Muertes maternas y condenas por aborto, la realidad de la salud reproductiva en México
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Archivo / Cuartoscuro

Muertes maternas y condenas por aborto, la realidad de la salud reproductiva en México

GIRE presenta un análisis de los temas que el Estado debe atender para garantizar el acceso a la justicia reproductiva de las mujeres. A continuación cinco casos que revelan los vacíos legales y de justicia en México.
Archivo / Cuartoscuro
Por César Reveles
16 de noviembre, 2018
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El panorama en México para las mujeres con relación a su vida reproductiva es desalentador. A diario enfrentan situaciones como la falta de acceso a seguridad social; criminalización para aquellas que deciden abortar; violencia obstétrica cotidiana, y las fallas estructurales del sistema de salud, que las coloca en un contexto de vulnerabilidad y desigualdad a comparación del resto de la población.

En el informe La pieza faltante. Justicia Reproductiva, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), presenta, a través de diversos testimonios, los obstáculos que sortean las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos humanos en materia de salud reproductiva.

El trabajo aborda cinco problemáticas “cuya atención es urgente para avanzar hacia la justicia reproductiva de las mujeres”, lo cuales son: embarazo adolescente; penalización del aborto; violencia obstétrica; muerte materna, y seguridad social incompleta.

Con el análisis de estos puntos GIRE pone en relieve la gravedad de temas como el elevado número de niñas y adolescentes embarazadas, afectadas por un contexto grave de violencia sexual; el limitado acceso a servicios anticonceptivos, y la violencia obstétrica en el embarazo, parto y posparto.

A continuación presentamos los casos que ejemplifican el contexto actual, así como los datos y los temas prioritarios a atender para cada una de las problemáticas.  

Embarazo adolescente

En 2015, a sus 17 años, Marimar fue víctima de una violación sexual y resultó embarazada. Acompañada de sus padres denunció los hechos y acudió al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”.

Los médicos le informaron que el producto presentaba una malformación congénita, lo cual implicaba un alto riesgo para el embarazo por lo que Marimar solicitó una interrupción del mismo.

Pero el hospital, a través del Comité de Bioética, negó el servicio. Esto a pesar de que la normativa vigente garantiza el acceso al aborto en caso de violación.

La decisión fue impugnada ante un juez federal a quien se solicitó que se constataran las violaciones a derechos humanos que derivaban de la negación del servicio. La impugnación no procedió a favor Marimar por lo que se interpuso un recurso de revisión en la SCJN.

El 4 de abril de 2018, la SCJN otorgó el amparo a Marimar. Actualmente la menor y sus padres son reconocidos como víctimas de violaciones a derechos humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos (CEARV) tendrá que garantizar la medida de reparación del daño.

El caso de Marimar refleja los obstáculos tanto médicos como legales que las adolescentes en situación de embarazo deben sortear.

Durante 2017 el INEGI registró en México a 390 mil 89 mujeres que fueron madres antes los 20 años; entre éstas, 9 mil 748 eran menores de 15 años, y 380 mil 341, tenían entre 15 y 19 años.

Actualmente, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el embarazo adolescente es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años.

Para GIRE, el embarazo adolescente puede relacionarse “con los altos índices de violencia sexual y falta de acceso a servicios como el aborto, así como la escasa información y nulo acceso a anticonceptivos para todas las personas”.

Registros de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Relaciones en los Hogares (ENDIREH) revelan que en México el 10.09% de las adolescentes que tuvieron un embarazo fueron víctimas de violencia sexual.

Para una adolescente, el embarazo puede obstaculizar su desarrollo psicosocial, sus oportunidades educativas y laborales, así como mantenerla en situación de pobreza y mala salud.

La situación de vulnerabilidad se acentúa en otros grupos, como el de las personas indígenas o con discapacidad para quienes, por motivos de discriminación, es más difícil acceder tanto a información sobre métodos anticonceptivos como a los propios métodos.

