La Corte emite sentencia ambigua sobre construcción de presa de minera Grupo México
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La Corte emite sentencia ambigua sobre construcción de presa de minera Grupo México

La Corte resolvió a favor del amparo interpuesto por los integrantes de la comunidad de Bacánuchi por no haber sido consultados sobre la construcción de una presa. Sin embargo, los alcances de la sentencia no son claros.
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4 de octubre, 2018
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La sentencia final de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) sobre el amparo que presentó la comunidad de Bacánuchi, en Sonora, por la construcción de una presa de la minera Grupo México es ambigua, pues no queda claro su alcance, aunque ordena que se informe sobre los impactos de la obra y también da oportunidad a los pobladores para que den a conocer sus preocupaciones y sugerencias.

La comunidad se amparó porque no fue consultada acerca de la construcción de una presa de jales, donde se almacenarán desechos sólidos y líquidos, de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, en la misma zona donde hace cuatros años se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado.

Luis Miguel Cano, el abogado de la organización PODER que lleva el caso en representación de los pobladores, señaló, en entrevista con Animal Político, que aunque la sentencia es un precedente importante respecto a reconocer la participación de las comunidades no indígenas en temas medioambientales, no queda claro el alcance de la consulta ni si quedará sin efecto la autorización ya emitida para el proyecto.

LEE: Contaminación, despojo y negligencia: las acusaciones contra Grupo México en Sonora

Semarnat autorizó, sin informar a las comunidades, la construcción de una presa de Grupo México de 65 hectáreas que reuniría 80 mil veces más desechos tóxicos que los derramados hace cuatro años.

El 5 de septiembre pasado, cuatro de cinco ministros de la Segunda Sala de la SCJN se pronunciaron a favor de conceder el recurso legal a los pobladores, pero quedó pendiente conocer los términos de la sentencia final. Son justos estos los que se emitieron este miércoles.

En ellos se ordena a las autoridades responsables que organicen una reunión pública de información en la que se explique a la comunidad quejosa los aspectos técnicos ambientales que se tomaron en cuenta para la construcción de la obra, los posibles impactos que se podrían ocasionar por su operación, con base en las experiencias previas que este tipo de obras han tenido, y las medidas de prevención y, en su caso, las medidas de mitigación que serán implementadas.

La sentencia también advierte que deberá darse oportunidad a la población para manifestar sus preocupaciones y posibles sugerencias, que deberán ser escuchadas por las autoridades y tomadas en cuenta en las medidas de prevención que se lleven a cabo. Posteriormente, las autoridades deberán usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que la obra cause daños significativos al ambiente.

Cano afirma que la sentencia resulta ambigua puesto que no especifica detalles como la forma en la que se llevará a cabo la consulta en la comunidad, los tiempos de su realización y la manera en que la Semarnat deberá tomar en cuenta las aportaciones de la comunidad. El abogado señala que preocupa sobre todo que en el contenido de la sentencia no se precisa si la autorización para la obra queda o no sin efecto.

“Celebramos el precedente de la Corte, es magnífico que haya reconocido el derecho de participación en asuntos medioambientales, pero vemos con preocupación los efectos de la sentencia, si estos son solo hacer una consulta entre la población para que de inmediato expresen sus preocupaciones y sugerencias y ver cómo las toma en cuenta la autoridad, pero no invalida la autorización que le dio a la minera para hacer el proyecto ni queda suspendido, entonces para qué consultar, eso sería más bien una simulación”, afirma Cano.

Ante los efectos ordenados por la SCJN, la comunidad de Bacánuchi presentó hoy una solicitud para aclarar la sentencia, tanto al Juzgado de Sonora, como ante la Segunda Sala de la Corte.

“Esta acción es fundamental a fin de precisar esos temas clave. Tenemos buena fe en que se va a aclarar la resolución y en que se va a precisar que esa autorización está invalidada, como sucedió en los casos de los permisos de soja transgénica”, señala el abogado.

