Identifican a defensor público que extorsiona a defendidos; lleva 28 años en el gobierno sin título ni cédula

La CDHDF detectó que, desde 1990, Pedro Paredes Cruz se desempeñaba como defensor de oficio sin ser abogado; situación que no le impidió exigir dinero a sus defendidos y formular falsas promesas de liberación.

Identifican a defensor público que extorsiona a defendidos; lleva 28 años en el gobierno sin título ni cédula
Cuartoscuro

Pedro Paredes Cruz es un funcionario público, adscrito a la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, que por 28 años ha ocupado el cargo de “defensor de oficio”, es decir, representante legal de personas que enfrentan procesos penales, y a las que el Estado les asigna un abogado de forma gratuita, para garantizar su derecho a una defensa legal adecuada… el problema es que Pedro Paredes Cruz, en realidad, nunca ha sido abogado.

Luego de analizar cinco expedientes de personas encarceladas, quienes fueron “defendidas” por este funcionario, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llegó a una conclusión simple: la Consejería Jurídica del gobierno capitalino, encabezada actualmente por Vicente Lopantzi García, violó los derechos de todas esas personas detenidas, al haberles asignado como abogado defensor a alguien que usurpaba esas funciones y quien, además, aprovechó dicho nombramiento oficial para extorsionarlas.

Tal como dio a conocer la CDHDF, en al menos cuatro de esos casos, el falso abogado Pedro Paredes Cruz hizo creer a los detenidos y sus familias que existían medios para su liberación, o para obtener certificados de inocencia, a cambio de que le entregaran diversas cantidades de dinero.

Además, la Segunda Visitaduría de la CDHDF pudo constatar que durante su práctica cotidiana, este falso abogado del gobierno capitalino incurría en omisiones graves que atentaban contra los derechos de sus representados a una defensa adecuada, tales como la simulación de trámites judiciales y, peor aún, la simulación de su presencia en diligencias contra sus defendidos a las que en realidad no acudía, y sólo estampaba una rúbrica con posterioridad en los documentos resultantes, para oficializarlos.

La CDHDF incluso comprobó que, en el intento de no dejar huellas de sus acciones, este funcionario rubricaba dichos documentos no con su nombre, sino con la leyenda “defensor de oficio”.

Según la información oficial proporcionada por la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México a la CDHDF, el falso abogado Pedro Paredes Cruz ocupa el cargo de “defensor de oficio” desde 1990, y en todo ese tiempo, los distintos titulares de la dependencia le permitieron laborar sin contar con el título de abogado, aún cuando ese es un requisito de contratación desde 1987.

La falta de conocimiento en materia de derecho penal por parte de este funcionario público tuvo diversas consecuencias en contra de sus defendidos: por ejemplo, el falso abogado pidió pruebas que, luego, olvidó presentar durante los juicios de sus representados; omitió acudir a otras diligiencias en las que sus representantes no contaron con asistencia legal; omitió informar a sus defendidos sobre el desarrollo de sus casos o les proporcionó información falsa sobre los mismos; e, incluso, omitió solicitar el “reconocimiento de inocencia” para personas que habían sido encarceladas injustamente y liberadas con posterioridad.

Todas estas prácticas irregulares, cabe destacar, el falso abogado las realizaba de forma complementaria: así, por ejemplo, a la persona por la que omitió solicitar el reconocimiento de inocencia, no omitió sacarle dinero en diversas ocasiones con el pretexto de que era para empujar el trámite.

Según los registros de la CDHDF, de los cinco expedientes analizados, en todos se detectó que el falso abogado omitió proporcionar información a sus defendidos; en tres casos nunca sostuvo contacto con sus defendidos; en dos casos omitió asistir a las audiencias seguidas en el juicio contra sus representados; en tres casos olvidó presentar pruebas en favor de los detenidos; en tres casos omitió inscribir su nombre en las actas oficiales; en un caso formuló mal un recurso en favor de una persona privada de la libertad; en cuatro casos formuló falsas promesas de liberación, a cuatro de las familias de los detenidos les quitó dinero con el pretexto de que era para agilizar trámites, y a una familia le quitó dinero, asegurando que era para reparar el daño causado por su defendido.

Pero la responsabilidad de las irregularidades en las que incurrió este falso abogado no sólo recaen en él: según la Comisión de Derchos Humanos de la Ciudad de México, la dependencia de gobierno para la cual trabaja esta persona, es decir, la Consejería Jurídica del gobierno capitalino, también es responsable de los abusos cometidos contra sus víctimas, ya que este organismo “tiene como deber estatal el garantizar una adecuada defensa pública, y para ello es necesario implementar adecuados procesos de selección de los defensores públicos, desarrollar controles sobre su labor y brindarles capacitaciones periódicas”.

No obstante, las autoridades locales (primero como Departamento del Distrito Federal, luego como Gobierno del Distrito Federal y ahora como Gobierno de la Ciudad de México) siempre permitieron operar a este falso abogado y, de hecho, le acercaron a sus víctimas, ya que en todos los casos se trató de personas que no eligieron a Pedro Paredes Cruz como su defensor, sino que aceptaron su designación por parte del gobierno local para lograr acceder a asesoría legal.

Tal como informó la CDHDF, hasta la fecha la Consejería Jurídica no ha logrado acreditar que este funcionario cuente con formación profesional como abogado, y la Secretaría de Educación Pública oficialmente notificó que en sus registros de personas tituladas y con cédula profesional no se encuentra Pedro Paredes Cruz.

Aún cuando este falso abogado ocupa el cargo desde 1990, no fue sino hasta este año que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició una averiguación previa en contra de Pedro Paredes Cruz, por el probable delito de usurpación de funciones.

La Procuraduría de Justicia, no obstante, informó que la Consejería Jurídica del gobierno de la Ciudad de México se ha negado a proporcionar información sobre este funcionario.

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