Desde 2015, el gobierno federal emprendió programas como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), para disminuir y/o erradicar los embarazos en adolescentes pero los esfuerzos no han sido suficientes.

Esto se debe, entre otras cosas, a que la ENAPEA si bien reconoce la violencia sexual como una causa de embarazo temprano, no contempla como acción prioritaria garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo por violación.

Por tanto GIRE plantea que para combatir los altos índices de embarazo adolescente se requieren medidas integrales que reconozcan el carácter multifactorial del fenómeno, en especial las relacionadas con prevención y atención de la violencia sexual, y el acceso a métodos anticonceptivos.

“El embarazo adolescente, además de ser un asunto de salud pública, es una cuestión de justicia reproductiva, que refleja un conjunto de acciones y omisiones por parte del Estado relacionadas con diferentes derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, a una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad”, concluye para este tema.

Penalización del aborto

En mayo de 2018, Pilar de apenas 15 años, supo que estaba embarazada. La razón: dos meses antes, durante sus vacaciones en Cuetzalan, Puebla, fue víctima de abuso sexual por parte de su tío.

Pilar denunció los hechos en un Ministerio Público de Ciudad de México. Las autoridades le dijeron que no podían atender su caso porque había ocurrido en otra entidad, pero le informaron que, por tratarse de una violación sexual, tenía derecho a interrumpir el embarazo si así lo deseaba.

Con 10 semanas de embarazo, Pilar regresó a Puebla para interponer la denuncia penal e interrumpir su embarazo. Las autoridades poblanas comenzaron la investigación sobre el abuso sexual pero le negaron su solicitud para interrumpir el embarazo, argumentando que el aborto no era legal en Puebla.

Al mismo tiempo le dieron información falsa asegurando que en ningún lugar de Puebla le practicarían la interrupción del embarazo, y que si intentaba hacerlo en CDMX, el juez las cuestionaría e incluso podría criminalizarla. A pesar de las amenazas, Pilar regresó a la capital del país y con la asesoría de GIRE  accedió a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Posteriormente, acompañada de su madre, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla por las violaciones a derechos humanos cometidas por el personal del ministerio público de Teziutlán, Puebla, al omitir los derechos que tenía Pilar como víctima de una violación sexual.

La resolución de la queja se encuentra pendiente y GIRE continúa asesorando a Pilar y su familia en el reclamo de la reparación de los daños.

En México, la única entidad que permite el aborto por voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación, es Ciudad de México. En el resto de los estados, solo se puede acceder al aborto en casos de violación o por ciertas causales como riesgo a la salud o alteraciones graves en el producto.  

El que cada estado defina, con base en sus códigos penales, condenas por abortar constituye un hecho de discriminación jurídica, pues las mujeres no debería tener más o menos derecho de acceder a un aborto legal, de acuerdo con su lugar de residencia.

En la última década, algunos estados ampliaron el número de causales legales para acceder a un aborto seguro, pero el desconocimiento de las autoridades y del personal de salud sobre el tema, limita o impide el acceso que las mujeres para este procedimiento.

Actualmente los códigos penales de todo el país contemplan la violación como causal de exclusión; 29 estados establecen como causal que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; 23, que exista peligro de muerte de la mujer; 15, que la mujer enfrente riesgo a su salud, y 16, que el producto presente alteraciones congénitas graves.

Los estados con marcos normativos muy poco accesibles y en donde prácticamente es imposible lograr acceder a este proceso son: Sonora, Querétaro, Baja California, Guanajuato, Oaxaca y Puebla. Casos contrarios son: Ciudad de México, Michoacán, Tlaxcala y Baja California Sur.

Los estados que castigan el aborto con condenas de cárcel de hasta 5 años son: Baja California, Morelos, Puebla, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas.

Entre enero de 2007 a diciembre de 2016 los procesos penales por el delito de aborto suman 4 mil 246 denuncias. 53 personas se encuentran en prisión definitiva, además de 531 juicios penales; 228 sentencias, y 83 personas en prisión preventiva.

