Roberto Moreno, el mexicano preso en EU cuya ejecución será en unas horas y que México intenta evitar
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Roberto Moreno, el mexicano preso en EU cuya ejecución será en unas horas y que México intenta evitar

Roberto Moreno Ramos mató en 1992 a su mujer y sus dos hijos. Texas planea ejecutarlo este miércoles, pero las autoridades de su país, México, intentan evitarlo.
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13 de noviembre, 2018
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El gobierno de México intenta evitar que su ciudadano Roberto Moreno Ramos sea ejecutado en Estados Unidos este 14 de noviembre.

Nacido en el estado de Aguascalientes hace 64 años, Moreno fue condenado en 1993 por el asesinato de su esposa y sus dos hijos, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados bajo el baño de su casa en Texas.

Pero la Cancillería mexicana pidió este lunes que se detuviera su ejecución, planeada para este miércoles a las seis de la tarde locales a través de la inyección letal.

Y el asesor jurídico de esta entidad, Alejandro Alday, aseguró en una rueda de prensa que el de Moreno Ramos es un “caso flagrante de violación a los derechos humanos y al derecho internacional”, pues Moreno forma parte de una lista de medio centenar de reos mexicanos en Estados Unidos amparados por una sentencia de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (CIJ).

La Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas, sin embargo, decidió de manera unánime el lunes no otorgar clemencia a Moreno ni recomendar posponer su ejecución.

Ahora, es el gobernador de Texas, Greg Abbott, el único que puede interceder por el preso y suspender la ejecución durante 30 días.

El crimen

A inicios de la década de 1990 Roberto Moreno vivía con su mujer, Leticia, entonces de 42 años, y sus hijos Abigail, de siete, y Jonathan, de tres, en la pequeña localidad tejana de Progreso.

El 7 de febrero de 1992, uno de sus vecinos “oyó un grito de mujer y la esposa del señor Moreno Ramos y sus hijos nunca volvieron a ser vistos“, se recoge en documentos judiciales.

Progreso

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La ciudad tejana de Progreso está al lado del Río Grande.

Tres días después, Moreno se casó con una mujer con la que había estado teniendo una relación extramarital. Cuando la policía le pidió registrar su hogar, no se opuso.

Una investigación conjunta de autoridades mexicanas y estadounidenses halló sangre en el inmueble de Texas y un mazo ensangrentado en la residencia de su nueva esposa, en México.

Cuando Moreno era cuestionado sobre el paradero de su familia, respondía con evasivas. Con el tiempo, solo confesóhaber matado a Leticia. Los tres cuerpos, sin embargo, tenían heridas similares en las cabezas.

Al momento de su captura, el mexicano tenía pendiente una orden arresto por infracciones de tráfico.

Pero cuando un extranjero es detenido, las autoridades debe informarle de inmediato de su derecho a comunicarse con su consulado en ese país, según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Y esto no se respetó en el caso de Moreno, pese a que Estados Unidos se adhirió a esta convención en 1969.

Esposas y aguja

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La ejecución por inyección letal de Roberto Moreno está planeada para el miércoles.

De hecho, la captura de Moreno no fue notificado a las autoridades consulares mexicanas hasta 11 meses después del arresto.

Algo que “quiere decir que las autoridades locales violaron su derecho a que se le brindara la asistencia”, según Alday.

Pocas esperanzas

Ninguno de los abogados que defendió a Moreno en primera y segunda instancia judicial, sin embargo, utilizó este argumento.

Y, por eso, “la avenida legal para dar esperanzas” al preso es “bastante estrecha”, dijo en la misma rueda de prensa el director del Programa de Asistencia Jurídica en Casos de Pena Capital (MCLAP), Greg Kuykendall.

MCLAP, sin embargo, está intentando ahora que se tenga en cuenta que el primer defensor de Moreno fue “plenamente incompetente”, pues ni siquiera presentó pruebas ni testigos para evitar que su cliente fuera condenado a muerte, según el recuento de la conferencia de prensa que hace el periódico mexicano El Universal.

Greg Abbott

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El gobernador de Texas, Greg Abbott, tiene ahora la última palabra.

La falta de notificación al consulado mexicano en el proceso de Moreno no fue un caso aislado, y fue por eso que México llevó a su país vecino a la CIJ en 2003 por haber impedido a sus representantes brindar protección a más de medio centenar de presos que acabaron en el corredor de la muerte.

