Qué tuvo que hacer la familia de Ximena, de 16 años, para recuperar su cuerpo de una fosa común
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Qué tuvo que hacer la familia de Ximena, de 16 años, para recuperar su cuerpo de una fosa común

El Estado de México es una de las entidades más peligrosas para las mujeres y las niñas. La fiscalía estatal investiga al menos 64 casos de feminicidios entre enero y agosto de 2018; organizaciones sociales aseguran que son muchos más. BBC Mundo acompañó a una familia a recuperar el cuerpo de su hija.
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20 de diciembre, 2018
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Era ella. Ximena, de 16 años. Estaba muerta.

Erika casi se desvanece. Lloró amargamente. Fue terrible reconocer a su hija. Así, con su carita de niña, pero con la piel casi pegada a los huesos. Una joven que desbordaba energía, a la que le gustaba bailar y no paraba de sonreír.

Ahora yacía pálida, sin vida.

“Fue horrible verla muerta. Pero a la vez también me dio tranquilidad encontrar su cuerpo. Había pasado largos meses de angustia, sin dormir, sin saber dónde estaba”, explica la madre.

Erika Aranda y su esposo, Juan David Sánchez, consideran que haber recuperado el cuerpo de su hija Ximena es un pequeño logro dentro de la pesadilla que han vivido desde mayo, cuando perdieron el contacto con ella y después supieron que había sido víctima de feminicidio.

Este 12 de diciembre recuperaron su cuerpo, que había sido enterrado en una fosa común en julio.

La familia vive en el Estado de México, uno de los estados con más crímenes contra de las mujeres en todo el país.

La fiscalía del Estado investiga como feminicidios 64 casos que se produjeron entre enero y agosto de 2018. Pero el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una alianza de organizaciones de derechos humanos y de mujeres, asegura que en ese mismo periodo de tiempo fueron asesinadas 400 mujeres. “Como peticionarias de la alerta de género y acompañantes de casos, los revisamos uno por uno y hemos determinado que reúnen características del tipo penal de feminicidio”, explica la directora de la alianza, María de la Luz Estrada. Bajo su criterio, esto incluye: mujeres que fueron brutalmente asesinadas o cuyos cuerpos presentan lesiones inflamantes o signos de violencia sexual, o aquellas que fueron privadas de la libertad o desaparecidas. “Hemos encontrado que la fiscalía solo investiga como feminicidio cuando se tiene como victimario a la pareja”.

El 60% de ellas son jóvenes como Ximena, de menos de 17 años.

Estaba embarazada

Ximena era la mayor de los cinco hijos de la pareja y estudiaba preparatoria. Quería ser enfermera.

Había pasado por una situación difícil con sus padres cuando en el mes de febrero les anunció que se iba a vivir con su novio, varios años mayor.

“Yo no quería que se fuera porque era muy joven, pero tampoco podía detenerla. Me acordaba cuando yo me enamoré, también era chica. Prefería que ella no se fuera de la casa a escondidas”, dice Erika.

La familia vive en Melchor Ocampo y Ximena se fue a vivir a Zumpango, a unos 16 kilómetros y también en el Estado de México.

La última vez que su madre la vio fue el 20 de abril. “Me dijo que estaba embarazada. Le pedí que se hiciera las pruebas médicas porque se había hecho solo unas de farmacia. A mí me parecía que era demasiado pronto para su edad, pero ella se veía feliz y se agarraba la panza”, cuenta entre lágrimas.

Fosa común en el panteón de Zumpango, Estado de México.

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Fosa común en el panteón de Zumpango, donde estaba Ximena.

El último contacto que tuvieron fue cuando la felicitó por el día de la madre, el 10 de mayo.

Después no supieron nada y se preocuparon, pues normalmente se mantenía en contacto.

Cuando fueron a buscarla a Zumpango y encontraron a su novio, él les dijo que se había ido de la casa y ya no sabía de ella.

Entonces comenzó para los padres un calvario para encontrarla.

Intentaron interponer una denuncia en varias ocasiones, pero fue hasta el 16 de julio que lo lograron.

Irregularidades y negligencia

“Nos trataban mal y nos traían a vueltas y vueltas. Nos pedían distintos documentos e información que no teníamos. Otra vez nos dijeron que no tenían sistema. Nos intentaban disuadir de denunciar, que no estaba desaparecida porque se había ido por su voluntad. Una vez incluso me regañaron por ser mala madre”, cuenta Erika.

