Narcotráfico en México: la misteriosa vida de las familias de los capos de la droga
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Narcotráfico en México: la misteriosa vida de las familias de los capos de la droga

De los líderes del narcotráfico mexicano suelen conocerse muchos detalles por filtraciones policíacas o “narcocorridos”. Pero sus familias permanecen en el misterio. Pocas veces se sabe de su vida cotidiana. Permanecen en un misterioso y estrecho círculo que pocas veces abandonan.
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16 de octubre, 2018
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Suelen tener un perfil bajo, discreto. En muchos casos solo se conoce su nombre cuando las autoridades –sobre todo de Estados Unidos- los vinculan con alguna investigación.

Es entonces que aparecen detalles de sus actividades o negocios. Pero el resto del tiempo su vida es un misterio.

Son las familias de los líderes de narcotráfico, que en algunos casos juegan un papel fundamental para los carteles: con frecuencia de entre ellos surgen los sucesores de los capos.

En otros se encargan de las operaciones financieras, y lo más común es que establezcan negocios o adquieran propiedades para invertir las ganancias del tráfico de drogas.

Rosa Isela Guzman Ortiz

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Rosa Isela Guzman Ortiz asegura que es hija de El Chapo.

Pero de su vida familiar, los barrios donde viven, sus aficiones o estudios que cursan se conoce muy poco.

Ocurre incluso en los casos de quienes tienen cierta presencia pública como Emma Coronel, la última esposa de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Recientemente en algunos medios y redes sociales se publicaron fotos de lo que, aparentemente, fue el festejo por el cumpleaños 7 de las hijas gemelas de la pareja.

La reunión se diseñó con colores y adornos inspirados en la muñeca Barbie. En Instagram y Facebook se crearon cuentas supuestamente de Coronel.

En una carta la esposa de “El Chapo” reconoció que las imágenes fueron de la fiesta, pero no las difundió en internet.

“No tengo redes sociales, no soy la persona detrás de esas páginas”, indicó.

“Yo nunca quise estar en esta situación de tener mi vida expuesta, lo cual no es nada agradable debido a que ya es muy difícil lidiar por la situación en la que me encuentro y todavía tener que exponerme por personas ajenas a mí, que están dedicándose a exhibir a nombre mío, mi vida privada”.

Clanes familiares

Ciertamente, por la naturaleza de sus negocios es lógico que los capos sean recelosos de la vida privada de su familia.

Por eso establecen relaciones muy cerradas y casi siempre discretas, le dice a BBC Mundo el especialista José Reveles, autor de varios libros sobre el tráfico de drogas.

Son grupos endogámicos, no se salen de su propio circulo de influencia, no se casan con cualquiera”, explica.

“Se van uniendo, son como clanes familiares que se amplían con los matrimonios, y eso es muy evidente en todos los grupos mexicanos dedicados a la droga”.

Un ejemplo es Giselle Guzmán Salazar, la hija mayor de “El Chapo” quien estuvo casada con Vicente Zambada Niebla, encarcelado en Estados Unidos.

Vicente Zambada Niebla

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Giselle Guzmán Salazar, la hija mayor de “El Chapo”, estuvo casada con Vicente Zambada Niebla, encarcelado en Estados Unidos.

“El Vicentillo”, como se le conoce, es hijo de Ismael Zambada García “El Mayo”, el principal líder del Cartel de Sinaloa.

Otro caso es Guzmán Loera. Su esposa es sobrina de Ignacio Coronel Villarreal, “El Nacho”, uno de los fundadores del cartel y quien fue abatido por la Marina en 2010.

Una razón para crear estos clanes y restringir el acceso a extraños es la seguridad.

Los vínculos familiares son más seguros, pero además permiten un mayor orden en el rumbo de las organizaciones.

“Las ligas de parentesco aseguran la confianza, eso se da porque no puedes meter a gente que no es de la familia”.

Pero en el caso del Cartel de Sinaloa hay otra razón: la mayoría de los fundadores y actuales líderes provienen del llamado Triángulo Dorado.

Es una región montañosa que comparten los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa.

Allí se escondió “El Chapo” los años que permaneció libre tras sus dos fugas, y allí se encuentra también la residencia de “El Mayo”.

Estados Unidos acusa a la familia de Rafael Caro Quintero de mantener negocios ilegales.

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Estados Unidos acusa a la familia de Rafael Caro Quintero de mantener negocios ilegales.

Empresarios

Un rasgo de las organizaciones de narcotráfico, sobre todo las vinculadas a Sinaloa, es su esfuerzo por integrarse a la sociedad donde viven.

Es el caso de la familia de Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara y quien permaneció 27 años en prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, “El Kike”.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los hijos del capo tienen conjuntos inmobiliarios, restaurantes, hoteles y negocios de spa.

La familia fue incluida en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), donde se incluye a los personajes vinculados con delincuencia o terrorismo con quienes se prohíbe a los estadounidenses hacer negocios.

Una de las hijas del capo, Roxana Caro Elenes, estudió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), una de las universidades privadas con más prestigio en la región.

Héctor, otro de los hijos, practica equitación y formó parte del equipo mexicano que ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de 2006.