Mientras que el número total de mujeres atendidas por interrupción legal del embarazo a nivel nacional, entre abril de 2007 y octubre de 2018, en instituciones de salud asciende a 202 mil 308.

Así, la despenalización del aborto es una deuda del Estado y un tema prioritario para la próxima administración, en particular “para aquellas mujeres que enfrentan mayores condiciones de marginalidad y las consecuencias de un Estado que las persigue o las deja morir”, concluye GIRE.  

Violencia obstétrica

La violencia obstétrica se define como la forma específica de violencia institucional que pueden sufrir las mujeres durante la atención del embarazo, parto y posparto.

Este fue el caso de Sandra, que a sus 31 años, llevaba su control prenatal en la Unidad Médica Familiar (UMF) 33 del IMSS, en Tonila, Jalisco.

A las 38 semanas de gestación se presentaron los dolores de parto y acudió a dicha unidad médica, pero fue trasladada al Hospital General de Zona, en Ciudad Guzmán, Jalisco porque presentaba presión alta.

Fue ingresada en urgencias y permaneció dos días hasta que una médica le notificó que ya no tenía líquido amniótico, horas después fue ingresada al quirófano. Sin previo aviso ni explicaciones, la doctora responsable le informó que le practicaría una cesárea.

Acto seguido le preguntó a Sandra “si ya había hablado con su esposo sobre no tener más hijos”, a lo que ella contestó que no, al escucharla la doctora la tachó de “irresponsable”., salió del quirófano y le aseguró a los familiares de Sandra que por motivos de salud, no era conveniente que tuviera otro embarazo y que incluso ella ya había firmado el consentimiento para una Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), un procedimiento anticonceptivo permanente.

Su esposo, confiado en la versión de la médica, firmó el documento de autorización. Enseguida la doctora regresó y, en un contexto de presión e intimidación, aprovechó que Sandra tenía fuertes contracciones para conseguir su firma antes de la cesárea.

En octubre de 2017, Sandra, acompañada por GIRE, interpuso una queja ante la CNDH por la atención inadecuada del personal médico la atendió y la manera en que consiguieron su consentimiento para que se le practicara la OTB. La queja se encuentra en espera de una resolución.

En México, según cifras de la ENDIREH 2016, de las 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016, el 33.4 % refirió haber sufrido maltrato por parte de quienes las atendieron y el 13.1 % de estas mujeres reportaron anticoncepción o esterilización forzada.

Las agresiones o acciones más comunes contra las mujeres son: gritos o regaños; retraso en la atención; presión para aceptar un método anticonceptivo; anestesia denegada; firma involuntaria de papeles, y ser aislada de su bebé por más de 5 horas.

En los últimos 5 años, los estados con mayor número de casos de violencia obstétrica son: Ciudad de México (36.5 %), Estado de México (36 %), Querétaro (34.6 %), Tlaxcala (34.2 %) y Morelos (33.7 %). Las instituciones médicas con más quejas de este tipo son: el IMSS (40.8 %); clínicas públicas de los estados (38.7 %); centros de salud (34.7 %), y hospitales del ISSSTE (30.7 %).

GIRE argumenta que los casos de violencia obstétrica presentan patrones comunes, como las fallas estructurales y sistémicas del sistema de salud. Por lo que las acciones inmediatas a tomar son: la implementación de legislación y políticas públicas que permitan a las mujeres acceder a servicios de salud de calidad, así como la creación de mecanismos para acceder a la justicia y a una reparación integral ante violaciones a derechos humanos.

Muerte materna

De 2012 a 2016, en México han fallecido 4 mil 283 mujeres, lo que equivale a 857 al año, por causas prevenibles, durante el embarazo, parto o el posparto (hasta 42 días después del parto), lo cual se conoce como muerte materna.

Son muertes que pueden evitarse pues sus causas están regularmente relacionadas con fallas estructurales en el sistema de salud, como la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y de infraestructura; la saturación del personal, así como el ejercicio inadecuado del gasto en salud.

