Gobierno de CDMX no cumple con las recomendaciones para activar la Alerta de Género, acusan organizaciones
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Gobierno de CDMX no cumple con las recomendaciones para activar la Alerta de Género, acusan organizaciones

Activistas, abogadas y organizaciones revelaron las deficiencias en la procuración e impartición de justicia para salvaguardar la integridad de las víctimas directas e indirectas de feminicidios en CDMX. Temen que la declaración de la Alerta de Violencia de Género se prolongue aún más.
Cuartoscuro
Por Andrea Vega
31 de octubre, 2018
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Ciudad de México ha tenido un largo proceso para determinar si se le declara o no la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En septiembre de 2017 diversas organizaciones de la sociedad civil la solicitaron. A partir de entonces corrió el procedimiento legal para aceptar o negar la medida. Se conformó un Grupo de Trabajo que analizó la situación en la capital y emitió una serie de recomendaciones.

El gobierno local tenía seis meses para cumplirlas y hasta el 2 de octubre de 2018 para entregar un informe sobre sus esfuerzos para atenderlas. A partir de eso, se evaluaría si se declaraba o no la alerta. Pero las autoridades pidieron prórroga hasta el 16 de noviembre. Otro informe les ha ganado.

Las autoras son activistas, abogadas y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Comité Alerta CDMX. Entre sus integrantes se encuentran: la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Justicia Pro Persona y la Colectiva Feminista El Aquelarre, entre otras.

El objetivo del Comité, señalaron las activistas durante la presentación del informe, es no permitir que el gobierno capitalino finja que cumplió con las recomendaciones del Grupo de Trabajo y que entonces la alerta no se decrete. O que ésta se declare y luego las autoridades finjan que la están cumpliendo.

“Por experiencia en otros estados sabemos que las medidas se cumplen de manera superficial o que se emprenden acciones insuficientes en la AVGM, por eso se creó este Comité para pedir que se declare la alerta en CDMX y que no sea una mera simulación como en otras entidades. Queremos ver resultados reales y contundentes”, afirmó Areli Orozco, integrante de la Colectiva Feminista El Aquelarre.

Para hacer el análisis de las acciones del gobierno, las activistas y académicas interpusieron más de 350 solicitudes de acceso a la información. El informe del Comité Alerta CDMX está dividido en secciones por temas y cada sección tiene a su vez tres apartados.

Zue Valenzuela, de la Red TDT, detalló que en el primer apartado de cada sección se explican cuáles fueron las recomendaciones del Grupo de Trabajo en un tema específico. En el segundo se analiza qué tanto las ha cumplido el gobierno. Y en la tercero, el propio Comité da sus recomendaciones.

Hubo cinco grupos prioritarios de obligaciones en las conclusiones del Grupo de Trabajo: las de acceso a la información, las de capacidades institucionales, las que se refieren a procuración e impartición de justicia, las de los protocolos de actuación relacionados con la no localización de mujeres y los de armonización del marco normativo local en derechos humanos.

Respecto de las capacidades de las instituciones que se encargan de la procuración e impartición de justicia, el Grupo de Trabajo encontró deficiencias en la aplicación de protocolos, incluidos los enfocados en salvaguardar la integridad de las víctimas directas e indirectas de los delitos, y también halló errores en las investigaciones por la falta de herramientas metodológicas en el trabajo de la fiscalía.

Desde que se presentaron las recomendaciones, las instancias encargadas de investigar y sancionar los delitos de feminicidios no muestran un cambio sustantivo, asegura el Comité. La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX) no cuenta todavía con un protocolo destinado a atender a las víctimas indirectas. Además, agrega el documento, no se impartieron cursos para mejorar las capacidades de investigación de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría.

El Comité también documentó que la PGJCDMX no cuenta con un mecanismo adecuado, eficaz y pertinente para evaluar el desempeño cualitativo y cuantitativo del personal que atiende áreas de investigación de delitos contra las mujeres. Este mecanismo solo realiza funciones administrativas: como recibir un informe diario de las actividades del personal, reuniones periódicas con ellos para tratar temas relacionados con las carpetas de investigación, y si se tiene noticia de una anomalía o irregularidad en cuanto a la atención de las víctimas se da vista a los órganos de control interno.

Además, pese a la recomendación del Grupo de Trabajo sobre garantizar las condiciones para que el personal de la Red Interinstitucional de Información de Violencia contra las Mujeres cuente con el perfil idóneo, y sobre que la PGJCDMX analice y ajuste todo lo que sea necesario en la Dirección de Estadística y Política Criminal, ésta informó al Comité Alerta CDMX que no cuenta con un área específica sobre violencia de género, por lo menos no hasta mediados de agosto.

La PGJCDMX también indicó que no tiene procedimientos para la selección del personal que participa en los procesos de registro estadísticos con respecto a sucesos que constituyan actos de violencia de género contra las mujeres, porque tal como informó la Dirección General de Recursos Humanos al Comité Alerta CDMX, “no existe información que ubique a personal con el cargo específico que describe”.

En lo que se refiere a las capacidades institucionales para atender la violencia feminicida, el Grupo de Trabajo también subrayó la necesidad de que las alcaldías elaboren e implementen un Plan de Acción Integral de Atención y Prevención de la Violencia de Género.

El Comité comprobó que, al menos hasta finales de agosto, seis alcaldías/fiscalías: Cuajimalpa, Xochimilco, Milpa Alta, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tláhuac, no tienen y tampoco están en proceso de desarrollar ese plan. En tanto que el resto cuenta con acciones en favor de los derechos humanos de las mujeres pero no con algo integral que atienda la violencia hacia ellas. 

Las integrantes del Comité temen que haya más retrasos en la declaratoria de AVGM para la CDMX ahora que las autoridades pidieron prórroga para presentar su informe y ante el próximo cambio de gobierno.

Zúe Valenzuela de la Red TDT, pidió al Grupo de Trabajo para la AVGM en la CDMX considerar los hallazgos y recomendaciones del Comité de la sociedad civil y dijo que se está en un momento importante por el cambio en el gobierno. “Queremos decir que los plazos siguen corriendo. Esto no se puede detener por la transición. Las víctimas no pueden esperar. Se debe dar respuesta ya a las recomendaciones”.

Katherine Mendoza, abogada de la organización Justicia Pro Persona, señaló que ante los resultados presentados en el informe del Comité, no se podrán dar por cumplidas las recomendaciones del Grupo de Trabajo, “así que debe declararse la AVGM”. Selene González, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, recalcó que declarar la AVG es un paso pero “hay falta de perspectiva de género en todas las instituciones, no va a bastar con un curso, tiene que haber una reforma en todas las instancias que incluya cambio de personal”.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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