Gobierno de CDMX no cumple con las recomendaciones para activar la Alerta de Género, acusan organizaciones
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Gobierno de CDMX no cumple con las recomendaciones para activar la Alerta de Género, acusan organizaciones

Activistas, abogadas y organizaciones revelaron las deficiencias en la procuración e impartición de justicia para salvaguardar la integridad de las víctimas directas e indirectas de feminicidios en CDMX. Temen que la declaración de la Alerta de Violencia de Género se prolongue aún más.
Cuartoscuro
Por Andrea Vega
31 de octubre, 2018
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Ciudad de México ha tenido un largo proceso para determinar si se le declara o no la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En septiembre de 2017 diversas organizaciones de la sociedad civil la solicitaron. A partir de entonces corrió el procedimiento legal para aceptar o negar la medida. Se conformó un Grupo de Trabajo que analizó la situación en la capital y emitió una serie de recomendaciones.

El gobierno local tenía seis meses para cumplirlas y hasta el 2 de octubre de 2018 para entregar un informe sobre sus esfuerzos para atenderlas. A partir de eso, se evaluaría si se declaraba o no la alerta. Pero las autoridades pidieron prórroga hasta el 16 de noviembre. Otro informe les ha ganado.

Las autoras son activistas, abogadas y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Comité Alerta CDMX. Entre sus integrantes se encuentran: la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Justicia Pro Persona y la Colectiva Feminista El Aquelarre, entre otras.

El objetivo del Comité, señalaron las activistas durante la presentación del informe, es no permitir que el gobierno capitalino finja que cumplió con las recomendaciones del Grupo de Trabajo y que entonces la alerta no se decrete. O que ésta se declare y luego las autoridades finjan que la están cumpliendo.

“Por experiencia en otros estados sabemos que las medidas se cumplen de manera superficial o que se emprenden acciones insuficientes en la AVGM, por eso se creó este Comité para pedir que se declare la alerta en CDMX y que no sea una mera simulación como en otras entidades. Queremos ver resultados reales y contundentes”, afirmó Areli Orozco, integrante de la Colectiva Feminista El Aquelarre.

Para hacer el análisis de las acciones del gobierno, las activistas y académicas interpusieron más de 350 solicitudes de acceso a la información. El informe del Comité Alerta CDMX está dividido en secciones por temas y cada sección tiene a su vez tres apartados.

Zue Valenzuela, de la Red TDT, detalló que en el primer apartado de cada sección se explican cuáles fueron las recomendaciones del Grupo de Trabajo en un tema específico. En el segundo se analiza qué tanto las ha cumplido el gobierno. Y en la tercero, el propio Comité da sus recomendaciones.

Hubo cinco grupos prioritarios de obligaciones en las conclusiones del Grupo de Trabajo: las de acceso a la información, las de capacidades institucionales, las que se refieren a procuración e impartición de justicia, las de los protocolos de actuación relacionados con la no localización de mujeres y los de armonización del marco normativo local en derechos humanos.

Respecto de las capacidades de las instituciones que se encargan de la procuración e impartición de justicia, el Grupo de Trabajo encontró deficiencias en la aplicación de protocolos, incluidos los enfocados en salvaguardar la integridad de las víctimas directas e indirectas de los delitos, y también halló errores en las investigaciones por la falta de herramientas metodológicas en el trabajo de la fiscalía.

Desde que se presentaron las recomendaciones, las instancias encargadas de investigar y sancionar los delitos de feminicidios no muestran un cambio sustantivo, asegura el Comité. La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX) no cuenta todavía con un protocolo destinado a atender a las víctimas indirectas. Además, agrega el documento, no se impartieron cursos para mejorar las capacidades de investigación de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría.

El Comité también documentó que la PGJCDMX no cuenta con un mecanismo adecuado, eficaz y pertinente para evaluar el desempeño cualitativo y cuantitativo del personal que atiende áreas de investigación de delitos contra las mujeres. Este mecanismo solo realiza funciones administrativas: como recibir un informe diario de las actividades del personal, reuniones periódicas con ellos para tratar temas relacionados con las carpetas de investigación, y si se tiene noticia de una anomalía o irregularidad en cuanto a la atención de las víctimas se da vista a los órganos de control interno.

Además, pese a la recomendación del Grupo de Trabajo sobre garantizar las condiciones para que el personal de la Red Interinstitucional de Información de Violencia contra las Mujeres cuente con el perfil idóneo, y sobre que la PGJCDMX analice y ajuste todo lo que sea necesario en la Dirección de Estadística y Política Criminal, ésta informó al Comité Alerta CDMX que no cuenta con un área específica sobre violencia de género, por lo menos no hasta mediados de agosto.

La PGJCDMX también indicó que no tiene procedimientos para la selección del personal que participa en los procesos de registro estadísticos con respecto a sucesos que constituyan actos de violencia de género contra las mujeres, porque tal como informó la Dirección General de Recursos Humanos al Comité Alerta CDMX, “no existe información que ubique a personal con el cargo específico que describe”.

En lo que se refiere a las capacidades institucionales para atender la violencia feminicida, el Grupo de Trabajo también subrayó la necesidad de que las alcaldías elaboren e implementen un Plan de Acción Integral de Atención y Prevención de la Violencia de Género.

El Comité comprobó que, al menos hasta finales de agosto, seis alcaldías/fiscalías: Cuajimalpa, Xochimilco, Milpa Alta, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tláhuac, no tienen y tampoco están en proceso de desarrollar ese plan. En tanto que el resto cuenta con acciones en favor de los derechos humanos de las mujeres pero no con algo integral que atienda la violencia hacia ellas. 

Las integrantes del Comité temen que haya más retrasos en la declaratoria de AVGM para la CDMX ahora que las autoridades pidieron prórroga para presentar su informe y ante el próximo cambio de gobierno.

Zúe Valenzuela de la Red TDT, pidió al Grupo de Trabajo para la AVGM en la CDMX considerar los hallazgos y recomendaciones del Comité de la sociedad civil y dijo que se está en un momento importante por el cambio en el gobierno. “Queremos decir que los plazos siguen corriendo. Esto no se puede detener por la transición. Las víctimas no pueden esperar. Se debe dar respuesta ya a las recomendaciones”.

Katherine Mendoza, abogada de la organización Justicia Pro Persona, señaló que ante los resultados presentados en el informe del Comité, no se podrán dar por cumplidas las recomendaciones del Grupo de Trabajo, “así que debe declararse la AVGM”. Selene González, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, recalcó que declarar la AVG es un paso pero “hay falta de perspectiva de género en todas las instituciones, no va a bastar con un curso, tiene que haber una reforma en todas las instancias que incluya cambio de personal”.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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