Gelleli es un caso más de las muertes que pudieron evitarse. Con 24 años cursaba su segundo embarazo, en la semana 40 comenzaron los dolores de parto por lo que la joven mazateca acudió a la Casa de Salud del municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca.

De ese lugar la mandaron al Hospital General de Tuxtepec. Acompañada por Martín, su pareja, buscó ayuda para trasladarse, pues la Casa de Salud de Jalapa no tenía ambulancia.

A las 6 de la tarde la pareja llegó al hospital de Tuxtepec, pero Gelleli fue atendida hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Horas después los médicos informaron a Martín que realizarían una segunda operación porque en la cesárea le habían perforado una arteria, y Galleli tenía una hemorragia interna.

Sin dar más detalles y a sabiendas de que Martín no sabe leer ni escribir, el personal del hospital hizo que el joven firmara una hoja de consentimiento informado, advirtiendo que si no lo hacía, Gelleli moriría.

El siguiente reporte fue hasta la mañana siguiente diciendo  que Gelleli necesitaba ser otra operación debido a que la hemorragia no cedía. Los familiares no se aceptaron que se hiciera porque los médicos señalaron que la intervención “implicaba una alta posibilidad de que ella muriera en la sala de operaciones y, en caso de sobrevivir, no había garantía de mejoría”. Un día después Gelleli falleció.

Este caso es acompañado por GIRE y actualmente está en trámite ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Gelleli pertenecía a una comunidad indígena, un sector que por lo regular es atendido en centros de salud en malas condiciones, sin intérpretes de lenguas locales y con actitudes discriminatorias por parte del personal. Tan solo en 2015, el 11.2 % del total de muertes maternas en México corresponden a la población indígena.

2012 fue el año con más muertes maternas con 960; para 2013 bajó a 861; en 2014 hubo 872; en 2015 se registraron 768, y para 2016 aumentó de nueva cuenta a 812.

Según cifras del Subsistema de Información sobre Nacimientos en 2015, las dependencias médicas con más casos de muerte materna fueron: el Seguro Popular (53.7 %); el IMSS (22.6 %), y el ISSSTE (3.6 %).

En 2016 los estados con mayor número de casos fueron: Campeche, CDMX, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.

GIRE plantea que es prioritario que el Estado garantice el acceso universal a servicios de salud obstétrica de calidad para las mujeres sin importar su derechohabiencia u origen además de asegurarse de que el personal médico respete el marco normativo vigente en materia de atención del embarazo, parto y posparto.

Seguridad social incompleta

Germán y Nadia tienen un hijo de 5 años. Germán tiene un empleo formal, y es derechohabiente del IMSS. Nadia se dedica al hogar, por lo que no tiene seguridad social.

En 2016 Germán ubicó las guarderías más cercanas a su casa y preguntó los requisitos para meter a su hijo en alguna de ellas.

Descubrió que el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, se lo impediría, pues solo contempla el acceso a este servicio para hombres viudos o divorciados con la patria potestad de sus hijos o hijas.

La negativa del servicio le fue confirmada en el Departamento de Guarderías de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, pero le dijeron que recibiría la solicitud para acceder al servicio de estancias infantiles del seguro social como padre trabajador asegurado.

Sin embargo, la petición fue negada, por lo que Germán promovió un juicio de amparo contra las autoridades responsables de la negativa y por la inconstitucionalidad de los criterios de acceso a la misma.

Un Juzgado en materia de trabajo, en Ciudad de México, le concedió el amparo contra la disposición discriminatoria y así el Departamento de Guarderías otorgó el servicio a Germán en las mismas condiciones en las que lo brinda a las mujeres trabajadoras aseguradas.

El acceso a la seguridad social es un derecho humano reconocido a nivel mundial pero en México el acceso a este derecho está condicionado a que las personas cuenten con un trabajo formal.

