Roberto Moreno, el mexicano preso en EU cuya ejecución será en unas horas y que México intenta evitar
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Roberto Moreno, el mexicano preso en EU cuya ejecución será en unas horas y que México intenta evitar

Roberto Moreno Ramos mató en 1992 a su mujer y sus dos hijos. Texas planea ejecutarlo este miércoles, pero las autoridades de su país, México, intentan evitarlo.
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13 de noviembre, 2018
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El gobierno de México intenta evitar que su ciudadano Roberto Moreno Ramos sea ejecutado en Estados Unidos este 14 de noviembre.

Nacido en el estado de Aguascalientes hace 64 años, Moreno fue condenado en 1993 por el asesinato de su esposa y sus dos hijos, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados bajo el baño de su casa en Texas.

Pero la Cancillería mexicana pidió este lunes que se detuviera su ejecución, planeada para este miércoles a las seis de la tarde locales a través de la inyección letal.

Y el asesor jurídico de esta entidad, Alejandro Alday, aseguró en una rueda de prensa que el de Moreno Ramos es un “caso flagrante de violación a los derechos humanos y al derecho internacional”, pues Moreno forma parte de una lista de medio centenar de reos mexicanos en Estados Unidos amparados por una sentencia de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (CIJ).

La Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas, sin embargo, decidió de manera unánime el lunes no otorgar clemencia a Moreno ni recomendar posponer su ejecución.

Ahora, es el gobernador de Texas, Greg Abbott, el único que puede interceder por el preso y suspender la ejecución durante 30 días.

El crimen

A inicios de la década de 1990 Roberto Moreno vivía con su mujer, Leticia, entonces de 42 años, y sus hijos Abigail, de siete, y Jonathan, de tres, en la pequeña localidad tejana de Progreso.

El 7 de febrero de 1992, uno de sus vecinos “oyó un grito de mujer y la esposa del señor Moreno Ramos y sus hijos nunca volvieron a ser vistos“, se recoge en documentos judiciales.

Progreso

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La ciudad tejana de Progreso está al lado del Río Grande.

Tres días después, Moreno se casó con una mujer con la que había estado teniendo una relación extramarital. Cuando la policía le pidió registrar su hogar, no se opuso.

Una investigación conjunta de autoridades mexicanas y estadounidenses halló sangre en el inmueble de Texas y un mazo ensangrentado en la residencia de su nueva esposa, en México.

Cuando Moreno era cuestionado sobre el paradero de su familia, respondía con evasivas. Con el tiempo, solo confesóhaber matado a Leticia. Los tres cuerpos, sin embargo, tenían heridas similares en las cabezas.

Al momento de su captura, el mexicano tenía pendiente una orden arresto por infracciones de tráfico.

Pero cuando un extranjero es detenido, las autoridades debe informarle de inmediato de su derecho a comunicarse con su consulado en ese país, según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Y esto no se respetó en el caso de Moreno, pese a que Estados Unidos se adhirió a esta convención en 1969.

Esposas y aguja

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La ejecución por inyección letal de Roberto Moreno está planeada para el miércoles.

De hecho, la captura de Moreno no fue notificado a las autoridades consulares mexicanas hasta 11 meses después del arresto.

Algo que “quiere decir que las autoridades locales violaron su derecho a que se le brindara la asistencia”, según Alday.

Pocas esperanzas

Ninguno de los abogados que defendió a Moreno en primera y segunda instancia judicial, sin embargo, utilizó este argumento.

Y, por eso, “la avenida legal para dar esperanzas” al preso es “bastante estrecha”, dijo en la misma rueda de prensa el director del Programa de Asistencia Jurídica en Casos de Pena Capital (MCLAP), Greg Kuykendall.

MCLAP, sin embargo, está intentando ahora que se tenga en cuenta que el primer defensor de Moreno fue “plenamente incompetente”, pues ni siquiera presentó pruebas ni testigos para evitar que su cliente fuera condenado a muerte, según el recuento de la conferencia de prensa que hace el periódico mexicano El Universal.

Greg Abbott

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El gobernador de Texas, Greg Abbott, tiene ahora la última palabra.

