Mecanismos de protección para defensores de derechos, negocio de empresas: organizaciones
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Mecanismos de protección para defensores de derechos, negocio de empresas: organizaciones

De 2015 a la fecha, las medidas de protección a defensores de derechos humanos otorgadas en México se limitaron a medidas en el ámbito físico, basadas en tecnología, botones de pánico, telecomunicaciones y escoltas, sin que exista una política pública integral de resguardo para estos colectivos, revela un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y de la organización Protección Internacional.
Cuartoscuro
19 de octubre, 2018
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El año pasado, 31 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, de acuerdo a reportes de la organización Front Line Defenders. En el país, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) señalan que en lugar de protegerlos, la criminalización, las amenazas, las agresiones y el desprestigio hacia ellos se han vuelto un patrón. Esto pese a que existe una ley y un mecanismo que debería garantizar su seguridad.

Así lo documenta el informe “Es Tiempo Ya, Políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos”, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de la organización Protección Internacional (PI), que consideran que la falla radica en que el mecanismo de protección en México y en la mayoría de los países de América Latina se limita a medidas en el ámbito físico, muchas basadas en tecnología, botones de pánico, telecomunicaciones y escoltas.

En México está vigente la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2012, pero no hay una política pública integral de resguardo para estos colectivos, señala el informe. Solo se cuenta con un mecanismo federal de protección, que está restringido y centrado en la seguridad y el riesgo.

Para Leonardo Díaz, de Somos Defensores, el modelo centrado en la protección individual ha fracasado en Colombia y ahora se está replicando en México. “Es un modelo que ni siquiera considera enfoques como el de género, el étnico o el territorial. Es un negocio para las empresas de seguridad”, explicó durante la presentación de Es Tiempo Ya.

El informe de CEJIL y PI documenta que desde 2015, del total de las medidas de protección otorgadas en México, 75 % fueron de botón de pánico (la más frecuente) y circuitos cerrados de seguridad en domicilio y oficina. Si se añaden telecomunicaciones (y el 5 % que abarca vehículo y gasolina), suman el 92 % del total.

La mayoría de las medidas son medios técnicos, “cuya capacidad para generar reacciones efectivas está muy en duda en un país con altas tasas de criminalidad y baja rendición de cuentas de los cuerpos policiales”, refiere el documento.

En el caso del botón de pánico no está probada su eficacia. Un estudio sobre 59 casos de defensores de derechos humanos, de Espacio_OSC para la protección de personas defensoras, reporta que solo en 11 se obtuvo una respuesta adecuada después de usarlo.

“La noción de que el botón envía una alerta instantánea es sugerente, pero lo que realmente haría útil esa medida es un sistema que garantice una reacción rápida y adecuada al recibir la alerta, eso parece no existir”, dice el estudio de CEJIL y PI. Todo eso, agrega el documento, a un alto costo económico: cada botón de pánico del programa mexicano cuesta al mes unos 215 dólares (alrededor de 4 mil 300 pesos)”.

En México no es negocio de muchas empresas, solo de una

De acuerdo con información proporcionada por Espacio_OSC, RCU Sistemas es la única empresa que provee toda la tecnología de seguridad para el mecanismo de protección: desde los botones de pánico, los CCTV, cámaras de vigilancia, pero también chalecos y escoltas, malla ciclónica y cerraduras reforzadas.

El informe Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, de Fundar, hace un análisis de los montos gastados en el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, que se manejan a través de un fideicomiso.

Hasta mayo de 2017, señala, se habían garantizado medidas de prevención y protección con cargo al patrimonio del fideicomiso a 696 personas, 290 periodistas y 406 personas defensoras de derechos humanos.

En respuesta a solicitudes de acceso a la información, hechas por esta organización, la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encargada del fideicomiso para el mecanismo, señala que el monto ejercido para la implementación de medidas de prevención y protección durante 2015 ascendió a 119 millones de pesos y para 2016 representó 170 millones.

En contraste, en la Cuenta Pública se establece que el monto ejercido del fideicomiso durante 2015 fue de 63 millones y durante 2016 de 153 millones. Además, el monto que reporta la SEGOB es mayor al que se reporta vía la SHCP.

