Doce funcionarios que firmaron convenios de La Estafa Maestra en Sedesol repitieron cargo en Sedatu
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Doce funcionarios que firmaron convenios de La Estafa Maestra en Sedesol repitieron cargo en Sedatu

Entre los funcionarios que firmaron los convenios se encuentran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, que tuvo ese cargo en Sedesol y repitió en Sedatu.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
31 de octubre, 2018
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Doce exfuncionarios de la Sedesol que firmaron convenios vinculados con el presunto desvío de recursos públicos en el esquema conocido como La Estafa Maestra, cuando Rosario Robles Berlanga era su titular, repitieron cargos en la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) cuando esta funcionaria llegó a dirigir la dependencia.

Sólo por los convenios firmados en la Sedesol, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso 6 denuncias penales, entre 2015 y 2016, en contra de la dependencia, siete universidades y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo por el presunto desvío de recursos.

Además, otros cuatro funcionarios que salieron de la Sedesol y llegaron a Sedatu, bajo el mando de Robles en ambos casos, firmaron convenios en Sedatu, mismos que fueron señalados con presuntas irregularidades en las revisiones hechas por la ASF.

En total, son 16 funcionarios que tuvieron cargos en Sedesol y Sedatu y firmaron 28 convenios, por 3 mil 258 millones de pesos, con universidades y organismos de comunicación entre 2013 y 2016 en ambas dependencias.

La ASF presume que dichos convenios son parte del mismo modus operandi ocurrido en Sedesol y Sedatu, en el cual, de acuerdo con la investigación de La Estafa Maestra, las dependencias hicieron acuerdos con las instituciones públicas para hacer supuestos servicios, éstas instituciones a su vez subcontrataron a empresas irregulares que simularon el servicio, o no los realizaron, y los recursos públicos desaparecieron.

Entre los funcionarios que firmaron los convenios se encuentran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, que tuvo ese cargo en Sedesol y repitió en Sedatu. Dicho nombramiento depende directamente de la titular, que en ambos casos fue Rosario Robles. Otros funcionarios más dependen o dependían, a su vez, de Zebadúa.

Animal Político identificó a los funcionarios que firmaron los convenios, tras obtenerlos todos a través de 50 solicitudes de información, además de revisar el historial laboral en Declaranet de cada uno de los firmantes, y analizar el expediente sobre la investigación realizada por el Órgano Interno de Control de la Sedesol, respecto a la actuación de sus funcionarios en estos casos.

Los funcionarios

Emilio Zebadúa es el funcionario de más alto nivel que firmó los convenios investigados por la ASF y denunciados ante la PGR. Ha sido Oficial Mayor tanto en Sedesol como en Sedatu, y se ha encargado de administrar y avalar la entrega de recursos en las dependencias, según establece la estructura orgánica.

Como Oficial Mayor de la Sedesol, Zebadúa firmó los primeros convenios protocolarios con la Universidad de Morelos –el 1 de marzo de 2013– y del Estado de México –el 6 de mayo de 2013–. Gracias a éstos, la dependencia hizo al menos seis convenios que suman mil 195 millones de pesos para hacer supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la principal estrategia de combate a la pobreza del presidente Enrique Peña Nieto.

En la Cuenta Pública de 2013, la ASF comprobó que los servicios no se cumplieron y estableció que presuntamente hubo una “simulación de operaciones” por lo que interpuso seis denuncias penales entre 2015 y 2017.

El 1 de septiembre de 2015, fue nombrado nuevamente como Oficial Mayor de Sedatu por parte de Rosario Robles, cuatro días después de que ella comenzó en la dependencia como titular.

Ya en Sedatu, siete funcionarios –de los cuales 3 dependían directamente de Robles y 1 de Zebadúa– firmaron al menos 12 convenios con este modus operandi con universidades y organismos de comunicación, que suman mil 24 millones de pesos en 2015 y 2016, de acuerdo con la información de la ASF en la Cuenta Pública de ambos años.

Emilio Zebadúa fue consejero en el Instituto Nacional Electoral en 2000; secretario de Gobierno en Chiapas durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, y presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ramón Sosamontes, jefe de la Oficina de la Sedesol y Sedatu, firmó tres convenios, en su paso por Sedesol, con Radio y Televisión de Hidalgo en enero y febrero de 2015 por un monto total de 603 millones de pesos para servicios que incluía “desarrollar la estrategia y programa anual de comunicación social y materiales en audio y video para la Cruzada contra el Hambre”.

