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Cuartoscuro
Defensores de la infancia exigen derogar la ley de Seguridad Interior por violar los derechos constitucionales de los niños
La Suprema Corte revisará esa legislación ante las numerosas impugnaciones que se han presentado en su contra. Este miércoles, activistas de Redim presentaron un amicus curiae para solicitar que también sean contemplados los derechos de los niños, a quienes vulnera y criminaliza.
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La Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso en 2017 para combatir al crimen organizado con fuerzas militares, ha sido impugnada y rechazada por numerosas organizaciones civiles, gobiernos locales e incluso organismos internacionales como la ONU, quienes argumentan que la legislación avala numerosas formas de violación a los derechos humanos en nombre de la seguridad. El próximo 12 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará la revisión de dichas impugnaciones para determinar si la ley es inconstitucional y, en ese caso, podría solicitar al Congreso su derogación.

Este miércoles, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) se sumó a los reclamos, presentando un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte –conocido como Amicus Curiae– para pedir a los ministros que contemplen en su revisión a los niños, niñas y adolescentes, cuyo derecho constitucional a una vida libre de violencia ha sido vulnerado por el Estado al aprobar dicha ley, además de que los criminaliza al combatirlos igual que a cualquier miembro de la delincuencia organizada, sin considerar su situación de víctimas.

Alicia Vargas, miembro del Consejo Directivo de Redim, explicó las razones por las que los menores de edad deben ser considerados como víctimas y recibir un tratamiento distinto, aun cuando formen parte de la delincuencia organizada: en primera instancia porque son hijos de adultos que están siendo víctimas de la lucha contra el narco, lo que los convierte en víctimas secundarias.

En segunda instancia, que las zonas donde se han establecido los cárteles del narcotráfico se refuerzan con adolescentes, a quienes hacen víctimas de desaparición, trata, venta de niños o reclutamiento forzado, destacando los estados de México y Puebla, focos rojos de la desaparición de niños. Y finalmente, también son víctimas directas porque quedan a expensas de la militarización de la seguridad, que los combate igual que en una guerra cuando tendría que darles un tratamiento distinto por ser menores y por ser víctimas de los grupos que los reclutaron.

“Ellos fueron secuestrados, no están ahí por voluntad, hay amenazas contra su vida, contra sus familias, el Estado tendría que tener mecanismos de protección de los derechos de esas infancias, pero al momento de reclutarlos los convierten en criminales aunque no haya una investigación que lleve a condenarlos”, puntualizó en entrevista Vargas Ayala.

Apuntó que para Redim es  “sumamente preocupante” que se esté considerando el reclutamiento de 50 mil jóvenes al sistema de seguridad interior a través de esta Ley, en lugar de garantizar sus derechos. Recordó que una de las propuestas de campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador fue derogar esta ley, “y al parecer ahora todo marcha a que no va para atrás la ley, pareciera que hasta cierto punto les conviene tenerla, pareciera que están de acuerdo en mantenerla ahora que serán gobierno”, dijo Vargas.

Agregó que algunos artículos de la ley facilitan que los militares realicen acciones de seguridad desvinculados de las autoridades civiles, lo que permite violaciones a los derechos fundamentales; además de que rompe con el principio de subordinación del Ejército a la autoridad civil (establecido en la Constitución), lo que otorga atribuciones a las autoridades militares para actuar de manera libre.

El artículo sexto de la Ley, por ejemplo, dicta que las autoridades federales -incluyendo a las Fuerzas Armadas- implementarán “sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” políticas, programas y acciones para identificar y atender los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos.

El Amicus Curiae advierte que dichas políticas no deben contravenir lo señalado en el artículo 4 de la Carta Magna, así como en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obligan al Estado a velar y cumplir, en todas sus decisiones y actuaciones, con el principio del interés superior de la niñez.

“La aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior representa un desafío al orden constitucional ignorando los llamados que hicieron organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la voz de la ciudadanía, de niñas, niños, adolescentes y las organizaciones de la sociedad civil en contra de esta ley que pone en peligro los derechos humanos, la seguridad y desarrollo sin violencia de niñas, niños y adolescentes”, puntualiza el recurso presentado por Redim.