Lago de Zumpango.

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Cuando fueron a buscarla a Zumpango, el novio de Ximena les dijo que se había ido de la casa.

Un informe oficial del grupo interinstitucional y multidisciplinario para atender a la alerta de violencia de género, a cargo de la Secretaría de Gobernación, reconoce que “existe violencia institucional que perpetúa el contexto de impunidad en estos casos“.

Habla de irregularidades, demora y lentitud en las investigaciones, negligencia en recolección de pruebas, falta de identificación de las víctimas, extravío de pruebas, falta de entendimiento de las agresiones hacia las mujeres, así como omisión y actitud discriminatoria de las autoridades ante las denuncias.

En casi el 40% de los casos las investigaciones no se realizaron correctamente, lo que propicia impunidad, dice el reporte.

Abandonada en una maleta

Sonia Negrete, a cargo del expediente de Ximena en el Ministerio Público, dice que fue el 27 de julio cuando identificaron que Ximena era uno de los cadáveres de la fosa común, aunque los padres dicen que a ellos no les informaron hasta el 10 de septiembre.

Había sido asesinada el 15 de mayo con un golpe en la cabeza y ese mismo día, a las 9 de la noche, la habían abandonado en una maleta en un terreno baldío en Zumpango. Al día siguiente las autoridades habían recuperado el cuerpo.

El asesinato de mujeres es uno de los problemas más graves el Estado de México.

AFP
El asesinato de mujeres es uno de los problemas más graves en el Estado de México.

Negrete dice que se siguió el protocolo: se giraron oficios a las diferentes dependencias del gobierno diciendo que se había encontrado un cuerpo con ciertas características.

Si no hay un familiar que lo busque o lo reconozca, el cuerpo es llevado después de un tiempo a la fosa común.

“Como no se reconoció en su debido tiempo y forma, el cadáver de Ximena fue inhumado la primera semana de julio”, dice.

Asegura que depende de la capacidad de las morgues cuánto tiempo se pueden guardar los cuerpos sin identificar.

Sus padres pidieron poder recuperar el cuerpo, pero aseguran que en una de las dependencias del Ministerio Público del Estado de México les dijeron que un juez les había negado la exhumación.

Investigación a cargo de la familia

Fue entonces cuando recurrieron a Frida Guerrera, una periodista y activista que les ayudó a hacer los trámites.

“Son las familias las que se tienen que poner a investigar y buscar a defensores y activistas para que se hagan las cosas bien. Es la única forma de que haya justicia. Las autoridades no tienen sensibilidad y su actitud es prepotente”, dice Guerrera.

En el caso de Ximena asegura que hubo error tras error: no quisieron levantar la denuncia de desaparición y cuando lo hicieron no tenía ficha de búsqueda. Cuando finalmente les dieron ficha, ya estaba en la fosa común.

La activista Frida Guerrera consuela a una familiar de Ximena.

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La activista Frida Guerrera consuela a una familiar de Ximena.

María de la Luz Estrada afirma que la búsqueda de una persona desparecida debe empezar en cuanto una familia alerta que ha desaparecido, sobre todo cuando es menor de edad.

“Es común que los manden a esperar 72 horas antes de levantar una denuncia, y eso es violatorio del protocolo. Esas horas son vitales y es cuando se puede evitar muertes o recuperar a la persona”, asegura. Dice que no se necesita más que una identificación del denunciante.

El que no se identifique a los cuerpos con las familias que los buscan es muy común, “un problema estructural”, explica Lydiette Carrión, autora del libro “La fosa de agua”, sobre desapariciones y feminicidios.

Dice que hay problemas graves: casos en los que los cuerpos no se identificaron por años, incluso cuando habían sido encontrados a escasos metros de sus casas.

“Si te pasas años buscando a tu hija cuando ya la habían encontrado, es un drama terrible. Además del infierno que vive, la familia se empobrece brutalmente buscándolas. También las pistas para encontrar a los responsables se enfrían. El sistema sirve para perpetrar la impunidad“, dice.

Un féretro blanco para Ximena

El día de la exhumación del cuerpo, los padres no podían contener su llanto.

Unos forenses cavaron en una de las dos fosas comunes, cada una con siete cuerpos.

