Qué tuvo que hacer la familia de Ximena, de 16 años, para recuperar su cuerpo de una fosa común
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Qué tuvo que hacer la familia de Ximena, de 16 años, para recuperar su cuerpo de una fosa común

El Estado de México es una de las entidades más peligrosas para las mujeres y las niñas. La fiscalía estatal investiga al menos 64 casos de feminicidios entre enero y agosto de 2018; organizaciones sociales aseguran que son muchos más. BBC Mundo acompañó a una familia a recuperar el cuerpo de su hija.
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20 de diciembre, 2018
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Era ella. Ximena, de 16 años. Estaba muerta.

Erika casi se desvanece. Lloró amargamente. Fue terrible reconocer a su hija. Así, con su carita de niña, pero con la piel casi pegada a los huesos. Una joven que desbordaba energía, a la que le gustaba bailar y no paraba de sonreír.

Ahora yacía pálida, sin vida.

“Fue horrible verla muerta. Pero a la vez también me dio tranquilidad encontrar su cuerpo. Había pasado largos meses de angustia, sin dormir, sin saber dónde estaba”, explica la madre.

Erika Aranda y su esposo, Juan David Sánchez, consideran que haber recuperado el cuerpo de su hija Ximena es un pequeño logro dentro de la pesadilla que han vivido desde mayo, cuando perdieron el contacto con ella y después supieron que había sido víctima de feminicidio.

Este 12 de diciembre recuperaron su cuerpo, que había sido enterrado en una fosa común en julio.

La familia vive en el Estado de México, uno de los estados con más crímenes contra de las mujeres en todo el país.

La fiscalía del Estado investiga como feminicidios 64 casos que se produjeron entre enero y agosto de 2018. Pero el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una alianza de organizaciones de derechos humanos y de mujeres, asegura que en ese mismo periodo de tiempo fueron asesinadas 400 mujeres. “Como peticionarias de la alerta de género y acompañantes de casos, los revisamos uno por uno y hemos determinado que reúnen características del tipo penal de feminicidio”, explica la directora de la alianza, María de la Luz Estrada. Bajo su criterio, esto incluye: mujeres que fueron brutalmente asesinadas o cuyos cuerpos presentan lesiones inflamantes o signos de violencia sexual, o aquellas que fueron privadas de la libertad o desaparecidas. “Hemos encontrado que la fiscalía solo investiga como feminicidio cuando se tiene como victimario a la pareja”.

El 60% de ellas son jóvenes como Ximena, de menos de 17 años.

Estaba embarazada

Ximena era la mayor de los cinco hijos de la pareja y estudiaba preparatoria. Quería ser enfermera.

Había pasado por una situación difícil con sus padres cuando en el mes de febrero les anunció que se iba a vivir con su novio, varios años mayor.

“Yo no quería que se fuera porque era muy joven, pero tampoco podía detenerla. Me acordaba cuando yo me enamoré, también era chica. Prefería que ella no se fuera de la casa a escondidas”, dice Erika.

La familia vive en Melchor Ocampo y Ximena se fue a vivir a Zumpango, a unos 16 kilómetros y también en el Estado de México.

La última vez que su madre la vio fue el 20 de abril. “Me dijo que estaba embarazada. Le pedí que se hiciera las pruebas médicas porque se había hecho solo unas de farmacia. A mí me parecía que era demasiado pronto para su edad, pero ella se veía feliz y se agarraba la panza”, cuenta entre lágrimas.

Fosa común en el panteón de Zumpango, Estado de México.

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Fosa común en el panteón de Zumpango, donde estaba Ximena.

El último contacto que tuvieron fue cuando la felicitó por el día de la madre, el 10 de mayo.

Después no supieron nada y se preocuparon, pues normalmente se mantenía en contacto.

Cuando fueron a buscarla a Zumpango y encontraron a su novio, él les dijo que se había ido de la casa y ya no sabía de ella.

Entonces comenzó para los padres un calvario para encontrarla.

Intentaron interponer una denuncia en varias ocasiones, pero fue hasta el 16 de julio que lo lograron.

Irregularidades y negligencia

“Nos trataban mal y nos traían a vueltas y vueltas. Nos pedían distintos documentos e información que no teníamos. Otra vez nos dijeron que no tenían sistema. Nos intentaban disuadir de denunciar, que no estaba desaparecida porque se había ido por su voluntad. Una vez incluso me regañaron por ser mala madre”, cuenta Erika.

