Doce funcionarios que firmaron convenios de La Estafa Maestra en Sedesol repitieron cargo en Sedatu
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Doce funcionarios que firmaron convenios de La Estafa Maestra en Sedesol repitieron cargo en Sedatu

Entre los funcionarios que firmaron los convenios se encuentran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, que tuvo ese cargo en Sedesol y repitió en Sedatu.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
31 de octubre, 2018
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Doce exfuncionarios de la Sedesol que firmaron convenios vinculados con el presunto desvío de recursos públicos en el esquema conocido como La Estafa Maestra, cuando Rosario Robles Berlanga era su titular, repitieron cargos en la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) cuando esta funcionaria llegó a dirigir la dependencia.

Sólo por los convenios firmados en la Sedesol, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso 6 denuncias penales, entre 2015 y 2016, en contra de la dependencia, siete universidades y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo por el presunto desvío de recursos.

Además, otros cuatro funcionarios que salieron de la Sedesol y llegaron a Sedatu, bajo el mando de Robles en ambos casos, firmaron convenios en Sedatu, mismos que fueron señalados con presuntas irregularidades en las revisiones hechas por la ASF.

En total, son 16 funcionarios que tuvieron cargos en Sedesol y Sedatu y firmaron 28 convenios, por 3 mil 258 millones de pesos, con universidades y organismos de comunicación entre 2013 y 2016 en ambas dependencias.

La ASF presume que dichos convenios son parte del mismo modus operandi ocurrido en Sedesol y Sedatu, en el cual, de acuerdo con la investigación de La Estafa Maestra, las dependencias hicieron acuerdos con las instituciones públicas para hacer supuestos servicios, éstas instituciones a su vez subcontrataron a empresas irregulares que simularon el servicio, o no los realizaron, y los recursos públicos desaparecieron.

Entre los funcionarios que firmaron los convenios se encuentran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, que tuvo ese cargo en Sedesol y repitió en Sedatu. Dicho nombramiento depende directamente de la titular, que en ambos casos fue Rosario Robles. Otros funcionarios más dependen o dependían, a su vez, de Zebadúa.

Animal Político identificó a los funcionarios que firmaron los convenios, tras obtenerlos todos a través de 50 solicitudes de información, además de revisar el historial laboral en Declaranet de cada uno de los firmantes, y analizar el expediente sobre la investigación realizada por el Órgano Interno de Control de la Sedesol, respecto a la actuación de sus funcionarios en estos casos.

Los funcionarios

Emilio Zebadúa es el funcionario de más alto nivel que firmó los convenios investigados por la ASF y denunciados ante la PGR. Ha sido Oficial Mayor tanto en Sedesol como en Sedatu, y se ha encargado de administrar y avalar la entrega de recursos en las dependencias, según establece la estructura orgánica.

Como Oficial Mayor de la Sedesol, Zebadúa firmó los primeros convenios protocolarios con la Universidad de Morelos –el 1 de marzo de 2013– y del Estado de México –el 6 de mayo de 2013–. Gracias a éstos, la dependencia hizo al menos seis convenios que suman mil 195 millones de pesos para hacer supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la principal estrategia de combate a la pobreza del presidente Enrique Peña Nieto.

En la Cuenta Pública de 2013, la ASF comprobó que los servicios no se cumplieron y estableció que presuntamente hubo una “simulación de operaciones” por lo que interpuso seis denuncias penales entre 2015 y 2017.

El 1 de septiembre de 2015, fue nombrado nuevamente como Oficial Mayor de Sedatu por parte de Rosario Robles, cuatro días después de que ella comenzó en la dependencia como titular.

Ya en Sedatu, siete funcionarios –de los cuales 3 dependían directamente de Robles y 1 de Zebadúa– firmaron al menos 12 convenios con este modus operandi con universidades y organismos de comunicación, que suman mil 24 millones de pesos en 2015 y 2016, de acuerdo con la información de la ASF en la Cuenta Pública de ambos años.

