Personas en situación de calle son desplazadas a golpes y discriminadas por gobierno de CDMX
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Personas en situación de calle son desplazadas a golpes y discriminadas por gobierno de CDMX

En la recomendaciones 14/2018 y 15/2018, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) documentó diversos casos en los que autoridades capitalinas desmantelaron campamentos de personas en situación de calle y les negaron atención médica.
Cuartoscuro
10 de octubre, 2018
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Casos documentados por la CDHDF en las recomendaciones 14/2018 y 15/2018, revelaron que las personas que viven y sobreviven en las calles de la Ciudad de México son víctimas de criminalización y retiros forzados, y de una atención médica inadecuada en dependencias públicas de salud.

De acuerdo con el censo elaborado en 2017 por el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), hay 6 mil 754 personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México, de las que el 87.27% son hombres y 12.73% son mujeres.

En la Recomendación 15/2018, la Comisión documentó nueve casos, ocurridos de 2012 a 2017, que afectaron a 76 víctimas directas y una indirecta, por casos de criminalización contra personas que viven en la calle.

El 8 de febrero de 2017, personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo para desalojar a las personas en situación de calle que habitaban en un campamento en la calle Artículo 123.

En dicho operativo, al menos 23 personas que pernoctaban en el lugar fueron retiradas para ser canalizadas a espacios para el tratamiento de adicciones, aún cuando no brindaron su consentimiento. Después del retiro, el grupo no pudo restablecerse en la zona.

Otro operativo similar ocurrió el 20 de octubre de 2016, cuando la delegación Cuauhtémoc implementó un operativo para retirar a ocho personas que se encontraban pernoctando en la Plaza de la Ciudadela.

De acuerdo con la CDHDF, dicho operativo se realizó por órdenes del entonces jefe de gobierno, bajo el argumento de “atender demandas ciudadanas sobre trata de personas y robo con violencia”.

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A pesar de las solicitudes de las víctimas de que no rompieran sus pertenencias, los elementos de la policía capitalina y el personal de la delegación Cuauhtémoc tiraron lonas, plásticos y material que usaban las personas para resguardarse, al igual que el resto de sus pertenencias, entre ellas muebles, ropa, documentos de identidad y alimentos.

Además, en el operativo una mujer embarazada recibió un puñetazo en la cara, así como empujones y golpes en diversas partes del cuerpo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, cuando solicitaba frenar el operativo para tratar de rescatar sus pertenencias. Dos mujeres que trataron de defenderla también fueron agredidas a golpes y patadas.

Un menor resultó herido, cuando elementos de la policía jalaron la tabla que sostenía una lona. Luego del operativo, los afectados no pudieron volver a ocupar la zona.

El tercer caso documentado por la CDHDF es el del retiro de personas que se dio en diversos puntos de las calles de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza entre julio y agosto de 2016.

De acuerdo con la CDHDF, el entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, señaló que el personal a su cargo desmanteló nueve campamentos, mismos en los que supuestamente se realizaban hechos delictivos.

La investigación de la Comisión determinó que las autoridades no realizaron acciones de apoyo social y, en algunos casos, solo les facilitaron bolsas de plástico para que metieran sus pertenencias. El personal de la delegación se refirió al operativo como una “manita de gato”.

En Venustiano Carranza, el 19 de agosto de 2016, la delegación escribió a través de la cuenta institucional en Twitter que realizaban recorridos para retirar a personas en situación de calle, aunque posteriormente el personal delegacional dijo que había sido un error de redacción, porque solo estaban retirando “triques y basura”.

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Con la documentación de estos y otros seis casos de retiro forzado y destrucción de las pertenencias de personas que habitaban en espacios públicos de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, la CDHDF determinó que las autoridades violaron los derechos a la integridad y a la libertad de las víctimas.

También documentaron la violación al derecho al debido proceso en relación con el derecho de acceso a la justicia.

Servicios médicos niegan atención a poblaciones callejeras

En la Recomendación 14/2018, la Comisión de Derechos Humanos documentó como, en dos casos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Salud (Sedesa) capitalinas incurrieron en omisiones para atender a personas pertenecientes a poblaciones callejeras.

El primer caso ocurrió el 9 de julio de 2016, cuando un automóvil atropelló a un hombre de 57 años. Tras la llamada a emergencias de un testigo, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la SSP, acudió al lugar y, tras una revisión superficial de la víctima, determinó que tenía aliento alcohólico y que no presentaba lesiones graves.

El personal del ERUM solicitó que el IASIS acudiera a recoger a la víctima para ubicarla en un albergue. Al llegar al lugar el personal del Instituto de Asistencia Social, pidió que hicieran una nueva revisión, que fue realizada por el Escuadrón de Rescate luego de que testigos de los hechos insistieran.

Nuevamente determinaron que las lesiones no eran graves, pero, ante la insistencia de los testigos y del personal del IASIS, los elementos del ERUM trasladaron a la víctima hasta el hospital de Xoco, donde la diagnosticaron como politraumatizada, con choque hipovolémico traumático grado IV, traumatismo craneoencefálico leve, trauma en el tórax y fractura de cinco arcos costales derechos.

También presentaba una fractura de pelvis, una contusión pulmonar bilateral de predominio derecho, dolor y poca movilidad en la cadera. La víctima tuvo que permanecer hospitalizada por mes y medio.

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El personal de la CDHDF determinó que la valoración prehospitalaria de la víctima fue inadecuada.

En el segundo caso documentado, la CDHDF determinó que la atención médica brindada a un hombre que manifestó vivir en la calle, y que acudió al Hospital General Balbuena a atenderse por una fractura de brazo, fue inadecuada.

El 22 de abril de 2016, personal médico del Hospital Balbuena valoró a la víctima y determinó su tratamiento con vendaje de Jones y férula de yeso, señalando que no ameritaba tratamiento hospitalario, un tratamiento que, de acuerdo con la CDHDF fue inadecuado por el tipo de fractura.

El tratamiento adecuado, señaló la comisión, era con el material de osteosíntesis, mismo que no fue aplicado a la víctima porque no contaba con Seguro Popular ni con hoja de gratuidad, de acuerdo con declaraciones que dio a la CDHDF el director del Hospital Balbuena.

En una consulta efectuada el 25 de mayo de 2016, personal del área de Ortopedia del Hospital Balbuena señaló que la fractura tenía una consolidación viciosa y que aplicar un nuevo tratamiento era riesgoso por complicaciones de infección, lo que podría resultar en una pérdida mayor de la movilidad. Finalmente, el 29 de junio se programó que acudiría a rehabilitación.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, el personal de la SSP y de Sedesa incurrió en probables violaciones al derecho a la salud, así como a la igualdad y no discriminación de personas en situación de calle.

Por estos casos, la CDHDF recomendó, en su tramo de responsabilidad de cada autoridad, reparar el daño, medidas de rehabilitación, atención médica y psicológica para las víctimas y que realicen actos de reconocimiento de responsabilidad.

También pidió que se capacite al personal del ERUM y de la Secretaría de Salud, así como restituir los bienes sustraídos por el personal de la SSP y de las delegaciones durante los desalojos, incluidos los documentos oficiales de las víctimas.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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