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Archivo / Cuartoscuro

En México, 8 de cada 10 mujeres detenidas sufren tortura o malos tratos de las autoridades: informe

El Centro Prodh analizó 29 casos en los que encontró que, desde el momento de la detención, las mujeres fueron víctimas de tortura sexual por parte de elementos de la Policía Federal, el Ejército, la Marina y de fuerzas estatales.
Archivo / Cuartoscuro
Por César Reveles
21 de noviembre, 2018
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En los últimos años México se ha convertido en un país cada vez más peligroso para las mujeres; tan solo en 10 años, de 2006 a 2016, el 72% de recomendaciones emitidas por la CNDH, por violación a la integridad personal, incluyeron actos de índole sexual contra las mujeres. Y si bien esta cifra es alarmante, existe un tema aún más preocupante: la tortura sexual que las mujeres sufren a manos de las autoridades, un delito que registra miles de denuncias en los últimos años. 

Al ser detenidas por autoridades estatales o federales (Marina, Ejército y Policía Federal), las mujeres se convierten en un blanco fácil para ser víctimas de este delito. Datos de Amnistía Internacional revelan que de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual al ser detenidas o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas.

El hecho de que estas fuerzas federales aparezcan como las principales responsables de los casos de tortura sexual es de llamar la atención, pues son las mismas elegidas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para integrar la Guardia Nacional, que se encargará de la seguridad pública del país.

Por ello y por otras razones es que, en los últimos días, decenas de organizaciones y defensores de derechos se han manifestado en contra del Plan de Seguridad planteado por López Obrador.  

La tortura sexual desde la detención

El World Justice Project (organización internacional que trabaja en temas del Estado de Derecho) encontró que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez. En estados como Coahuila y Tabasco, más del 30% de las detenidas refirieron haber sido víctimas de tortura sexual durante el arresto.

Bajo este panorama, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presenta el informe “Mujeres con la Frente en Alto” en el que se analiza el nivel de incidencia de la tortura sexual en México, la respuesta del Estado ante la problemática, y se presentan las recomendaciones a seguir para combatirla.

Actualmente, argumenta el Centro Prodh, el país atraviesa un contexto marcado por los altos niveles de violencia; la militarización de la seguridad pública; las violaciones a derechos humanos; el aumento de la violencia contra las mujeres; la tortura desde la detención, y la impunidad en los casos de tortura.

De acuerdo con estimaciones del Centro Prodh, basadas en el número de denuncias a nivel nacional, en 2014 se presentaron 10 mil 462 denuncias por tortura; y para 2015 solo 17 expedientes fueron consignados por la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.

A pesar de los miles de casos, entre 2006 y 2015 únicamente se lograron 15 condenas federales por acusaciones de tortura.

El Centro Prodh define a la tortura sexual como todo aquel acto de violencia sexual intencional que cause un sufrimiento severo, y que tenga como finalidades: humillar, intimidar y/o castigar.

La tortura sexual se divide en diferentes categorías:

  • Los actos que constituyen violación o la amenaza de cometer ese acto.
  • Los actos que constituyen abuso sexual.
  • Los actos violentos en zonas sexualizadas del cuerpo.
  • El hostigamiento sexual.
  • Y cualquier acto que impacte en la libertad o la seguridad sexuales.

Los derechos vulnerados en la víctima de tortura sexual son: el derecho a la vida; a no ser sometido a torturas; a la protección en condiciones de igualdad; a la libertad y la seguridad; a la protección igual de la ley, y a la libertad, autonomía, integridad y seguridad sexuales.

Policía Federal, Ejército y Marina, entre los principales acusados 

Para analizar de fondo el fenómeno de la tortura sexual, el Centro Prodh se enfocó en 29 casos, documentados entre 2006 y 2015. Todos ellos ocurridos durante detenciones de mujeres en diversos estados del país.