 

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Jurado acusa a dos hombres por tráfico de personas y muerte de migrantes hallados en camión en Texas

Homero Zamorano y Christian Martínez enfrentarán una condena que puede llegar a ser la pena de muerte.
21 de julio, 2022
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Dos hombres fueron acusados por el tráfico y la muerte de 53 migrantes en Texas, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un gran jurado federal en la ciudad de San Antonio acusó formalmente a Homero Zamorano y a Christian Martínez, ambos texanos, de cuatro cargos:

  • conspiración para transportar migrantes de forma ilegal con resultado de muerte,
  • transporte de extranjeros de forma ilegal con resultado de muerte,
  • conspiración para transportar migrantes de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro,
  • transporte de extranjeros de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro.
El conductor del tráiler con migrantes muertos

Reuters
Homero Zamorano ha sido acusado por la muerte de los 53 migrantes en San Antonio.

La pena máxima por estos cargos es la cadena perpetua o la pena de muerte, algo que analizará el fiscal general antes de pedir la condena en los próximos días.

Un juez federal determinará luego la sentencia.

Una tragedia

El incidente en San Antonio, ocurrido el pasado 27 de junio, es el caso de tráfico de personas más mortífero en la historia reciente de EE.UU.

“Un trabajador de uno de los edificios aquí atrás escuchó un grito de ayuda. Salió a investigar, encontró un remolque con las puertas entreabiertas, las abrió para mirar y encontró varias personas fallecidas adentro”, narró entonces el jefe de la Policía de San Antonio, William McManus.

Además de los 50 adultos y tres menores de edad que murieron, 10 adultos y un menor resultaron heridos.

Entre las víctimas había mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

Muerte por calor

Zamorano, de 46 años, conducía el camión y fue captado por las cámaras en un punto de inspección del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., aunque en ese momento no fue detenido.

Horas después, cuando ocurrió el hallazgo de los migrantes, Zamorano “fue encontrado escondido en la maleza después de intentar fugarse”, según la investigación del Departamento de Justicia.

En un principio, los servicios de emergencia le prestaron ayuda, pero luego fue detenido por la policía de San Antonio.

La policía investiga un camión en el que fueron hallados decenas de migrantes muertos

Getty Images
San Antonio queda aproxidamente a 250 km de la frontera con México.

Martínez, de 28 años, fue identificado en comunicaciones con Zamorano en las que hablaban sobre la operación de tráfico de personas.

Dos mexicanos, Juan Claudio D’Luna Méndez y Juan Francisco D’Luna Bilbao, también estaban siendo procesados bajo distintos cargos por su posible participación en el fatal incidente, aunque de momento no fueron incluidos en la acusación formal.

El jefe del Departamento de Bomberos de San Antonio, Charles Hood, dijo a fines de junio que las personas murieron de agotamiento y exceso de calor dentro del camión, que no tenía aire acondicionado.

Las víctimas estaban “calientes al tacto”.

La investigación reveló que, aparentemente, Zamorano no sabía que el aire acondicionado del tráiler no funcionaba.

Los migrantes estaban en el vehículo con mínima ventilación en un día que rozó los 40 °C a la sombra.

Rutas peligrosas

El vehículo fue encontrado en una zona de poco tránsito, cerca de una vía de tren en el suroeste de San Antonio, que queda a unos 250 kilómetros de la frontera entre EE.UU. y México.

Zamorano había tomado la ruta que va desde Laredo, en la frontera de México y Texas, hasta San Antonio.

Mapa del sitio de incidente

BBC

La inmigración es un tema político polémico en EE.UU., donde el año pasado se detuvo a un número récord de inmigrantes indocumentados que cruzaban al país desde México, muchos de ellos viajando por rutas extremadamente peligrosas e inseguras.

Huyendo de la pobreza y la violencia en América Central, muchos de los inmigrantes indocumentados terminan pagando enormes sumas de dinero en efectivo a traficantes de personas para cruzar la frontera.

En los últimos años ha habido muchos ejemplos similares de migrantes que fallecieron durante su viaje, pero ninguno tan mortal como el de San Antonio.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, culpó al presidente estadounidense, Joe Biden, del Partido Demócrata, por las muertes y las describió como “resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas”.

Beto O’Rourke, el candidato demócrata que compite contra Abbott en las elecciones de noviembre, dijo que los informes eran devastadores y pidió una acción urgente para “desmantelar las redes de contrabando de personas y reemplazarlas con vías ampliadas para la migración legal”.


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