Emilio Zebadúa fue consejero en el Instituto Nacional Electoral en 2000; secretario de Gobierno en Chiapas durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, y presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ramón Sosamontes, jefe de la Oficina de la Sedesol y Sedatu, firmó tres convenios, en su paso por Sedesol, con Radio y Televisión de Hidalgo en enero y febrero de 2015 por un monto total de 603 millones de pesos para servicios que incluía “desarrollar la estrategia y programa anual de comunicación social y materiales en audio y video para la Cruzada contra el Hambre”.

Los tres convenios forman parte de una denuncia penal interpuesta por la ASF ante la PGR el 27 de octubre de 2017, pues según la auditoría D17002 “sirvieron como vía para la distribución irregular de los recursos, dado que no existe evidencia de que varias de las empresas vinculadas hayan realizado trabajo o servicio alguno en favor de Radio y Televisión de Hidalgo o de Sedesol”.

El pasado 23 de febrero, el periódico Reforma publicó que, de acuerdo con información atribuida a la ASF, funcionarios de Hidalgo declararon que al firmar los convenios con la Sedesol fueron obligados por una alta funcionaria de esa dependencia a contratar a 27 empresas y recibir cajas con los comprobantes de los servicios ya elaborados.

Uno de los convenios fue firmado por Gustavo Rodríguez González, entonces director de información de Sedesol, y quien repitió en el cargo en Sedatu, pero fue separado del cargo en septiembre pasado luego de ser sancionado por la Secretaría de la Función Pública debido a presuntas irregularidades cometidas en dicho convenio.

Ramón Sosamontes ha sido colaborador cercano de Rosario Robles desde que ella encabezó el gobierno de la Ciudad de México, y él era delegado de Iztapalapa en 1999. Luego lo invitó a ser su vocero de campaña cuando buscaba la dirigencia del PRD. Al ganar, lo nombró secretario de Asuntos Electorales en 2002.

Ambos renunciaron al PRD en 2004, con el señalamiento de la deuda del partido durante las elecciones de 2003 que incluyó facturas a empresas fantasma, según documentó el informe del Órgano Central de Fiscalización del PRD dirigido por militantes como Ricardo García Sainz, Ifigenia Martínez y Carlos Payán.

Rosario Robles Berlanga y Ramón Sosamontes.

Rosario Robles Berlanga y Ramón Sosamontes.

Aunque el IFE no detectó irregularidades sobre este dinero, el PRD interpuso en 2007 una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en contra de José Ramón Zebadúa, exoficial mayor del partido durante la administración de Robles, por irregularidades en el presupuesto del PRD como la presentación de facturas falsas por 40 millones de pesos, pero la investigación quedó congelada.

Repiten esquema y cargos

Humberto René Islas, director de Recursos Materiales en la Sedesol, entre enero de 2013 y agosto de 2015, firmó tres convenios específicos con las Universidades de Morelos y Estado de México. En ellos, la Auditoría señaló el presunto desvío de recursos públicos que estaban destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Su puesto dependía directamente de la Oficialía Mayor de Sedesol. En septiembre de 2015, Islas fue nombrado nuevamente director general de Recursos Materiales en Sedatu. Tres meses después firmó el primero de cuatro convenios con las Universidades Politécnicas de Chiapas, Quintana Roo y la Tecnológica de Campeche. Estos también fueron señalados por la ASF con supuestas irregulares por más de 440 millones de pesos.

Marcos Salvador Ibarra Infante fue director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y firmó el convenio UCD.33901.014/2015 con la Universidad de Zacatecas en junio de 2015, que forma parte de otra denuncia penal interpuesta en 2017.

En la Sedatu, ya como director general de coordinación de delegaciones, Ibarra Infante firmó cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015 y uno con la Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre de 2016, que suman 313 millones de pesos.

Como director general de geoestadística y padrones de beneficiarios, José Antolino Orozco Martínez, firmó dos convenios de la Sedesol. Uno con la Universidad del Estado de México (UAEM), en abril de 2013, por 338 millones de pesos para la “recolección de información socioeconómica y complementaria” hasta 2016.

El segundo fue con la Universidad de Morelos, el 1 de septiembre de 2014, por 77 millones de pesos para “conocer la opinión de los beneficiarios con relación a la atención recibida del personal de los programas de los programas sociales”.

