En México, 8 de cada 10 mujeres detenidas sufren tortura o malos tratos de las autoridades: informe
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Archivo / Cuartoscuro

En México, 8 de cada 10 mujeres detenidas sufren tortura o malos tratos de las autoridades: informe

El Centro Prodh analizó 29 casos en los que encontró que, desde el momento de la detención, las mujeres fueron víctimas de tortura sexual por parte de elementos de la Policía Federal, el Ejército, la Marina y de fuerzas estatales.
Archivo / Cuartoscuro
Por César Reveles
21 de noviembre, 2018
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En los últimos años México se ha convertido en un país cada vez más peligroso para las mujeres; tan solo en 10 años, de 2006 a 2016, el 72% de recomendaciones emitidas por la CNDH, por violación a la integridad personal, incluyeron actos de índole sexual contra las mujeres. Y si bien esta cifra es alarmante, existe un tema aún más preocupante: la tortura sexual que las mujeres sufren a manos de las autoridades, un delito que registra miles de denuncias en los últimos años. 

Al ser detenidas por autoridades estatales o federales (Marina, Ejército y Policía Federal), las mujeres se convierten en un blanco fácil para ser víctimas de este delito. Datos de Amnistía Internacional revelan que de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual al ser detenidas o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas.

El hecho de que estas fuerzas federales aparezcan como las principales responsables de los casos de tortura sexual es de llamar la atención, pues son las mismas elegidas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para integrar la Guardia Nacional, que se encargará de la seguridad pública del país.

Por ello y por otras razones es que, en los últimos días, decenas de organizaciones y defensores de derechos se han manifestado en contra del Plan de Seguridad planteado por López Obrador.  

La tortura sexual desde la detención

El World Justice Project (organización internacional que trabaja en temas del Estado de Derecho) encontró que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez. En estados como Coahuila y Tabasco, más del 30% de las detenidas refirieron haber sido víctimas de tortura sexual durante el arresto.

Bajo este panorama, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presenta el informe “Mujeres con la Frente en Alto” en el que se analiza el nivel de incidencia de la tortura sexual en México, la respuesta del Estado ante la problemática, y se presentan las recomendaciones a seguir para combatirla.

Actualmente, argumenta el Centro Prodh, el país atraviesa un contexto marcado por los altos niveles de violencia; la militarización de la seguridad pública; las violaciones a derechos humanos; el aumento de la violencia contra las mujeres; la tortura desde la detención, y la impunidad en los casos de tortura.

De acuerdo con estimaciones del Centro Prodh, basadas en el número de denuncias a nivel nacional, en 2014 se presentaron 10 mil 462 denuncias por tortura; y para 2015 solo 17 expedientes fueron consignados por la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.

A pesar de los miles de casos, entre 2006 y 2015 únicamente se lograron 15 condenas federales por acusaciones de tortura.

El Centro Prodh define a la tortura sexual como todo aquel acto de violencia sexual intencional que cause un sufrimiento severo, y que tenga como finalidades: humillar, intimidar y/o castigar.

La tortura sexual se divide en diferentes categorías:

  • Los actos que constituyen violación o la amenaza de cometer ese acto.
  • Los actos que constituyen abuso sexual.
  • Los actos violentos en zonas sexualizadas del cuerpo.
  • El hostigamiento sexual.
  • Y cualquier acto que impacte en la libertad o la seguridad sexuales.

Los derechos vulnerados en la víctima de tortura sexual son: el derecho a la vida; a no ser sometido a torturas; a la protección en condiciones de igualdad; a la libertad y la seguridad; a la protección igual de la ley, y a la libertad, autonomía, integridad y seguridad sexuales.

Policía Federal, Ejército y Marina, entre los principales acusados 

Para analizar de fondo el fenómeno de la tortura sexual, el Centro Prodh se enfocó en 29 casos, documentados entre 2006 y 2015. Todos ellos ocurridos durante detenciones de mujeres en diversos estados del país.

Encontraron un factor común en todos los casos. Antes de ser víctimas de tortura sexual, las mujeres enfrentaron desigualdad estructural de género y discriminación.

Estos 29 casos ocurrieron en 12 estados del país. El Estado de México es el encabeza la lista de las entidades con 6 casos, 4 de ellos cometidos por la Policía Federal, uno por la Policía Estatal y otro por la Policía Ministerial de la Fiscalía de Secuestros.

El segundo puesto lo comparten Tamaulipas y Coahuila, con 4 casos cada uno. En Tamaulipas, un caso fue cometido por elementos del Ejército, otro por elementos de la Marina y los otros dos, por la Policía Estatal. Mientras que en Coahuila, dos se le atribuyen a la Policía Estatal, uno al Ejército y otro a la Policía Federal.

En tercer lugar se encuentra Veracruz, con tres casos, uno del Ejército, otro por la Policía Federal y el último por la Policía Estatal.

El cuarto lugar es para Guerrero con dos casos, ambos cometidos por la Policía Federal. Misma situación para Nuevo León, con dos casos, uno a manos del Ejército y otro por la Policía Federal.

