Mujeres cuidadoras atienden a 42 millones de personas dependientes; el Estado no reconoce su trabajo
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Claudia Altamirano

Mujeres cuidadoras atienden a 42 millones de personas dependientes; el Estado no reconoce su trabajo

En México actualmente hay 42 millones de personas dependientes y el Conapo prevé que para 2050 habrá otros nueve millones que requerirán cuidados.
Claudia Altamirano
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Cada madrugada, Patricia Osnaya se levanta a preparar para sus clases a Inti, su hijo de 12 años. Hace el desayuno, lo deja en la escuela y se va a trabajar. Al salir corre de vuelta a casa a preparar la comida para cuando el transporte lleve al niño, ambos coman y después vayan a su terapia. Inti tiene 12 años y parálisis cerebral, por lo que su madre lo carga para subir y bajar escaleras cada vez que salen.

Patricia y su hijo viven en casa de sus padres, quienes fallecieron de cáncer luego de padecerlo por dos años, tiempo en que los cuidó. En cuatro años, cuidó al mismo tiempo de tres personas dependientes, sin dejar de trabajar.

En México hay 42 millones de personas que requieren algún tipo de cuidado; 33 millones son menores de 15 años y 9 millones son adultos mayores de 65, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo). El organismo proyecta que en 2030 las personas dependientes llegarán a 45.3 millones, para 2050 ascenderán hasta 51.4 millones.

52 % de los hogares urbanos mexicanos que tienen al menos un integrante en condición de dependencia.

Igual que Patricia, Elizabeth Vargas ha sido cuidadora de sus hijos y sus padres al mismo tiempo. Sentada en la sala de su casa, en el Estado de México, Elizabeth Vargas mira a dos de las personas que más ama y que son, al mismo tiempo, el proyecto más largo y arduo de su vida: su hija y su madre. A la primera aún la cuida a sus 36 años por la epilepsia refractaria que padece; a la segunda porque ya tiene 80 años y la diabetes la pone en constante riesgo.

Elizabeth aún es joven pero cuidar de dos personas dependientes a los 56 años no es algo simple; sin embargo lo hace con gusto y agradecimiento porque precisamente su madre fue quien le ayudó a criar a la pequeña Isaura, cuando se vio obligada a tener dos empleos para sostener a su familia.

Dentro de los hogares mexicanos este trabajo es realizado en casi 80 % por mujeres. Foto: Claudia Altamirano.

Ambos casos forman parte del 52 % de los hogares urbanos mexicanos que tienen al menos un integrante en condición de dependencia, según la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) de 2012 del Instituto Nacional de Estadística (Inegi). La referencia son las urbes porque concentran una población mucho mayor que las zonas rurales.

Lo que Elizabeth y Patricia hacen es Trabajo de Cuidado no remunerado, que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consiste en dos tipos de actividades: las de cuidado directo, personal y relacional -como dar de comer a un bebé o cuidar de un cónyuge enfermo- y las actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar. Todas las personas necesitan cuidados y en distintas etapas de su vida serán sus beneficiarios: niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad y eventualmente, mujeres embarazadas.

A nivel mundial, los cuidados son el trabajo más demandado y su tendencia es creciente: en 2015 había 2,100 millones de personas necesitadas de cuidados (1,900 millones menores de 15 años y 200 millones de adultos mayores), de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para 2030, se prevé que el número de beneficiarios de cuidados en el planeta ascenderá a 2,300 millones.

El acelerado envejecimiento de la población está provocando que el índice de dependencia crezca a pasos agigantados, de acuerdo con las más recientes proyecciones del Conapo, publicadas en septiembre pasado. En este 2018, el índice de envejecimiento según el Consejo es de 27.3 puntos, para 2030 crecerá a 45.8 y, de continuar al ritmo actual, para 2050 llegará hasta 93.7.

También los adultos independientes requieren de cuidados indirectos para desarrollarse. “Dichas actividades podrían parecer irrelevantes, pero sin ellas el mundo social, económico y político no se pondría en marcha; si no están resueltas, ningún sujeto realizaría sus labores cotidianas con disposición plena de tiempo, y los otros espacios de interacción social no funcionarían adecuadamente”, advierte la investigadora de la UNAM Pilar Velázquez.