En ese momento, otros cuatro mexicanos ya habían sido ejecutados sin haber recibido asistencia consular, según recoge el Anuario Mexicano de Derecho Internacional.

La CIJ falló al año siguiente -en lo que fue conocido como el “caso Avena” que Estados Unidos había violado los derechos de 54 reos, entre los que estaba Moreno, y determinó que sus condenas fueran revisadas.

El entonces presidente George W. Bush instó en 2005 a las autoridades judiciales a cumplir la resolución, pero la Corte Suprema determinó en 2008 que la Convención de Viena carecía de validez en el país porque el Parlamento todavía no la había elevado al nivel de ley nacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también concluyó en 2005 que Estados Unidos era “responsable de violar los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso legal y a un juicio justo” en el caso de Moreno.

Ocho mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos desde que este país reactivara la pena de muerte en 1976, según afirmó el encargado de despacho de la Subsecretaría para América del Norte y director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, también presente en la rueda de prensa del lunes.

De estos, cinco estaban formaban parte del caso Avenay todos estaban presos en Texas. La pena capital logró ser revertida para otros 14 prisioneros.


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Cuartoscuro

Policías amenazan a joven con desaparecerla por protestar en Jalisco

Desde que fue liberada la noche del viernes, Violeta no ha podido dormir por temor a que un uniformado con el rostro tapado toque su puerta.
Cuartoscuro
8 de junio, 2020
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Violeta tiene 23 años, pero no se llama Violeta. Dice que tiene miedo a dar su nombre real, o cualquier otro dato que la identifique, después de que un grupo de policías ministeriales sin identificar la “secuestró” el pasado viernes 5 en Guadalajara, Jalisco, cuando se dirigía con otros tres compañeros a una manifestación para exigir justicia por el caso de Giovanni López, un joven asesinado presuntamente a manos de policías de Ixtlahuacán. 

“Los policías me dijeron que esta vez había tenido suerte. Pero que, para la próxima que me vieran por la calle, entonces sí me iban a desaparecer”.

Por eso tiene miedo, insiste la joven con voz trémula a través de una llamada de Zoom. Por eso, y porque los mismos policías que la secuestraron son los mismos que, horas después, recibieron la instrucción de la Fiscalía jalisciense para comprobar, casa por casa, que los manifestantes que organizaciones civiles denunciaron en redes sociales que estaban desaparecidos tras las detenciones ilegales del viernes, ya estuvieran localizados y a salvo.

Lee: “Giovanni no murió, el Estado lo mató”: Por tercer día marchan en Jalisco para exigir justicia

“Es algo absurdo”, lamenta Violeta. “¡Los que me secuestraron y me amenazaron con desaparecerme son los mismos que vendrán a mi casa para ver si estoy bien!”, exclama la joven que, desde que fue liberada la noche del viernes, dice que no ha podido dormir, ni quedarse sola en su domicilio, por temor a que alguien le toque la puerta y tras ella aparezca un uniformado con el rostro tapado, por mucho que el fiscal del estado ofreció el sábado disculpas y anunció la detención de dos elementos por las detenciones arbitrarias. 

De hecho, su temor es tal, asegura que, pese a su activismo como feminista y en pro de los derechos humanos, ha tomado la decisión de quedarse encerrada en su casa, al menos por un tiempo. 

“Lo lograron: ahora tengo miedo a salir a la calle a exigir que se respeten mis derechos y a pedir justicia”, dice. “Sé que hay más protestas (por el caso de Giovanni), pero los estaré apoyando a través de las redes sociales para no salir a la calle durante un tiempo. Me estoy tomando muy en serio la amenaza de los policías. Me causaron mucho miedo”. 

“Pensé que sería una desaparecida más”

De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la tarde del viernes 5 de junio agentes ministeriales hicieron “detenciones ilegales y arbitrarias” de múltiples manifestantes que se dirigían a las inmediaciones de la sede de la Fiscalía estatal, en la zona industrial de Guadalajara, para protestar por el asesinato de Giovanni López y por la detención de 26 personasen las protestas del jueves 4 de junio.

