¿En qué consiste el Plan de Paz y Seguridad que anunció López Obrador?
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¿En qué consiste el Plan de Paz y Seguridad que anunció López Obrador?

Incluye una de sus propuestas más polémicas durante la campaña: la negociación de amnistía a delincuentes. La estrategia anunciada no incluye acciones específicas ni para fortalecer a las actuales corporaciones de policía federal, estatales y municipales, ni tampoco al sistema de procuración de justicia.
Cuartoscuro
Por Itxaro Arteta
15 de noviembre, 2018
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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, publicó este miércoles su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que incluye una de sus propuestas más polémicas durante la campaña: la negociación de amnistía a delincuentes.

En la introducción, el plan presume ser “un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores”, basado en reorientar el combate a la delincuencia en el combate a la corrupción, aplicación de políticas sociales, utilización de la justicia transicional y la regeneración ética de la sociedad, entre otros.

Pero además, el plan asigna a una nueva fuerza de corte y formación militar, la Guardia Nacional, la responsabilidad de combatir los delitos de mayor impacto y hacerse cargo desde el nivel federal de preservar la seguridad pública. Ello requerirá de una reforma constitucional.

La estrategia anunciada no incluye, en cambio, acciones específicas ni para fortalecer a las actuales corporaciones de policía federal, estatales y municipales, ni tampoco al sistema de procuración de justicia.

Aquí resumimos los ocho puntos del plan anunciado:

1. Combatir la corrupción y mejorar la justicia

El documento reconoce que muchos de los delitos graves del narcotráfico sólo pueden ocurrir en complicidad con funcionarios públicos. Por lo que acabar con las prácticas corruptas “es el propósito más relevante del próximo gobierno”. Algunas medidas son:

-Tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza.

-Proponer la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés.

-Prohibir las adjudicaciones directas.

-Investigar y clausurar las empresas fantasma.

-Establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos.

-Eliminar el fuero de altos funcionarios.

-Fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales.

-Monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.

-Centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, y

-Funcionalizar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la que señala que se ha concentrado en la evasión fiscal pero desde su creación, en 2004, no ha dado un solo golpe que debilite las finanzas del crimen organizado ni reduzca el lavado de dinero, que cada año es estimado en 30 mil millones de dólares.

Para mejorar la procuración de justicia, la propuesta es reducir al mínimo las diferencias salariales entre ministerios públicos, policías y jueces en el ámbito federal, para que un abogado encuentre igualmente atractivo ser fiscal que juez. Además, que reciban capacitaciones similares porque en la actualidad estos tres tipos de funcionarios no hablan el mismo idioma técnico.

2. Empleo, educación, salud y bienestar

Mejorar estos cuatro rubros, según el plan del futuro gobierno, “reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad y restablecerán la confianza de los individuos en el colectivo”.

Para ello enumera programas sociales y planes económicos como el de reforestación o la construcción del Tren Maya. Además, fortalecer la economía social en cooperativas, talleres familiares y microempresas.

3. Combatir la impunidad en violaciones a Derechos Humanos

Promete que ningún cuerpo de seguridad del Estado caerá en la represión, tortura, asesinato o desaparición de personas.

Propone modificaciones legales para tipificar como delitos y sancionar a las autoridades que no atiendan las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos, tanto de la nacional como de las estatales. De estas últimas, subraya la necesidad de garantizar su independencia con respecto a los gobernadores.

Se propone dejar en libertad a quienes hayan sido encarcelados por motivos políticos sin haber cometido acciones violentas, y a quienes sólo hayan participado en protestas.

4. Regeneración ética de la sociedad mediante una constitución moral y cambiar el modelo cultural del consumismo

El plan de pacificación lamenta que con el neoliberalismo, la sociedad se haya orientado hacia una cultura del individualismo, la competencia, el consumismo y la idea del éxito material como valores supremos. Agrega que bajo ese esquema materialista en que lo principal es el dinero, la pobreza y marginación generan frustración y un resentimiento social que desatan la violencia.

Establece la redacción de una Constitución Moral para proponer mejores relaciones en la sociedad y la promoción de la cultura cívica y ética en programas de estudios y en comunicación oficial.

Pero se propone, sobre todo esto, predicar con el ejemplo de un gobierno “austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior”.

5. Analizar la prohibición de las drogas y enfocarse en atender a los adictos

El documento cuestiona por qué ciertas sustancias, como la mariguana, la cocaína o el ácido lisérgico están prohibidos, mientras se permite la producción y comercialización de otras, como el alcohol, tabaco y ciertos antidepresivos y somníferos. Señala que en términos económicos, la prohibición de las drogas hace que su precio sea mucho más que el de producción por todos los actos ilegales por los que tiene que pasar. Y reconoce que el combate ha convertido un problema de salud en un asunto de seguridad pública  y de violencia que el Estado no ha podido frenar.

