Doce funcionarios que firmaron convenios de La Estafa Maestra en Sedesol repitieron cargo en Sedatu
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Doce funcionarios que firmaron convenios de La Estafa Maestra en Sedesol repitieron cargo en Sedatu

Entre los funcionarios que firmaron los convenios se encuentran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, que tuvo ese cargo en Sedesol y repitió en Sedatu.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
31 de octubre, 2018
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Doce exfuncionarios de la Sedesol que firmaron convenios vinculados con el presunto desvío de recursos públicos en el esquema conocido como La Estafa Maestra, cuando Rosario Robles Berlanga era su titular, repitieron cargos en la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) cuando esta funcionaria llegó a dirigir la dependencia.

Sólo por los convenios firmados en la Sedesol, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso 6 denuncias penales, entre 2015 y 2016, en contra de la dependencia, siete universidades y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo por el presunto desvío de recursos.

Además, otros cuatro funcionarios que salieron de la Sedesol y llegaron a Sedatu, bajo el mando de Robles en ambos casos, firmaron convenios en Sedatu, mismos que fueron señalados con presuntas irregularidades en las revisiones hechas por la ASF.

En total, son 16 funcionarios que tuvieron cargos en Sedesol y Sedatu y firmaron 28 convenios, por 3 mil 258 millones de pesos, con universidades y organismos de comunicación entre 2013 y 2016 en ambas dependencias.

La ASF presume que dichos convenios son parte del mismo modus operandi ocurrido en Sedesol y Sedatu, en el cual, de acuerdo con la investigación de La Estafa Maestra, las dependencias hicieron acuerdos con las instituciones públicas para hacer supuestos servicios, éstas instituciones a su vez subcontrataron a empresas irregulares que simularon el servicio, o no los realizaron, y los recursos públicos desaparecieron.

Entre los funcionarios que firmaron los convenios se encuentran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, que tuvo ese cargo en Sedesol y repitió en Sedatu. Dicho nombramiento depende directamente de la titular, que en ambos casos fue Rosario Robles. Otros funcionarios más dependen o dependían, a su vez, de Zebadúa.

Animal Político identificó a los funcionarios que firmaron los convenios, tras obtenerlos todos a través de 50 solicitudes de información, además de revisar el historial laboral en Declaranet de cada uno de los firmantes, y analizar el expediente sobre la investigación realizada por el Órgano Interno de Control de la Sedesol, respecto a la actuación de sus funcionarios en estos casos.

Los funcionarios

Emilio Zebadúa es el funcionario de más alto nivel que firmó los convenios investigados por la ASF y denunciados ante la PGR. Ha sido Oficial Mayor tanto en Sedesol como en Sedatu, y se ha encargado de administrar y avalar la entrega de recursos en las dependencias, según establece la estructura orgánica.

Como Oficial Mayor de la Sedesol, Zebadúa firmó los primeros convenios protocolarios con la Universidad de Morelos –el 1 de marzo de 2013– y del Estado de México –el 6 de mayo de 2013–. Gracias a éstos, la dependencia hizo al menos seis convenios que suman mil 195 millones de pesos para hacer supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la principal estrategia de combate a la pobreza del presidente Enrique Peña Nieto.

En la Cuenta Pública de 2013, la ASF comprobó que los servicios no se cumplieron y estableció que presuntamente hubo una “simulación de operaciones” por lo que interpuso seis denuncias penales entre 2015 y 2017.

El 1 de septiembre de 2015, fue nombrado nuevamente como Oficial Mayor de Sedatu por parte de Rosario Robles, cuatro días después de que ella comenzó en la dependencia como titular.

Ya en Sedatu, siete funcionarios –de los cuales 3 dependían directamente de Robles y 1 de Zebadúa– firmaron al menos 12 convenios con este modus operandi con universidades y organismos de comunicación, que suman mil 24 millones de pesos en 2015 y 2016, de acuerdo con la información de la ASF en la Cuenta Pública de ambos años.

Emilio Zebadúa fue consejero en el Instituto Nacional Electoral en 2000; secretario de Gobierno en Chiapas durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, y presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ramón Sosamontes, jefe de la Oficina de la Sedesol y Sedatu, firmó tres convenios, en su paso por Sedesol, con Radio y Televisión de Hidalgo en enero y febrero de 2015 por un monto total de 603 millones de pesos para servicios que incluía “desarrollar la estrategia y programa anual de comunicación social y materiales en audio y video para la Cruzada contra el Hambre”.