Dichos convenios también terminaron en denuncias penales, por las auditorías 246 y la 1665, interpuestas en 2015 y 2017, respectivamente.

El 16 de septiembre de 2015, Orozco Martínez ingresó a la Sedatu como Jefe de la unidad de políticas, planeación y enlace institucional. Doce días después firmó los primeros dos convenios de seis con la Universidad Politécnica de Chiapas, cuyo monto total asciende a 206 millones de pesos. Según Declaranet, dejó el cargo en marzo pasado.

Más funcionarios

Enrique Prado Ordoñez, director de adquisiciones y contratos en Sedesol, firmó el anexo técnico 2 el 27 de mayo de 2013 con la Universidad de Morelos para “optimizar la aplicación de los recursos humanos y económicos, y mejorar la percepción ciudadana respecto de la Cruzada Nacional contra el Hambre”. Desde octubre de 2015 ocupa el mismo cargo en la Sedatu.

Prado Ordoñez, además de firmar el convenio, estuvo enterado de la contratación de la empresa Grupo Comercializador Cónclave, que fue declarada como fantasma por el SAT y uno de los accionistas era Rodolfo David Dávila Córdova, operador del grupo de narcotraficantes, según reveló la investigación de Aristegui Noticias. 

El 8 de octubre de 2013 recibió el oficio DGPE/R/19/2013-1, donde Wistano Orozco, director de empresas y servicios de la Universidad de Morelos, le informó que Saúl Elías Álvarez Mercado, representante legal de Grupo Comercializador Cónclave, era el responsable de la recepción de materiales que supuestamente se iban a distribuir como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, según consta en la investigación realizada por el Órgano Interno de Control de la Sedesol. Ordoñez era subalterno de Humberto Islas.

Juan Carlos Lastiri Quirós Luja, subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol, encabezó la firma del convenio multianual por 338 millones de pesos investigado por la Auditoría 246, y que derivó en una denuncia penal (la primera) en octubre de 2015.

Un mes después, se integró como titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, aunque renunció al cargo en enero de 2018 para ser candidato del PRI al Senado por Puebla.

Enrique González Tiburcio fue coordinador de asesores de Robles en la Sedesol y desde septiembre de 2015 lo nombró subsecretario de Ordenamiento Territorial en la Sedatu. En enero de 2016, tres meses después de asumir el nuevo encargo, firmó un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, también investigado por la ASF.

Armando Saldaña, director general de Ordenamiento Territorial –dependiente del subsecretario Tiburcio–, firmó otro convenio en Sedatu por 224 millones de pesos en febrero de 2016. En Sedesol ocupó el cargo de Director general adjunto de operación.

Sonia Angélica Zaragoza, directora general de Recursos Humanos en la Sedesol entre enero de 2014 y agosto de 2015, también fue investigada por firmar uno de los convenios con la Universidad de Morelos. Después de ser exonerada por el Órgano Interno de Control, fue nombrada con el mismo cargo en Sedatu desde septiembre de 2015. En ambas dependencias depende directamente del Oficial Mayor, Zebadúa.

Wendy Gabriela Arrieta Camacho fue subalterna de Zebadúa, con el cargo de directora general de Tecnologías de la Información de la Sedesol hasta diciembre de 2015. Ella firmó un anexo técnico con la Universidad de Morelos por 23 millones de pesos en 2014. En la Sedatu fue nombrada coordinadora de asesores, pero renunció al cargo en marzo de 2018.

Javier Arrambide Olvera, director de Programas de Delegaciones, subalterno de Marcos Salvador Ibarra, firmó otro convenio investigado por la ASF con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 12 de abril de 2016, y también trabajó en la Sedatu como director de área entre mayo de 2014 y agosto de 2015.

José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario en la Sedesol, firmó el convenio 710.33901.11/2015 con Radio y Televisión de Hidalgo por un monto de 373 millones de pesos, lo que también forma parte de la auditoría D17002 que fue denunciada ante la PGR. En Sedatu ocupa el cargo de director general adjunto para la Igualdad de género.

