En México, 8 de cada 10 mujeres detenidas sufren tortura o malos tratos de las autoridades: informe
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Archivo / Cuartoscuro

En México, 8 de cada 10 mujeres detenidas sufren tortura o malos tratos de las autoridades: informe

El Centro Prodh analizó 29 casos en los que encontró que, desde el momento de la detención, las mujeres fueron víctimas de tortura sexual por parte de elementos de la Policía Federal, el Ejército, la Marina y de fuerzas estatales.
Archivo / Cuartoscuro
Por César Reveles
21 de noviembre, 2018
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En los últimos años México se ha convertido en un país cada vez más peligroso para las mujeres; tan solo en 10 años, de 2006 a 2016, el 72% de recomendaciones emitidas por la CNDH, por violación a la integridad personal, incluyeron actos de índole sexual contra las mujeres. Y si bien esta cifra es alarmante, existe un tema aún más preocupante: la tortura sexual que las mujeres sufren a manos de las autoridades, un delito que registra miles de denuncias en los últimos años. 

Al ser detenidas por autoridades estatales o federales (Marina, Ejército y Policía Federal), las mujeres se convierten en un blanco fácil para ser víctimas de este delito. Datos de Amnistía Internacional revelan que de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual al ser detenidas o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas.

El hecho de que estas fuerzas federales aparezcan como las principales responsables de los casos de tortura sexual es de llamar la atención, pues son las mismas elegidas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para integrar la Guardia Nacional, que se encargará de la seguridad pública del país.

Por ello y por otras razones es que, en los últimos días, decenas de organizaciones y defensores de derechos se han manifestado en contra del Plan de Seguridad planteado por López Obrador.  

La tortura sexual desde la detención

El World Justice Project (organización internacional que trabaja en temas del Estado de Derecho) encontró que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez. En estados como Coahuila y Tabasco, más del 30% de las detenidas refirieron haber sido víctimas de tortura sexual durante el arresto.

Bajo este panorama, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presenta el informe “Mujeres con la Frente en Alto” en el que se analiza el nivel de incidencia de la tortura sexual en México, la respuesta del Estado ante la problemática, y se presentan las recomendaciones a seguir para combatirla.

Actualmente, argumenta el Centro Prodh, el país atraviesa un contexto marcado por los altos niveles de violencia; la militarización de la seguridad pública; las violaciones a derechos humanos; el aumento de la violencia contra las mujeres; la tortura desde la detención, y la impunidad en los casos de tortura.

De acuerdo con estimaciones del Centro Prodh, basadas en el número de denuncias a nivel nacional, en 2014 se presentaron 10 mil 462 denuncias por tortura; y para 2015 solo 17 expedientes fueron consignados por la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.

A pesar de los miles de casos, entre 2006 y 2015 únicamente se lograron 15 condenas federales por acusaciones de tortura.

El Centro Prodh define a la tortura sexual como todo aquel acto de violencia sexual intencional que cause un sufrimiento severo, y que tenga como finalidades: humillar, intimidar y/o castigar.

La tortura sexual se divide en diferentes categorías:

  • Los actos que constituyen violación o la amenaza de cometer ese acto.
  • Los actos que constituyen abuso sexual.
  • Los actos violentos en zonas sexualizadas del cuerpo.
  • El hostigamiento sexual.
  • Y cualquier acto que impacte en la libertad o la seguridad sexuales.

Los derechos vulnerados en la víctima de tortura sexual son: el derecho a la vida; a no ser sometido a torturas; a la protección en condiciones de igualdad; a la libertad y la seguridad; a la protección igual de la ley, y a la libertad, autonomía, integridad y seguridad sexuales.

Policía Federal, Ejército y Marina, entre los principales acusados 

Para analizar de fondo el fenómeno de la tortura sexual, el Centro Prodh se enfocó en 29 casos, documentados entre 2006 y 2015. Todos ellos ocurridos durante detenciones de mujeres en diversos estados del país.

Encontraron un factor común en todos los casos. Antes de ser víctimas de tortura sexual, las mujeres enfrentaron desigualdad estructural de género y discriminación.

Estos 29 casos ocurrieron en 12 estados del país. El Estado de México es el encabeza la lista de las entidades con 6 casos, 4 de ellos cometidos por la Policía Federal, uno por la Policía Estatal y otro por la Policía Ministerial de la Fiscalía de Secuestros.

El segundo puesto lo comparten Tamaulipas y Coahuila, con 4 casos cada uno. En Tamaulipas, un caso fue cometido por elementos del Ejército, otro por elementos de la Marina y los otros dos, por la Policía Estatal. Mientras que en Coahuila, dos se le atribuyen a la Policía Estatal, uno al Ejército y otro a la Policía Federal.

En tercer lugar se encuentra Veracruz, con tres casos, uno del Ejército, otro por la Policía Federal y el último por la Policía Estatal.

El cuarto lugar es para Guerrero con dos casos, ambos cometidos por la Policía Federal. Misma situación para Nuevo León, con dos casos, uno a manos del Ejército y otro por la Policía Federal.