Los tres convenios forman parte de una denuncia penal interpuesta por la ASF ante la PGR el 27 de octubre de 2017, pues según la auditoría D17002 “sirvieron como vía para la distribución irregular de los recursos, dado que no existe evidencia de que varias de las empresas vinculadas hayan realizado trabajo o servicio alguno en favor de Radio y Televisión de Hidalgo o de Sedesol”.

El pasado 23 de febrero, el periódico Reforma publicó que, de acuerdo con información atribuida a la ASF, funcionarios de Hidalgo declararon que al firmar los convenios con la Sedesol fueron obligados por una alta funcionaria de esa dependencia a contratar a 27 empresas y recibir cajas con los comprobantes de los servicios ya elaborados.

Uno de los convenios fue firmado por Gustavo Rodríguez González, entonces director de información de Sedesol, y quien repitió en el cargo en Sedatu, pero fue separado del cargo en septiembre pasado luego de ser sancionado por la Secretaría de la Función Pública debido a presuntas irregularidades cometidas en dicho convenio.

Ramón Sosamontes ha sido colaborador cercano de Rosario Robles desde que ella encabezó el gobierno de la Ciudad de México, y él era delegado de Iztapalapa en 1999. Luego lo invitó a ser su vocero de campaña cuando buscaba la dirigencia del PRD. Al ganar, lo nombró secretario de Asuntos Electorales en 2002.

Ambos renunciaron al PRD en 2004, con el señalamiento de la deuda del partido durante las elecciones de 2003 que incluyó facturas a empresas fantasma, según documentó el informe del Órgano Central de Fiscalización del PRD dirigido por militantes como Ricardo García Sainz, Ifigenia Martínez y Carlos Payán.

Rosario Robles Berlanga y Ramón Sosamontes.

Rosario Robles Berlanga y Ramón Sosamontes.

Aunque el IFE no detectó irregularidades sobre este dinero, el PRD interpuso en 2007 una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en contra de José Ramón Zebadúa, exoficial mayor del partido durante la administración de Robles, por irregularidades en el presupuesto del PRD como la presentación de facturas falsas por 40 millones de pesos, pero la investigación quedó congelada.

Repiten esquema y cargos

Humberto René Islas, director de Recursos Materiales en la Sedesol, entre enero de 2013 y agosto de 2015, firmó tres convenios específicos con las Universidades de Morelos y Estado de México. En ellos, la Auditoría señaló el presunto desvío de recursos públicos que estaban destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Su puesto dependía directamente de la Oficialía Mayor de Sedesol. En septiembre de 2015, Islas fue nombrado nuevamente director general de Recursos Materiales en Sedatu. Tres meses después firmó el primero de cuatro convenios con las Universidades Politécnicas de Chiapas, Quintana Roo y la Tecnológica de Campeche. Estos también fueron señalados por la ASF con supuestas irregulares por más de 440 millones de pesos.

Marcos Salvador Ibarra Infante fue director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y firmó el convenio UCD.33901.014/2015 con la Universidad de Zacatecas en junio de 2015, que forma parte de otra denuncia penal interpuesta en 2017.

En la Sedatu, ya como director general de coordinación de delegaciones, Ibarra Infante firmó cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015 y uno con la Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre de 2016, que suman 313 millones de pesos.

Como director general de geoestadística y padrones de beneficiarios, José Antolino Orozco Martínez, firmó dos convenios de la Sedesol. Uno con la Universidad del Estado de México (UAEM), en abril de 2013, por 338 millones de pesos para la “recolección de información socioeconómica y complementaria” hasta 2016.

El segundo fue con la Universidad de Morelos, el 1 de septiembre de 2014, por 77 millones de pesos para “conocer la opinión de los beneficiarios con relación a la atención recibida del personal de los programas de los programas sociales”.

Dichos convenios también terminaron en denuncias penales, por las auditorías 246 y la 1665, interpuestas en 2015 y 2017, respectivamente.

El 16 de septiembre de 2015, Orozco Martínez ingresó a la Sedatu como Jefe de la unidad de políticas, planeación y enlace institucional. Doce días después firmó los primeros dos convenios de seis con la Universidad Politécnica de Chiapas, cuyo monto total asciende a 206 millones de pesos. Según Declaranet, dejó el cargo en marzo pasado.

Más funcionarios

Enrique Prado Ordoñez, director de adquisiciones y contratos en Sedesol, firmó el anexo técnico 2 el 27 de mayo de 2013 con la Universidad de Morelos para “optimizar la aplicación de los recursos humanos y económicos, y mejorar la percepción ciudadana respecto de la Cruzada Nacional contra el Hambre”. Desde octubre de 2015 ocupa el mismo cargo en la Sedatu.