Encontraron un factor común en todos los casos. Antes de ser víctimas de tortura sexual, las mujeres enfrentaron desigualdad estructural de género y discriminación.

Estos 29 casos ocurrieron en 12 estados del país. El Estado de México es el encabeza la lista de las entidades con 6 casos, 4 de ellos cometidos por la Policía Federal, uno por la Policía Estatal y otro por la Policía Ministerial de la Fiscalía de Secuestros.

El segundo puesto lo comparten Tamaulipas y Coahuila, con 4 casos cada uno. En Tamaulipas, un caso fue cometido por elementos del Ejército, otro por elementos de la Marina y los otros dos, por la Policía Estatal. Mientras que en Coahuila, dos se le atribuyen a la Policía Estatal, uno al Ejército y otro a la Policía Federal.

En tercer lugar se encuentra Veracruz, con tres casos, uno del Ejército, otro por la Policía Federal y el último por la Policía Estatal.

El cuarto lugar es para Guerrero con dos casos, ambos cometidos por la Policía Federal. Misma situación para Nuevo León, con dos casos, uno a manos del Ejército y otro por la Policía Federal.

El resto de los casos ocurrieron en Baja California, Sonora, Ciudad de México, Quintana Roo, Michoacán y San Luis Potosí.

Los delitos por lo que fueron detenidas estas mujeres, según el informe de las autoridades, son: delincuencia organizada; posesión o portación de armas de uso exclusivo del Ejército; delitos contra la salud; secuestro;homicidio; robo y extorsión.

Después de analizar los 29 casos, el Centro Prodh encontró que la tortura sexual en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia, siendo la violación sexual una herramienta usada como acción directa o como amenaza para las detenidas.

También detectaron que la tortura sexual suele cometerse “de forma tumultuaria, es decir, cometida por dos o más agentes (…) tanto de fuerzas de seguridad civiles como castrenses”.

Las principales violaciones a los derechos de las 29 víctimas giran en torno de que en ninguno de los casos fueron informadas de las razones de su detención, incluso en 27 de 29 casos se utilizó la figura de la flagrancia para justificar la detención sin pruebas de ello.

Además ninguna de las 29 fue puesta a disposición inmediata de la autoridad competente; en 14 casos la retención fue de entre 6 y 12 horas; en 15 casos duró más de 12 y hasta 72 horas.

Durante este lapso de tiempo fue que se cometieron las torturas sexuales.

El informe detalla que en 27 de los 29 casos la violación sexual estuvo presente de la siguiente forma: en 16 casos se consumó la violación; en 11 se realizaron amenazas de violación, y en 2 casos se perpetró frente a familiares.

Entre estas víctimas había mujeres embarazadas, a quienes las autoridades amenazaron con interrumpir la gestación.

28 de las víctimas reportaron que el abuso sexual se dio mediante tocamientos o desnudez forzada; en 7 casos los abusos fueron grabados o fotografiados por los agresores; en 10 hubo actos de violencia mediante golpes o descargas eléctricas, y en un caso hubo mutilación genital.

Sobre el lugar en donde fueron cometidos 13 de las mujeres identificaron que la tortura ocurrió en instalaciones oficiales y en 4 casos se percataron que la tortura ocurrió en instalaciones militares.

Otras de las agresiones que sufrieron las víctimas fueron golpes en distintas partes del cuerpo, cortaduras, quemaduras y posiciones forzadas.

Gana la impunidad

De los 29 casos solo en 6, los médicos de la PGR certificaron lesiones y las calificaron como “leves” a pesar del estado real de las mujeres y omitiendo diversas lesiones.

Además en ningún caso se proporcionó asistencia médica y psicológica pronta y especializada a las víctimas y para aquellas que denunciaron la tortura sexual, no se garantizó su cuidado y privacidad.

El informe asegura que en los 29 casos “hubo encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la PGR, principalmente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la detención arbitraria, retención prolongada e injustificada y tortura sexual” de las mujeres.