OFAC señala que el dinero obtenido por el tráfico de drogas de Caro Quintero se invierte en las empresas de sus hijos.

Otro ejemplo es Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, quien estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), un instituto privado de alto costo.

Algunos compañeros de esa época –mediados de los años 80- la recuerdan como una chica callada, con pocos amigos, que llegaba a clases en autos de lujo vestida con ropa nueva y joyas.

El de Sandra Ávila es un ejemplo de cómo funcionan los clanes familiares en algunos carteles.

Eduardo Arellano Félix

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Eduardo Arellano Félix, “el doctor”, uno de los supuestos líderes del notorio cartel de los Arellano Félix.

Desde muy joven conoció a personajes que luego se volvieron famosos, como “El Chapo”, “El Mayo” o los hermanos Arellano Félix líderes del desaparecido Cartel de Tijuana.

Y también, en su historia, se mezcla otra parte de la vida familiar en los carteles, la violencia y amenazas que siempre están presentes.

El primer esposo de Ávila Beltrán fue asesinado, y uno de sus hijos sufrió un secuestro. Sandra permaneció encarcelada durante siete años.

“La Barby Grupera”

Hay algunos casos en que hijos o parejas de capos se involucran fuertemente en los negocios, e incluso disputan violentamente el control de la organización.

Eso ocurrió con dos de los hijos de “El Chapo”, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes enfrentaron una guerra contra Dámaso López, “El Licenciado” y su hijo del mismo nombre pero con el alias de “El Mini Lic”.

Ambos pretendieron quedarse con la parte del Cartel de Sinaloa que encabezaba Guzmán Loera.

Pero hay otros casos donde el vínculo con algún capo pasa desapercibido por mucho tiempo, como sucede con algunos hijos de los hermanos Arellano Félix.

Bernarda Guzmán, hermana de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Su familia vive en Sinaloa.

AFP
Bernarda Guzmán, hermana de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su familia vive en Sinaloa.

Según el semanario Zeta los jóvenes son ciudadanos estadounidenses e incluso viven en ese país.

Otro caso es Melissa Plancarte una cantante de música grupera conocida como “La Barby Grupera”.

Es hija de Enrique Plancarte Solís, quien fue uno de los principales jefes del desaparecido cartel de Los Caballeros Templarios.

La cantante tenía su propio grupo, grabó algunos discos y realizaba presentaciones en ferias y otros eventos.

El vínculo con el capo se supo después de que estee fuera abatido durante un enfrentamiento con la Marina en 2014.

Melissa asegura que dejó de ver a su padre cuando tenía 15 años de edad, aunque reconoce que sabía a qué se dedicaba.

Algo común en las familias de los capos, señala el especialista José Reveles. Por más que lo intenten difícilmente pueden ser como sus vecinos.

“Tienen una vida especial, no tienen carencias, no sufren por el dinero ni vehículos o guardaespaldas”.


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“Mi hijo tiene totalmente golpeado su cara y su abdomen. Trae una descalabrada en su cráneo y tuvieron que hacerle un TAC”. Jesús Luna es padre de Isaí, joven de 25 años y uno de los detenidos este 4 de junio en Guadalajara, Jalisco, durante la marcha en protesta por el asesinato de Giovanni López, joven presuntamente asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

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Un video en poder de su familia muestra el momento exacto de su detención. Se le ve caminando solo, con la cara descubierta y la bandera mexicana en la mano. De frente cae una bomba de humo y por la espalda le atrapan varios policías. Ahí le llueven las primeras patadas. Desde ese lugar, dice su padre, lo conducen a golpes hasta el palacio municipal. 

Consecuencia de las agresiones sufridas, Isaí tuvo que ser trasladado a la Cruz Verde. Desde allí pudo contactar con sus padres, que alertados por las noticias de que habían arrestado a su hijo, ya estaban en el centro de Guadalajara. 

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En el centro médico, su madre pudo tomar una fotografía. En ella se ve el rostro de Isaí magullado y golpeado. Esta es la primera prueba del maltrato que denuncian los padres. La segunda es un parte médico, firmado a las 20:00 horas, que habla de hematomas y lesiones. La tercera está a la vista de todos: son los videos de diversos medios y redes sociales. En ellos se observa a Isaí siendo trasladado en volandas por los policías. Algunos lo golpean por la espalda mientras que otros lo agarran de los brazos. “Es un caso de brutalidad policial”, dijo su padre, en entrevista telefónica con Animal Político

 “Mi hijo ejerció su derecho a manifestarse. Se ve en los videos que no va tapado, que no se esconde ni está en la trifulca”, dijo Jesús Luna. Relata que Isaí fue detenido a tres cuadras del Palacio municipal, donde manifestantes prendieron fuego a la puerta de acceso. “Está lejos. Pero fue detenido, sometido y cuando está en el suelo lo golpean”, denunció.

Junto a Isaí fueron arrestadas otras 27 personas durante el jueves por la tarde en Guadalajara. De ellas, 20 son hombres, dos mujeres y otros seis, menores de edad. Algunos habían participado en la protesta contra la muerte de Giovanni López y la brutalidad policial. Los manifestantes encontraron cerrada la puerta de palacio y trataron de acceder por la fuerza, por lo que se registraron incidentes. Dos unidades policiales resultaron calcinadas e incluso un policía sufrió quemaduras cuando un descontento trató de prenderle fuego.