José Luis Sánchez Buendía firmó dos convenios en Sedatu con las Universidades Politécnicas de Chiapas y Quintana Roo, pero también venía de la Sedesol, donde ocupó el cargo de director de Estadística.

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Los inesperados 'efectos colaterales' positivos de la vacuna contra COVID

Los estudios experimentales ya han comprobado la eficacia de las vacunas. Pero la experiencia práctica muestra que los beneficios de la vacunación van mucho más allá de lo esperado.
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18 de marzo, 2021
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¿Las vacunas contra el covid-19 protegen contra la infección o previenen los casos graves de la enfermedad?

Esta pregunta ha suscitado numerosos debates entre la comunidad científica en las últimas semanas.

Por lo que se sabe hasta ahora, las vacunas ya aprobadas en varios países tienen una buena efectividad en la prevención de cuadros de covid-19 con síntomas (recuerde bien la palabra síntomas).

Pero eso no quiere decir que sus beneficios se limiten a esto: la experiencia en el mundo real, en las campañas de inmunización más avanzadas en algunos países, indica que las dosis que se utilizan actualmente traen otros beneficios en la lucha contra la pandemia.

Los datos de Israel, donde la vacunación está más avanzada, sugieren resultados mejores que los esperados, como una caída dramática en los casos, hospitalizaciones y muertes por covid-19.

También hay evidencia de que las vacunas ayudan a combatir los síntomas leves que, aunque tenues, igual mandaban a los pacientes al hospital.

Misma estrategia, varios desenlaces

Para entender cómo los científicos llegaron a estas conclusiones, es necesario remontarse al 9 de abril de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento que definiría las reglas del juego.

En las directrices, la entidad estableció los requisitos mínimos para que se apruebe una vacuna contra el “nuevo” coronavirus.

Entre una serie de criterios técnicos y especificaciones, una regla se destacó como la más importante: la vacuna contra la covid-19 debía tener una tasa mínima de efectividad del 50% frente a una de estas tres circunstancias: la infección en sí, la enfermedad sintomática o las formas graves de la enfermedad.

Tales requisitos no son novedad: existen vacunas que se usan contra otras enfermedades infecciosas que son excelentes para evitar que el virus invada el cuerpo de un individuo y comience a replicarse en su interior.

Este es el caso, por ejemplo, de las dosis contra el sarampión y la fiebre amarilla. Quien los toma está bien protegido de los virus que causan estas enfermedades.

Un niño recibiendo una vacuna

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La vacuna contra el sarampión evita la infección de esta enfermedad.

Otros productos no son capaces de detener la infección en sí, pero evitan que evolucione y afecte demasiado al organismo, lo que requeriría hospitalización y atención médica especializada.

La vacuna contra la gripe encaja perfectamente en esta categoría: quien recibe la inyección a principios de otoño corre un riesgo considerable de contraer el virus durante los próximos meses. Pero, si ocurre, los síntomas de la enfermedad serán mucho más leves y no requerirán estadías prolongadas en salas y unidades de cuidados intensivos.

Esto es bueno para el individuo, que no siente que su salud se vea afectada, y para el sistema de salud en su conjunto, que no colapsa con la llegada de varios pacientes al mismo tiempo, especialmente en invierno, cuando la circulación de los virus que afectan al sistema respiratorio crece mucho.

¿Qué hicieron con la covid-19?

La pandemia, por supuesto, trajo algunos desafíos adicionales a la carrera científica: la humanidad necesitaba una solución rápida. No era factible esperar años para el desarrollo de una vacuna.

Para acelerar el proceso, todas las farmacéuticas y centros de investigación diseñaron las pruebas clínicas de sus candidatas a vacunas para ver si serían efectivas contra la enfermedad con síntomas, el segundo resultado establecido por la OMS.

Línea de producción de una vacuna.

Getty Images
Probada a gran escala en Brasil, la tasa de eficacia de CoronaVac fue de 50%. Pero en la vida real, sus efectos podrían tener mayor alcance.

En la coyuntura actual, no sería factible medir si las vacunas previenen la infección (el primer resultado), por dos razones principales.