El resto de los casos ocurrieron en Baja California, Sonora, Ciudad de México, Quintana Roo, Michoacán y San Luis Potosí.

Los delitos por lo que fueron detenidas estas mujeres, según el informe de las autoridades, son: delincuencia organizada; posesión o portación de armas de uso exclusivo del Ejército; delitos contra la salud; secuestro;homicidio; robo y extorsión.

Después de analizar los 29 casos, el Centro Prodh encontró que la tortura sexual en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia, siendo la violación sexual una herramienta usada como acción directa o como amenaza para las detenidas.

También detectaron que la tortura sexual suele cometerse “de forma tumultuaria, es decir, cometida por dos o más agentes (…) tanto de fuerzas de seguridad civiles como castrenses”.

Las principales violaciones a los derechos de las 29 víctimas giran en torno de que en ninguno de los casos fueron informadas de las razones de su detención, incluso en 27 de 29 casos se utilizó la figura de la flagrancia para justificar la detención sin pruebas de ello.

Además ninguna de las 29 fue puesta a disposición inmediata de la autoridad competente; en 14 casos la retención fue de entre 6 y 12 horas; en 15 casos duró más de 12 y hasta 72 horas.

Durante este lapso de tiempo fue que se cometieron las torturas sexuales.

El informe detalla que en 27 de los 29 casos la violación sexual estuvo presente de la siguiente forma: en 16 casos se consumó la violación; en 11 se realizaron amenazas de violación, y en 2 casos se perpetró frente a familiares.

Entre estas víctimas había mujeres embarazadas, a quienes las autoridades amenazaron con interrumpir la gestación.

28 de las víctimas reportaron que el abuso sexual se dio mediante tocamientos o desnudez forzada; en 7 casos los abusos fueron grabados o fotografiados por los agresores; en 10 hubo actos de violencia mediante golpes o descargas eléctricas, y en un caso hubo mutilación genital.

Sobre el lugar en donde fueron cometidos 13 de las mujeres identificaron que la tortura ocurrió en instalaciones oficiales y en 4 casos se percataron que la tortura ocurrió en instalaciones militares.

Otras de las agresiones que sufrieron las víctimas fueron golpes en distintas partes del cuerpo, cortaduras, quemaduras y posiciones forzadas.

Gana la impunidad

De los 29 casos solo en 6, los médicos de la PGR certificaron lesiones y las calificaron como “leves” a pesar del estado real de las mujeres y omitiendo diversas lesiones.

Además en ningún caso se proporcionó asistencia médica y psicológica pronta y especializada a las víctimas y para aquellas que denunciaron la tortura sexual, no se garantizó su cuidado y privacidad.

El informe asegura que en los 29 casos “hubo encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la PGR, principalmente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la detención arbitraria, retención prolongada e injustificada y tortura sexual” de las mujeres.

En todos los casos “el Ministerio Público pasó por alto indicios claros de estas graves violaciones a los derechos humanos”.

La investigación encontró que en 21 casos la tortura funcionó para que las mujeres firmaran una declaración autoinculpatoria y a pesar de ello, al menos 15, volvieron a ser intimidadas en oficinas del Ministerio Público.

Así, de manera ilícita, es como se sostienen los procesos penales de la mayoría de estas mujeres, sin oportunidad de presentar pruebas a su favor y además sin obtener justicia a pesar de haber sido víctimas de tortura sexual ya que en ningún caso se inició una investigación inmediata a pesar de tener conocimiento de los hechos.

Sobre la actuación de la CNDH u organismos públicos autónomos defensores de derechos, el análisis señala que no existen investigaciones en la mayoría de los casos. “De las 14 quejas presentadas ante CNDH, únicamente en 2 casos se emitió recomendación (15/2016 y 20/2017)”.

Las recomendaciones para el Estado

El Centro Prodh emite una serie de recomendaciones tanto a dependencias federales como a organismos públicos y privados con la capacidad de atender estos casos.

Al Consejo de la Judicatura Federal le solicita reconocer y comunicar mediante políticas y programas internos la recurrencia de la tortura sexual contra mujeres en el país; capacitar a sus operadores de justicia para prevenirla y erradicarla así como generar un sistema fácil y efectivo mediante el cual se puedan denunciar acciones u omisiones.

A la PGR y procuradurías estatales les pide realizar en un plazo razonable las investigaciones correspondientes e identificar a los responsables de los actos de tortura; impartir políticas y programas entre su personal para visibilizar la tortura sexual contra mujeres; no limitar ni condicionar la investigación y lograr que el tema de la tortura sexual se visibilice y prevenga fuera de la dependencia.

Finalmente, a los titulares de la Sedena, la Marina y la Policía Federal, los exhorta a que sus mandos exijan al personal a su cargo “abstenerse de realizar cualquier acto violento en razón del género contra las mujeres (…) Evitar trasladar a las personas detenidas a instalaciones militares y respetar el derecho de toda persona ser puesta a disposición inmediata de la autoridad competente”.

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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