24 millones de mexicanos sin acceso a comida nutritiva y de calidad; niños los más afectados
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Cuartoscuro

24 millones de mexicanos sin acceso a comida nutritiva y de calidad; niños los más afectados

Según el Coneval los menores, las familias pobres y las mujeres son quienes ven más limitado el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Mientras los más pobres gastan la mitad de sus ingresos en alimentos básicos, las familias con mayor poder adquisitivo invierten solo una cuarta parte de su dinero en carne, leche, frutas y bebidas alcohólicas.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
28 de noviembre, 2018
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El derecho a la alimentación nutritiva y de calidad en México no está al alcance de todos; el de los niños es uno de los grupos más vulnerables en este rubro. Tan solo en 2016, de los 24.6 millones de mexicanos (20.1% de la población) que presentó inseguridad alimentaria severa y moderada, el 21.7% corresponde a niños menores de 5 años.

La Carencia por Acceso a la Alimentación en nuestro país coloca a un amplio sector de la población en una situación de vulnerabilidad y problemas de accesibilidad y calidad, que derivan en problemas como malnutrición, desnutrición, anemia, entre otros problemas de salud.

El Estudio Diagnóstico del Derecho a la Alimentación Nutritiva y de Calidad 2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollos Social (Coneval) plantea que México atraviesa un contexto de “importantes vulneraciones” en el tema de la alimentación que afectan de manera casi homogénea a todos los grupos poblacionales y regiones del país.

El derecho a la alimentación se establece en el artículo 4 de la Constitución que establece que  “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará”.

De acuerdo con el estudio del Coneval, los menores de edad son quienes padecen en mayor grado la situación de vulnerabilidad, toda vez que dependen de alguien más para cubrir su necesidades básicas de alimentación. Cifras del INEGI revelan que los estados con mayor porcentaje de menores con inseguridad alimentaria severa y moderada son: Tabasco (42.5%); Oaxaca (31.8%); Guerrero (28.4%); Colima (25.1%); Estado de México (26.6%), y Michoacán (25.3%).

El problema para los menores puede ir más allá de la carencia alimentaria si es que pertenecen a familias de escasos recursos, toda vez que, según el estudio, el gasto que los hogares con los ingresos más bajos hacen en alimentos y bebidas corresponde a la mitad del total de su gasto realizado en un año, mientras que las personas con mayor poder adquisitivo destina apenas una cuarta parte a este rubro.

Esto significa que al utilizar una gran parte de sus recursos en alimentación, las familias más pobres arriesgan la satisfacción de otras necesidades como la atención de la salud, educación, vestido, entre otras.

El estudio detalla que mientras las familias de menores ingresos gastaron más dinero para comprar cereales (tortillas de maíz); huevo (proteína más barata que las carnes); aceites y grasas; tubérculos (como las papas); verduras; leguminosas y semillas, y azúcar, los hogares de ingresos mayores invirtieron más en carnes, leche, frutas, bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas.

La desigualdad en el poder adquisitivo se acrecentó entre 2005 y 2014 como consecuencia de la disminución en los ingresos en los hogares mexicanos y el alza en los precios de los alimentos.

La accesibilidad económica, para estas familias, les permitiría adquirir los alimentos para llevar una dieta adecuada sin comprometer la satisfacción de sus otras necesidades básicas.

“Las personas pueden comprar alimentos a través de los sistemas de distribución, elaboración y comercialización establecidos; pero también a través de la producción para su consumo dentro del hogar, para su intercambio por otros productos alimenticios, o para venderlos y obtener ingresos para comprar otros alimentos”, plantea el estudio.

Con relación a la accesibilidad y disponibilidad de alimentos saludables y nutritivos, el Coneval encontró que, con base en registros de 2014, mientras en las localidades urbanas el abasto se resuelve por la amplia disponibilidad de puntos de venta, en las zonas rurales, solo el 4.5% de las localidades con menos de 5 mil habitantes contaron con abasto completo de alimentos esenciales.

Lo anterior provocó que para 2015 el 42.5% de los habitantes de comunidades rurales saliera de sus localidades para adquirir sus insumos, teniendo que incurrir en costos adicionales de transporte y tiempo.

Un aspecto que afecta negativamente la disponibilidad de alimentos, es el alto número de estos que se desperdician. A nivel mundial, cerca de 1,300 millones de toneladas de alimentos; los cuales serían suficientes para alimentar a 2,000 millones de personas, se pierde o desperdicia. En México, el desperdicio de comida alcanza los 20.4 millones de toneladas, equivalentes a 34% de la producción nacional. Esta cifra conlleva a una pérdida económica de más de 400 mil millones de pesos al año, equivalentes a más de dos veces el presupuesto anual de la Sagarpa y la Sedesol.

