Roberto Moreno, el mexicano preso en EU cuya ejecución será en unas horas y que México intenta evitar
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Roberto Moreno, el mexicano preso en EU cuya ejecución será en unas horas y que México intenta evitar

Roberto Moreno Ramos mató en 1992 a su mujer y sus dos hijos. Texas planea ejecutarlo este miércoles, pero las autoridades de su país, México, intentan evitarlo.
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13 de noviembre, 2018
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El gobierno de México intenta evitar que su ciudadano Roberto Moreno Ramos sea ejecutado en Estados Unidos este 14 de noviembre.

Nacido en el estado de Aguascalientes hace 64 años, Moreno fue condenado en 1993 por el asesinato de su esposa y sus dos hijos, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados bajo el baño de su casa en Texas.

Pero la Cancillería mexicana pidió este lunes que se detuviera su ejecución, planeada para este miércoles a las seis de la tarde locales a través de la inyección letal.

Y el asesor jurídico de esta entidad, Alejandro Alday, aseguró en una rueda de prensa que el de Moreno Ramos es un “caso flagrante de violación a los derechos humanos y al derecho internacional”, pues Moreno forma parte de una lista de medio centenar de reos mexicanos en Estados Unidos amparados por una sentencia de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (CIJ).

La Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas, sin embargo, decidió de manera unánime el lunes no otorgar clemencia a Moreno ni recomendar posponer su ejecución.

Ahora, es el gobernador de Texas, Greg Abbott, el único que puede interceder por el preso y suspender la ejecución durante 30 días.

El crimen

A inicios de la década de 1990 Roberto Moreno vivía con su mujer, Leticia, entonces de 42 años, y sus hijos Abigail, de siete, y Jonathan, de tres, en la pequeña localidad tejana de Progreso.

El 7 de febrero de 1992, uno de sus vecinos “oyó un grito de mujer y la esposa del señor Moreno Ramos y sus hijos nunca volvieron a ser vistos“, se recoge en documentos judiciales.

Progreso

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La ciudad tejana de Progreso está al lado del Río Grande.

Tres días después, Moreno se casó con una mujer con la que había estado teniendo una relación extramarital. Cuando la policía le pidió registrar su hogar, no se opuso.

Una investigación conjunta de autoridades mexicanas y estadounidenses halló sangre en el inmueble de Texas y un mazo ensangrentado en la residencia de su nueva esposa, en México.

Cuando Moreno era cuestionado sobre el paradero de su familia, respondía con evasivas. Con el tiempo, solo confesóhaber matado a Leticia. Los tres cuerpos, sin embargo, tenían heridas similares en las cabezas.

Al momento de su captura, el mexicano tenía pendiente una orden arresto por infracciones de tráfico.

Pero cuando un extranjero es detenido, las autoridades debe informarle de inmediato de su derecho a comunicarse con su consulado en ese país, según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Y esto no se respetó en el caso de Moreno, pese a que Estados Unidos se adhirió a esta convención en 1969.

Esposas y aguja

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La ejecución por inyección letal de Roberto Moreno está planeada para el miércoles.

De hecho, la captura de Moreno no fue notificado a las autoridades consulares mexicanas hasta 11 meses después del arresto.

Algo que “quiere decir que las autoridades locales violaron su derecho a que se le brindara la asistencia”, según Alday.

Pocas esperanzas

Ninguno de los abogados que defendió a Moreno en primera y segunda instancia judicial, sin embargo, utilizó este argumento.

Y, por eso, “la avenida legal para dar esperanzas” al preso es “bastante estrecha”, dijo en la misma rueda de prensa el director del Programa de Asistencia Jurídica en Casos de Pena Capital (MCLAP), Greg Kuykendall.

MCLAP, sin embargo, está intentando ahora que se tenga en cuenta que el primer defensor de Moreno fue “plenamente incompetente”, pues ni siquiera presentó pruebas ni testigos para evitar que su cliente fuera condenado a muerte, según el recuento de la conferencia de prensa que hace el periódico mexicano El Universal.