La falta de notificación al consulado mexicano en el proceso de Moreno no fue un caso aislado, y fue por eso que México llevó a su país vecino a la CIJ en 2003 por haber impedido a sus representantes brindar protección a más de medio centenar de presos que acabaron en el corredor de la muerte.

En ese momento, otros cuatro mexicanos ya habían sido ejecutados sin haber recibido asistencia consular, según recoge el Anuario Mexicano de Derecho Internacional.

La CIJ falló al año siguiente -en lo que fue conocido como el “caso Avena” que Estados Unidos había violado los derechos de 54 reos, entre los que estaba Moreno, y determinó que sus condenas fueran revisadas.

El entonces presidente George W. Bush instó en 2005 a las autoridades judiciales a cumplir la resolución, pero la Corte Suprema determinó en 2008 que la Convención de Viena carecía de validez en el país porque el Parlamento todavía no la había elevado al nivel de ley nacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también concluyó en 2005 que Estados Unidos era “responsable de violar los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso legal y a un juicio justo” en el caso de Moreno.

Ocho mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos desde que este país reactivara la pena de muerte en 1976, según afirmó el encargado de despacho de la Subsecretaría para América del Norte y director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, también presente en la rueda de prensa del lunes.

De estos, cinco estaban formaban parte del caso Avenay todos estaban presos en Texas. La pena capital logró ser revertida para otros 14 prisioneros.


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Cuartoscuro

En cinco años, solo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia

Víctimas, principalmente mujeres, denunciaron casi 145 mil ataques sexuales de 2014 a 2018, pero más del 95 % no se ha resuelto. Ineficacia de las fiscalías y la normalización de la violencia propician la impunidad: experta.
Cuartoscuro
4 de febrero, 2021
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Entre 2014 y 2018 casi 145 mil víctimas – principalmente mujeres – de presuntas violaciones y abusos sexuales en México presentaron una denuncia formal en contra de sus agresores ante una agencia del Ministerio Público. Sin embargo, apenas 5 de cada 100 de esos casos avanzaron lo suficiente para llegar a una sentencia.

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Datos oficiales provenientes de cinco censos nacionales de procuración e impartición de justicia de INEGI revisados por Animal Político revelan que el 95 por ciento de las indagatorias iniciadas en todo el país a partir de dichas denuncias no están resueltas. Es decir, los posibles ataques siguen impunes.

La mayoría de los casos ni siquiera han dado pie al arranque de un proceso penal: apenas la quinta parte de las denuncias son enviadas a los juzgados. El resto de los casos se quedó en las agencias del Ministerio Público como indagatorias que siguen en curso, o que de plano fueron archivadas.

Entre esos casos sin resolución se encuentra, por ejemplo, el de la presunta violación denunciada en 2016 en contra del hoy precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. En dicha entidad, de casi 2 mil 500 denuncias formales por abusos y violaciones registradas en cinco años, solo 146 llegaron a sentencia.

“Lo que vemos aquí no solo es la habitual ineficacia de las agencias del Ministerio Público sino además una cultura de la violación que es aceptada. Una violencia sexual en contra de mujeres y niñas que ha sido normalizada. No es que se reconozca abiertamente, pero se acepta y tolera”, señaló Karla Micheel Salas, abogada penalista experta en temas de derechos humanos y feminismo.

Los datos provenientes de las 32 fiscalías/procuradurías y tribunales de todo el país reunidos por INEGI arrojan que, entre 2014 y 2018, se denunciaron 144 mil 586 delitos de posible violación y abusos sexual en todas sus modalidades. En promedio, se trata de 79 ataques cometidos y denunciados todos los días. 

Dicha cifra, señala también el propio INEGI, es una fracción de las agresiones sexuales que realmente se cometen el país. Las encuestas de victimización que anualmente publica el instituto muestran que más del 94 por ciento de las agresiones ni siquiera son denunciadas por las víctimas que las padecen.

Que la agresión cometida sí sea denunciada por la víctima ante un Ministerio Público y que se inicien las carpetas de investigación correspondientes tampoco garantiza resultados. De hecho, el promedio de casos que no llegan a una sentencia judicial es similar al de los casos que no se denuncian.