En todos los casos “el Ministerio Público pasó por alto indicios claros de estas graves violaciones a los derechos humanos”.

La investigación encontró que en 21 casos la tortura funcionó para que las mujeres firmaran una declaración autoinculpatoria y a pesar de ello, al menos 15, volvieron a ser intimidadas en oficinas del Ministerio Público.

Así, de manera ilícita, es como se sostienen los procesos penales de la mayoría de estas mujeres, sin oportunidad de presentar pruebas a su favor y además sin obtener justicia a pesar de haber sido víctimas de tortura sexual ya que en ningún caso se inició una investigación inmediata a pesar de tener conocimiento de los hechos.

Sobre la actuación de la CNDH u organismos públicos autónomos defensores de derechos, el análisis señala que no existen investigaciones en la mayoría de los casos. “De las 14 quejas presentadas ante CNDH, únicamente en 2 casos se emitió recomendación (15/2016 y 20/2017)”.

Las recomendaciones para el Estado

El Centro Prodh emite una serie de recomendaciones tanto a dependencias federales como a organismos públicos y privados con la capacidad de atender estos casos.

Al Consejo de la Judicatura Federal le solicita reconocer y comunicar mediante políticas y programas internos la recurrencia de la tortura sexual contra mujeres en el país; capacitar a sus operadores de justicia para prevenirla y erradicarla así como generar un sistema fácil y efectivo mediante el cual se puedan denunciar acciones u omisiones.

A la PGR y procuradurías estatales les pide realizar en un plazo razonable las investigaciones correspondientes e identificar a los responsables de los actos de tortura; impartir políticas y programas entre su personal para visibilizar la tortura sexual contra mujeres; no limitar ni condicionar la investigación y lograr que el tema de la tortura sexual se visibilice y prevenga fuera de la dependencia.

Finalmente, a los titulares de la Sedena, la Marina y la Policía Federal, los exhorta a que sus mandos exijan al personal a su cargo “abstenerse de realizar cualquier acto violento en razón del género contra las mujeres (…) Evitar trasladar a las personas detenidas a instalaciones militares y respetar el derecho de toda persona ser puesta a disposición inmediata de la autoridad competente”.

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Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchas mujeres inocentes presas: Evelyn Hernández

BBC Mundo habló con Hernández, quien fue condenada a 30 años de cárcel en El Salvador por un parto extrahospistalario en el que su bebé nació muerto. Tras 33 meses en la cárcel y ser absuelta, ahora se plantea cómo recomenzar su vida.
21 de agosto, 2019
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Evelyn Hernández dice que siente que acaba de despertar de un mal sueño: la pesadilla más terrible y larga de su vida.

Duró tres años, cuatro meses y 13 días, se alargó por inviernos y noches y vio cómo en el camino, en el tiempo que pasaba tras las rejas, ella misma y su cuerpo cambiaban y se iba haciendo adulta.

Comenzó una mañana de abril de 2016, poco después de despertar, cuando un chorro de sangre en sus piernas la llevó a un hospital y, después, a la cárcel.

Tenía entonces 18 años y dice que esa mañana tuvo unos dolores en el vientre que casi la dejan inconsciente.

Sin saber que estaba embarazada, según su testimonio, dio a luz a un feto muerto que la policía encontró horas más tarde en una fosa séptica en el caserío donde vivía, en el Cantón El Carmen, en El Salvador.

Después de que los médicos constataran el parto fue acusada de “homicidio agravado”, en un país donde abortar o dar a luz un bebé muerto fuera de un hospital es considerado un crimen y las mujeres se enfrentan a penas de cárcel de decenas de años.

Evelyn Hernández

Familia de Evelyn Hernández
Evelyn Hernández tenía 18 años cuando tuvo un parto extrahospitalario.

En 2017 le impusieron una condena de 30 años. Pero tras un largo proceso de sentencias anuladas, repetición del juicio, pruebas, argumentos y apelaciones, fue finalmente absuelta a inicios de esta semana.