El resto de los casos ocurrieron en Baja California, Sonora, Ciudad de México, Quintana Roo, Michoacán y San Luis Potosí.

Los delitos por lo que fueron detenidas estas mujeres, según el informe de las autoridades, son: delincuencia organizada; posesión o portación de armas de uso exclusivo del Ejército; delitos contra la salud; secuestro;homicidio; robo y extorsión.

Después de analizar los 29 casos, el Centro Prodh encontró que la tortura sexual en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia, siendo la violación sexual una herramienta usada como acción directa o como amenaza para las detenidas.

También detectaron que la tortura sexual suele cometerse “de forma tumultuaria, es decir, cometida por dos o más agentes (…) tanto de fuerzas de seguridad civiles como castrenses”.

Las principales violaciones a los derechos de las 29 víctimas giran en torno de que en ninguno de los casos fueron informadas de las razones de su detención, incluso en 27 de 29 casos se utilizó la figura de la flagrancia para justificar la detención sin pruebas de ello.

Además ninguna de las 29 fue puesta a disposición inmediata de la autoridad competente; en 14 casos la retención fue de entre 6 y 12 horas; en 15 casos duró más de 12 y hasta 72 horas.

Durante este lapso de tiempo fue que se cometieron las torturas sexuales.

El informe detalla que en 27 de los 29 casos la violación sexual estuvo presente de la siguiente forma: en 16 casos se consumó la violación; en 11 se realizaron amenazas de violación, y en 2 casos se perpetró frente a familiares.

Entre estas víctimas había mujeres embarazadas, a quienes las autoridades amenazaron con interrumpir la gestación.

28 de las víctimas reportaron que el abuso sexual se dio mediante tocamientos o desnudez forzada; en 7 casos los abusos fueron grabados o fotografiados por los agresores; en 10 hubo actos de violencia mediante golpes o descargas eléctricas, y en un caso hubo mutilación genital.

Sobre el lugar en donde fueron cometidos 13 de las mujeres identificaron que la tortura ocurrió en instalaciones oficiales y en 4 casos se percataron que la tortura ocurrió en instalaciones militares.

Otras de las agresiones que sufrieron las víctimas fueron golpes en distintas partes del cuerpo, cortaduras, quemaduras y posiciones forzadas.

Gana la impunidad

De los 29 casos solo en 6, los médicos de la PGR certificaron lesiones y las calificaron como “leves” a pesar del estado real de las mujeres y omitiendo diversas lesiones.

Además en ningún caso se proporcionó asistencia médica y psicológica pronta y especializada a las víctimas y para aquellas que denunciaron la tortura sexual, no se garantizó su cuidado y privacidad.

El informe asegura que en los 29 casos “hubo encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la PGR, principalmente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la detención arbitraria, retención prolongada e injustificada y tortura sexual” de las mujeres.

En todos los casos “el Ministerio Público pasó por alto indicios claros de estas graves violaciones a los derechos humanos”.

La investigación encontró que en 21 casos la tortura funcionó para que las mujeres firmaran una declaración autoinculpatoria y a pesar de ello, al menos 15, volvieron a ser intimidadas en oficinas del Ministerio Público.

Así, de manera ilícita, es como se sostienen los procesos penales de la mayoría de estas mujeres, sin oportunidad de presentar pruebas a su favor y además sin obtener justicia a pesar de haber sido víctimas de tortura sexual ya que en ningún caso se inició una investigación inmediata a pesar de tener conocimiento de los hechos.

Sobre la actuación de la CNDH u organismos públicos autónomos defensores de derechos, el análisis señala que no existen investigaciones en la mayoría de los casos. “De las 14 quejas presentadas ante CNDH, únicamente en 2 casos se emitió recomendación (15/2016 y 20/2017)”.

Las recomendaciones para el Estado

El Centro Prodh emite una serie de recomendaciones tanto a dependencias federales como a organismos públicos y privados con la capacidad de atender estos casos.

Al Consejo de la Judicatura Federal le solicita reconocer y comunicar mediante políticas y programas internos la recurrencia de la tortura sexual contra mujeres en el país; capacitar a sus operadores de justicia para prevenirla y erradicarla así como generar un sistema fácil y efectivo mediante el cual se puedan denunciar acciones u omisiones.

A la PGR y procuradurías estatales les pide realizar en un plazo razonable las investigaciones correspondientes e identificar a los responsables de los actos de tortura; impartir políticas y programas entre su personal para visibilizar la tortura sexual contra mujeres; no limitar ni condicionar la investigación y lograr que el tema de la tortura sexual se visibilice y prevenga fuera de la dependencia.

Finalmente, a los titulares de la Sedena, la Marina y la Policía Federal, los exhorta a que sus mandos exijan al personal a su cargo “abstenerse de realizar cualquier acto violento en razón del género contra las mujeres (…) Evitar trasladar a las personas detenidas a instalaciones militares y respetar el derecho de toda persona ser puesta a disposición inmediata de la autoridad competente”.