El artículo tercero de la Ley de Seguridad Interior afirma que para dar atribuciones de seguridad a las Fuerzas Armadas se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, “de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza”. Sin embargo, la Red por los Derechos de la Infancia advierte que para que estos principios se cumplan, la Ley de Seguridad Nacional (en la que se basa la de Seguridad Interior) debió ser reformada desde el principio pro-persona -es decir, poniendo a las personas en el centro-, lo que no ha ocurrido porque fue publicada previo a la reforma constitucional de 2011.

“La Comisión y la Corte coinciden en que para el uso de la fuerza se encuentre justificado, deben satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Mismos que no se ven reflejados en la Ley de Seguridad Interior”, agrega el texto del recurso.

“La ley de seguridad nos llevaría a tener más víctimas de las que ya tenemos”, dijo la activista al salir de la Suprema Corte, y agregó las cifras sobre menores que han desaparecido desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado hasta abril de 2018, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas: seis mil 614 niños, niñas y adolescentes, que representan el 17.7% del total de desapariciones en el país.
Aunque esta cifra no ha podido ser corroborada por los organismos civiles, según Redim, ya que no existe un sistema de información que permita identificar con precisión a las víctimas mortales y desaparecidos, así como los menores reclutados en el crimen, “no los tenemos a ciencia cierta”, dijo. Sin embargo, con los datos oficiales las organizaciones han estimado que tres de cada cuatro desapariciones de niños ocurrieron en este sexenio.
La defensora de los derechos de la infancia indicó que la seguridad debe mantenerse a través de las instancias de seguimiento al lavado de dinero, a las fortunas creadas por gobernantes con recursos de procedencia ilícita, y no a través del combate frontal con las fuerzas armadas.

“Si se hiciera así, tendríamos otros instrumentos desde las autoridades civiles, administrativas para perseguir el narcotráfico, pero claro, la guerra es un negocio. Hay mucha gente a la que le conviene, y mantener al ejército en las calles es mantener la guerra. Los niños y adolescentes son víctimas porque ellos son las fuerzas de las que los grupos delincuenciales se siguen nutriendo”, dijo Alicia Vargas a Animal Político.

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La mayoría de las misteriosas emisiones de gas que destruyen la capa de ozono provienen de China
El gas, llamado CFC-11, es usado en la fabricación de espumas aislantes de poliuretano para casas y es además un potente gas de invernadero. A pesar de que un tratado internacional prohibió su producción, un equipo internacional de investigadores confirmó que sigue siendo emitido en grandes cantidades en el este de China.
24 de mayo, 2019
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Ya no hay dudas sobre las principales fuentes del enigmático aumento de un gas que destruye la capa de ozono.

El gas, llamado CFC-11, era usado principalmente en la fabricación de espumas aislantes para casas, pero se acordó a nivel internacional que la producción cesaría gradualmente a partir del año 2010.

Sin embargo, los científicos detectaron un extraño fenómeno: el ritmo de reducción se ha vuelto más lento en los últimos seis años.

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature asegura tener una explicación. Gran parte de las emisiones provienen de fábricas que siguen manufacturando material aislante con el gas dañino en provincias del este de China.

El CFC-11 es también llamado triclorofluorometano, y es un tipo de clorofluorocarbono o CFC, una serie de sustancias químicas desarrolladas inicialmente como refrigerantes en la década de 1930.

A los científicos les llevó décadas descubrir que cuando los CFCs se descomponen en la atmósfera, liberan átomos de cloro que rápidamente destruyen la capa de ozono que nos protege de la luz ultravioleta.

El gran agujero en la capa de ozono sobre la Antártica fue descubierto recién a mediados de la década de 1980.

La comunidad internacional acordó el llamado Protocolo de Montreal en 1987, que prohibió la emisión de los CFCs más perjudiciales.

Estudios recientes indican que si se respeta la prohibición, la brecha en la capa de ozono en el Hemisferio Norte podría desaparecer para 2030, y la de la Antártica para cerca de 2060.

¿Cuándo se descubrió el problema de los CFC?

CFC-11 era el segundo CFC en abundancia, y las emisiones del gas comenzaron a bajar tras el protocolo de Montreal de acuerdo a lo esperado.

