Los titulares de órganos jurisdiccionales y administrativos dentro del Poder Judicial ya no podrán hacer nombramientos por acuerdos entre ellos o utilizar su cargo para influir en la decisión de contratar a un nuevo empleado.
Esto es parte de un acuerdo general propuesto por el presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, que busca mejorar los controles meritocráticos en la administración del personal del PJF y con ello fortalecer la carrera judicial y el servicio público en funciones de apoyo administrativo.
“Los titulares de órganos jurisdiccionales y administrativos deberán abstenerse de generar, entre ellos, acuerdos de voluntades para realizar nombramientos o promociones, así como de utilizar, por cualquier medio, sus facultades, posición jerárquica, o su empleo, cargo o comisión para influir en la decisión de otro en dicha realización”, señala el acuerdo.
Con esto, el Poder Judicial busca garantizar condiciones de igualdad en el acceso al servicio en el Poder Judicial de la Federación, abundó el CJF en un comunicado.
En julio de 2017, un estudio realizado en 31 estados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros.
El análisis fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.
Destaca la propuesta para crear un Registro Público de Méritos de los Servidores Públicos del PJF que será de libre consulta para la sociedad, a fin de transparentar los méritos del personal que lo conforma, así como la implementación de exámenes de habilitación obligatorios para todo individuo que ingrese al PJF.
Estas nuevas condiciones no aplicarán en los casos en los que los puestos tengan como requisito la presentación de exámenes ya establecidos, es decir, los que pertenecen a la carrera judicial.
Explicó que la propuesta tiene fundamento en la Constitución y en tratados y convenciones internacionales en los que se fijan estándares de excelencia en el servicio de impartición de justicia.
Además, añadió, se exige a todo Poder Judicial hacer eficiente el ingreso y selección del personal que integra la judicatura, en reconocimiento del derecho de los justiciables a exigir garantías suficientes que permitan desterrar toda duda razonable respecto de la ausencia de imparcialidad.
Estos cambios, señala la judicatura, se realizan para garantizar la transparencia y responsabilidad de los titulares de las áreas jurisdiccionales y administrativas en el reclutamiento del personal a su cargo, para abonar en forma integral a la mejor impartición de justicia.