Greg Abbott

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El gobernador de Texas, Greg Abbott, tiene ahora la última palabra.

La falta de notificación al consulado mexicano en el proceso de Moreno no fue un caso aislado, y fue por eso que México llevó a su país vecino a la CIJ en 2003 por haber impedido a sus representantes brindar protección a más de medio centenar de presos que acabaron en el corredor de la muerte.

En ese momento, otros cuatro mexicanos ya habían sido ejecutados sin haber recibido asistencia consular, según recoge el Anuario Mexicano de Derecho Internacional.

La CIJ falló al año siguiente -en lo que fue conocido como el “caso Avena” que Estados Unidos había violado los derechos de 54 reos, entre los que estaba Moreno, y determinó que sus condenas fueran revisadas.

El entonces presidente George W. Bush instó en 2005 a las autoridades judiciales a cumplir la resolución, pero la Corte Suprema determinó en 2008 que la Convención de Viena carecía de validez en el país porque el Parlamento todavía no la había elevado al nivel de ley nacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también concluyó en 2005 que Estados Unidos era “responsable de violar los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso legal y a un juicio justo” en el caso de Moreno.

Ocho mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos desde que este país reactivara la pena de muerte en 1976, según afirmó el encargado de despacho de la Subsecretaría para América del Norte y director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, también presente en la rueda de prensa del lunes.

De estos, cinco estaban formaban parte del caso Avenay todos estaban presos en Texas. La pena capital logró ser revertida para otros 14 prisioneros.


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@JLavalleMaury

Caso Odebrecht: Lavalle sale del reclusorio norte con brazalete; seguirá proceso en libertad

El exsenador Jorge Luis Lavalle era el único detenido por la denuncia que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por los supuestos sobornos con recursos de Odebrecht.
@JLavalleMaury
17 de septiembre, 2022
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El exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, salió la noche de este viernes del Reclusorio Norte, luego de que le fue colocado un brazalete electrónico; seguirá su proceso en libertad por el caso Odebrecht.

El exsenador, quien era el único detenido por la denuncia que hace tres años presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, respecto de los supuestos sobornos con recursos de Odebrecht para aprobar la reforma energética, salió del reclusorio pasadas las 23:00 horas.

Al salir del reclusorio, Lavalle Maury señaló que el proceso sigue, pero que mantiene su confianza en las autoridades y que pretende demostrar su inocencia.

Dijo – de acuerdo al diario Reforma– que por ahora su prioridad es atenderá su salud, porque tiene varios padecimientos que son urgente de revisar, así como su familia.

“Lógicamente ahorita mi prioridad es atender mi salud, atender a mi familia, que lógicamente en todo este tiempo ha sido una etapa muy complicada para mi familia”, dijo el exsenador.

Lee: Lozoya gana un amparo contra la resolución que lo puso en prisión preventiva por el caso Odebrecht; deberá revisarse

Su salida se da tras haber permanecido casi año y medio en prisión preventiva y luego de que las acusaciones que se le han hecho en su contra -hasta ahora- no se han probado ni en su caso ni en el de ningún otro denunciado.

En una audiencia realizada el martes, en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dio por buenos los argumentos presentados por fiscales y abogados, respecto de que problemas de salud crónicos que padece el exlegislador (como complicaciones severas por una hernia hiatal) hacen necesaria su liberación.

Lavalle debe portar el brazalete electrónico que permita monitorear su ubicación; además se le impidió que abandone el país mientras se desarrolla su proceso, entregar su pasaporte y presentarse cada 30 días en la Unidad de Medidas Cautelares.

Lavalle  y caso Odebrecht

El 13 de abril de 2021, un juez federal vinculó a proceso al exsenador del PAN por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Esto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de recibir presuntos sobornos de la constructora Odebrecht para agilizar la aprobación de la reforma energética en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

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