Lago de Zumpango.

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Cuando fueron a buscarla a Zumpango, el novio de Ximena les dijo que se había ido de la casa.

Un informe oficial del grupo interinstitucional y multidisciplinario para atender a la alerta de violencia de género, a cargo de la Secretaría de Gobernación, reconoce que “existe violencia institucional que perpetúa el contexto de impunidad en estos casos“.

Habla de irregularidades, demora y lentitud en las investigaciones, negligencia en recolección de pruebas, falta de identificación de las víctimas, extravío de pruebas, falta de entendimiento de las agresiones hacia las mujeres, así como omisión y actitud discriminatoria de las autoridades ante las denuncias.

En casi el 40% de los casos las investigaciones no se realizaron correctamente, lo que propicia impunidad, dice el reporte.

Abandonada en una maleta

Sonia Negrete, a cargo del expediente de Ximena en el Ministerio Público, dice que fue el 27 de julio cuando identificaron que Ximena era uno de los cadáveres de la fosa común, aunque los padres dicen que a ellos no les informaron hasta el 10 de septiembre.

Había sido asesinada el 15 de mayo con un golpe en la cabeza y ese mismo día, a las 9 de la noche, la habían abandonado en una maleta en un terreno baldío en Zumpango. Al día siguiente las autoridades habían recuperado el cuerpo.

El asesinato de mujeres es uno de los problemas más graves el Estado de México.

AFP
El asesinato de mujeres es uno de los problemas más graves en el Estado de México.

Negrete dice que se siguió el protocolo: se giraron oficios a las diferentes dependencias del gobierno diciendo que se había encontrado un cuerpo con ciertas características.

Si no hay un familiar que lo busque o lo reconozca, el cuerpo es llevado después de un tiempo a la fosa común.

“Como no se reconoció en su debido tiempo y forma, el cadáver de Ximena fue inhumado la primera semana de julio”, dice.

Asegura que depende de la capacidad de las morgues cuánto tiempo se pueden guardar los cuerpos sin identificar.

Sus padres pidieron poder recuperar el cuerpo, pero aseguran que en una de las dependencias del Ministerio Público del Estado de México les dijeron que un juez les había negado la exhumación.

Investigación a cargo de la familia

Fue entonces cuando recurrieron a Frida Guerrera, una periodista y activista que les ayudó a hacer los trámites.

“Son las familias las que se tienen que poner a investigar y buscar a defensores y activistas para que se hagan las cosas bien. Es la única forma de que haya justicia. Las autoridades no tienen sensibilidad y su actitud es prepotente”, dice Guerrera.

En el caso de Ximena asegura que hubo error tras error: no quisieron levantar la denuncia de desaparición y cuando lo hicieron no tenía ficha de búsqueda. Cuando finalmente les dieron ficha, ya estaba en la fosa común.

La activista Frida Guerrera consuela a una familiar de Ximena.

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La activista Frida Guerrera consuela a una familiar de Ximena.

María de la Luz Estrada afirma que la búsqueda de una persona desparecida debe empezar en cuanto una familia alerta que ha desaparecido, sobre todo cuando es menor de edad.

“Es común que los manden a esperar 72 horas antes de levantar una denuncia, y eso es violatorio del protocolo. Esas horas son vitales y es cuando se puede evitar muertes o recuperar a la persona”, asegura. Dice que no se necesita más que una identificación del denunciante.

El que no se identifique a los cuerpos con las familias que los buscan es muy común, “un problema estructural”, explica Lydiette Carrión, autora del libro “La fosa de agua”, sobre desapariciones y feminicidios.

Dice que hay problemas graves: casos en los que los cuerpos no se identificaron por años, incluso cuando habían sido encontrados a escasos metros de sus casas.

“Si te pasas años buscando a tu hija cuando ya la habían encontrado, es un drama terrible. Además del infierno que vive, la familia se empobrece brutalmente buscándolas. También las pistas para encontrar a los responsables se enfrían. El sistema sirve para perpetrar la impunidad“, dice.

Un féretro blanco para Ximena

El día de la exhumación del cuerpo, los padres no podían contener su llanto.

Unos forenses cavaron en una de las dos fosas comunes, cada una con siete cuerpos.