Actualmente el 59.1 % de los habitantes están empleadas de manera informal; siendo el sector femenino el más afectado pues 29 de cada 100 mujeres ocupadas pertenecen al sector informal.

Como consecuencia de esto, un alto porcentaje de mujeres no cuenta con acceso a servicios de atención a la salud, como en el caso de Nadia y por ende no tienen acceso a todos los derechos que establece la ley.

Aunque se afilien a otros esquemas como el Seguro Popular, carecen de acceso a prestaciones como licencias de maternidad, licencias de paternidad y estancias infantiles.

A nivel nacional el 54.8% de las mujeres mexicanas están afiliadas al Seguro Popular; el 42.36% al IMSS, y el 9.56% al ISSSTE.

De 2015 a septiembre de 2018, GIRE ha registrado, documentado y acompañado 59 casos relacionados a la negación de acceso a estancias infantiles y licencias de maternidad ambas problemáticas relacionadas con la falta de seguridad social. Solo tres de estos casos han sido resueltos por la SCJN, a favor de los afectados.

GIRE argumenta que para garantizar el acceso a los derechos de estas mujeres será necesario constituir un sistema de seguridad social universal que abarque a todas las personas trabajadoras, tanto en esquemas de trabajo formal como informal.

Además se deben eliminar las disposiciones discriminatorias de la legislación hacia grupos particulares, como los esquemas de derechohabiencia restrictivo vigentes ahora.

De manera general y tras la revisión de estos cinco temas eje, GIRE concluye que su atención debe ser “urgente para avanzar hacia la justicia reproductiva de las mujeres en México”.

La atención de los pendientes de cada tema es responsabilidad del poder ejecutivo; del legislativo, y de las instituciones de salud federales y locales. Solo el trabajo conjunto logrará un cambio positivo para el contexto actual de las mujeres en México con relación a su salud reproductiva a partir de mecanismos y la garantía de sus derechos humanos.

Los datos que sustentan el informe La pieza faltante. Justicia Reproductiva fueron obtenidos mediante mil 856 solicitudes de acceso a la información del periodo 2012 a 2017, y los casos expuestos han sido acompañados por GIRE en su búsqueda por la justicia y por una reparación integral por violaciones a sus derechos humanos.

El informe completo puedes consultarlo aquí. 

 

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'El núcleo del demonio': cómo era la tercera bomba atómica que EU alistaba para lanzar sobre Japón

Si Little Boy y Fat Man no lograban la rendición de Japón, EU ya tenía prácticamente listo a Rufus, un núcleo de plutonio que nunca explotó, pero sí causó muertes.
6 de agosto, 2021
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El 6 y 9 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki las dos únicas bombas nucleares que se hayan utilizado en una guerra.

Juntas fueron los ataques más letales que jamás hayan ocurrido, en los que se estima que murieron alrededor de 200.000 personas.

Desde la perspectiva de EE.UU., tenían el objetivo de presionar la rendición de Japón y poner fin a la Segunda Guerra Mundial.

Y en caso de que no fueran suficientes, Washington tenía prácticamente lista una tercera bomba atómica.

Su apodo era Rufus, y consistía en un núcleo de plutonio, similar al que se utilizó en la bomba Fat Man, que detonó sobre Nagasaki.

Rufus nunca llegó a convertirse en una bomba funcional, pero sí causó dos accidentes letales, por lo que quedó grabado en la historia como “el núcleo del demonio”.

Hiroshima

Getty
La bomba Little Boy causó devastación en Hiroshima.

“Era esencialmente igual al núcleo de Fat Man”, le dice a BBC Mundo Alex Wellerstein, historiador especialista en armas nucleares y autor del blog Nuclear Secrecy.

Eso quiere decir que podría haberse convertido en una bomba con capacidad de generar una explosión de unos 20 kilotones, como ocurrió en Nagasaki.

Según comunicaciones oficiales de EE.UU. citadas en un artículo de Wellerstein, una bomba fabricada a partir de Rufus tendría que haber estado lista para ser lanzada a partir del 17 o 18 de agosto de 1945.