Por ello, propone enfocarse en atender a los adictos y en reducir el consumo de drogas, y para esto renegociar con Estados Unidos que los recursos para combatir el trasiego se apliquen en programas de reinserción y desintoxicación.

 6. Pacificación del país

Es uno de los puntos más amplios del programa y empieza por reconocer que la guerra está perdida. “El gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable”.  Acusa que desde el poder se alentó la violencia y se volvió parte, con las miles de violaciones a derechos humanos.

Por ello propone hacer un alto y debatir con las organizaciones delictivas un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. Como condiciones, pone que los criminales garanticen plana colaboración con la justicia, que manifiesten su arrepentimiento, y la reparación del daño.

En contraparte, de las víctimas sería necesario el perdón a los victimarios para que pueda haber negociación.

Además de reducción de penas, el plan considera una oferta atractiva para los delincuentes el ya no morir jóvenes y de manera violenta, y tener una vida tranquila. También la posibilidad de encabezar negocios legales y “alcanzar la respetabilidad social”. Según el documento, eso pasó en Estados Unidos con los traficantes de alcohol cuando se acabó la prohibición y hubo bonanza económica en ciudades como Atlantic City, Las Vegas o Miami.

Se revisarían los expedientes de los sentenciados, civiles, policiacos y militares, para determinar si pueden recibir una amnistía o indulto.

Propone un Consejo de Construcción de Paz, integrado por tres representantes del gobierno y tres de la sociedad civil, con un invitado de la Comisión de Derechos Humanos y un observador de la ONU. Este Consejo servirá para mediar en conflictos locales, dar seguimiento a los foros ciudadanos para la pacificación, y promover en escuelas y medios el mensaje de que “la paz es posible y que es moral, social, política y económicamente superior y preferible a la violencia”.

7.Recuperar las cárceles

Quitarles el control interno a las mafias y evitar que quienes cometieron un delito terminen hundidos en la descomposición y la crueldad. Agrega la necesidad de dignificar las condiciones de los internos y separar a los imputados de los sentenciados.

8. Un cuerpo militarizado para la Seguridad Pública

Aunque este punto se expuso al último, es el que plantea que un cuerpo militarizado sea el que se encargue de la seguridad pública.

Primero expone que hay que reorientar a las Fuerzas Armadas. Señala que como México es un país sin conflictos bélicos desde hace años, y considera que “dada la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno”, los militares son los más confiables para mantener la seguridad pública. Así que propone concederles un papel protagónico en la estructuración y formación de un nuevo cuerpo: la Guardia Nacional.

Sobre la creación de esta corporación –a la que compara con la Gendarmería Nacional francesa y la Guardia Civil española, de naturaleza militar—, detalla que estará lista en tres años, se integrará primero con miembros de las policías militar y naval y de la Policía Federal, luego de civiles y de soldados, todos entrenados en planteles militares, con un plan de estudios elaborado por la Defensa, la Marina, la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Ciudadana, que además de entrenamiento castrense tendrá una formación policial, en derecho penal, derechos humanos y perspectiva de género, entre otros.

“Con esta medida se resolverán tanto el vacío legal en el que los institutos armados han venido participando en las labores de policía como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia”, afirma.

La Guardia Nacional estará bajo el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la dirigirán oficiales del Ejército o la Armada.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, según el texto, será invitada “respetuosamente a participar en la observación de las tareas de seguridad, construcción de la paz y prevención del delito”.

El país se dividirá en 266 coordinaciones regionales. El coordinador regional será una autoridad civil, y estará formado por miembros del gobierno federal, la fiscalía general, un mando militar, autoridades locales y municipales, un ministerio público, personal de la fiscalía de derechos humanos y voluntarios de la sociedad civil.

Diario habrá una reunión de consejos regionales y estatales de coordinación, así como una reunión del Gabinete de Seguridad, encabezada por el Presidente de la República, con los secretarios de Seguridad, Gobernación, Marina y Defensa, el comandante de la Guardia Nacional y el Fiscal General.

En el tema de inteligencia, detalla que se establecerán protocolos de intercambio de información y análisis entre áreas de inteligencia policial y criminal, de seguridad interior, pública y nacional, y de las áreas de migración e inteligencia financiera.

El programa asegura que habrá apertura a la participación de organismos de la sociedad civil, así como de defensa de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, se reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y se recurrirá a ella en caso de crímenes que puedan considerarse de lesa humanidad (Con información de Arturo Angel).

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Escándalos con la vacuna del coronavirus: cómo la lucha contra el COVID-19 desnuda viejos vicios de América Latina

El desarrollo de vacunas para combatir el coronarios ilusionó a la región, golpeada con especial dureza por la pandemia. Después surgieron los problemas.
27 de febrero, 2021
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En Argentina, Ecuador y Perú, los escándalos tumban a ministros de Salud. En Brasil, hubo al mismo tiempo escasez y desperdicio de vacunas. Y en otros países de la región recién llegan las primeras dosis.