Los tres convenios forman parte de una denuncia penal interpuesta por la ASF ante la PGR el 27 de octubre de 2017, pues según la auditoría D17002 “sirvieron como vía para la distribución irregular de los recursos, dado que no existe evidencia de que varias de las empresas vinculadas hayan realizado trabajo o servicio alguno en favor de Radio y Televisión de Hidalgo o de Sedesol”.

El pasado 23 de febrero, el periódico Reforma publicó que, de acuerdo con información atribuida a la ASF, funcionarios de Hidalgo declararon que al firmar los convenios con la Sedesol fueron obligados por una alta funcionaria de esa dependencia a contratar a 27 empresas y recibir cajas con los comprobantes de los servicios ya elaborados.

Uno de los convenios fue firmado por Gustavo Rodríguez González, entonces director de información de Sedesol, y quien repitió en el cargo en Sedatu, pero fue separado del cargo en septiembre pasado luego de ser sancionado por la Secretaría de la Función Pública debido a presuntas irregularidades cometidas en dicho convenio.

Ramón Sosamontes ha sido colaborador cercano de Rosario Robles desde que ella encabezó el gobierno de la Ciudad de México, y él era delegado de Iztapalapa en 1999. Luego lo invitó a ser su vocero de campaña cuando buscaba la dirigencia del PRD. Al ganar, lo nombró secretario de Asuntos Electorales en 2002.

Ambos renunciaron al PRD en 2004, con el señalamiento de la deuda del partido durante las elecciones de 2003 que incluyó facturas a empresas fantasma, según documentó el informe del Órgano Central de Fiscalización del PRD dirigido por militantes como Ricardo García Sainz, Ifigenia Martínez y Carlos Payán.

Rosario Robles Berlanga y Ramón Sosamontes.

Rosario Robles Berlanga y Ramón Sosamontes.

Aunque el IFE no detectó irregularidades sobre este dinero, el PRD interpuso en 2007 una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en contra de José Ramón Zebadúa, exoficial mayor del partido durante la administración de Robles, por irregularidades en el presupuesto del PRD como la presentación de facturas falsas por 40 millones de pesos, pero la investigación quedó congelada.

Repiten esquema y cargos

Humberto René Islas, director de Recursos Materiales en la Sedesol, entre enero de 2013 y agosto de 2015, firmó tres convenios específicos con las Universidades de Morelos y Estado de México. En ellos, la Auditoría señaló el presunto desvío de recursos públicos que estaban destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Su puesto dependía directamente de la Oficialía Mayor de Sedesol. En septiembre de 2015, Islas fue nombrado nuevamente director general de Recursos Materiales en Sedatu. Tres meses después firmó el primero de cuatro convenios con las Universidades Politécnicas de Chiapas, Quintana Roo y la Tecnológica de Campeche. Estos también fueron señalados por la ASF con supuestas irregulares por más de 440 millones de pesos.

Marcos Salvador Ibarra Infante fue director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y firmó el convenio UCD.33901.014/2015 con la Universidad de Zacatecas en junio de 2015, que forma parte de otra denuncia penal interpuesta en 2017.

En la Sedatu, ya como director general de coordinación de delegaciones, Ibarra Infante firmó cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015 y uno con la Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre de 2016, que suman 313 millones de pesos.

Como director general de geoestadística y padrones de beneficiarios, José Antolino Orozco Martínez, firmó dos convenios de la Sedesol. Uno con la Universidad del Estado de México (UAEM), en abril de 2013, por 338 millones de pesos para la “recolección de información socioeconómica y complementaria” hasta 2016.

El segundo fue con la Universidad de Morelos, el 1 de septiembre de 2014, por 77 millones de pesos para “conocer la opinión de los beneficiarios con relación a la atención recibida del personal de los programas de los programas sociales”.

Dichos convenios también terminaron en denuncias penales, por las auditorías 246 y la 1665, interpuestas en 2015 y 2017, respectivamente.

El 16 de septiembre de 2015, Orozco Martínez ingresó a la Sedatu como Jefe de la unidad de políticas, planeación y enlace institucional. Doce días después firmó los primeros dos convenios de seis con la Universidad Politécnica de Chiapas, cuyo monto total asciende a 206 millones de pesos. Según Declaranet, dejó el cargo en marzo pasado.