Prado Ordoñez, además de firmar el convenio, estuvo enterado de la contratación de la empresa Grupo Comercializador Cónclave, que fue declarada como fantasma por el SAT y uno de los accionistas era Rodolfo David Dávila Córdova, operador del grupo de narcotraficantes, según reveló la investigación de Aristegui Noticias. 

El 8 de octubre de 2013 recibió el oficio DGPE/R/19/2013-1, donde Wistano Orozco, director de empresas y servicios de la Universidad de Morelos, le informó que Saúl Elías Álvarez Mercado, representante legal de Grupo Comercializador Cónclave, era el responsable de la recepción de materiales que supuestamente se iban a distribuir como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, según consta en la investigación realizada por el Órgano Interno de Control de la Sedesol. Ordoñez era subalterno de Humberto Islas.

Juan Carlos Lastiri Quirós Luja, subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol, encabezó la firma del convenio multianual por 338 millones de pesos investigado por la Auditoría 246, y que derivó en una denuncia penal (la primera) en octubre de 2015.

Un mes después, se integró como titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, aunque renunció al cargo en enero de 2018 para ser candidato del PRI al Senado por Puebla.

Enrique González Tiburcio fue coordinador de asesores de Robles en la Sedesol y desde septiembre de 2015 lo nombró subsecretario de Ordenamiento Territorial en la Sedatu. En enero de 2016, tres meses después de asumir el nuevo encargo, firmó un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, también investigado por la ASF.

Armando Saldaña, director general de Ordenamiento Territorial –dependiente del subsecretario Tiburcio–, firmó otro convenio en Sedatu por 224 millones de pesos en febrero de 2016. En Sedesol ocupó el cargo de Director general adjunto de operación.

Sonia Angélica Zaragoza, directora general de Recursos Humanos en la Sedesol entre enero de 2014 y agosto de 2015, también fue investigada por firmar uno de los convenios con la Universidad de Morelos. Después de ser exonerada por el Órgano Interno de Control, fue nombrada con el mismo cargo en Sedatu desde septiembre de 2015. En ambas dependencias depende directamente del Oficial Mayor, Zebadúa.

Wendy Gabriela Arrieta Camacho fue subalterna de Zebadúa, con el cargo de directora general de Tecnologías de la Información de la Sedesol hasta diciembre de 2015. Ella firmó un anexo técnico con la Universidad de Morelos por 23 millones de pesos en 2014. En la Sedatu fue nombrada coordinadora de asesores, pero renunció al cargo en marzo de 2018.

Javier Arrambide Olvera, director de Programas de Delegaciones, subalterno de Marcos Salvador Ibarra, firmó otro convenio investigado por la ASF con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 12 de abril de 2016, y también trabajó en la Sedatu como director de área entre mayo de 2014 y agosto de 2015.

José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario en la Sedesol, firmó el convenio 710.33901.11/2015 con Radio y Televisión de Hidalgo por un monto de 373 millones de pesos, lo que también forma parte de la auditoría D17002 que fue denunciada ante la PGR. En Sedatu ocupa el cargo de director general adjunto para la Igualdad de género.

José Luis Sánchez Buendía firmó dos convenios en Sedatu con las Universidades Politécnicas de Chiapas y Quintana Roo, pero también venía de la Sedesol, donde ocupó el cargo de director de Estadística.

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Los países que no han registrado ningún caso de COVID (y el precio por evitarlo)

El COVID-19 se ha extendido a casi todos los países del mundo. Pero hay 10 naciones que se han librado de momento de la pandemia. Eso sí, las pérdidas económicas son cuantiosas.
25 de agosto, 2020
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Hasta 1982, las lejanas y paradisíacas islas de Palaos no contaban con ningún hotel.

Ese año se inauguró el primer alojamiento turístico y desde entonces, este país, rodeada por las aguas celestes del océano Pacífico, ha disfrutado del auge del turismo.

En 2019 llegaron a Palaos 90.000 turistas, cinco veces la población total.

Según los datos recogidos por el FMI (Fondo Monetario Internacional), en 2017 el turismo representó el 40% del PIB del país.

Pero eso fue antes de la pandemia de covid-19.

Vista aérea de unos islotes de Palaos.

Getty Images
La República de Palaos se halla en un privilegiado enclave de Oceanía.

Las fronteras de Palaos han permanecido cerradas desde finales de marzo y es uno de los diez países del mundo sin casos confirmados (contando sólo los países miembros plenos de Naciones Unidas y excluyendo a Corea del Norte y Turkmenistán).