En uno de ellos había el cuerpo de otra joven de entre 14 y 16 años con un tatuaje de una flor en la cadera. “Su mamá debe estar buscándola y pasando por lo mismo que cuando yo buscaba a mi niña”, dijo Erika en voz baja.

Sacaron tres ataúdes que estaban enterrados uno tras otro. El cuarto era el de Ximena.

Después de que los padres la reconocieron, la pusieron en el féretro blanco que habían traído para ella.

memorial improvisado

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Un altar improvisado en Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más peligrosos para las mujeres.

Los padres y la familia fueron en una procesión de Zumpango hasta Melchor Ocampo. Ahí la enterraron. Su tumba quedó cubierta de flores blancas.

Ahora, tras recuperar su cuerpo, su esperanza es poder recibir justicia.

“Nuestra hija ya está con nosotros. Ahora, queremos saber quién la mató y que esa persona pague su delito”, dice el padre.

Por ahora, las investigaciones están en curso y no han trascendido detalles.

Al panteón de Zumpango, de donde exhumaron el cuerpo de Ximena, llegó Citlali, la madre de una joven de 18 años que fue víctima de feminicidio justo un año antes. Venía a ver su tumba.

“Dentro de este infierno, las madres que sabemos dónde están enterradas nuestras hijas podemos considerarnos afortunadas. Hay muchas que ni eso tienen”, dice.

Según datos de la fiscalía del Estado de México, de las 2.337 mujeres y niñas que se reportaron desaparecidas en el Estado de México entre enero y agosto de este año, 1.700 fueron localizadas vivas y 27 muertas. De 610 de ellas no se sabe su paradero.

Y según datos de los defensores de derechos humanos, podrían ser más.


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Cuartoscuro

Desde la cárcel, Lozoya insiste en que repartió dinero y no se quedó con un solo peso; pide que lo dejen libre

En una nueva declaración, sin aportar nuevas pruebas, el exdirector de Pemex vuelve a señalar a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray como quienes le ordenaron la entrega de sobornos a varios políticos. Mientras, sigue en curso su negociación con Pemex para poder quedar en libertad.
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Desde el Reclusorio Norte, donde ya cumplió seis meses preso, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, declaró nuevamente que durante el sexenio pasado repartió sobornos para que se aprobara la reforma energética, pero insiste en negar que se haya quedado con un peso. Sin aportar nuevas pruebas, repitió que el exsecretario Luis Videgaray y el expresidente Enrique Peña Nieto fueron los responsables de todo, al igual que el exdiputado Ricardo Anaya, a quien “le encantaba el dinero”.

Es la quinta declaración que Lozoya rinde ante la FGR por estos hechos, aunque es la primera vez que lo hace estando preso. En el testimonio de tres cuartillas, del que Animal Político tiene copia, el exfuncionario reconoce que tomó dinero de varios lados para pagar los supuestos sobornos, y dice haber vivido “amenazado, presionado y extorsionado”.

El nuevo testimonio forma parte de la negociación con la que los abogados de Lozoya buscan que lo dejen libre. Pretenden que, a cambio de estas declaraciones y la entrega de varios millones de dólares, Pemex, la UIF y la FGR se desistan de los procesos en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Aunque el juez había pedido que la decisión se tomara en la última semana de abril, el diálogo se ha demorado.

La declaración del exdirector de Pemex está asentada en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, que la FGR abrió para indagar los presuntos sobornos para la aprobación de la reforma energética. Por esta indagatoria se encuentra en prisión preventiva el exsenador Jorge Luis Lavalle y se ha procedido penalmente en contra de Anaya, excandidato presidencial y exdirigente del PAN.

En este testimonio, al igual que ya había ocurrido en uno anterior, Lozoya modifica la versión original donde señalaba que, con el dinero de la constructora Odebrecht, se habían pagado los sobornos de la reforma energética, y ahora señala que el dinero se tomó de diversos lados, entre ellos, el presupuesto de Pemex. Dice que lo hizo porque no le quedaba otra opción.

“Durante todo ese tiempo yo estaba sujeto a mucha presión. Por un lado, Luis Videgaray Caso me indicaba que era una instrucción directa del presidente, Enrique Peña Nieto, hacer todo lo necesario para materializar la reforma energética y las leyes secundarias, mientras que por otra parte los legisladores, como es el caso de Ricardo Anaya Cortés, me exigían más dinero con amenazas como las que ya he referido”, afirma Lozoya.

