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Cuartoscuro

Mecanismos de protección para defensores de derechos, negocio de empresas: organizaciones

De 2015 a la fecha, las medidas de protección a defensores de derechos humanos otorgadas en México se limitaron a medidas en el ámbito físico, basadas en tecnología, botones de pánico, telecomunicaciones y escoltas, sin que exista una política pública integral de resguardo para estos colectivos, revela un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y de la organización Protección Internacional.
Cuartoscuro
19 de octubre, 2018
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El año pasado, 31 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, de acuerdo a reportes de la organización Front Line Defenders. En el país, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) señalan que en lugar de protegerlos, la criminalización, las amenazas, las agresiones y el desprestigio hacia ellos se han vuelto un patrón. Esto pese a que existe una ley y un mecanismo que debería garantizar su seguridad.

Así lo documenta el informe “Es Tiempo Ya, Políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos”, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de la organización Protección Internacional (PI), que consideran que la falla radica en que el mecanismo de protección en México y en la mayoría de los países de América Latina se limita a medidas en el ámbito físico, muchas basadas en tecnología, botones de pánico, telecomunicaciones y escoltas.

En México está vigente la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2012, pero no hay una política pública integral de resguardo para estos colectivos, señala el informe. Solo se cuenta con un mecanismo federal de protección, que está restringido y centrado en la seguridad y el riesgo.

Para Leonardo Díaz, de Somos Defensores, el modelo centrado en la protección individual ha fracasado en Colombia y ahora se está replicando en México. “Es un modelo que ni siquiera considera enfoques como el de género, el étnico o el territorial. Es un negocio para las empresas de seguridad”, explicó durante la presentación de Es Tiempo Ya.

El informe de CEJIL y PI documenta que desde 2015, del total de las medidas de protección otorgadas en México, 75 % fueron de botón de pánico (la más frecuente) y circuitos cerrados de seguridad en domicilio y oficina. Si se añaden telecomunicaciones (y el 5 % que abarca vehículo y gasolina), suman el 92 % del total.

La mayoría de las medidas son medios técnicos, “cuya capacidad para generar reacciones efectivas está muy en duda en un país con altas tasas de criminalidad y baja rendición de cuentas de los cuerpos policiales”, refiere el documento.

En el caso del botón de pánico no está probada su eficacia. Un estudio sobre 59 casos de defensores de derechos humanos, de Espacio_OSC para la protección de personas defensoras, reporta que solo en 11 se obtuvo una respuesta adecuada después de usarlo.

“La noción de que el botón envía una alerta instantánea es sugerente, pero lo que realmente haría útil esa medida es un sistema que garantice una reacción rápida y adecuada al recibir la alerta, eso parece no existir”, dice el estudio de CEJIL y PI. Todo eso, agrega el documento, a un alto costo económico: cada botón de pánico del programa mexicano cuesta al mes unos 215 dólares (alrededor de 4 mil 300 pesos)”.

En México no es negocio de muchas empresas, solo de una

De acuerdo con información proporcionada por Espacio_OSC, RCU Sistemas es la única empresa que provee toda la tecnología de seguridad para el mecanismo de protección: desde los botones de pánico, los CCTV, cámaras de vigilancia, pero también chalecos y escoltas, malla ciclónica y cerraduras reforzadas.

El informe Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, de Fundar, hace un análisis de los montos gastados en el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, que se manejan a través de un fideicomiso.

Hasta mayo de 2017, señala, se habían garantizado medidas de prevención y protección con cargo al patrimonio del fideicomiso a 696 personas, 290 periodistas y 406 personas defensoras de derechos humanos.

En respuesta a solicitudes de acceso a la información, hechas por esta organización, la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encargada del fideicomiso para el mecanismo, señala que el monto ejercido para la implementación de medidas de prevención y protección durante 2015 ascendió a 119 millones de pesos y para 2016 representó 170 millones.

En contraste, en la Cuenta Pública se establece que el monto ejercido del fideicomiso durante 2015 fue de 63 millones y durante 2016 de 153 millones. Además, el monto que reporta la SEGOB es mayor al que se reporta vía la SHCP.

Qué falta 

Más que solo medidas de protección físicas, lo que de verdad hace falta es una ley general que tenga cuatro ejes: prevención, protección, investigación de los perpetradores materiales e intelectuales y los beneficiarios de las violaciones de derechos humanos contra defensores, y la parte de la reparación, explicó Alejandro Cerezo, de Acción Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), durante la presentación de Es Tiempo Ya. En suma, dice, se requiere una política integral para prevenir y proteger, y que atienda la violencia estructural y sus causas.

Cerezo agrega que la ley actual es de carácter federal, así que solo obliga a la federación a cumplirla; queda un limbo jurídico para los estados y los municipios. “Si la ley dice que se establezcan convenios y acuerdos entre estos y el poder federal, entonces deja todo a la voluntad política de esos poderes. Es necesaria una ley general que norme y obligue a todos”.

Además, la reglamentación actual va más allá de la protección y tiene un componente preventivo que abarca la violencia estructural pero esto no se da en la práctica. “Hay un problema de lo que está en la ley, lo que se aplica en la ley y el gran problema de la empresa privada que está involucrada en la protección, cuando la CIDH recomendó ya que no debe haber empresas privadas en la ejecución de las medidas de protección a defensores de derechos”.