Sin embargo, en 2018 un equipo de investigadores encontró que el ritmo de disminución se redujo en un 50% después de 2012.

Las mediciones de estaciones de monitoreo en Corea del Sur y Japón fueron clave para detectar las misteriosas fuentes de CFC-11.

Los científicos especularon que el motivo de la caída en el ritmo de reducción era que el gas se seguía produciendo en el este de Asia.

Los autores del nuevo estudio señalan que si las fábricas que usan CFC-11 no son clausuradas, esto puede retrasar en una década la reparación de la capa de ozono.

¿Qué hallaron los científicos en el terreno?

Estudios adicionales de la Agencia de Investigación de China en 2018 indicaron que efectivamente ese país era la fuente de las emisiones.

El organismo constató el uso ilegal de CFC-11 en la gran mayoría de las fábricas productoras de aislantes de poliuretano que fueron investigadas.

Un vendedor señaló a la agencia que cerca del 70% del material aislante en hogares chinos es fabricado usando el gas prohibido.

Y el motivo es simple: CFC-11 es un producto de mejor calidad y mucho más barato que otros alternativos.

¿Qué demuestra este nuevo estudio?

El trabajo confirma más allá de cualquier duda razonable que entre el 40 y el 60% del aumento en emisiones de CFC11 proviene de provincias en el este de China.

Los científicos demostraron que desde 2012, los niveles de CFC-11 aumentaron debido a la producción en fábricas chinas en esa parte del país.

Los investigadores calcularon que hubo un aumento de un 110% en la producción del gas en esa región entre 2014 y 2017, en comparación con el período entre 2008 y 2012.

“Este nuevo estudio se basa en aumentos bruscos en las mediciones del aire que viene de China”, señaló al programa Inside Science de la BBC el autor principal del estudio, Matt Rigby, profesor del departamento de química de la Universidad de Bristol en Inglaterra.

“Usando simulaciones por computadora del transporte de estos gases en la atmósfera pudimos calcular emisiones de diferentes regiones, y así llegamos a la estimación de emisiones extra de 7.000 toneladas de CFC-11 provenientes de China en comparación con los niveles anteriores a 2012”.

“Sin embargo, los datos indican los niveles del gas en la atmósfera, pero no cómo fue usado ese gas donde fue producido”, afirmó Rigby

Es posible que el gas haya sido producido en otra región de China o incluso en otro país, y haya sido transportado a las fábricas de espumas aislantes. Es en esta última etapa que parte del CFC-11 es emitido a la atmósfera”.

¿De dónde proviene el resto de las emisiones?

Los científicos no están seguros. Es posible que el 40% restante provenga de otras partes de China, que no están cubiertas por las estaciones de monitoreo.

También podrían originarse en India, África o Sudamérica, pero el monitoreo de las emisiones de CFC-11 en esas regiones es muy escaso, según el estudio.

¿Tiene el aumento de CFC-11 implicaciones para el cambio climático?

Sí. Los autores del estudio señalan que estos clorofluorocarbonos también son gases de invernadero extremadamente potentes.

Una tonelada de CFC-11 equivale a cerca de 5.000 toneladas de CO2 o dióxido de carbono.

“Estas emisiones extra que identificamos en el este de China equivalen a la emisión de cerca de 35 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año, una cantidad similar al 10% de las emisiones anuales de todo Reino Unido, o las emisiones anuales totales de Londres“, afirmó Rigby.

¿Qué medidas tomará China?

Las autoridades chinas afirman que ya comenzaron a tomar medidas para reducir la producción del gas dañino por parte de lo que describe como “fabricantes corruptos”.

Varios sospechosos arrestados en la provincia de Henan en noviembre poseían 30 toneladas de CFC-11.

Clare Perry, de la Agencia de Investigaciones Ambientales, Environmental Investigations Agency o EIA, una ONG británica, señaló que el nuevo estudio enfatiza la necesidad de acabar con la producción de ese gas.

“Creo que con este estudio ya no quedan dudas de que China es la fuente de estas emisiones inesperadas, y esperamos que las autoridades chinas hagan todo lo necesario para descubrir las fuentes de la producción CFC-11“.

“A menos que la producción de esta sustancia química se elimine será casi imposible impedir su uso por parte de las compañías fabricantes de espumas aislantes”.


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