Justo por esta alta demanda, el Inegi señala que el Trabajo de Cuidado equivale al 23.2 % del Producto Interno Bruto (PIB); es decir que si se remunerara a todos los que lo hacen, sería el sector productivo más grande, por encima del comercio y la industria manufacturera. Si se le suma el trabajo no remunerado en bienes de autoconsumo (como sembrar y cosechar sus propios alimentos) esta cifra asciende a 24.9 %.

Pese a ello, la oferta de servicios públicos para satisfacer estas necesidades sociales es muy baja, ya que no existe un sistema que integre todas las iniciativas para cubrir a toda la población: sólo hay programas dispersos en algunas instituciones o para trabajadores del sector formal, que apenas representa el 40 %.

Es por ello que estas necesidades son resueltas por las familias y, dentro de los hogares, este trabajo es realizado en casi 80 % por mujeres. Los organismos y los expertos coinciden: las mujeres están haciendo el trabajo del Estado.

Atadas a la informalidad

Las investigaciones de la OIT, el Colegio de México, las comisiones de Derechos Humanos nacional y capitalina, la Cámara de Diputados y las organizaciones feministas refieren que muchas de las mujeres que tienen un familiar a cargo sólo pueden aceptar un empleo cuando les da la oportunidad de combinarlo con sus labores de cuidado, lo que las limita a trabajos de medio tiempo, informales, mal pagados o en condiciones irregulares.

En un estudio de la OIT sobre Comercio al por mayor, los entrevistadores preguntaron a mujeres que tienen micronegocios en Ciudad de México por qué trabajan por cuenta propia. La respuesta de la mayoría fue que necesitan flexibilidad de horario para seguir atendiendo hijos pequeños y las labores en casa.

“El cuidado es una gran limitante para que las mujeres accedan a un trabajo decente, porque esto las condiciona a que acepten condiciones precarias de trabajo, a que trabajen en la informalidad; porque esta les permite combinar el tiempo de cuidado y de trabajo doméstico con el remunerado”, dijo en entrevista Soledad Aragón, Oficial Nacional de Formalización del Empleo de la OIT.

Y es que el Trabajo de Cuidado comprende una amplia variedad de actividades que demandan tiempo y, con ello, obstaculiza las oportunidades de las mujeres para acceder al mercado laboral en condiciones más favorables, así como su participación en las actividades sociales, políticas, recreativas y de capacitación, señala el reporte ‘Mujeres y hombres en México 2017’ del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres).

Eso limita su vida y desarrollo profesional, nosotras estamos siempre buscando trabajos de medio tiempo. Se considera que el tiempo de las mujeres es infinitamente elástico, que ahí estamos y que vamos a seguir donde hay menos posibilidades de pasar el trabajo al sector remunerado”, agregó Lucía Pérez-Fragoso, autora del estudio ‘¿Quién cuida en la ciudad?’, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el mundo, el principal motivo indicado por las mujeres en edad de trabajar para estar fuera de la fuerza laboral es el trabajo de cuidados no remunerado, mientras que para los hombres el principal motivo es estar “estudiando, enfermo o discapacitado”, agrega el informe de la OIT. Y en esos casos, es precisamente una mujer quien los cuida.

Ausencia del Estado

En México solo una de las 32 entidades ha presentado una iniciativa integral para crear un Sistema de Cuidados, derivada del recientemente reconocido Derecho al Cuidado, previsto en la nueva Constitución de CDMX. Aunque pretende ser un esquema parecido al de Uruguay –único país en Latinoamérica con un sistema de Cuidados-, las estudiosas del tema no están satisfechas aún con la propuesta, pues consideran que sigue sin poner en el centro el derecho al cuidado.

“La propuesta para la CDMX dice que habrá un incentivo fiscal para las empresas que participen. No podría estar más desdibujado el Estado ahí”, puntualizó Gabriela Ríos Cázares, especialista en Geriatría y miembro asimismo de la Red de Cuidados.

