Andrés Manuel López Obrador asumirá la presidencia de un país que sufre una crisis de derechos humanos, y para enfrentarla tiene como “hoja de ruta” las recomendaciones que hicieron las naciones que participaron en el Examen Periódico Universal (EPU), además de aceptar otros mecanismos de revisión y colaboración internacional, señalaron ONG y analistas.
Ya como presidente electo, López Obrador ha tenido encuentros cara a cara con víctimas de la violencia, padres y madres que sufrieron la muerte o desaparición de sus hijos. El próximo mandatario les prometió justicia, que no habrá impunidad y que se cambiará la estrategia de seguridad, para ya no “apostar por la guerra”.
Expertos y activistas perciben señales positivas y una actitud de mayor empatía con las víctimas respecto a lo observado en el gobierno de Enrique Peña Nieto; aunque también observan contradicciones y señalan que lo siguiente es pasar de las palabras a la realidad, a políticas públicas efectivas para reducir la violencia y la impunidad.
“En el tema en particular del Ejército, no veo una claridad todavía en el discurso”, apuntó la analista Eunice Rendón, respecto a que López Obrador ha prometido cambiar la estrategia de seguridad, pero también dijo que el Ejército y la Marina seguirán en las calles haciendo labor que debería estar a cargo de la policía, y no ha prometido derogar la Ley de Seguridad Interior, que incluso es reprobada por la oficina de Derechos Humanos de la ONU en México.
“La pacificación que propone Andrés Manuel, no puede ir de la mano de una militarización del Estado, al contrario, debe haber un retiro paulatino del Ejército, así que la Ley de Seguridad Interior debe abrogarse”, dijo Rendón, quien colaboró en foros a los que convocó López Obrador, para escuchar a víctimas y a expertos en temas de seguridad, y obtener propuestas.
“Qué bueno que hay la sensibilidad de escuchar a las víctimas”, dijo a Animal Político el senador y exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza.
“Pero si no se refleja en el próximo presupuesto, con más recursos para atender a las víctimas, pues va a acabar siendo una buena voluntad, que se convertirá en un bumerán muy pronto, porque las víctimas ya están hartas de escuchar buenas voluntades, quieren acciones”, añadió.
El priista Enrique Peña Nieto también prometió, cuando inició su gobierno, un cambio respecto a la estrategia de su antecesor, Felipe Calderón, para supuestamente dejar atrás el enfoque de “guerra” abierta contra el narcotráfico y otros crímenes, y apostar por planes que lograran reducir la violencia.
Sin embargo, seis años después, Peña Nieto deja un país con una cifra récord de homicidios, un país sumido en la impunidad y en violaciones graves a derechos humanos, con casos de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos de periodistas y defensores de derechos.
Peña Nieto, criticó Álvarez Icaza, no solo no cumplió las recomendaciones que le hicieron en instancias como el Examen Periódico Universal de 2013, sino que además su gobierno terminó por tener una actitud de rechazo e incluso hostilidad hacia mecanismos de revisión internacional de la situación de derechos humanos.
“Este sexenio se va a caracterizar no solo por un incremento en la crisis de derechos humanos, sino por una permanente tensión y descalificación con los organismos internacionales”, dijo Álvarez Icaza.
El gobierno de Peña Nieto negó la entrada al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, para analizar casos individuales por medio de sus expertos; rechazó en 2016 crear un Consejo Asesor contra la impunidad, integrado por expertos internacionales; criticó falta de rigor en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que documentó tortura en la investigación oficial sobre el caso Ayotzinapa, y según los expertos independientes del GIEI se encargó de poner obstáculos a su labor.
Incluso, el GIEI acusó ser víctima de un programa de espionaje, aunque la administración de Peña Nieto negó ser responsable.
López Obrador, reiteró Álvarez Icaza, ha dado señales importantes de apertura en materia de colaboración con organismos internacionales, aunque de nuevo, habría que esperar a que sea un realidad, y no solo un discurso.
Si bien el EPU es considerado una evaluación final para el sexenio de Peña Nieto, también implica un punto de partida para la nueva administración, y de hecho ya corresponderá al gobierno de López Obrador decidir qué recomendaciones acepta, de las que hagan las naciones durante la evaluación.
“(El EPU) llega en un momento de muchos cambios y de muchas oportunidades para reorientar las acciones del Estado, las políticas”, dijo Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.
Además de hacer un llamado a que López Obrador acepte las recomendaciones que le hagan al Estado mexicano en el EPU, en el contexto de ese examen las más de 200 organizaciones que integraron el #ColectivoEPUmx hicieron una serie de propuestas, para revertir la crisis de justicia y violencia que tiene el país.
Entre ellas, está pedir al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “juegue un papel más activo”, ofrezca asistencia técnica a México, e instaure un mecanismo en el que cada año el Estado mexicano informe cuáles son sus avances y carencias, respecto a las recomendaciones hechas en el EPU.
“Instamos al Consejo y a sus miembros a proponer al Estado mexicano acciones concretas de coadyuvancia internacional, con el fin de lograr que las recomendaciones se transformen en cambios reales y sostenibles para la población”, señalaron.
Otra recomendación de los grupos de la sociedad civil mexicana es la de instalar un mecanismo internacional contra la impunidad, un punto que durante el EPU también planteó el Reino Unido, con la figura de un consejo asesor independiente.
El mecanismo, detallaron las ONG, estaría integrado por “personas expertas internacionales con reconocido prestigio y experiencia en materia de impunidad, investigación penal, macro criminalidad y otras materias relevantes”, que contribuyan “a una mejor investigación y sanción de graves delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por el sector público y privado”.
Las organizaciones también piden derogar la Ley de Seguridad Interior; que seis meses después de que se acepten las recomendaciones del EPU se presente un plan calendarizado para el retiro de las fuerzas armadas de labores de seguridad pública, y establecer una Fiscalía General de la República autónoma e independiente.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos, en el contexto del EPU, pidió que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU insista en hacer una visita a México, y que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias individuales de víctimas.
En entrevista en Ginebra, Suiza, quien acudió como representante del equipo de transición al EPU, Roberto Velasco Álvarez, dijo que el próximo gobierno buscará reconstruir la relación con organismos multilaterales, aunque tendría que revisarse caso por caso, si se acepta o se requiere ayuda internacional o de mecanismos de la ONU.
Velasco Álvarez mencionó que las recomendaciones que hicieron decenas de países en el EPU serán una guía para definir las prioridades de la próxima administración, en materia internacional y de derechos humanos.
En cuanto al trato con las víctimas de la violencia, dijo que buscarán tener con ellas una conversación de seis años, más fluida y con más sensibilidad, respecto a la que hubo durante el gobierno de Peña Nieto.
“Hay una orientación mucho más grande de esta administración hacia estos temas”, de derechos humanos, dijo. “El primer cambio que estamos tratando de hacer es trabajar de la mano permanentemente con la sociedad civil”.