No solo es carencia, sino también mala alimentación

Otro de los hallazgos relevantes es el tema de la calidad de la alimentación, en el cual se observar una alta prevalencia de consumo de alimentos con una alta densidad energética sobre los de alto valor nutricional.

En otras palabras, las y los mexicanos de todas las edades, prepondera el consumo de bebidas no lácteas endulzadas sobre aquellos con cualidades nutricionales benéficos para el organismo.

Esta situación propicia que el escenario nutricional de México se cracterice “por la convivencia de cuadros de desnutrición y una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población general”.

El estudio señala que los sectores más vulnerables a este problema son los menores de 5 años y los adultos mayores (65 años y más).

El principal problema derivado de los altos índices de mala alimentación es la malnutrición.

En 2016, 72.6% de los adultos en México presentaban sobrepeso u obesidad, la prevalencia de estas condiciones entre los hombres fue mayor que el de las mujeres que en los hombres (75.6 por ciento y 69.4 por ciento respectivamente). En general, 7 de cada 10 adultos en el país sufren alguna de estas condiciones.

Entre el grupo de preescolares, 21.2% de los niños y 24.2% de las niñas presentaban sobrepeso u obesidad en este mismo año.

Un elemento que incide fuertemente en los patrones de este consumo es la publicidad, prueba de ello es su presencia constante en todos los medios de comunicación masiva y en todos los horarios. Son los niños y adolescentes quienes se encuentran mayormente expuestos a esta publicidad la cual suele ser de productos con baja o nula calidad nutricional por tener alto contenido de grasa, sal y azúcar.

La mayoría de estos productos no saludables pertenece a los llamados “cinco principales”: 1. Los cereales azucarados; 2. Las bebidas azucaradas; 3. Las botanas dulces; 4. Las botanas saladas; y 5. La comida rápida. “La publicidad de estos productos contribuye a la epidemia de obesidad, al influir en las preferencias alimentarias y patrones de consumo”, plantea el estudio.

El sobrepeso y la obesidad son problemas que disminuyen la calidad de vida de quienes las padecen, debido a las enfermedades que induce: diabetes, cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones), y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).

Vulnerabilidad en las mujeres

En lo que respecta a la desnutrición, las mujeres se encuentran en mayor vulnerabilidad por ciertas condiciones. Las mexicanas embarazadas presentaron, en 2016, una prevalencia de anemia (19.6 %) mayor que países como Estados Unidos (16.2 %) y Canadá (17.4 %).

Otro dato alarmante es que una de cada cinco mujeres embarazadas que vive en localidades rurales padece esta condición junto con los efectos perniciosos que ello representa en términos de salud.

Finalmente entre los grupos de preescolares, adolescentes y adultos, las mujeres registran la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, es decir, desde las niñas menores de 5 años se empieza a evidenciar la mayor tendencia a estos problemas.

Las acciones a emprender 

Ante este panorama, el Coneval plantelos siguientes cuatro retos para garantizar el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad:

  1. Reducción de las diferentes manifestaciones de desnutrición y anemia. En este punto resulta necesario atender con especial énfasis en la población infantil, adultos mayores, así como en mujeres en edad reproductiva (12 a 49 años) y embarazadas en cuanto a la prevención de los cuadros de desnutrición y la anemia. 
  2. Disminución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad con atención especial a la población infantil. Para lograrlo se deben implementar estrategias que modifiquen  los ambientes obesogénicos que inciden en la prevalencia de la epidemia. Se deben impulsar acciones como la propuesta de reforma a la Ley General de Salud que busca reducir la publicidad que promueve el consumo de alimentos no adecuados.  
  3. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada con énfasis en la población de menores ingresos y de comunidades rurales. Se deben tomar acciones encaminadas a elevar la productividad de estas unidades económicas rurales que dependen de forma sustantiva de la producción de alimentos para consumo doméstico. De igual forma, es pertinente analizar estrategias para la contención de costos de los alimentos y aumentar el ingreso de los hogares para recuperar el poder adquisitivo de los mismos y disminuir el porcentaje de población con inseguridad alimentaria. 
  4. Mejorar la oferta, distribución y sanidad de alimentos. El reto en este punto será aumentar la producción de los alimentos para lograr una cantidad suficiente e inclusive habiendo una adecuada variedad en la dieta.

Puedes consultar el diagnóstico completo aquí. 

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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