Mecanismos de protección para defensores de derechos, negocio de empresas: organizaciones
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Mecanismos de protección para defensores de derechos, negocio de empresas: organizaciones

De 2015 a la fecha, las medidas de protección a defensores de derechos humanos otorgadas en México se limitaron a medidas en el ámbito físico, basadas en tecnología, botones de pánico, telecomunicaciones y escoltas, sin que exista una política pública integral de resguardo para estos colectivos, revela un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y de la organización Protección Internacional.
Cuartoscuro
19 de octubre, 2018
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El año pasado, 31 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, de acuerdo a reportes de la organización Front Line Defenders. En el país, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) señalan que en lugar de protegerlos, la criminalización, las amenazas, las agresiones y el desprestigio hacia ellos se han vuelto un patrón. Esto pese a que existe una ley y un mecanismo que debería garantizar su seguridad.

Así lo documenta el informe “Es Tiempo Ya, Políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos”, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de la organización Protección Internacional (PI), que consideran que la falla radica en que el mecanismo de protección en México y en la mayoría de los países de América Latina se limita a medidas en el ámbito físico, muchas basadas en tecnología, botones de pánico, telecomunicaciones y escoltas.

En México está vigente la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2012, pero no hay una política pública integral de resguardo para estos colectivos, señala el informe. Solo se cuenta con un mecanismo federal de protección, que está restringido y centrado en la seguridad y el riesgo.

Para Leonardo Díaz, de Somos Defensores, el modelo centrado en la protección individual ha fracasado en Colombia y ahora se está replicando en México. “Es un modelo que ni siquiera considera enfoques como el de género, el étnico o el territorial. Es un negocio para las empresas de seguridad”, explicó durante la presentación de Es Tiempo Ya.

El informe de CEJIL y PI documenta que desde 2015, del total de las medidas de protección otorgadas en México, 75 % fueron de botón de pánico (la más frecuente) y circuitos cerrados de seguridad en domicilio y oficina. Si se añaden telecomunicaciones (y el 5 % que abarca vehículo y gasolina), suman el 92 % del total.

La mayoría de las medidas son medios técnicos, “cuya capacidad para generar reacciones efectivas está muy en duda en un país con altas tasas de criminalidad y baja rendición de cuentas de los cuerpos policiales”, refiere el documento.

En el caso del botón de pánico no está probada su eficacia. Un estudio sobre 59 casos de defensores de derechos humanos, de Espacio_OSC para la protección de personas defensoras, reporta que solo en 11 se obtuvo una respuesta adecuada después de usarlo.

“La noción de que el botón envía una alerta instantánea es sugerente, pero lo que realmente haría útil esa medida es un sistema que garantice una reacción rápida y adecuada al recibir la alerta, eso parece no existir”, dice el estudio de CEJIL y PI. Todo eso, agrega el documento, a un alto costo económico: cada botón de pánico del programa mexicano cuesta al mes unos 215 dólares (alrededor de 4 mil 300 pesos)”.

En México no es negocio de muchas empresas, solo de una

De acuerdo con información proporcionada por Espacio_OSC, RCU Sistemas es la única empresa que provee toda la tecnología de seguridad para el mecanismo de protección: desde los botones de pánico, los CCTV, cámaras de vigilancia, pero también chalecos y escoltas, malla ciclónica y cerraduras reforzadas.

El informe Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, de Fundar, hace un análisis de los montos gastados en el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, que se manejan a través de un fideicomiso.

Hasta mayo de 2017, señala, se habían garantizado medidas de prevención y protección con cargo al patrimonio del fideicomiso a 696 personas, 290 periodistas y 406 personas defensoras de derechos humanos.

En respuesta a solicitudes de acceso a la información, hechas por esta organización, la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encargada del fideicomiso para el mecanismo, señala que el monto ejercido para la implementación de medidas de prevención y protección durante 2015 ascendió a 119 millones de pesos y para 2016 representó 170 millones.

En contraste, en la Cuenta Pública se establece que el monto ejercido del fideicomiso durante 2015 fue de 63 millones y durante 2016 de 153 millones. Además, el monto que reporta la SEGOB es mayor al que se reporta vía la SHCP.

Qué falta 

Más que solo medidas de protección físicas, lo que de verdad hace falta es una ley general que tenga cuatro ejes: prevención, protección, investigación de los perpetradores materiales e intelectuales y los beneficiarios de las violaciones de derechos humanos contra defensores, y la parte de la reparación, explicó Alejandro Cerezo, de Acción Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), durante la presentación de Es Tiempo Ya. En suma, dice, se requiere una política integral para prevenir y proteger, y que atienda la violencia estructural y sus causas.

Cerezo agrega que la ley actual es de carácter federal, así que solo obliga a la federación a cumplirla; queda un limbo jurídico para los estados y los municipios. “Si la ley dice que se establezcan convenios y acuerdos entre estos y el poder federal, entonces deja todo a la voluntad política de esos poderes. Es necesaria una ley general que norme y obligue a todos”.

Además, la reglamentación actual va más allá de la protección y tiene un componente preventivo que abarca la violencia estructural pero esto no se da en la práctica. “Hay un problema de lo que está en la ley, lo que se aplica en la ley y el gran problema de la empresa privada que está involucrada en la protección, cuando la CIDH recomendó ya que no debe haber empresas privadas en la ejecución de las medidas de protección a defensores de derechos”.

Para rematar, Cerezo subrayó que es un buen momento para que los legisladores y la administración federal entrante “se pongan a pensar sobre cómo generar una ley que tenga la parte de investigación; los diversos enfoques que faltan, como el de género; la parte interseccional, para hacer de esa reglamentación un verdadero elemento que apoye una política integral para el derecho a defender los derechos humanos”.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=85PHSOeDz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=QZ9JbrioTiw

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