En los primeros días de agosto de 1945, no estaba claro si dos bombas atómicas bastarían para doblegar a Japón, explica Wellerstein.

Solo después de su rendición el 15 de agosto “quedó claro que dos bombas habían sido ‘suficientes’, sino demasiado“, dice el experto.

Así que finalmente no fue necesario utilizar a Rufus.

“¿Qué ocurrió entre el 15 y el 21 de agosto? No lo sé”, escribe Wellerstein, pero lo que sí está documentado es que a partir del 21 de agosto, los investigadores del Laboratorio Los Álamos en Nuevo México, donde se diseñaron las bombas atómicas, comenzaron a utilizar este núcleo de plutonio para experimentos extremadamente peligrosos.

víctima de radiación.

Getty
Los efectos de la radiación pueden resultar letales para los humanos.

Cosquillas a un dragón

En 1945, los únicos núcleos de plutonio que se habían fabricado eran Rufus, Fat Man y el que se colocó en la bomba Gadget, que se utilizó en la prueba Trinity, el primer ensayo de una explosión nuclear que realizó EE.UU.

En Los Álamos, los investigadores querían averiguar cuál era el límite en que el plutonio se volvía supercrítico, es decir, querían saber cuál era el punto en que una reacción en cadena del plutonio desataría una explosión de radiación mortal.

Los Álamos

Getty
Los experimentos con Rufus se realizaron en el Laboratorio Los Álamos.

La idea era encontrar maneras más eficaces de lograr que un núcleo llegara al estado supercrítico y optimizar la carga de la bomba.

Manipular un núcleo de plutonio es una maniobra extremadamente delicada. Por eso los investigadores se referían a esos ejercicios como “hacerle cosquillas a la cola de un dragón”.

“Sabían que si tenían la desgracia de despertar a la bestia furiosa, terminarían quemados”, escribió el periodista Peter Dockrill en un artículo del portal Science Alert.

Según explica Wellerstein, quienes participaban en estos experimentos eran conscientes del riesgo, pero lo hacían porque era una forma de obtener datos valiosos.

Instantes letales

La primera víctima de Rufus fue el físico estadounidense Harry Daghlian, que para entonces tenía 24 años.

Fat Boy

Getty
Rufus serviría para usarse en una bomba de implosión como Fat Man.

Daghlian había trabajado en el Proyecto Manhattan, con el que EE.UU. fabricó sus primeras bombas nucleares.

El 21 de agosto de 1945 Daghlian se dio a la tarea de construir una pila de bloques de carburo de tungsteno alrededor de Rufus.

Su idea era ver si lograba crear un “reflector de neutrones” en los que rebotaran los neutrones lanzados por el núcleo y de esa manera llevarlo de manera más eficiente al punto crítico.

Era de noche y Daghlian estaba trabajando solo, violando los protocolos de seguridad, según lo documenta el portal Atomic Heritage Foundation.

El joven científico ya había apilado varios bloques, pero cuando estaba terminando de colocar el último, su dispositivo de monitoreo le indicó que si lo hacía, el núcleo podría volverse supercrítico.

Era como jugarse la vida en un jenga extremo.

Maniobró para retirar el bloque, pero infortunadamente lo dejó caer sobre el núcleo, que entró en estado supercrítico y generó una ráfaga de neutrones.

Núcleo de plutonio

Los Álamos National Laboratory
Esta es una reproducción del experimento en el que Daghlian apilaba bloques alrededor del núcleo de plutonio.

Además, su reacción fue desbaratar la torre de bloques, así que quedó expuesto a una dosis adicional de radiación gamma.

Esos instantes resultaron letales.

Durante 25 días Daghlian soportó la dolorosa intoxicación radioactiva hasta que finalmente murió en el hospital. Se calcula que recibió una dosis de 510 rem de radiación iónica.

El rem es la unidad de medida de la radiación absorbida por una persona. En promedio, 500 rem resultan mortales para un humano.