En total, Hernández pasó 33 meses en prisión.

“Primero sentí que el juez me iba a condenar, pero ya después dijo que no me podía acusar porque él no tenía la certeza de lo que estaban diciendo en mi contra. Me dio mucha alegría, me dieron ganas de llorar”, recuerda en conversación telefónica con BBC Mundo.

“(Sentí que quedaba atrás) el recuerdo del pasado y de todo lo que decían contra mí, sentí que estaba empezando de nuevo”.

Fue la primera vez en la historia de El Salvador en que una mujer condenada por practicar un aborto regresaba a la corte para que se revisara su sentencia y, finalmente, era absuelta de sus cargos.

Su caso abre ahora las puertas de la esperanza para al menos otras 19 mujeres -todas de bajos recursos o provenientes de zonas muy pobres- que cumplen penas de hasta 35 años en el país por casos similares.


El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: la interrupción del embarazo es ilegal en todas las circunstancias.

Las que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos o mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto y en muchos casos, incluido el de Hernández, el cargo cambia a uno de “homicidio agravado”, que conlleva una pena mínima de 30 años.

A varias de las mujeres acusadas de abortar en El Salvador se les ha conmutado las condenas en los últimos años, pero los veredictos no eran anulados y declaradas absueltas, como sucedió ahora.

Evelyn Hernández

BBC
El caso de Evelyn Hernández recibió gran atención mediática dentro y fuera de El Salvador.

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió tratar de reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que ni siquiera tiene en agenda su discusión.

“Con la absolución de Evelyn esperamos que se siente un precedente para el caso de estas mujeres que son criminalizadas y, muchas veces, estigmatizadas por la sociedad, los administradores de justicia y la Fiscalía”, le dice a BBC Mundo Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

“Creemos que la Fiscalía de El Salvador tiene que buscar un ordenamiento de las políticas para establecer el debido proceso sin violentar las garantías constitucionales de estas mujeres. Este fue un paso muy importante, pero queda mucho por hacer”, agrega.


Evelyn Hernández dice que por ahora quiere olvidar, rehacer su vida, e intentar ayudar a otras mujeres que, como ella hasta hace muy poco, solo ven como futuro una prisión.

“Recuerdo ese tiempo con mucho sentimiento y tristeza, porque fue muy duro lo que me pasó. Mal me trataban en la cárcel, me señalaban por el delito que me acusaban”, dice.

En su país, cuenta, las mujeres que han sido juzgadas por un aborto no solo se enfrentan a la Justicia, sino también a la exclusión de una sociedad conservadora donde los valores religiosos forman parte cotidiana de la vida.

“Realmente tenía el temor de que me señalaran cuando me liberaron. Pero siempre dije en mi mente: tengo que poner la cara en alto, porque lo que ellos me señalan no es cierto“.

Hernández cursaba bachillerato cuando conoció al pandillero que asegura fue el responsable de dejarla embarazada en una violación y que la aterrorizó después con sus amenazas.

Ahora tiene 21 años y, después de haber pasado 33 meses en la cárcel y otros seis de libertad condicional, dice que no muy tiene claro qué pasará ahora con su vida.

“Mi plan ahorita es seguir estudiando y terminar mi último año de bachillerato para ir a la universidad. En mis planes antes estaba estudiar enfermería, pero ya no quiero eso. Todavía no sé qué (estudiaré) en la universidad”, afirma.

Su meta por el momento, agrega, es estar con su familia y ayudar a buscar justicia para las otras 19 mujeres que están en una situación similar a la que ella pasó en El Salvador.

“Ojalá que esto sirva para que se vayan dando cuenta de que hay muchas muchachas que todavía están presas por haber pasado por algo parecido a mí”.

“Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchachas inocentes allí. Hay muchas muchachas allá adentro (de la cárcel) que son inocentes”.


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