Más funcionarios

Enrique Prado Ordoñez, director de adquisiciones y contratos en Sedesol, firmó el anexo técnico 2 el 27 de mayo de 2013 con la Universidad de Morelos para “optimizar la aplicación de los recursos humanos y económicos, y mejorar la percepción ciudadana respecto de la Cruzada Nacional contra el Hambre”. Desde octubre de 2015 ocupa el mismo cargo en la Sedatu.

Prado Ordoñez, además de firmar el convenio, estuvo enterado de la contratación de la empresa Grupo Comercializador Cónclave, que fue declarada como fantasma por el SAT y uno de los accionistas era Rodolfo David Dávila Córdova, operador del grupo de narcotraficantes, según reveló la investigación de Aristegui Noticias. 

El 8 de octubre de 2013 recibió el oficio DGPE/R/19/2013-1, donde Wistano Orozco, director de empresas y servicios de la Universidad de Morelos, le informó que Saúl Elías Álvarez Mercado, representante legal de Grupo Comercializador Cónclave, era el responsable de la recepción de materiales que supuestamente se iban a distribuir como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, según consta en la investigación realizada por el Órgano Interno de Control de la Sedesol. Ordoñez era subalterno de Humberto Islas.

Juan Carlos Lastiri Quirós Luja, subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol, encabezó la firma del convenio multianual por 338 millones de pesos investigado por la Auditoría 246, y que derivó en una denuncia penal (la primera) en octubre de 2015.

Un mes después, se integró como titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, aunque renunció al cargo en enero de 2018 para ser candidato del PRI al Senado por Puebla.

Enrique González Tiburcio fue coordinador de asesores de Robles en la Sedesol y desde septiembre de 2015 lo nombró subsecretario de Ordenamiento Territorial en la Sedatu. En enero de 2016, tres meses después de asumir el nuevo encargo, firmó un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, también investigado por la ASF.

Armando Saldaña, director general de Ordenamiento Territorial –dependiente del subsecretario Tiburcio–, firmó otro convenio en Sedatu por 224 millones de pesos en febrero de 2016. En Sedesol ocupó el cargo de Director general adjunto de operación.

Sonia Angélica Zaragoza, directora general de Recursos Humanos en la Sedesol entre enero de 2014 y agosto de 2015, también fue investigada por firmar uno de los convenios con la Universidad de Morelos. Después de ser exonerada por el Órgano Interno de Control, fue nombrada con el mismo cargo en Sedatu desde septiembre de 2015. En ambas dependencias depende directamente del Oficial Mayor, Zebadúa.

Wendy Gabriela Arrieta Camacho fue subalterna de Zebadúa, con el cargo de directora general de Tecnologías de la Información de la Sedesol hasta diciembre de 2015. Ella firmó un anexo técnico con la Universidad de Morelos por 23 millones de pesos en 2014. En la Sedatu fue nombrada coordinadora de asesores, pero renunció al cargo en marzo de 2018.

Javier Arrambide Olvera, director de Programas de Delegaciones, subalterno de Marcos Salvador Ibarra, firmó otro convenio investigado por la ASF con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 12 de abril de 2016, y también trabajó en la Sedatu como director de área entre mayo de 2014 y agosto de 2015.

José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario en la Sedesol, firmó el convenio 710.33901.11/2015 con Radio y Televisión de Hidalgo por un monto de 373 millones de pesos, lo que también forma parte de la auditoría D17002 que fue denunciada ante la PGR. En Sedatu ocupa el cargo de director general adjunto para la Igualdad de género.

José Luis Sánchez Buendía firmó dos convenios en Sedatu con las Universidades Politécnicas de Chiapas y Quintana Roo, pero también venía de la Sedesol, donde ocupó el cargo de director de Estadística.

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Birmania: decenas de miles se manifiestan contra el golpe de Estado en las mayores protestas en décadas

Este sábado la ciudad más grande del país asiático vivió las protestas más multitudinarias hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, que se impuso en el poder con un golpe el pasado 1 de febrero.
Por BBC News Mundo
7 de febrero, 2021
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Birmania vive días convulsos.

Los gobernantes militares, que tomaron el poder el lunes con un golpe de Estado que atajó abruptamente la frágil democracia birmana, han bloqueado la internet en el país mientras miles de personas salen a la calle a protestar.