La vacunación contra el COVID-19 se volvió de pronto un espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos.

Cuando México protestó la semana pasada en Naciones Unidas por el “acaparamiento” de vacunas en los países ricos, puso el foco sobre algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud: la alarmante brecha en la distribución global de las dosis.

Pero el rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias, advierten expertos.

Por ejemplo, la carencia de materiales elementales como viales o filtros en México retrasó el envase y la distribución de millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” producida en Argentina tras un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca.

“Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo”, dice Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) en Brasil, a BBC Mundo.

“Terminemos con la payasada”

Con cerca de un cuarto de las muertes por COVID-19 en el mundo, pese a tener 8,5% de la población global, América Latina ha sido golpeada con especial dureza por la pandemia.

La región también sufrió el año pasado el peor desplome económico mundial tras la llegada del coronavirus, con una contracción de 7,4% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Exministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos

Getty Images
El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció tras un escándalo por el envío de vacunas a un geriátrico donde estaba su madre.

En este contexto, el descubrimiento de las vacunas contra el coronavirus ilusionó a los latinoamericanos con ver pronto la luz al final del túnel.

Sin embargo, los esfuerzos de vacunación regional han estado marcados por polémicas, demoras y frustraciones.

Las renuncias de los ministros de Salud en Argentina, Ecuador y Perú ocurrieron después que en sus países se denunciara favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para la población en general.

El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, dimitió a su cargo este viernes, en medio de investigaciones por el envío de parte de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde estaba su madre.

En Argentina y Perú se reveló que funcionarios, exgobernantes o personas influyentes también se vacunaron de forma preferencial, sin seguir las reglas puestas al resto de la población.

Durante una visita a México esta semana tras pedir la dimisión de su ministro, el presidente argentino, Alberto Fernández, buscó enterrar el escándalo: “Terminemos con la payasada”, dijo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, durante una visita a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la polémica por “vacunas VIP” en su país durante una visita a su par mexicano López Obrador.

El mandatario aludió a la investigación judicial abierta sobre el caso denominado “Vacunatorio VIP” en su país y sostuvo que “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”.

Pero otros creen que estos casos son síntomas de antiguos vicios de la región, como el irrespeto a las normas o el uso de recursos públicos para beneficio de algunos.

“En todos los países donde saltan escándalos se repite una práctica bastante común: eludir las estructuras formales del Estado para canalizar las vacunas sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables. Más bien lo contrario: protejo y atiendo a los míos”, escribió Felipe Burbano de Lara, sociólogo, politólogo y columnista del diario El Universo de Ecuador.

Chile es el país de la región donde el proceso de inoculación avanza de forma más aceitada: casi 17% de su población de 19 millones fue vacunada en febrero.

Plan de vacunación masiva en Chile.

Getty Images
En Chile la campaña de vacunación masiva avanza con rapidez.

El caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado gracias a una robusta red de atención de salud que falta en otros países, además del poder adquisitivo y la rapidez del gobierno para comprar millones de dosis.

Pero tampoco Chile ha estado libre de polémicas en su campaña de vacunación: al menos 37.000 personas en ese país se adelantaron a su turno sin tener factores de riesgo, según datos oficiales.

“Ninguna fuerza”

Otro país latinoamericano que evidencia los contratiempos de vacunación en la región es Brasil, donde menos de 4% de la población ha recibido dosis hasta ahora.

Además de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, Brasil experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Jair Boslonaro.

Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras también se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas.

Vacuna en Rio de Janeiro

EPA/ANTONIO LACERDA
La primera etapa de vacunación en Brasil tuvo al mismo tiempo escasez y desperdicio de dosis.

Los países más rezagados de América Latina en la carrera de la vacunación contra el COVID-19 son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que apenas importaron sus primeras dosis esta semana, mientras Cuba aún busca desarrollar sus propias vacunas.

Algunos observan que otra característica histórica de la región, como la falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo.

“América Latina no negocia como bloque, sino que cada país negocia como puede, entonces claro que no tiene ninguna fuerza”, señala Lago.

Se estima que, sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad necesarios en sus poblaciones para volver a la normalidad.

Ciudad de Panamá

Getty Images
La lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad.

Como si se tratara de un círculo vicioso, esto amenaza a su vez con profundizar problemas sociales de una región que ya era considerada la más desigual del mundo.

Nora Lustig, una profesora de economía en la Universidad de Tulane, advierte que los efectos podrían llegar incluso a largo plazo por el cierre de escuelas para niños de familias de bajos recursos.

“En la medida que no tengas la capacidad de crear un espacio de normalidad a través de un proceso de vacunación más rápido”, dice Lustig a BBC Mundo, “vas a tener un impacto sobre la economía, la desigualdad y la pobreza”.


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