Para rematar, Cerezo subrayó que es un buen momento para que los legisladores y la administración federal entrante “se pongan a pensar sobre cómo generar una ley que tenga la parte de investigación; los diversos enfoques que faltan, como el de género; la parte interseccional, para hacer de esa reglamentación un verdadero elemento que apoye una política integral para el derecho a defender los derechos humanos”.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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'Gaschicol', el nuevo y productivo negocio de los cárteles en México

El robo de gas LP es el negocio más reciente de los carteles de narcotráfico en México, al que se suman bandas de delincuencia organizada. Las ganancias superan los US$600 millones, pero el riesgo de accidentes es elevado.
12 de octubre, 2019
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Le dicen “gaschicol” o “huachigas”. Es la forma como se conoce en México al robo de gas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata de uno de los negocios recientes de las bandas de delincuencia organizada y carteles de narcotráfico.

Hasta ahora, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), el robo de este combustible suma 13.000 millones de pesos, unos US$670 millones.

Según datos de consultoras como Etellekt en lo que va de este año se han detectado 516 tomas clandestinas para extraer gas licuado de petróleo (LP). El año pasado el número de sitios de extracción irregular fue de 215 en todo el país.

El delito afecta a instalaciones de Pemex pero también a los empresarios que distribuyen el hidrocarburo, insiste Amexgas.

Es un problema en aumento reconocen las autoridades. “Últimamente se nos está presentando lo del robo en gas, que es muy riesgoso“, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Robo de gas

SSPyPC
El robo de gas causó pérdidas por más de US$600 millones este año.

“Todo lo que es robo de combustible es delito grave, no se alcanza fianza. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue deteniendo a personas”, señala.

BBC Mundo solicitó a Pemex información oficial sobre la cantidad de tomas clandestinas de gas, así como las pérdidas por el delito en este año. No hubo respuesta.

De “huachicol” al “gaschicol”

Según especialistas, detrás del aumento del “huachigas” existen algunos carteles de narcotráfico, así como bandas dedicadas al robo de gasolina, conocido como “huachicoleo”.

Se trata de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Noreste que opera en Tamaulipas.

Desde el año pasado participa también el Cartel de Santa Rosa de Lima, ubicado en Guanajuato y Michoacán.

Es un grupo especializado en el robo de gasolina y diésel que, como otros, cambiaron su actividad en los últimos meses debido a la estrategia que desde enero pasado aplica el gobierno para combatir el delito.

Robo de gas

AFP
Miles de soldados combaten el robo de combustibles en México.

En las operaciones participan más de 4.000 soldados, marinos y policías federales.

Así, las bandas pasaron del “huachicol” al “gaschicol”, como señalaron algunos medios locales recientemente.

No es un asunto menor, advierte Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

“Es un problema muy serio porque se trata de un combustible que implica mayor riesgo su extracción ilegal, a diferencia de la gasolina o diésel”, le dice a BBC Mundo.

“Es un combustible mucho más volátil por las técnicas que emplean y que son cada vez más rudimentarias”.

Peligro inminente

Las autoridades han detectado que las bandas suelen robar “infinidad de pipas de agua”, dice el especialista, para usarlas en el transporte de gas.

Una práctica arriesgada porque esos vehículos no están diseñados para llevar ese combustible.

Otro problema es que los grupos suelen almacenar el gas en lugares cercanos a zonas densamente pobladas, en ocasiones con escasas medidas de protección.

De allí distribuyen la mercancía en cilindros para vender casa por casa, o para vehículos y autobuses que usan ese combustible.

El robo de este combustible creó un mercado negro, según denuncian organizaciones como Conciencia Ciudadana y la Asociación de Distribuidores de Gas LP (Adigas).

Por ejemplo, en municipios conurbados a Ciudad de México, en Puebla o Hidalgo las bandas suelen disfrazar sus pipas o camiones repartidores con letreros de compañías reales.

“Hay una racionalidad económica en esto”, dice el director de Etellekt. “Se camuflan con marcas legalmente establecidas, y así operan en el mercado”.

“Muchas veces roban las pipas a las empresas o construyen las suyas de una manera irregular, lo cual implica riesgos importantes”

Los accidentes

La extracción clandestina también es peligrosa. A diferencia de la gasolina o diésel, que se pueden tomar con los ductos en funcionamiento, para sacar el gas es necesario detener la operación del tubo.

De acuerdo con especialistas, generalmente se consigue de dos formas: las bandas reciben información del momento en que los ductos están vacíos y los perforan.

Explosión de gas

AFP
Los accidentes por el “gaschicol” aumentaron este año.

O provocan accidentes para obligar a suspender el envío de combustible e instalar válvulas para extraer el gas cuando el ducto vuelve a funcionar.

La estrategia del “gaschicol” ya deja consecuencias. En los últimos meses se han registrado explosiones y fugas en poblaciones de Puebla, Hidalgo o el estado de México.

En esta entidad, en el municipio de Nextlalpan, la fuga por una toma clandestina provocó la evacuación de más de 3.000 personas.

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto pasado. En el estado de México, según datos de Pemex, desde enero han ocurrido más de 100 incidentes vinculados al robo de gas LP.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, insiste en el alto riesgo de extraer clandestinamente este combustible.

“El gas LP tiene un manejo muy complejo, dentro del ducto corre a alta presión y es líquido”, explica.

Explosión de gas

Pemex
Una fuga de gas como ésta en Puebla tarda horas en controlarse.

“Pero en el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces. Eso genera por supuesto que su manejo sea muy complejo”.

Una de los mayores peligros, coinciden autoridades y especialistas, es que ante las grandes ganancias por el negocio, en algunas comunidades cercanas a los ductos surgieron grupos pequeños que tratan de extraer el gas.

De ahí las explosiones y fugas provocadas por un mal manejo en el robo del combustible.


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