México es un paciente enfermo. El Estado de derecho, que puede entenderse como un sistema inmunológico que le permite al país defenderse de grandes enfermedades como la violencia o la corrupción, es débil en las 32 entidades federativas. La propia Ciudad de México, el Estado de México (la entidad más poblada) y Guerrero, se encuentran entre los peores en ese aspecto.
Así lo revela el estudio titulado Índice de Estado de Derecho México 2018, desarrollado por la organización internacional World Justice Project (WJP), el cual evalúa, por primera vez, la prevalencia del Estado de derecho en cada entidad federativa, y las clasifica a través de un índice.
El estudio, que se presentará públicamente hoy, muestra que el país en términos generales está reprobado. El promedio nacional es de apenas 0.39, ni cerca de la mitad, en una escala que va del 0.0 al 1.0. La corrupción, la falta de medidas regulatorias claras y la violencia, son los principales factores que debilitan la existencia de condiciones plenas de legalidad en el país.
Ni uno de los 32 estados obtiene un puntaje que rebase la mitad de la escala. Los menos malos son Yucatán, con una calificación de 0.45, seguido de Aguascalientes y Zacatecas con 0.44. Esas serían las entidades en donde los ciudadanos gozan de condiciones más cercanas a las de un Estado de derecho.
Los 10 estados con el índice general más bajo son Guerrero con 0.29; Baja California Sur con 0.35; Estado de México, Sonora, Puebla y Quintana Roo, todos con 0.36; y Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco con 0.37.
“Esto es como tener un sistema inmunológico que no funciona. Si no tomas tus vitaminas, si no te cuidas el Estado de Derecho, que es ese sistema inmune, está débil. Y entonces si llegan las infecciones como una gripe que puede ser una crisis de seguridad, o algún evento repentino de violencia, no estás preparado y la gripe se puede volver neumonía”, explicó Jorge Morales, uno de los investigadores del WJP que elaboró el estudio.
Hay focos rojos que debilitan con mayor fuerza el Estado de derecho. La corrupción es uno de ellos, y el otro es la impunidad. Leslie Solís, otra de las investigadoras, dijo que la falta de policías y fiscalías preparadas que garanticen investigaciones sólidas, y que resuelvan delitos, es uno de los problemas más graves, que debilita hoy al “sistema inmunológico” del país.
A continuación Animal Político presenta una síntesis de las entidades mejor y peor calificadas, en cada uno de los 8 grandes temas en los que el estudio basa su análisis de Estado de derecho.
Los datos recabados provienen de tres fuentes principales: encuestas sistematizadas a más de 25 mil personas de una muestra representativa de todo el país, encuestas sistematizadas a mil 500 especialistas, así como estadísticas de fiscalías.
Los autores esperan que este documento, que se estará actualizando cada año, ayude a los gobiernos estatales a definir políticas públicas que les permitan fortalecer las condiciones de legalidad. El estudio completo podrá consultarse en internet.
Tema 1: Límite al poder gubernamental
Aquí se analizan los pesos y contrapesos que tiene un gobierno estatal. Se trata de un factor clave para limitar el poder gubernamental, y responsabilizar a los funcionarios de sus actos. Entre los contrapesos está el poder legislativo, pero también la sociedad civil.
Algunas de los aspectos que se tomaron en cuenta para evaluar este componente son si hay un poder legislativo fuerte y plural, si hay sanciones para funcionarios por irregularidades, si hay actores independientes fuertes como organizaciones sociales y medios de comunicación locales, y si las elecciones son libres y transparentes.
Los cinco estados peor calificados en este rubro son: Guerrero, Baja California Sur, Veracruz, Coahuila y el Estado de México. Los cinco estados mejor calificados en el tema son: Nuevo León, Campeche, Aguascalientes, Baja California y Oaxaca.
Tema 2: Ausencia de corrupción
Este tema es el peor evaluado en el promedio nacional con un indicador de apenas 0.35. Es decir, se trata de una de las principales causas por la que el país carece de un Estado de derecho pleno. El estudio aborda tres principales tipos de corrupción: sobornos, influencias indebidas y apropiación ilegal de recursos públicos.
De todo el país, la Ciudad de México es la entidad peor evaluada en este rubro. Leslie Solís y Jorge Morales explican que esto puede deberse a la cantidad de trámites que se realizan en la capital, los cuales en muchos casos acarrean pagos ilegales.
Luego de la capital los estados peor evaluados son Guerrero, Estado de México, Quintana Roo y Jalisco. En contraste los estados mejor evaluados (aunque con un indicador que no sobrepasa los 0.42) son Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Baja California.
Tema 3: Gobierno abierto
Aquí se evalúa la apertura que tiene un gobierno estatal para compartir su información, situación importante pues empodera a los ciudadanos, contribuye a la rendición de cuentas y permite una mejor toma de decisiones. Entre los indicadores que se evaluaron está, por ejemplo, el nivel de respuesta que tiene el gobierno local a las solicitudes de información vía transparencia.