Incluso, puesto que las detenciones se produjeron sin que los agentes se identificaran como servidores públicos, y sin informar el motivo, y lo más importante, sin informar el lugar al que serían trasladados los detenidos, la Comisión denunció públicamente que se trató de “desapariciones forzadas” de ciudadanos. Mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, llegó a insinuar el sábado pasado que elementos de la Fiscalía pudieron haber actuado “por instrucciones de otra fuente”. 

Tras ser detenida a las seis de la tarde en la calle 8 de julio, Violeta cuenta que, en efecto, en un principio pensó que las personas que la obligaban a subir una camioneta podían ser delincuentes del crimen organizado, que la llevaban secuestrada en una camioneta sin logos, ni mayores señas. 

“Los tipos llevaban palos, bates, tubos, y armas”, recuerda la activista, que, aún así, dice que trató de resistirse. 

“Grité con todas mis fuerzas. Pero, aunque pedí ayuda, y aunque sí había gente viendo lo que sucedía, nadie hizo nada. Nadie sacó su celular para grabar, ni nadie se acercó para preguntar por mi nombre. Nada”. 

Una vez en la batea, Violeta estuvo al borde del colapso emocional, de desmayarse. Como el resto de los jóvenes que los agentes llevaban amagados para que no alzaran la mirada, dice que, a medida que el vehículo avanzaba a toda velocidad por las calles de la capital jalisciense, por su mente comenzaron a pasar todo tipo de pensamientos sombríos. 

“Pensaba que nos iban a desaparecer y que mis padres ya no volverían a saber de mi”, asegura la joven, que, incluso, quiso aventarse de la camioneta en marcha. 

Pero en esas llegó un golpe seco en la espalda de uno de los captores, que la jaló del cuello y le hundió la cabeza en la batea para que no se moviera. 

“Se metieron con uno de los nuestros”

El trayecto fue corto, “a lo sumo unos 5 minutos”. Aunque nadie sabía dónde los habían llevado. Lo único que veían era unas celdas con barrotes que tenían un baño. 

En las celdas, los uniformados revisaron de nuevo las pertenencias de los detenidos. A la mayoría les pidieron que desbloquearan sus celulares. Al parecer, estaban buscando información de un supuesto grupo de Whatsapp desde el que, también supuestamente, se estaría organizando algún tipo de protesta violenta contra el inmueble de la Fiscalía estatal.

Lee: Familias de detenidos en la protesta #JusticiaParaGiovanni denuncian abusos policiales

“Querían saber si pertenecíamos a alguna asociación, a algún grupo o movimiento, y si estábamos en coordinación con alguna persona para atacarlos. Y por eso estaban revisando si teníamos algún objeto puntiagudo, algún arma, o alcohol para generar fuego”, explica Violeta. 

Este testimonio coincide con el de Luis Antonio Maldonado, un periodista independiente de 32 años que también fue detenido ilegalmente el viernes pasado en las inmediaciones de la sede de la Fiscalía, quien narra que los policías les dijeron que estaban investigando a un supuesto grupo que se había organizado para provocar daños en la ciudad.

De hecho, Violeta asegura que varios de los policías trataron de justificar las detenciones ilegales acusándolos por lo sucedido un día antes, en las protestas del jueves 4 frente a Casa Jalisco, cuando algunos manifestantes atacaron a los elementos policiacos, llegando incluso a prender fuego a un policía utilizando una botella de alcohol etílico. 

“Nos decían: ‘Ustedes se lo buscaron. Se metieron con uno de los nuestros, ahora se aguantan’”. 

Finalmente, a las ocho de la noche, Violeta dice que la subieron junto a otras mujeres en otra camioneta, esta sí con rótulos de la Fiscalía. Circularon durante unos 25 minutos y la dejaron en mitad de la noche en un fraccionamiento, a unos 10 kilómetros ya de la vecina Zapopan. 

Por fortuna, a ella no le quitaron el celular porque pudo ocultarlo entre su ropa interior. Y antes de que sus padres vieran en redes sociales que múltiples usuarios, amigos, y organizaciones civiles, estaban difundiendo su nombre entre el de los jóvenes desaparecidos en las inmediaciones de la Fiscalía, les marcó para avisarles de viva voz que estaba bien. 

Les explicó con toda la calma que pudo que los policías la habían dejado tirada en medio de la nada, pero que, al menos, le habían regresado su mochila. 

Al parecer, a los uniformados no les interesó lo único que hallaron en su interior: una cartulina que, con grandes letras negras, pedía ‘Justicia para Giovanni’.

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