Sin embargo, aunque no se ha registrado ni un solo caso, el virus de alguna manera sí ha devastado el país.

Los hoteles están cerrados, los restaurantes vacíos y las tiendas de souvenirs no venden nada.

Los únicos huéspedes que tienen ahora los hoteles son los residentes que regresan a la isla y están obligados a guardar cuarentena.


Países sin casos registrados de covid-19

  • Palaos
  • Micronesia
  • Islas Marshall
  • Nauru
  • Kiribati
  • Islas Salomón
  • Tuvalu
  • Samoa
  • Tonga
  • Vanuatu

“El océano aquí es mucho más bonito que en cualquier otro lugar del mundo”, dice Brian Lee, gerente y copropietario del Hotel Palau.

Es el océano azul celeste lo que mantuvo ocupado a Brian.

Antes de la pandemia, sus 54 habitaciones tenían una ocupación del 70% al 80%.

Pero cuando las fronteras se cerraron, no hubo nada a lo que recurrir.

“Es un país pequeño, así que es normal que la gente local no se quede en Palaos”, dice Brian.

El hotel tiene alrededor de 20 empleados y los ha mantenido a todos, aunque con horario reducido.

“Trato de encontrarles trabajo haciendo otras tareas como mantenimiento, renovación, etc”, dice.

Sin embargo, los hoteles vacíos no pueden mantenerse ni renovarse para siempre.

Buzo en aguas de Palaos

Reinhard Dirscherl/ Getty Images
Los arrecifes de coral de Palaos son el principal atractivo para muchos visitantes.

“Puedo estar así otro medio año”, dice Brian.

“Pero luego es probable que tenga que cerrar”.

Apoyo estatal

Brian no culpa al gobierno, que ha ofrecido apoyo financiero a los residentes y, después de todo, ha mantenido alejado al virus.

“Creo que han hecho un buen trabajo”, dice.

Y, sin embargo, para que el primer hotel que hubo en Palaos sobreviva, algo tiene que cambiar pronto.

El presidente anunció recientemente que los viajes aéreos “esenciales” podrían reanudarse el 1 de septiembre.

Mientras tanto, ha habido rumores de que se instauraría un “corredor aéreo” con Taiwán que permitiría la visita de turistas.

Pero para Brian, la medida podría llegar demasiado tarde.

Islas del Pacífico

BBC

“Creo que tienen que empezar a reabrir de nuevo. Tal vez podamos tener burbujas de viajes con Nueva Zelanda y países del entorno”, dice.

“De lo contrario, nadie podrá sobrevivir aquí”.

El caso de las Islas Marshall

A unos 4.000 km al este a través del vasto Océano Pacífico, las Islas Marshall también permanecen libres de covid-19.

Pero, como Palaos, no tener casos también ha tenido un impacto.

El Hotel Robert Reimers se encuentra en una franja de tierra en el atolón principal, Majuro, con una laguna a un lado y el océano al otro.

Atolón Bikini

Getty Images
El atolón Bikini es uno de los más famosos de las Islas Marshall.

Antes de la pandemia, las 37 habitaciones tenían una ocupación del 75% al 88%.

Sus huéspedes llegaban principalmente de Asia, del Pacífico o “el continente” (Estados Unidos).

Desde que se cerraron las fronteras a principios de marzo, la ocupación ha caído a entre el 3% y el 5%.

“Algunos de nuestros huéspedes vienen de las islas exteriores”, dice Sophia Fowler, que trabaja para el grupo hotelero.

“Pero no muchos”.

A nivel nacional, se espera que el país pierda más de 700 puestos de trabajo en la recesión post-covid, la mayor caída desde 1997.

De ellos, 258 estarán en el sector de hoteles y restaurantes.

También la pesca

Pero el autoaislamiento afecta a sectores más allá del turismo, y las Islas Marshall dependen mucho menos de los turistas que Palaos.

El problema para estas islas es la industria pesquera.

Para mantener el país libre de covid-19, los barcos que han estado en países infectados tienen prohibido ingresar a sus puertos.

Otros barcos, incluidos los buques tanque de combustible y los portacontenedores, deben pasar 14 días en el mar antes de atracar.

.Las licencias de pesca están suspendidas y se ha rebajado el número de vuelos de carga.

El efecto es claro.

Las Islas Marshall están especializadas en peces de acuario, el más popular es el pez ángel llama, pero las exportaciones cayeron un 50%, según un informe estadounidense.

El envío de atún sashimi se redujo en la misma cantidad.

Otras industrias pesqueras esperan una caída del 30% durante el año.