Los estados con la mejor calificación en este tema son Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Zacatecas, todas con un índice de 0.43 a 0.51. En contraparte, los estados con las calificaciones más bajas en gobierno abierto son Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca y Tamaulipas.
Tema 4: Derechos fundamentales
En este tema se analizó la protección efectiva a los derechos humanos de los habitantes de la entidad. Se contempla tanto el respeto a las garantías civiles así como individuales de cada persona, por ejemplo, el derecho a no ser discriminado, a la vida y la seguridad, el respeto al debido proceso, a la libertad de expresión y religiosa, los derechos laborales, entre otros.
Las cinco entidades mejor calificadas, y que en este caso sí obtuvieron un índice por arriba de la mitad de la escala (de 0.5 a 0.56) son Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro, Colima, y Chihuahua. En tanto los estados con los peores registros (por debajo de 0.45) son Guerrero, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y estado de México.
Tema 5: Orden y seguridad
Una de las condiciones básicas de un Estado de derecho es la capacidad que tiene de garantizar la seguridad de las personas y de sus propiedades. Lamentablemente este es uno de los puntos de mayor rezago en el país, con un promedio nacional de 0.40.
Para calificar este tema se analizaron principalmente las tasas delictivas de homicidio (en las que México se encuentra actualmente en niveles record), los índices de incidencia delictiva de ilícitos que afectan a la seguridad y patrimonio de las personas, y la percepción de inseguridad que reportan los ciudadanos.
Los estados mejor calificados en este rubro son Yucatán, con un indicador notablemente alto de 0.77, seguido de Coahuila con 0.61, Durango y Chiapas con 0.59, e Hidalgo con 0.57. En cambio, Las cinco estados peor calificados, por debajo del 0.27, son Guerrero, estado de México, Morelos, Baja California y Chihuahua.
Tema 6: Cumplimiento regulatorio
Este tema trata sobre si las distintas normas y regulaciones en una entidad se aplican de forma real, expedita, siguiendo los procesos estipulados y sin influencias indebidas.
“Simplemente, examina cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones en temas como salud pública, seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente y actividad comercial”, indica el informe elaborado por el WJP.
Este es otro tema donde no hay una sola entidad federativa que llegue a la mitad de la escala. Los estados con las calificaciones menos malas son Bala California, Querétaro, Zacatecas, Campeche y Nuevo León, con indicadores entre 0.41 y 0.49. Los peores, por debajo del 0.29, son Sonora, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Guerrero.
Tema 7: Justicia Civil
En un Estado de derecho pleno los ciudadanos tienen acceso a mecanismos pacíficos y efectivos de resolución de controversias a través del sistema de justicia civil. Aquí se evalúa si en la entidad federativa las personas conocen y confían en sus instituciones de justicia, si los procedimientos son equitativos y expeditos, si las instituciones son independientes y alejadas de la corrupción, si las resoluciones se cumplen, entre otros.
Los estados mejor calificados son Baja California, Zacatecas, Coahuila, Durango y Campeche, con indicadores superiores a 0.41 pero sin legar a 0.50. Y en los cinco sitios más bajos, con un puntaje menor a 0.33 están Guerrero, Nayarit, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí.
Tema 8: Justicia penal
Este es otro de los focos rojos en México. El estudio otorga al país una calificación promedio de apenas 0.38. La falla principal radica en las investigaciones que se realizan sobre los delitos y que en la mayoría de los casos terminan siendo ineficaces. Prueba de ello son los niveles de impunidad superiores al 90 por ciento en delitos de alto impacto, como robos u homicidio.
Leslie Solís y Jorge Morales, investigadores del WSJ, fueron enfáticos en subrayar que el problema de fondo en este apartado no se encuentra en las reformas legales que dieron parte al nuevo sistema procesal penal, sino que radica en los operadores, es decir la policía y los fiscales que no fueron debidamente capacitados ni preparados para enfrentar los retos que plantea.
“Por ello los estados que llevan más tiempo con el nuevo sistema se van consolidando, y los que llevan menos tiempo como Ciudad de México, que se esperó hasta el último, salen peor calificados. Esto es porque se requiere un proceso de consolidación, de contar con mejores investigaciones que deriven e mejores juicios”, dijo Jorge Morales.
En este contexto los expertos indicaron que la profesionalización de los policías y fiscales para tener mejores investigaciones penales es una de las políticas públicas prioritarias para consolidar un Estado de derecho sano en el país.
Los cinco estados mejor puntuados en este indicador son Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Yucatán y Morelos. En cambio, los cinco peores en justicia penal son Guerrero, Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Quintana Roo.