Los datos lo confirman: en el mismo lapso de 2014 a 2018, los poderes judiciales del país reportaron la emisión de 6 mil 898 sentencias por delitos de violación y abuso sexual en todas sus modalidades. El registro no desglosa cuantas de esas sentencias serían condenatorias o absolutorias.

En comparación con los casos denunciados, la proporción de sentencias dictadas apenas equivale al 4.7 por ciento de todo ese universo. Es decir: solo cinco de cada cien denuncias llegan a una sentencia. Dicho de otra forma: es una impunidad que rebasa el 95 por ciento.

Los censos de INEGI también revelan que solo una minoría de las averiguaciones y carpetas iniciadas en este periodo llegaron ante un juez para la apertura del proceso penal correspondiente. En total fueron 31mil 644 los procesados, que equivalen al 21.88 por ciento del universo total de delitos denunciados.

Lo anterior significa que, en promedio, apenas en la quinta parte de las denuncias presentadas se reúne la evidencia inicial suficiente para hacer una imputación ante un juez y que este inicie el proceso penal correspondiente. El resto de los casos permanecen abiertos sin resultados, o son determinados por el propio MP con figuras como el no ejercicio de la acción penal, o el enviarlos a un archivo temporal.

En abuso sexual, “eficacia” hasta de 2%

El desglose de los datos muestra que los delitos de abuso sexual se resuelven, en promedio, menos que los delitos de violaciones, aunque unos ni otros alcanzan el diez por ciento de sentencias dictadas respecto a las denuncias presentadas.

Los dos ilícitos se denuncian con una frecuencia similar. Entre 2014 y 2018 las fiscalías reportaron a INEGI un total de 72 mil 744 probables delitos de abuso sexual reportados, a los que se suman 71 mil 842 casos de presunta violación.

Respecto a los abusos sexuales, en el mismo lapso se registraron 12 mil 875 casos procesados ante un juez, que equivalen a solo 17.69 por ciento de las denuncias, es decir, menos de la quinta parte. Mientras que las sentencias por este delito en ese lapso sumaron 2 mil 576, apenas un 3.54 por ciento en comparación con los casos iniciados.

Año con año, el nivel de esclarecimiento de abusos sexuales en el país ha fluctuado por debajo del cinco por ciento: las sentencias dictadas en 2014 respecto a los nuevos casos denunciados equivalieron al 4.4 por ciento; para 2015 fueron 3.5 por ciento; en 2016 un 3.1 por ciento; en 2017 apenas un 2.4 por ciento, y para 2018 un ligero ascenso a 4.2 por ciento.

Respecto al delito de violación, en el referido lapso de cinco años las fiscalías enviaron ante un juez 8 mil 769 casos que derivaron en procesos penales iniciados. Es apenas el 26.1 por ciento respecto al universo total de denuncias, equivalente a poco más de la cuarta parte.

En cuanto a las sentencias por delitos de violación, los datos del censo de INEGI arrojan 4 mil 322 dictadas en el referido lapso, equivalente a solo el 6 por ciento de todos los casos denunciados en el mismo periodo. El porcentaje de casos de violación cerrados con sentencia de 2014 a 2018 fluctuó por debajo del ocho por ciento, alcanzando su punto mas bajo 2016 con apenas 3.7 por ciento.

Lee más: De las palabras a la violencia sexual y los golpes: relatos de la violencia machista

Edomex y Baja California: impunidad superior al 98%

De las 72 mil 744 denuncias por abuso sexual reportadas en el país entre 2013 y 2018 hay cinco estados que por si solos concentran más de la mitad de los casos. Se trata de Jalisco con 9 mil 861 denuncias, Ciudad de México con 9 mil 461, estado de México con 7 mil 612 casos, Chihuahua con 5 mil 721 y Baja California con 5 mil 364.

En conjunto dichas entidades acumularon 38 mil 19 denuncias de abuso sexual, que representan el 52 por ciento de los casos.

Chihuahua, Jalisco y la capital del país también figuran entre las cinco entidades con mas sentencias dictadas con 1 mil 21 entre los tres que equivalen a casi el 40 por ciento del total nacional.