Qué falta 

Más que solo medidas de protección físicas, lo que de verdad hace falta es una ley general que tenga cuatro ejes: prevención, protección, investigación de los perpetradores materiales e intelectuales y los beneficiarios de las violaciones de derechos humanos contra defensores, y la parte de la reparación, explicó Alejandro Cerezo, de Acción Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), durante la presentación de Es Tiempo Ya. En suma, dice, se requiere una política integral para prevenir y proteger, y que atienda la violencia estructural y sus causas.

Cerezo agrega que la ley actual es de carácter federal, así que solo obliga a la federación a cumplirla; queda un limbo jurídico para los estados y los municipios. “Si la ley dice que se establezcan convenios y acuerdos entre estos y el poder federal, entonces deja todo a la voluntad política de esos poderes. Es necesaria una ley general que norme y obligue a todos”.

Además, la reglamentación actual va más allá de la protección y tiene un componente preventivo que abarca la violencia estructural pero esto no se da en la práctica. “Hay un problema de lo que está en la ley, lo que se aplica en la ley y el gran problema de la empresa privada que está involucrada en la protección, cuando la CIDH recomendó ya que no debe haber empresas privadas en la ejecución de las medidas de protección a defensores de derechos”.

Para rematar, Cerezo subrayó que es un buen momento para que los legisladores y la administración federal entrante “se pongan a pensar sobre cómo generar una ley que tenga la parte de investigación; los diversos enfoques que faltan, como el de género; la parte interseccional, para hacer de esa reglamentación un verdadero elemento que apoye una política integral para el derecho a defender los derechos humanos”.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Olímpicos de Tokio: la protesta de la atleta estadounidense que cruzó los brazos tras recibir su medalla

La lanzadora de peso estadounidense Raven Saunders hizo el primer gesto de protesta política que se haya visto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
2 de agosto, 2021
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La lanzadora de peso estadounidense Raven Saunders hizo el primer gesto de protesta política que se haya visto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Al recibir la medalla de plata y mientras las otras ganadoras posaban para las fotos en el podio, Saunders levantó los brazos en forma de X.

Dijo que representaba “la intersección en donde todas las personas oprimidas se encuentran”.

La joven afroestadounidense de 25 años, integrante de la comunidad LGBTI, ha hecho público que lucha contra la depresión.

El lanzamiento de bala, dijo, ha consumido su identidad en el pasado, haciéndole sentirse incapaz de escapar de las presiones que vienen con la competencia.

También dijo que su objetivo al protestar era dar luz a “personas de todo el mundo que están luchando y no tienen la plataforma para hablar por sí mismas”.

“Para mí haber ganado esta medalla, y que eso sirva de inspiración al colectivo LGBTI, a las personas con enfermedades mentales y a las minorías negras, es algo que significa todo”, dijo.

Raven Saunders en un lanzamiento de peso

EPA
Saunders compitió en el lanzamiento de peso de Tokio 2020.

En la prueba realizada el domingo, la china Gong Lijiao ganó el oro y la neozelandesa Valerie Adams el bronce.

Analizan una posible sanción

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha relajado su política de prohibición de protestas para los deportistas que participan en Tokio 2020.

Si bien se les permite “expresar sus puntos de vista” durante las conferencias de prensa, las manifestaciones políticas todavía están prohibidas en las ceremonias de premiación.

El COI informó que está “analizando” lo que hizo Saunders, indicó un portavoz. Aún no se determina si habrá una sanción para la estadounidense.

La salud mental de los atletas ha estado en el centro de la atención mundial en los Juegos Olímpicos de este año, después de que la campeona de la gimnasia Simone Biles se retirara de varias disciplinas para priorizar su bienestar.

Saunders, quien hizo su debut olímpico en Río de Janeiro en 2016, contó que en 2018 pensó en el suicidio mientras atravesaba conflictos emocionales.

Raven Saunders celebrando

Reuters

Asegura que luego de acercarse a un antiguo terapeuta en busca de apoyo pudo formar una relación más equilibrada con el deporte y alcanzar el éxito.

“Está bien ser fuerte”, expresó. “Y está bien no ser fuerte el 100% del tiempo. Está bien poder necesitar a la gente”.

Saunders ya había llamado la atención durante las competencias por el tinte bicolor de su cabello, así como por su colección de mascarillas inspirada en los personajes del cine Hulk y Joker.

Dice que ve a Hulk como su alter ego y un reflejo de cómo aprendió a usar la fuerza de una manera controlada.

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BBC

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