“Eso es todo”

Tan solo nueve meses después el dragón volvió a atacar.

El 21 de mayo de 1946 el físico estadounidense Louis Stolin estaba practicando un experimento que había hecho varias veces.

Los Álamos

Los Álamos National Laboratory
Esta es una reproducción de la sala en la que Stolin realizaba su experimento.

Para entonces, Stolin era el mayor experto del mundo en el manejo de cantidades peligrosas de plutonio, según indica Wellerstein.

Junto a un grupo de colegas, estaba mostrando cómo llevar un núcleo de plutonio -Rufus en este caso- al punto supercrítico.

El ejercicio consistía en unir dos mitades de una esfera de berilio, formando un domo en el que los neutrones rebotaran hacia el núcleo.

La clave para no causar un desastre era evitar que las dos medias esferas cubrieran totalmente el núcleo.

Para ello, Stolin utilizaba como separador un destornillador que servía de válvula de escape para los neutrones. De esa manera podía registrar cómo aumentaba la fisión, sin que la reacción en cadena llegara al punto crítico.

Los Álamos

Los Álamos National Laboratory
En medio del domo de berilio estaba el “núcleo del demonio”.

Todo iba bien, pero ocurrió lo único que no debía ocurrir.

A Stolin se le resbaló el destornillador y el domo se cerró por completo.

Fue solo un instante, pero bastó para que el núcleo llegara al punto crítico y liberara una corriente de neutrones que produjeron un intenso brillo azul.

“El flash azul fue claramente visible en toda la sala, a pesar de que estaba bien iluminada”, escribió en un reporte Raemer Schreiber, uno de los físicos que estaba viendo el experimento.

“El flash no duró más de unas décimas de segundo”.

Los Álamos

Los Álamos National Laboratory
Esta es una recreación del experimento en el que Stolin usaba un destornillador para impedir que el núcleo quedara totalmente cubierto.

Stolin reaccionó rápido y destapó el domo, pero ya era tarde: había recibido una dosis letal de radiación.

Nueve meses antes, él mismo había acompañado a su colega Daghlian durante sus últimos días de vida, y tenía claro que un destino similar le esperaba.

“Bueno, eso es todo”, fueron las primeras palabras que dijo, en todo resignado, después de que se le resbalara el destornillador, según lo recuerda Schreiber en su reporte, citado por Dockrill en Science Alert.

Las estimaciones indican que Stolin recibió en su cuerpo 2.100 rem de neutrones, rayos gamma y rayos x.

Su agonía duró nueve días.

En ese periodo sufrió náuseas, dolor abdominal, pérdida de peso y “confusión mental”, según lo describe Wellerstein en un reportaje de la revista The New Yorker.

Finalmente murió a los 35 años en el mismo cuarto del hospital en el que había muerto su colega Daghlian.

Irónicamente, apunta Wellerstein, Stolin estaba haciendo el procedimiento para que sus colegas aprendieran la técnica en caso de que él no estuviera presente.

bomba nuclear

Los Álamos National Laboratory
Las bombas nucleares son las armas más destructivas y mortales que se hayan creado.

El fin de la maldición

Los accidentes de Daghlian y Stolin sirvieron para que se fortalecieran las medidas de seguridad en los procedimientos con material radioactivo.

A partir de entonces, este tipo de ejercicios comenzaron a maniobrarse de manera remota, a una distancia de unos 200 metros entre el personal y el material radioactivo.

“Sus muertes ayudaron a incitar una nueva era de medidas de salud y seguridad”, dice el portal de Atomic Heritage Foundation.

Según los archivos de Los Álamos, el “núcleo del demonio” fue derretido en el verano de 1946 y se utilizó para fabricar una nueva arma.

“En realidad el núcleo del demonio no era demoníaco“, dice Dockrill.

“Si hay una presencia maligna aquí, no es el núcleo, sino el hecho de que los humanos se apresuraron a fabricar estas terribles armas”, sentencia el periodista.


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