En resumen, se puede mantener el virus fuera del país, pero luchar contra sus efectos en la economía es distinto.

Así que al final el covid-19 te arrastra de una forma u otra.

Sophia Fowler “espera” que las cosas vuelvan a la normalidad para el país y el Hotel Robert Reimers el próximo año.

¿Pero si no lo hacen?

“Entonces no será un proyecto viable”, dice.

Pero aunque el cierre de las fronteras ha empobrecido a los países sin casos de covid, no todos quieren salir del confinamiento.

El doctor Len Tarivonda es el director de salud pública en Vanuatu, otra isla del Pacífico con una población de 300.000 habitantes.

Aunque trabaja en la capital, Port Vila, es de Ambae, una isla de 10.000 habitantes a unos 275 kilómetros al norte.

“La mayoría de los habitantes prefiere que la frontera se mantenga cerrada el mayor tiempo posible”, cuenta.

“Dicen: ‘No queremos que la enfermedad llegue. Si sucede, básicamente estamos condenados'”.

Alrededor del 80% de la población de Vanuatu vive fuera de las ciudades y de la “economía formal”, dice Tarivonda.

“Y creo que no necesariamente sienten el apuro todavía. Son agricultores de subsistencia, cultivan sus propios alimentos, dependen de la economía local y tradicional”.

No obstante, el país sufrirá.

El Banco Asiático de Desarrollo espera que el PIB caiga casi un 10%, la mayor caída de Vanuatu desde su independencia en 1980.

Anne Pakoa

BBC
Los pueblos rurales de Vanuatu son muy numerosos y carecen de atención médica permanente.

Pero ese retroceso no se debe solo al cierre de fronteras por el covid-19.

En abril, el ciclón tropical Harold azotó gran parte del país, mató a tres personas y afectó a más de la mitad de la población.

“Teníamos sesiones informativas diarias sobre operaciones de emergencia sanitaria”, recuerda Tarivonda.

“Primero discutiríamos sobre el covid, luego sobre el ciclón Harold. Dos desastres al mismo tiempo”.

Sin embargo, la pandemia tendrá un impacto más duradero.

En julio, el gobierno anunció que tenía planes para reabrir la frontera a otros países “seguros” antes del 1 de septiembre.

Pero al aumentar los casos en Australia y Nueva Zelanda, el plan comenzó a retrasarse.

Tarivonda, que forma parte del grupo de trabajo fronterizo junto con funcionarios del gobierno, del sector del turismo y de las aerolíneas, admite que están “casi de vuelta al punto de partida” y no tienen una nueva fecha para la reapertura.

Vanuatu

Getty Images
Vanuatu es otro destino paradisíaco.

Los viajes transfronterizos más pequeños pueden ayudar a Vanuatu.

El ejemplo más reciente es cuando el gobierno permitió que 172 trabajadores viajaran al Territorio del Norte, en Australia, durante seis meses para recoger mangos.

Aunque las remesas ayuden en la situación económica, no son suficientes en un país donde el 35% del PIB proviene del turismo.

Sin prisa

Pero, a pesar de esa necesidad de reabrir las fronteras, Vanuatu no se apresurará en hacerlo.

El doctor Tarivonda recuerda con preocupación el caso de Papua Nueva Guinea, que estuvo casi libre de covid hasta un fuerte aumento a fines de julio.

“Si el virus entra en el país, probablemente será como un incendio forestal, y lo que estamos viendo en Papúa Nueva Guinea refleja por qué estamos preocupados”, dice.

“Dadas nuestras limitaciones y el contexto que tenemos en el Pacífico, la mejor opción es mantener el virus fuera de nuestro país el mayor tiempo posible”.

Funafuti, Tuvalu.

Getty Images
¿Llegará el covid a las remotas islas del Pacífico?

A medida que pasan los meses, aumenta la desesperación en los países cerrados del Pacífico.

Sin embargo, Jonathan Pryke, director del Programa de las Islas del Pacífico en el Instituto Lowry, no tiene ninguna duda de que la única opción para estos países es el autoaislamiento.

“Incluso si mantuvieran sus fronteras abiertas, sus principales mercados turísticos de Australia y Nueva Zelanda no estarían abiertos, ya que han cerrado sus propias fronteras”, dice.

“Así que solo habríamos conseguido lo peor de ambos mundos: una crisis de salud y una crisis económica. Tendremos años y años para ver cuáles fueron las decisiones correctas”.

“Pero echando la vista atrás, nadie duda de que cerrar fue la medida correcta para estos países del Pacífico”, concluye Pryke.

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