El diputado federal de Morena, Pablo Gómez, presentó una iniciativa para regular la propaganda oficial de los poderes federales, en la que se establecen medidas sobre la distribución de tiempos oficiales entre organismos públicos, y la asignación equitativa de contratos a empresas de comunicación.
Uno de los puntos es el de que no se asigne a una sola empresa o medio de comunicación un contrato que represente más del 25% del gasto total destinado para cada tipo de comunicación social, es decir, radio, televisión y prensa escrita.
También se señala la prohibición de contratar la difusión de noticias, llamadas a veces infomerciales o gacetillas, o de hacer algún pago por la difusión de actos oficiales, de cualquier naturaleza.
En cuanto al gasto total, se menciona en primer lugar que será creado un Programa Anual de Propaganda de la Administración Pública de la Federación, que buscará tener una política coherente y austera para comunicación social.
“Se contemplan reglas especiales en la materia, entre ellas destaca la limitación al gasto anual en propaganda, mismo que no podría exceder del 0.3 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente”, se lee en el documento.
“Además, se pretende que la difusión de propaganda oficial en radio y televisión sólo pueda realizarse por los entes públicos haciendo uso de los tiempos oficiales, con excepción de la contratación de tiempos para carteleras culturales y de espectáculos, campañas de salud, información de prevención civil frente a siniestros u otros casos de emergencia o la relativa a las prevenciones generales emitidas en función de una situación extraordinaria decretada por el Congreso”, agregó el diputado Gómez.
“Se establece una restricción para la realización de ampliaciones o traspasos presupuestales y otras reglas especiales de financiamiento en el rubro de publicidad”.
Queda prohibida la ampliación o traspaso de recursos al gasto correspondiente a propaganda, salvo en los casos de ampliaciones o incrementos presupuestales requeridos para la propaganda en situaciones de emergencia, se insiste en la iniciativa.
En cuanto a la distribución de los tiempos oficiales, se propone que 35 por ciento sea para el Poder Ejecutivo federal; 10 por ciento para el Poder Legislativo federal, distribuyéndose en partes iguales, entre la Cámara de Diputados y el Senado.
Diez por ciento para el Poder Judicial de la Federación; 10 por ciento para los organismos públicos autónomos federales, y 35 por ciento para las entidades federativas.
“Se considera que las entidades federativas deben tener acceso al tiempo del Estado pues su propaganda de radio y televisión es ahora costeada íntegramente con fondos presupuestales locales a pesar de que forman parte de una Federación que, como tal, cuenta con tiempo legal y tiempo fiscal”.
Cuando la propaganda oficial que difunda un ente de la administración pública federal “vulnera el principio de lealtad institucional y ciudadana, la Secretaría de Gobernación inicia, de oficio o a
petición de uno de los involucrados, una gestión para superar la solución del diferendo y restaurar a plenitud la relación de colaboración que priva entre órganos del Estado mexicano, para lo cual toma las decisiones pertinentes, las cuales deben ser de conocimiento público. Todo esto, sin menoscabo de las sanciones que pudieran ameritarse de conformidad con la ley”, señala uno de los artículos de la iniciativa.