En uno de ellos había el cuerpo de otra joven de entre 14 y 16 años con un tatuaje de una flor en la cadera. “Su mamá debe estar buscándola y pasando por lo mismo que cuando yo buscaba a mi niña”, dijo Erika en voz baja.

Sacaron tres ataúdes que estaban enterrados uno tras otro. El cuarto era el de Ximena.

Después de que los padres la reconocieron, la pusieron en el féretro blanco que habían traído para ella.

memorial improvisado

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Un altar improvisado en Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más peligrosos para las mujeres.

Los padres y la familia fueron en una procesión de Zumpango hasta Melchor Ocampo. Ahí la enterraron. Su tumba quedó cubierta de flores blancas.

Ahora, tras recuperar su cuerpo, su esperanza es poder recibir justicia.

“Nuestra hija ya está con nosotros. Ahora, queremos saber quién la mató y que esa persona pague su delito”, dice el padre.

Por ahora, las investigaciones están en curso y no han trascendido detalles.

Al panteón de Zumpango, de donde exhumaron el cuerpo de Ximena, llegó Citlali, la madre de una joven de 18 años que fue víctima de feminicidio justo un año antes. Venía a ver su tumba.

“Dentro de este infierno, las madres que sabemos dónde están enterradas nuestras hijas podemos considerarnos afortunadas. Hay muchas que ni eso tienen”, dice.

Según datos de la fiscalía del Estado de México, de las 2.337 mujeres y niñas que se reportaron desaparecidas en el Estado de México entre enero y agosto de este año, 1.700 fueron localizadas vivas y 27 muertas. De 610 de ellas no se sabe su paradero.

Y según datos de los defensores de derechos humanos, podrían ser más.


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Cuartoscuro

Gobiernos estatales y SNTE pagaron 79.6 mdp a Juan Collado por servicios inexistentes

Este caso es paralelo al que se le sigue a Collado a nivel federal. La Fiscalía de Chihuahua es la única autoridad estatal que judicializó una investigación contra el litigante por las contrataciones amañadas para desviar fondos públicos.
Cuartoscuro
13 de octubre, 2021
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En el sexenio pasado, cuatro gobiernos estatales, en su mayoría priistas, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hicieron pagos por casi 80 millones de pesos al abogado Juan Collado por supuestas asesorías jurídicas de las que no existen contratos ni evidencia de que se hayan realizado, por lo que autoridades ministeriales locales presumen que se trató de un desvío de recursos públicos.

De acuerdo con documentación fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la que Animal Político tuvo acceso, entre 2013 y 2016 los gobiernos de Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Aguascalientes, así como el sindicato magisterial, depositaron 79 millones 685 mil 670 pesos a cuentas de Collado, quien desde 2019 se encuentra detenido en el Reclusorio Norte acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

A través del Sistema Nacional de Transparencia, este medio envió solicitudes de información a varias instituciones de dichos estados y al SNTE para pedirles los contratos que ampararan los pagos millonarios hechos con recursos públicos, pero todos los sujetos obligados respondieron que no contaban con esa documentación. En las solicitudes se pidió información de contrataciones a favor tanto de Collado como de su despacho, Collado y Asociados SC, y de su financiera, Caja Libertad (oficialmente llamada Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V.).

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió en 2020 una carpeta de investigación en contra del abogado y consiguió que fuera vinculado a proceso en esa entidad por el delito de peculado. De acuerdo con la denuncia, Collado recibió depósitos por 13 millones 780 mil pesos del gobierno del priista César Duarte en 2013 y 2014. Esta información fue corroborada con la documentación fiscal del SAT.

Este caso es paralelo al que se le sigue a Collado a nivel federal. La FGE de Chihuahua es la única autoridad ministerial estatal que judicializó una investigación contra el litigante por las contrataciones amañadas para desviar fondos públicos en contubernio con gobiernos estatales, principalmente del PRI.

El mayor año de los presuntos desvíos fue 2014, cuando se malversaron 42.4 millones de pesos; en 2013 el desvío fue de 22.5 millones; en 2015, de 10.4 millones, y en 2016, de 4.1 millones.