A la multitudinaria manifestación del sábado en Yangón, la antigua capital, le siguió otra este domingo que no solo es la más grande hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, sino la mayor en décadas.

“No queremos una dictadura militar. Queremos democracia “, coreó la multitud, ataviada con camisas rojas y sostenía globos del mismo color, que es el del partido de la depuesta Aung Suu Kyi.

Los automóviles y autobuses reducían la velocidad para hacer sonar sus bocinas en apoyo, con muchos haciendo el saludo de tres dedos, un símbolo de desafío contra el autoritarismo en la región.

También se re realizaron manifestaciones en más de una docena de otras ciudades.

“Tenemos que acabar con esto ahora”

Los manifestantes son trabajadores de fábricas y estudiantes, pidieron la liberación de los detenidos por el ejército, incluida la líder electa Aung San Suu Kyi.

“Estamos aquí para luchar por nuestra próxima generación, para liberarlos de una dictadura militar“, dijo una manifestante a la agencia AFP. “Tenemos que acabar con esto ahora”.

Hasta ahora Birmania, se había mantenido mayoritariamente en calma después del golpe, aunque se produjeron algunas manifestaciones en diferentes partes del país.

Las autoridades militares están atrincheradas en la capital, Naypyidaw, y hasta ahora han evitado entablar contacto directo con los manifestantes.

Policía bloqueando las calles en Yangón.

EPA
La policía bloqueó las calles en Yangón, la ciudad más grande del país.

Nyein Chan, corresponsal de la BBC en Yangon, dice que los birmanos conocen muy bien la violencia de las que son capaces los militares, pero ahora que la gente tuvo tiempo de digerir lo que está sucediendo están encontrando diferentes formas de hacer oír su voz.

El país fue gobernado por un gobierno militar opresivo desde 1962 hasta 2011.

Pero según Chan, aunque la atmósfera estaba cargada, los manifestantes se mostraron desafiantes.

“Están enojados pero también silenciosamente asustados. Saben que los militares son capaces de utilizar la violencia para reprimir la disidencia, pero sienten que no tienen otra opción”, explicó.

“Cuando un grupo de manifestantes se encontró con una fila de soldados, les gritaron: ‘Están entrenados para ser soldados profesionales, no maten a civiles‘”, relató.

Regresó internet

Por lo demás, el servicio de internet, que había sido interrumpido, ya fue restablecido.

El apagón de internet hizo que la conectividad cayera a un 16% de los niveles normales, dijo NetBlocks Internet Observatory, un organismo que monitorea las redes.

Pero el tráfico ya había aumentado a un 50% a las 14:00 hora local (07:30 GMT) de este domingo, aunque el acceso a las redes sociales, incluídas Facebook y Twitter, permanecía bloqueado.

Muchos usuarios evadieron las restricciones en las redes sociales mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), pero el apagón más general interrumpió gravemente su actividad.

mujer protestando en Yangón

AFP
El miércoles hubo protestas, pero no fueron tan multitudianrias como las de este sábado.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional calificó el cierre como “atroz e irresponsable.

Organizaciones de la sociedad civil instaron a los proveedores de internet y redes móviles a desafiar la orden del apagón.

Mientras tanto, Suu Kyi está bajo arresto domiciliario, según su abogado. Documentos policiales muestran que está acusada de importar y utilizar ilegalmente equipos de comunicaciones (walkie-talkies) en su casa de la capital.

Además, Sean Turnell, un académico australiano exasesor económico de Suu Kyi, fue detenido en Yangón.

Turnell le dijo a la BBC que lo han confinado en su hotel y que no sabe de qué pueden acusarlo.

El golpe tuvo lugar cuando se inauguró una nueva sesión del parlamento, tras la aplastante victoria electoral de noviembre del partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi en 2020.

Getty Images
Aung San Suu Kyi en 2020.

Muchos birmanos vieron cómo se desarrollaban los eventos a través de Facebook, la principal fuente de información y noticias en el país.

Tres días después, se ordenó el bloqueo de plataforma por “razones de estabilidad”.

Una vocera de Twitter dijo que la prohibición socava “la conversación pública y los derechos de las personas a hacer oír su voz”. Facebook, propietaria de Instagram, pidió a las autoridades que “restablezcan la conectividad”.

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