Otros, sin embargo, aseguran que fueron detenidos en la zona pero que ni siquiera estaban manifestándose.

Todos ellos pasaron la noche en dependencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y este 5 de junio por la tarde fueron trasladados al Penal Federal de Puente Grande, donde el hoy tendrá lugar una audiencia de control. 

Hasta ese momento ni familiares ni abogados saben siquiera cuáles son los delitos que les imputan.  

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“Están incomunicados y eso es ilegal”, dijo Ángela García Reyes, abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC. García Reyes lleva desde el jueves en la noche acompañando a los familiares. 

Animal Político quiso conocer la versión de la FGJE de Jalisco, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

Quien si habló fue el gobernador Enrique Alfaro, quien aseguró que sobre los arrestados “caerá todo el peso de la ley”. Tras la protesta dijo que la violencia era responsabilidad de personas llegadas desde la Ciudad de México, Michoacán y Yucatán y trató de enviar un mensaje de firmeza.

Al mismo tiempo, los detenidos permanecían en celdas sin saber de qué les acusan. Según la información que ha llegado a los familiares, que se encuentran en las dependencias de fiscalía, este 6 de junio tendría lugar una audiencia de control en la que se determinarán las acusaciones contra cada uno de los detenidos. Pero hasta el momento hay mucha desinformación. García Reyes dice que en algún momento se les tomó declaración, pero que ni siquiera tuvieron posibilidad de contactar con abogados que no fuesen los de oficio.

Estas declaraciones fueron confirmadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, cuyo personal estuvo presente tanto en ese momento como en los exámenes médicos. 

“La defensoría habrá de analizar el momento a momento de lo ocurrido, para determinar si el proceder de los elementes policiales fue acorde a protocolos de actuación, si hubo uso legítimo de la fuerza y si las detenciones y puestas a disposición de las autoridades competentes fueron realizadas en términos de ley”, dijo la CEDHJ en un comunicado.

Hasta el momento se han presentado 17 quejas sobre posibles abusos policiales: 13 corresponden a los detenidos, dos a organizaciones de la sociedad civil y dos a personas que no están bajo arresto.

García Reyes, la abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, asegura que el proceso está lleno de irregularidades. 

Ella pudo entrar a la Fscalía a ver a uno de los arrestados, un menor de edad. “Los chicos están golpeados y emocionalmente quebrados. Hablé con uno que rompió a llorar. No quiso que diera su nombre porque dice los amenazaron con represalias en caso de hablar con los medios de comunicación”, dijo.

Según la abogada, entre los detenidos hay incluso un menor de 13 años.

“Algunos mostraban golpes en la cara y los brazos, otro tenía sangre en la cara”, explicó. Además, afirmó que varios familiares han asegurado que los detenidos estaban con ellos en el momento de ser arrestados y que ni siquiera participaban en la protesta. 

Lo sabe Abraham, tío de otro de los detenidos, uno de los menores de edad, a quien pide mantener el anonimato. 

“Hay fotos en redes sociales en los que se ve cómo lo golpean. Lo están golpeando en una pared, arrinconado, cuatro policías le están dando palazos mientras que uno tiene una piedra en la mano”, explicó, en conversación telefónica con Animal Político

Explicó Abraham que para su sobrino, de 16 años y trabajador en un McDonalds, era su primera protesta. Que se había indignado ante la noticia de la muerte de Giovanni López e incluso invitó a sus familiares a acompañarlo. “La manifestación es legítima, vean lo que está pasando”, dijo Abraham. 

La familia está preocupada porque no tiene información. Solo saben que a las 21 horas del 4 de junio les llamaron desde Fiscalía para decirles que el menor estaba detenido. Nada más. Ni cómo se encuentra ni, sobre todo, de qué le acusan.

Mantener a los menores de edad sin comunicar con sus familiares es una ilegalidad, según asegura la abogada García Reyes. “En cuanto los detuvieron los tuvieron que poner a disposición del MP, permitir la entrada de familiares y dejarlos libres”, dijo. 

Después de un día encerrados en dependencias de la Fiscalía, los 28 detenidos fueron trasladados a Puente Grande. Según García Reyes, en Guadalajara no se había enviado a este penal a detenidos en protestas sociales desde los disturbios de la Cumbre Iberoamericana de 2004. En aquella ocasión, denuncia la abogada, “se vio el mismo modus operandi de no permitir que asesoremos a los detenidos”. 

El Ministerio Público está integrando la carpeta de investigación por lo que será hasta el sábado que se conozcan las acusaciones individualizadas. Hasta el momento ni familias y ni abogados saben en qué se basan. Sin embargo, agentes del MP les han asegurado que se trata de delitos “graves” y que quieren imputarles los ataques contra patrullas policiales o contra la puerta de palacio. 

Habrá que ver cómo afecta la decisión del juez en el ambiente de Jalisco, tensionado desde que se hizo pública la tortura y asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

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