La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Sedesol; la SEP; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el DIF; el IMSS, y a la presidencia municipal de Zamora, Michoacán, por violaciones graves cometidas en contra de 536 personas, entre ellas varios menores, que sufrieron agresiones físicas y psicológicas dentro de la casa hogar de “Mamá Rosa” ubicada en dicho municipio.
De acuerdo con el organismo, en julio de 2014 la PGR, con apoyo de diversas autoridades, realizó un operativo en la casa hogar de “Mamá Rosa” de donde rescataron a 536 personas, de ambos sexos y de diversas edades (la mayoría niñas, niños y adolescentes), que estaban privadas de su libertad y en condiciones precarias de higiene y de salud.
La CNDH detalla que las 536 víctimas vieron vulnerados sus derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad; al trato digno; a la protección de la salud; a la educación; a la integridad personal; a la seguridad jurídica; a la procuración de justicia, y a no ser sometido a trata de personas.
Al momento de su rescate se comprobó que las víctimas vivían “en situación precaria y de riesgo e inmersas en condiciones de vulnerabilidad múltiple”. Todas ellas, detalla el informe de la CNDH, ingresaron a la casa hogar cuando eran niñas, niños y/o adolescentes, e incluso al momento del operativo, muchos aún eran personas menores de edad.
“Algunos de los agraviados vivieron por años con restricción en su movilidad al interior del lugar, siendo víctimas de diversos abusos, como la privación de alimentos, agresiones sexuales, privación de la libertad”, situación que provocó que algunos de los menores se cortaran intencionalmente con una navaja u otro objeto.
También, durante años, las víctimas no contaron con el servicio de atención médica.
Además, la CNDH acreditó que, durante años, las autoridades facultadas para ingresar a la casa hogar “no realizaron acción alguna encaminada a supervisarla, lo cual hubiera provocado que cesaran las situaciones en que vivían”.
Igualmente, las instancias que debieron encargarse del cuidado y protección de las víctimas cuando egresaron de la casa hogar, dejaron de brindarles protección diferenciada en su calidad de víctima del delito.
Por estas omisiones, la CNDH solicita a todas las autoridades involucradas colaborar ampliamente en las quejas que se promuevan ante las correspondientes instancias que investigan los hechos.
La recomendación de la CNDH solicita a las instancias antes mencionadas indicar las acciones correspondientes para evitar la repetición de este tipo de conductas, así como la capacitación del personal en materia de derechos humanos y una atención integral a las víctimas.
A la Sedesol se le pide proponer modificaciones en sus lineamientos en la delegación de Michoacán para evitar casos como el descrito, y establecer procesos de verificación para el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto.
A la SEP se le solicita realizar una investigación exhaustiva para analizar los procedimientos en la prestación de servicios profesionales e instaurar mecanismos de verificación para éstos.
Al gobierno de Michoacán le piden formar un grupo multidisciplinario e interinstitucional, que localice a las 536 víctimas, para generar acciones que resulten necesarias para restituirles en los derechos humanos que les fueron vulnerados. Adicionalmente deberá elaborar un diagnóstico sobre la situación específica de los albergues y casas hogar de esa entidad e implementar programas de prevención de trata de personas.
Por su parte, el IMSS deberá investigar las gestiones realizadas por el personal de salud respecto de los servicios médicos prestados a las personas albergadas de la casa hogar en los últimos 10 años, y expedir resúmenes clínicos de las mismas.
A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le recomienda presentar un informe sobre la situación actual de cada una de las 536 víctimas directas del presente caso y sus procesos pendientes de trámite para restablecer sus derechos, así como los avances en la aplicación del programa creado para la atención de este caso.
Finalmente, al DIF nacional es exhortado a presentar una campaña nacional para visibilizar e identificar a personas menores de edad en situaciones de extrema vulnerabilidad, y elaborar un Protocolo de Atención Integral para personas menores de edad, víctimas del delito y en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La recomendación también fue enviada a los gobiernos de otros 15 estados a donde fueron trasladadas las personas rescatadas de Zamora para que investiguen si los servidores públicas de sus Sistemas DIF han dado asistencia a las víctimas que les fueron entregadas para sus cuidados y atenciones por parte de la PGR.