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WhatsApp, Signal y Telegram: en qué se diferencian y cuál ofrece más privacidad

A simple vista pueden parecer muy similares, pero tienen algunas diferencias importantes. Las aplicaciones recopilan diferentes cantidades de datos de sus usuarios y tienen distintos métodos para proteger los mensajes.
14 de enero, 2021
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Mientras Signal y Telegram registran cifras récord de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad.

La aplicación de mensajería anunció la semana pasada que compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook, y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger.

En medio de los cuestionamientos, WhatsApp sostiene que sus nuevas condiciones, que deberán ser aceptadas por los que la usan hasta el 8 de febrero, fueron malinterpretadas.

“Queremos aclarar que la actualización de la política no afecta de ninguna manera la privacidad de los mensajes que los usuarios comparten con sus amigos y familiares”, señaló la plataforma en un comunicado emitido el lunes.

Añade que algunos de los cuestionamientos realizados son “rumores”.

Pese a esos argumentos, el largo debate respecto a qué servicio de mensajería instantánea es más seguro, se reavivó desde el cambio en WhatsApp.

Y aunque pueden parecer similares a simple vista, las tres aplicaciones tienen algunas diferencias importantes que analizamos acá.

Los datos recopilados

Lo primero que hay que saber es que, entre las tres plataformas de mensajería de las que más se habla en los últimos días, existen niveles distintos de datos que son recopilados.

Y es un asunto central porque esa es la información que WhatsApp puede compartir con Facebook y las otras aplicaciones que esa compañía posee.

WhatsApp y Facebook

Getty Images
La controversia comenzó cuando WhatsApp anunció que compartiría sus datos con Facebook.

“WhatsApp posee muchos metadatos, que es la información que se obtiene de cualquier mensaje que enviamos, como la marca del teléfono, la hora del mensaje, tu ubicación y otros. Con ello puede saber mucho de sus usuarios”, explica Cristian León, responsable del programa de innovación de la organización civil Asuntos del Sur, con sede en Argentina.

El experto en derechos digitales le indica a BBC Mundo que esta aplicación de mensajería, que es la más popular en el mundo, tiene un código de programación cerrado y por ello tiene poca transparencia sobre lo que recopila.

En la página web de WhatsApp están detallados los datos que obtiene y la información que una persona le brinda al aceptar sus términos de uso. Además del nombre, número de teléfono y contactos, están detalles del uso de la plataforma (tiempo o rendimiento, por ejemplo), transacciones desde la aplicación, marca y modelo del dispositivo o tipo de conexión, entre otros.

Telegram y Signal, explican León, recopilan mucho menos datos.

La primera requiere de sus usuarios el número de teléfono, el nombre y la lista de contactos.

Por su parte Signal se limita a pedir el número de teléfono y añadir el nombre es opcional.

Las dos tienen códigos de programación abiertos, por lo que es posible escudriñar cuáles datos son obtenidos y qué se hace con ellos.

La gran preocupación: los mensajes

Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados.

Candado

Getty Images
El cifrado de extremo a extremo es una especie de candado por el que solo el emisor y receptor del mensaje pueden acceder a él.

Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace unos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios.

Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir.

En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas.

Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes”, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes.

Telegram parece tener una desventaja en este aspecto dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo “chat secreto”, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función.

Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada conocida como “mensajes temporales” en la que texto, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo.

La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes siete días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos.

Otra diferencia es que la aplicación que es propiedad de Facebook no posee la opción de bloqueo de capturas de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.

Los usos

Si bien es lógico que la mayoría se limita a usar estas aplicaciones para mantener contacto con sus conocidos, diferentes polémicas se han producido en los últimos años.

Por ejemplo, se descubrió que Telegram era utilizado como medio de difusión de propaganda de Estado Islámico.

Telegram con propaganda

Getty Images
Se descubrió que Telegram es usado por grupos de derecha en diferentes partes del mundo para difundir su propaganda.

El grupo extremista captaba reclutas desde allí y aprovechaba los chats grupales encriptados para mantener comunicaciones y difundir videos de sus acciones.

Y desde el año pasado se conoce que es una de las plataformas que los grupos de derecha estadounidenses utilizan para divulgar sus mensajes, aunque la mayoría de ellas usan otras aplicaciones que permiten interacciones anónimas para convocar a sus actividades o divulgar teorías de conspiración.

WhatsApp también tuvo problemas y en 2019 decidió eliminar cientos de miles de cuentas sospechosas de usar su servicio para difundir pornografía infantil.

La compañía mantiene una política de tolerancia cero a la explotación sexual de menores.

La aplicación, según diferentes análisis, fue señalada de ser, junto a Facebook, uno de los mayores canales de difusión de noticias falsas en tiempos electorales en países como Bolivia, Colombia o Estados Unidos.

Signal, que tiene menos usuarios que las dos anteriores, por ahora no fue señalada de ser usado como un canal para captar reclutas o difundir información mentirosa.

Sin embargo, sí se vio en medio de algunas controversias políticas como cuando se denunció que era la aplicación que el expresidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, usaba para comunicarse con uno de sus aliados durante su intento de declarar la independencia de esa región.


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