El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero, enfrenta aún dos procesos penales abiertos en su contra por diversos delitos en el estado, entre ellos peculado y tráfico de influencias. Éstos se acercan a una fase clave: el pasado 21 de noviembre concluyó el plazo que un juez había dado a los fiscales de Veracruz y a la defensa para reunir pruebas, previo al juicio.
Con ello quedaría cerrada la fase de investigación complementaria de estos procesos en los que se responsabiliza a Duarte de haber desviado más de 200 millones de pesos de recursos destinados a obras, y de haber usado ilegalmente un helicóptero en el que se dio a la fuga.
Sin embargo, fuentes de la defensa del exgobernador indicaron que solicitarán al juez una ampliación del plazo de investigación para continuar reuniendo evidencias. Si el juez lo considera procedente, dicha ampliación podría ser concedida solo una vez y por un periodo de seis meses más como máximo.
Este escenario ya se presentó en el proceso federal que la PGR promovió en su momento en contra de Duarte por lavado de dinero (y que terminó con una sentencia de 9 años de prisión). La defensa del exgobernador priista solicitó una ampliación, por lo que se le concedieron seis meses más.
Luego de concluido ese periodo extra Javier Duarte –siguiendo el consejo de sus abogados – optó por declararse culpable para seguir un proceso abreviado, y evitar así el juicio donde existía el riesgo de que se le impusiera una sentencia mayor.
Cabe señalar que los dos procesos promovidos por la Fiscalía de Veracruz en contra del exmandatario veracruzano son los únicos que actualmente se encuentran abiertos y en curso en contra suya. Por ambos procesos el juez capitalino Júpiter López Ruiz ordenó la medida de prisión preventiva justificada en contra de Duarte.
Procesos lentos y con obstáculos
Los casos que la Fiscalía de Veracruz ha promovido en contra de Javier Duarte integraron – junto con la acusación por lavado de dinero de la PGR – la solicitud formal de extradición presentada por México ante Guatemala en junio de 2017. Pero a diferencia del caso federal, estos dos procesos se han desarrollado más lento y con algunos obstáculos.
Una primera causa que retrasó el desarrollo de estos procesos fueron los amparos que promovieron los abogados de Duarte (encabezados originalmente por el despacho de Marco del Toro) para que no se le trasladara ante la jueza de Veracruz que había girado las dos órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía.
Luego de varios meses de análisis se determinó que Duarte debería permanecer en el Reclusorio Preventivo Norte y que sería un juez capitalino el que se haría cargo de los procesos.
Así, la audiencia inicial por ambos casos se desarrolló el pasado 16 de mayo, casi un año después de que el exgobernador de Veracruz fuera extraditado a México. Originalmente la Fiscalía de Veracruz pretendía que Duarte fuera procesado por siete delitos distintos derivado de dos investigaciones.
En la audiencia donde se presentó la imputación inicial los fiscales sostuvieron que Duarte había conseguido – a través de funcionarios de su gobierno – que se retuvieran poco más de 220 millones de pesos de recursos federales que estaban destinados a la Comisión Estatal del Agua y que fueran desviados a otras cuentas. Ello terminó afectando al menos a 80 obras hidráulicas.
Los fiscales también acusaron a Duarte de haber utilizado ilegalmente un helicóptero oficial en octubre de 2016, luego de que ya había solicitado licencia al cargo por las investigaciones iniciadas en su contra. Fue en ese helicóptero donde el exmandatario había conseguido escapar de Veracruz para iniciar su fuga hacia Guatemala.
Luego de escuchar los argumentos de los fiscales y de la defensa de Javier Duarte (encabezada por el abogado Ricardo Reyes Retana) el juez Júpiter López Ruiz resolvió que había datos de prueba suficiente para someter a proceso al político veracruzano por ambas acusaciones.
No obstante, el juez consideró que algunos de los delitos que la Fiscalía promovía no se justificaban o resultaban repetitivos, por lo que consideró que Duarte solo podría resultar responsable de tres ilícitos: peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.
Lo que no ha llegado a juicio
En contra de Javier Duarte existen otras investigaciones abiertas o en integración que, por distintas circunstancias, no se han traducido en nuevos procesos penales.
Uno de esos casos es por la presunta responsabilidad del exgobernador en el delito de desaparición forzada. Según la investigación de la Fiscalía de Veracruz, Duarte presuntamente consintió que en su administración, la policía estatal realizara sistemáticamente detenciones ilegales de personas que posteriormente desaparecieron.
Por este hecho ya hay varios exfuncionarios de la policía detenidos y procesados, incluido el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad Arturo Bermúdez. En el caso de Duarte, un juez concedió ya la orden de aprehensión en su contra para que se le procese por este caso.
Sin embargo, dicho proceso no ha podido iniciar ya que la Fiscalía de Veracruz necesita primero el consentimiento de Guatemala. Lo anterior debido a que los tratados de extradición indican que una persona solo puede ser juzgada por los delitos por los cuales fue extraditado y, en caso de que surjan nuevas acusaciones, tiene que pedirse un permiso especial al país donde ocurrió la captura.
De acuerdo con autoridades de la Fiscalía la solicitud se está tramitando a través del gobierno federal y la PGR, sin embargo, hasta ahora no hay avances.
Por este mismo motivo tampoco ha podido cumplimentarse otra orden de aprehensión girada desde 2016 en contra de Duarte, en este caso por un juez federal, derivado de una acusación que hizo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en su contra por presuntos delitos electorales.
Por otro lado la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con varias averiguaciones previas abiertas y carpetas de investigación, relacionadas con malos manejos de recursos públicos en la administración de Javier Duarte, sin que hasta ahora se haya consignado alguna. También cuenta con otro caso por presuntos delitos fiscales que no ha sido consignado.
