Un juez federal mexicano prohibió deportar a los niños y adolescentes, así como a sus padres, que viajan en la caravana migrante.
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, con el apoyo técnico de la Clínica de Personas Refugiadas Alaíde Foppa del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Cuidad de México, presentó una demanda de amparo.
Esta demanda exige que la Procuraduría Federal de Proteccíon de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como autoridad especializada para su protección, active los mecanismos y procedimientos necesarios para que se cumplan todas las obligaciones de protección a la población infantil en territorio mexicano, sin importar su condición migratoria.
El juez determinó además que, conforme a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los menores no pueden ser separados de sus familiares, por lo que tampoco pueden ser deportados.
Además, en el amparo se solicita a dicho órgano de protección especializado de infancia que solicite a la Comisión Mexicana de Ayuda a Personas Refugiadas (Comar) que active un procedimiento colectivo para reconocer a todas las niñas, niños y adolescentes que así lo soliciten la condición de personas refugiadas al reconocer la existencia de un contexto de violencia generalizada en sus países, situación que los ha obligado a desplazarse de manera forzada.
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De acuerdo con la Organización de Naciones Unida (ONU), unos 2,300 niños migrantes ingresaron a México entre el 19 y 22 de octubre, y necesitan protección en la caravana y en otros en los albergues donde permanecen tras separarse de la misma.
Y es que muchos de ellos están huyendo de la violencia de género y de bandas, la extorsión, la pobreza y un acceso limitado a educación de calidad y servicios sociales en El Salvador, Guatemala y Honduras.