Primero, porque una parte considerable de los infectados por el coronavirus no presenta ningún síntoma. Y, en segundo lugar, tal estrategia requeriría un aparato y una inversión financiera absolutamente gigantescos.

“Cada estudio involucró a decenas de miles de voluntarios y, para saber si cada uno de estos participantes no contrajo el virus, sería necesario realizar pruebas diagnósticas a todos ellos durante varias semanas seguidas. ¿Te imaginas el costo de eso?”, pregunta la microbióloga Natalia Pasternak, presidenta del Instituto Questão de Ciencia, de Brasil.

La otra opción sería evaluar el poder de las vacunas frente a las condiciones más graves, que requieren hospitalización y suponen mayor riesgo de muerte.

La dificultad estaría en el tiempo de observación necesario: en EE.UU. se estima que, de cada 200 personas infectadas por el coronavirus, una muere.

Los investigadores tardarían varios meses en lograr un número mínimo de muertes suficiente para realizar los cálculos estadísticos que determinan la tasa de efectividad y, como vimos anteriormente, el plazo para crear una solución nunca ha sido tan ajustado.

En vista de las limitaciones, todos los competidores terminaron siguiendo el camino intermedio: las pruebas clínicas de la fase 3 se diseñaron para establecer cuánto protegen las candidatas a vacunas contra el covid-19 sintomático, como se explicó en los párrafos anteriores.

Así es como muchas candidatas a vacunas avanzaron en los ensayos clínicos, fueron aprobadas o están siendo analizadas actualmente por agencias reguladoras.

Punto de inflexión

Pero aquí aparece una controversia importante en esta historia: ¿cómo se define un síntoma de covid-19?

Cada farmacéutica y cada centro de investigación estableció sus propios criterios para enmarcar lo que sería una sospecha de infección por coronavirus.

“En las pruebas de CoronaVac, Sinovac y el Instituto Butantan, por ejemplo, se instruyó a los voluntarios para que informaran de cualquier malestar que sintieran, por leve que fuera”, describe Pasternak.

Posteriormente, estos participantes se sometieron a la prueba molecular (hisopado nasofaríngeo) para saber si tenían la enfermedad o no.

Una mujer recibe la vacuna en Francia.

Reuters
La vacunación busca la protección comunitaria, por lo que el éxito del proceso no debe evaluarse a partir de resultados individuales.

“Moderna, en cambio, estableció que, para realizar tal examen, el individuo debía tener al menos dos síntomas o un signo muy claro de covid-19, como falta de aire”, agrega la especialista.

Esta diferencia, por supuesto, tuvo un impacto en los resultados de los análisis preliminares. No es exagerado especular que un número considerable de participantes que recibieron la vacuna de Moderna desarrollaron condiciones leves y moderadas de la enfermedad. Sin embargo, como no fueron sometidos a los métodos de diagnóstico, no supieron que tenían la infección.

Esta es una de las razones por las que los científicos no centran tanto su análisis en las tasas de eficacia: en el mundo real, puede ser que el 50,4% de CoronaVac se vuelva un poco más alto, mientras que el 94% de Moderna termine ligeramente reducido, y no hay problema con eso.

“Debemos entender que la vacuna no es como un medicamento con el que tratamos a una persona. La vacuna es algo que protege a la comunidad. No se puede analizar desde un punto de vista individual, sino de cómo se protege a toda una población”, explica la epidemióloga Denise Garrett, vicepresidenta del Instituto Sabin, una organización internacional sin fines de lucro que promueve la inmunización en todo el mundo.

Observaciones paralelas

Para demostrar su seguridad y eficacia, cada nueva vacuna se somete a un verdadero rito científico, que implica una serie de pasos.

“Todo comienza con experimentos en cultivos de células animales, donde vemos si las moléculas tienen potencial para funcionar en humanos”, explica el doctor Jorge Kalil, profesor de inmunología clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo.

Vacuna de moderna

Reuters
Todas las vacunas autorizadas fueron sometidas a rigurosas pruebas.

Si los resultados son buenos, el producto se prueba en humanos, en tres fases.