En el resto de las entidades, ni a nivel federal, hay planes ni proyectos globales para el Cuidado. Algunas instituciones ofrecen estancias o atención para satisfacer estas necesidades, pero conservan el enfoque asistencialista y se dirigen a grupos vulnerables específicos: personas en situación de calle; adultos mayores pero independientes y sin enfermedades psiquiátricas; niños pero solo si no hay tutores o si su madre trabaja (como las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social). Los requisitos hacen que sólo algunos puedan acceder a estos servicios y no cualquier trabajador que requiera atención para sus familiares dependientes.

También es necesario revisar la calidad de los servicios y prestaciones que ya existen, advierten las investigadoras, pues muchos son deficientes pero se cuentan dentro de la oferta del Estado, aunque a los trabajadores no les sirvan.

Uno de los ejemplos más recurrentes son las restricciones que los hospitales públicos ponen a las familias de menores enfermos: los únicos autorizados para hacer guardia son los padres y deben permanecer allí las 24 horas. De manera que deben ausentarse de sus empleos y no pueden echar mano de la red familiar que suele apoyar en los cuidados.

Fue el caso de Elizabeth Vargas y su hija. En una de las múltiples ocasiones en que la menor estuvo hospitalizada, duró un mes y medio en coma, durante el cual Elizabeth tuvo que asistir el día entero y faltar a su trabajo. “Era un área de cuidado intensivo y sólo le permiten a la madre estar. Ni la abuela, nadie. En ese entonces tenía una directora muy estricta, yo le decía que por favor me dejara ausentarme porque si no iba al hospital, de inmediato mandaban a la trabajadora social. Me hicieron un escrito donde casi me acusan de abandono de empleo, pero mi sindicato pudo intervenir y seguí trabajando”, recuerda la madre de Isaura.

Paty Osnaya también se vio obligada emprender batallas laborales para conservar su empleo, también en una escuela de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por ausentarse para cuidar a su hijo. Aunque ella cuenta con una prestación llamada ‘Cuidados Maternos’ que le otorga un permiso para faltar cinco días al trabajo en caso de que el niño enferme, sus empleadores decidieron suspenderle sus pagos porque ya había tenido “muchas ausencias”. Patricia ganó el caso, le fueron restituidos sus pagos y conservó el empleo, pero la relación con sus superiores fue cada vez más difícil porque ya la habían estigmatizado como alguien que casi nunca se presenta a trabajar.

En la Cámara de Diputados se han presentado diversas iniciativas relativas a este tipo de trabajo, pero son específicas para alguna de sus aristas: para otorgar ausencias laborales de menos de un año a trabajadores que deban cuidar de alguien, sin goce de sueldo pero respetando su plaza; o para equilibrar la vida laboral con la privada, a fin de que los cuidadores tengan suficiente tiempo para su labor. Ninguna es para crear un sistema completo que satisfaga las necesidades sociales de espacios, recursos materiales y humanos para realizar las tareas de cuidado que requieren los trabajadores y trabajadoras para sus familias.

Además, Soledad Aragón advirtió que México no ha ratificado los convenios de la OIT que harían más compatible el trabajo remunerado con el que se hace en casa: el 156, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares; el 183, que extiende la licencia de maternidad a 14 semanas, contra las 12 vigentes en México; ni el 189, a través del cual las trabajadoras del hogar pueden obtener prestaciones como guarderías para sus hijos pequeños.

En su informe, la OIT urge a los gobiernos, empleadores, sindicatos y ciudadanos de todos los países a adoptar medidas en lo que respecta a la organización del trabajo de cuidados, para enfrentar el envejecimiento de las sociedades, las familias cambiantes, el lugar todavía secundario de las mujeres en los mercados de trabajo y las deficiencias en las políticas sociales.

“Si no se afrontan de manera adecuada, los déficits actuales en la prestación de servicios de cuidado y su calidad crearán una grave e insostenible crisis del cuidado a nivel mundial y aumentarán más aún la desigualdad de género en el trabajo”, anticipa la Organización Internacional del Trabajo.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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