El exfuncionario sostiene, sin aportar algún elemento nuevo, que Videgaray le entregaba dinero a Anaya “del presupuesto”. En otra parte del testimonio, sostiene que Peña Nieto le indicó que al panista se le estaban proporcionando recursos vía “moches en la Cámara de Diputados”, pero que además era necesario darle dinero directamente de los recursos de Pemex.

Según Lozoya, tanto el expresidente Peña como su exsecretario de Hacienda tenían claro que a Anaya había que entregarle recursos por separado no solo porque “le encantaba el dinero”, sino porque “se llevaba pésimo” con otros senadores del PAN y, por tanto, había que convencerlo por separado.

“Yo fui presionado, extorsionado y acusado de corruptelas, cuando ellos fueron quienes lo pactaron, quienes se beneficiaron y quienes operaron… yo no tuve beneficio económico alguno de dichos movimientos pues los beneficiarios finales fueron las personas a las que he señalado desde un inicio”, indica.

A lo largo de esta declaración, el exdirector de Pemex no hace mención alguna de que los recursos entregados a Anaya provinieran de Odebrecht, como tampoco lo hizo en un testimonio brindado el año pasado. Sin embargo, previamente y hasta en cuatro ocasiones, Lozoya había sostenido que el dinero de los sobornos había provenido de esa constructora brasileña.

De hecho, en su momento, la FGR intentó proceder penalmente en contra de Videgaray, acusándolo de traición a la patria bajo la hipótesis de que se había usado dinero extranjero (proveniente de la constructora) para impulsar la aprobación de una reforma estructural que supuestamente fue dañina para el país. Sin embargo, el juez que recibió el caso rechazó conceder una orden de aprehensión por estos hechos tras considerar que le hacía falta sustento.

En enero pasado, la FGR presentó una acusación formal en contra de Lozoya relacionada con la indagatoria iniciada desde 2017 por el caso Odebrecht, donde lo señala de haberse beneficiado de los sobornos pagados por la empresa brasileña. Sin embargo, de forma paralela, la misma fiscalía mantiene abierta la indagatoria paralela construida a partir de las denuncias del propio Lozoya.

Compleja negociación

El pasado 11 de abril, los abogados de Lozoya y los representantes de Pemex, la UIF y la FGR solicitaron al juez federal una audiencia para plantear un posible acuerdo que le permitiría al exfuncionario federal recuperar su libertad, tras el pago de poco más de 200 millones de pesos. Pero, tras la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que le parecía poco lo ofrecido por Lozoya, el acuerdo se suspendió.

Originalmente, las partes habían prometido al juez que en la semana del 22 al 26 de abril le anunciarían el resultado de las negociaciones, pero dicho periodo concluyó sin que se alcanzara un acuerdo. Según autoridades ministeriales, son los abogados de Pemex y los de Lozoya los que no han logrado coincidir.

Lo que Lozoya busca a través de sus defensores es que se suspendan los dos procedimientos penales iniciados en su contra por los sobornos que, según la fiscalía, recibió tanto de la empresa Altos Hornos de México como de Odebrecht. En el caso de Altos Hornos, pretende sellar un acuerdo reparatorio a través de la entrega de recursos económicos, como ya lo hizo el dueño de esa empresa, Alonso Ancira.

Mientras tanto, en el caso Odebrecht, lo que el exfuncionario busca es un criterio de oportunidad. Se trata de un beneficio legal para aquellos delincuentes que colaboren aportando información de delitos más graves o complejos que en los que hayan participado. El efecto sería la suspensión temporal del proceso mientras se verifica si la información que apuntó resulta eficaz para el esclarecimiento de estos delitos.

La FGR ya ha manifestado que estaría de acuerdo con la concesión de dicho criterio de oportunidad, siempre y cuando se cumpla con el requisito de reparar el daño como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. El monto de dicha reparación tiene que ser avalado tanto por Pemex como por la UIF.

Algunos especialistas y organizaciones civiles como TOJIL han expresado públicamente su desacuerdo con la concesión de un posible acuerdo. Consideran que es improcedente, dado que se trata de hechos relacionados con una grave trama de corrupción.

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