“Comenzamos con un número limitado de voluntarios en la fase uno y, a medida que avanza el conocimiento, evolucionamos a decenas de miles de participantes en la fase tres”, resume Kalil, quien también es director del Laboratorio de Inmunología del Instituto del Corazón (InCor), en Sao Paulo.

Las vacunas contra la covid-19 han atravesado (y siguen atravesando) esta maratón.

La tasa de eficacia sobre la covid-19 sintomática se establece precisamente en esta etapa de tres ensayos clínicos.

Pero eso no es lo único que miden los científicos: aprovechan toda la estructura para hacer estudios y mediciones “paralelas”, que se conocen como resultados secundarios.

No son el objetivo principal de ese trabajo, pero son conocimientos que también ayudan a comprender el poder de ese candidato para la inmunización.

“Además de saber que CoronaVac tenía una tasa de eficacia general del 50% contra la enfermedad sintomática, la investigación mostró una protección del 78% contra los síntomas leves que también necesitaban asistencia médica. Este fue un resultado secundario observado”, ejemplifica Kalil.

Por lo tanto, aunque se han diseñado estudios clínicos para evaluar la capacidad de las vacunas para prevenir el covid-19 sintomático, muchas de las pruebas ya indicaron que los beneficios podrían ser más prometedores.

Y esa evidencia ahora se está confirmando, con los primeros resultados de la vida real de las campañas de inmunización contra el coronavirus.

El ejemplo de Israel

Con aproximadamente 8,8 millones de habitantes, Israel fue el primer país del mundo en iniciar y expandir rápidamente una campaña de vacunación contra la covid-19.

“El país se ha convertido en un caso de estudio perfecto, ya que está utilizando la misma vacuna en toda la población y aplicando las dosis a un ritmo muy rápido”, señala Pasternak.

Puntos ce vacunación en Israel.

Getty Images
Israel tiene la campaña de inmunización contra la covid-19 más avanzada del mundo.

Los datos publicados la semana pasada por el Ministerio de Salud de Israel y las farmacéuticas responsables de la vacuna revelan resultados que superan las expectativas, como la caída dramática de casos, hospitalizaciones y muertes por covid-19.

“Los últimos análisis revelan que los individuos no vacunados tienen 44 veces más riesgo de desarrollar una infección sintomática y 28 veces más probabilidades de morir por la enfermedad”, dijeron las entidades, en un comunicado difundido a la prensa.

Nota: las pruebas de fase tres de inmunización de Pfizer y BioNTech se crearon para observar y medir la eficacia contra la covid-19 sintomática. Pero, en la experiencia de la vida real, todo indica que las dosis también son capaces de prevenir la infección (el primer elemento mencionado por la OMS) y las condiciones muy graves (el tercer elemento).

Además de Pfizer/BioNTech, las vacunas de Moderna y AstraZeneca/Oxford ya muestran efectos similares en lugares donde se aplican a gran escala.

“Esto significa que las vacunas pueden tener un impacto en la transmisión viral y, cuantas más personas estén protegidas, más difícil será para el virus encontrar a alguien vulnerable”, argumenta Garrett.

Pie en el acelerador

Hay un ingrediente adicional que exige campañas de inmunización aún más rápidas: el descubrimiento de nuevas variantes del coronavirus.

https://www.youtube.com/watch?v=lGUuIKrNxbE

Ya se sabe que estas versiones del agente infeccioso se propagan con mayor facilidad y que incluso pueden afectar a personas que ya tuvieron la enfermedad en los meses anteriores.

Otro temor es que estas mutaciones en el código genético viral hagan que las vacunas sean menos efectivas o que incluso las dejen completamente desactualizadas.

Precisamente por eso hay que acelerar la vacunación. “Las variantes son preocupantes. Las vacunas que tenemos en este momento dan cuenta de los tipos de coronavirus que se han descrito hasta ahora. Por lo tanto, no podemos dejar margen y tiempo para que aparezcan otras versiones y se escapen de la solución que tenemos”, advierte Pasternak.

La microbióloga apunta que, además de poner un pie en el acelerador de la vacunación, es necesario invertir más en secuenciación genética y vigilancia genómica para identificar estas nuevas amenazas desde su origen, antes de que se extiendan a otros rincones.


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