres personas sean castigadas según la ley”, dijo Zecler a la prensa afuera de la jefatura de policía el jueves, a la que llegó con su abogado para presentar una denuncia.

Los tres policías que aparecen en el video han sido suspendidos y están bajo investigación. Fueron interrogados el viernes.

Pero este caso y otros de uso excesivo de la fuerza solo ha reavivado las protestas en el país contra el gobierno de Macron.

Una protesta en París

EPA
Miles de manifestantes tomaron las calles, a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia de covid-19.

La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se manifestaban en París este sábado.

Los enfrentamientos comenzaron después de que algunos en la multitud arrojaron piedras y fuegos artificiales a los agentes. Autos fueron incendiados y se levantaron barricadas.

Una protesta en París

Reuters
Hubo algunos disturbios en París durante una marcha multitudinaria.

Macron exigió el viernes una respuesta rápida de sus subalternos para reconstruir la confianza entre la policía y los ciudadanos. Dijo que Francia nunca debería “resignarse a la violencia” o “dejar que prospere el odio o el racismo”.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo estar “profundamente conmocionada” por este “acto intolerable”.

El ojo sobre la policía

El gobierno francés ha emprendido un controvertido proyecto de ley de seguridad, que según los opositores podría socavar la capacidad de los medios para examinar el comportamiento de la policía.

El artículo 24 del proyecto de ley tipifica como delito la publicación de imágenes de policías o soldados en las redes sociales que puedan afectar a los uniformados en su seguridad física y psicológica.

Los críticos de la legislación dicen que sin tales imágenes, ninguno de los incidentes como el de Zecler, o el desalojo de un campamento de migrantes la semana pasada en París, habría salido a la luz.

El gobierno argumenta que el nuevo proyecto de ley no compromete los derechos de los medios de comunicación ni de los ciudadanos comunes a denunciar los abusos policiales.

Una protesta en París

Reuters
Tras las protestas, el artículo 24 del proyecto de ley ha sido enmendado.

Ante las críticas, el gobierno agregó una enmienda, especificando que el artículo 24 “sólo tendrá como objetivo controlar la difusión de imágenes claramente dirigidas a dañar la integridad física o psicológica de un oficial de policía o soldado”.

Las personas declaradas culpables podrían ser castigadas con un año de prisión o con una multa de hasta 45.000 euros (US$53.800).


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