El pasado 23 de abril, a las 20:20 horas, cinco motopatrulleros de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, presentaron ante el Ministerio Público a Juan Ramón, de 30 años, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y lo acusaron de extorsión.

Según la narración de estos policías, el universitario fue capturado a las 19:03 horas en el Centro Histórico, junto con otras cuatro personas, minutos después de que supuestamente despojaron a un transeúnte de mil pesos, bajo amenaza de muerte.

Los policías, además, aseguraron que al capturar a los cinco jóvenes, éstos supuestamente afirmaron ser integrantes del “cártel de la Unión de Tepito y que mejor nos convenía que los dejáramos ir, si no queríamos atenernos a las consecuencias, ya que saben que somos policías del sector, por lo que los policías procedemos de manera simultánea al aseguramiento de todos los imputados, mismos que se opusieron a la detención, por lo que tuvo que emplearse la fuerza”.

Esta narración de los cinco policías de la SSP, no obstante, quedó desmentida por un video (captado por una cámara de seguridad de un negocio), el cual revela que el universitario no fue capturado en calles del Centro Histórico tras una persecución en motocicleta, sino que, en realidad, fue extraído de su casa por agentes de la SSP y privado de la libertad, una hora y media antes del momento en que supuestamente se cometió el delito del que se le acusa.

Tal como muestra el video captado el 23 de abril de 2018 por esta cámara de seguridad, el estudiante universitario llegó a su casa a las 13:17 horas, momento en el que se le ve estacionando su motoneta frente a su reja de entrada, y luego el joven ingresa a su domicilio.

Juan Ramón porta una playera de tres franjas, una blanca, una roja y una verde.

Esta maniobra de acomodo de los vehículos es acompañada por un hombre canoso, en short y con el pecho descubierto, es el papá de los dos jóvenes que estacionan sus motos, luego los jóvenes entran a la vivienda, mientras el papá se queda barriendo el paso y, finalmente, él también entra. 

Quince minutos después, a las 17:24 horas, la cámara de vigilancia registra cómo al menos tres policías de la SSP se acercan a la motoneta de Juan Ramón estacionada fuera de la vivienda, la inspeccionan ocularmente, se alejan unos pasos, y luego uno de ellos vuelve y coloca un objeto no identificable junto al tubo de escape del vehículo.

El video, de hecho, muestra cómo los policías intentan averiguar por qué las llantas no se mueven, y finalmente deciden continuar con la extracción del vehículo a rastras.

No obstante, antes de que logren alejarse, el video muestra que la familia del joven Juan Ramón logró alcanzarlos, y se ve cómo dialogan con los policías, sin que éstos exhiban ningún documento oficial que avale su proceder.

El video muestra luego cómo Juan Ramón vuelve a su casa para extraer la documentación de la moto, y nuevamente sale, para mostrarle los papeles a la policía. El reloj de la cámara de seguridad marca las 17:26 horas.

Los policías aprovechan para alejarse aún más del domicilio (y de la cámara de seguridad) arrastrando la motoneta, hasta que el joven logra alcanzarlos para presentar el tarjetón del vehículo. Según el testimonio de Juan Ramón, sus familiares y vecinos, fue en ese momento que los policías detuvieron al universitario, y lo pusieron a bordo de una patrulla tipo panel, junto con su motocicleta, aunque el arresto ya no alcanza a ser registrado por la cámara.

Tortura sexual

Si se toma en cuenta que Juan Ramón fue extraído de su vivienda por agentes de la SSP (que también cargaron con su motoneta) a las 17:26 horas, y presentado al MP a las 20:20 horas (tal como consta en el acta oficial de puesta a disposición), los policías aprehensores tardaron tres horas en trasladar al estudiante arrestado a la Fiscalía Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió en ese tiempo?

Según la declaración del universitario, nunca le fue informada la razón de su aprehensión y, por el contrario, tan pronto como fue puesto a bordo de una patrulla tipo panel, los agentes comenzaron golpearlo.

“Sólo se limitaban a agredirme verbalmente –señala su declaración–, me daban ‘mazapanazos’ (golpes en la cabeza) y patadas en las espinillas”.

El joven afirma que luego de que se alejaron de su vivienda, los agentes aprehensores lo entregaron a otro grupo de policías (a los cuales no pudo identificar) quienes lo pusieron a bordo de otra camioneta, cubriéndole el rostro con su misma playera de franjas.

Así, amordazado, el estudiante afirma haber sido trasladado a una “base de policías”, y ahí, “me meten a un cuarto”, en donde agentes de policía le exigen empuñar una pistola que ellos mismos le proporcionan, a lo que él, afirma haberse resistido.

Por eso, señala su testimonio, “estando en el cuarto me tiran al piso, esposado, me bajan mis pants y la ropa interior”.

Según su declaración, el joven fue atacado sexualmente por los policías de la Ciudad de México, mientras “me decían que no me sintiera muy vergas, y me seguían pegando de patadas en las espinillas, y de mazapanazos, todo esto yo encapuchado con mi propia playera”.