No es el caso del estado de México que reporta solo 140 sentencias por abuso sexual, las cuales equivalen apenas al 1.8 por ciento de los casos denunciados en cinco años. Es una impunidad superior al 98 por ciento. O en Baja california donde solo se reportan 20 condenas, equivalentes a solo el 0.3 por ciento de sus denuncias.

En el estado de Guerrero, donde se ubica la denuncia de 2016 por una posible agresión sexual en contra de Salgado Macedonio, los datos de INEGI muestran apenas 47 sentencias en cinco años. Estas equivalen a solo el 4.3 por ciento de los casos abiertos.

En cuanto al delito de violación, Baja California, Chihuahua, el estado de México, Morelos y Nuevo León encabezan la lista de denuncias con 28 mil 5 en total, que equivalen al 39 por ciento de todas las denuncias registradas por este delito grave entre 2014 y 2018.

Pero con excepción del estado de México y Chihuahua, los otros tres estados no figuran en la lista de los que tienen mas sentencias. Baja California apenas reporta 25 sentencias, equivalentes al 0.4 por ciento de todas sus denuncias acumuladas. En Nuevo León, las 81 sentencias reportadas representan apenas el 1.7 por ciento respecto a la incidencia total en la entidad.

Mientras que, en Guerrero, de 2014 a 2018 se registraron 1 mil 412 denuncias por delitos de violación pero solo 99 sentencias, que equivalen al 7 por ciento del total de la incidencia.

No se indaga… se tolera: experta

Karla Micheel Salas Ramírez, penalista experta en temas de feminismo y derechos humanos, explica que los altos índices de impunidad que se registran en delitos sexuales tienen, por una parte, una explicación en las pocas capacidades de investigación de las fiscalías (falta de protocolos, poca profesionalización, sobrecargas de trabajo, etc.) que dificultan el esclarecimiento de casi cualquier delito.

Pero mas importante, añade, es que en el caso de las agresiones sexuales donde la mayoría de las víctimas son mujeres, lo que hay es una normalización de este tipo de violencias. Una tolerancia hacia lo que la experta denomina la “cultura de la violación”.

“No es porque abiertamente se diga: está perfecto violar mujeres y niñas. Es porque en actitudes, comentarios, decisiones, comportamientos se manifiesta esa tolerancia y aceptación. Por ejemplo: minimizar las agresiones, negar la existencia, no creerles a las víctimas, personas que las víctimas fueron las responsables de lo ocurrido”. Dice la experta.

El caso de Salgado Macedonio, quien fue designado precandidato a gobernador de Guerrero por Morena con el argumento de que las denuncias por agresiones sexuales en su contra no se han probado con sentencias, es un ejemplo de esta situación, señala Salas.

“Las denuncias hechas a Salgado Macedonio están hechas antes de la época electoral, es decir, no se realizan con el objetivo de desprestigiarlo porque será candidato a gobernador. Hay evidencia de que se presentaron denuncias, que no exista una sentencia no significa que las denuncias sean falsas, en realidad lo que evidencia es que las instituciones de procuración e impartición de justicia no hacen su trabajo, no investigan, no sancionan a los agresores sexuales”, añadió la experta.

Salas Ramírez recordó casos emblemáticos como los de Inés Fernández, Valentina Rosendo e Indira Sandoval, todas ellas víctimas de violencia y agresiones sexuales, y todas en su momento discriminadas y maltratadas por las instituciones de procuración de justicia. A la postre, fue gracias a la intervención de instancias nacionales e internacionales de Derechos Humanos que fueron reconocidas.

Por su parte, la diputada federal Martha Tagle, que ha dado seguimiento a casos agresiones e impunidad, lamentó que con los altos índices de impunidad que imperan en el país, aun se pidan sentencias para creerle a una víctima. Dijo que el caso de Salgado Macedonio es muestra de ello.

“No se pide que se le mande a la cárcel sin un proceso penal, pero que si haya una consecuencia política que es no acceder a una candidatura. No le dan valor a la palabra de las mujeres, siguen los estereotipos de que ella se lo ganó…. Para las víctimas no hay justicia, mientras que a él de le dejan a salvo sus derechos”, dijo la legisladora.

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