Luego de esta agresión, el universitario afirma haber sido trasladado a una segunda estancia, en donde otros cuatro agentes “me insisten en que agarre el arma de fuego, por lo que me niego y aprieto los puños”.

Finalmente, según su testimonio, “me suben a otra camioneta”, junto con cuatro personas más (no sabía en ese momento que se trataba de sus coacusados). En ese vehículo “empiezan a darnos vueltas, trayéndonos como una hora, u hora y quince minutos, y de ahí nos trajeron a esta fiscalía (Antisecuestro) sin decirnos el motivo”.

Debido a que el universitario no pudo identificar el lugar en el que fue torturado, no queda claro si de origen fue conducido a la Fiscalía Antisecuestro y ahí atacado, para luego ser puesto a bordo de un vehículo en el cual darle vueltas para, finalmente, regresar a las mismas instalaciones; o si fue torturado en instalaciones diferentes.

No fue sino hasta las 20:20 horas, afirma el universitario, “que me hacen saber mis derechos y que me entero del motivo por el que estoy detenido”.

Es en ese momento, además, que fue evaluado por un médico legista que certificó diversas lesiones en su cuerpo, especialmente moretones y desprendimiento de piel en las piernas. No obstante, tal como denunció el estudiante, el médico que le realizó la inspección permitió que ésta fuera presenciada por los mismos agentes que lo torturaron, y finalmente, el médico no inscribió en su reporte el origen y naturaleza de las lesiones.

Justicia con la marca CDMX

Aunque existe un video que prueba que el universitario no fue detenido en el lugar ni en en la hora que afirman los policías de la Ciudad de México que lo privaron de la libertad, este video no obra en la carpeta de investigación, ni ha sido admitido por el juez que lleva la causa, tal como informó Margarito Tolentino, abogado defensor de Juan Ramón.

La existencia de este video le fue informada desde un inicio al Ministerio Público, informó el abogado, sin embargo, el MP nunca acudió al negocio propietario de la cámara de seguridad, y finalmente consignó el caso ante un juez, sin esta evidencia.

Luego, lamentó el abogado, el primer defensor del universitario actuó en contubernio con las autoridades y, aunque tuvo la posibilidad de introducir esta prueba, nunca lo hizo.

Tras asumir la defensa del universitario, explicó el abogado Margarito Tolentino, “yo intenté hacer valer un incidente de revisión de medidas cautelares”, que permitiera reevaluar si la captura del estudiante fue legal y tal como afirmaron los agentes aprehensores. Sin embargo, lamentó, la respuesta del juez fue “que no era procedente, porque hay un acuerdo de la Judicatura de la Ciudad de México, que cuando se trate de un auto de vinculación a proceso justificado, el procesado no es sujeto de revisión de medidas cautelares, que no es sujeto de ese tipo de beneficios”.

Sin embargo, destacó, esta revisión de las medidas cautelares, es decir, de la determinación de mantenerlo cautivo, está incluida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual obliga a los jueces a tomar medidas “extremas” para verificar si existen razones o no para mantener a una persona en prisión, y en este caso, dicho precepto no se está cumpliendo.

Cabe destacar que, hasta la fecha, la supuesta persona que fue despojada de mil pesos por Juan Ramón y los otros cuatro coacusados (según versión de la policía) no se ha presentado a formular denuncia y, de hecho, no existen elementos que permitan confirmar que esta persona realmente existe.

Consultada en torno a estas denuncias, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que en el caso del joven estudiante de la UACM “en todo momento se ha cumplido cabalmente el debido proceso”.

La Procuraduría no quiso explicar por qué nunca revisó el video que muestra que la captura de Juan Ramón se dio en circunstancias distintas a las narradas por la policía. La Procuraduría tampoco aceptó explicar ni por qué dicha evidencia no fue incluida en la carpeta de investigación iniciada por su personal en contra del universitario.

Octavio Juárez, vocero de la Procuraduría capitalina, únicamente informó que cuando el estudiante fue presentado ante el juez, su abogado pidió que este video fuera incluido en el expediente, lo cual fue rechazado.

Tal como informó el vocero de la PGJ-CDMX, en respuesta dirigida a Animal Político, efectivamente el video “no fue valorado por el juez, de ahí que (el estudiante) fue vinculado a proceso”.

Aún así, la Procuraduría insistió en que el proceso seguido contra el universitario es ejemplar.

Durante la conferencia de prensa en la que fue expuesto el video que evidencia que Juan Ramón no fue capturado in fragantti cuando consumaba una extorsión, tal como afirma la policía de la Ciudad de México, sino extraído de su vivienda, también fueron presentadas 200 firmas de apoyo al estudiante, aportadas por otros alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además de que se anunció que a su acompañamiento legal se sumarán dos organismos civiles: el Grupo de Acción por la Justicia y los Derechos Humanos, y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.