El mal ejercicio de fondos públicos estatales ocurrió en las administraciones de los priistas César Duarte, en Chihuahua; Rodrigo Medina, en Nuevo León; Carlos Lozano de la Torre, en Aguascalientes, y Mario López Valdez, en Sinaloa (este último renunció en 2010 a su militancia en el PRI para poder ser gobernador por la alianza del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano). En el caso del SNTE, el dirigente nacional era Juan Díaz de la Torre, quien colaboró estrechamente con la administración peñista en la implementación de la reforma educativa. 

El abogado Juan Ramón Collado Mocelo tiene fuertes vínculos con políticos priistas y personajes acusados de corrupción. Fungió como defensor de Enrique Peña Nieto en su proceso de divorcio de la actriz Angélica Rivera. También fue representante legal de Raúl Salinas de Gortari cuando fue acusado del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Lo mismo defendió al exgobernador priista de Quintana Roo Mario Villanueva —acusado de lavado de dinero y narcotráfico—que al empresario Carlos Ahumada, ejecutor de los videoescándalos de René Bejarano.

A raíz de una investigación de la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero, Collado fue detenido en julio de 2019 mientras departía en un restaurante de la Ciudad de México con Carlos Romero Deschamps, entonces dirigente del sindicato de Pemex y amigo personal del abogado.

La investigación en Chihuahua 

El 30 de agosto de 2020, Collado se encontraba privado de la libertad en el Reclusorio Norte cuando se le cumplimentó una orden de aprehensión girada por un juez de Chihuahua por un peculado de 13.7 millones de pesos, como parte de la causa penal 778/2020.

De acuerdo con el expediente abierto por la Fiscalía estatal durante el sexenio del panista Javier Corral, al que tuvo acceso este medio, la administración de César Duarte, a través de la Secretaría de Hacienda, simuló la contratación de Collado para supuestas asesorías en materia de deuda pública, derechos humanos, fideicomisos y controversias constitucionales, entre otros servicios. 

Para ello, funcionarios públicos habrían confeccionado documentación ad hoc para justificar los pagos millonarios. No obstante, la FGE halló irregularidades administrativas en el papeleo y ausencia de comprobantes de la prestación de servicios, y obtuvo el testimonio de exfuncionarios que colaboraron en la simulación, confirmaron fuentes de la Fiscalía.

“Diversos servidores públicos y personas externas, repartiéndose roles y actividades, del mes de enero de 2013 al mes de marzo de 2014, concertaron y efectuaron la distracción de $13,780,000.00 del erario, destinado a fines públicos. Para lo cual, simularon la realización de un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales de asesoría jurídica con el imputado (…) que nunca fueron prestados, fingiendo para ello el contrato y un convenio modificatorio con sus respectivos pagos y facturación, además de documentación, a efecto de integrar un expediente como proveedor, efectuándose los pagos mediante transferencias bancarias desde cuentas de la Secretaría de Hacienda a la del imputado”, dice el expediente de la FGE.

“En particular (Juan Collado) fue el encargado de concertar el desvío del recurso en cuestión, de aportar su despacho jurídico para fingir la prestación del servicio profesional, de facilitar el material de facturación y documentos personales a fin de integrar un expediente como proveedor, así como de operar el trámite administrativo de contratación simulada con los funcionarios involucrados, y posteriormente, recibir el dinero público desviado”.

Según la indagatoria, el gobierno de Chihuahua transfirió a Collado los 13.7 millones de pesos en cinco depósitos efectuados el 26 de julio, el 25 de octubre, el 24 de diciembre y el 30 de diciembre de 2013, y el 26 de marzo de 2014.

Una fuente de la FGE señaló a Animal Político que la simulación de contratos de servicios personales fue el mismo mecanismo utilizado en la “Operación Safiro”, mediante la que fueron desviados 246 millones de pesos de fondos federales a través de la Secretaría de Educación de Chihuahua del gobierno de Duarte para financiar campañas del PRI.

Al indagar las transferencias a Collado, los fiscales de Chihuahua encontraron que más autoridades le hicieron depósitos presuntamente usando el mismo tipo de contratos amañados. 

“La utilización de servicios profesionales era la forma más utilizada para distraer recursos, porque era la que mayores facilidades les daba a la hora de justificar una adjudicación directa”, afirmó la fuente.

Los otros desvíos

El gobierno de Rodrigo Medina en Nuevo León es el que más recursos públicos transfirió a cuentas de Collado por servicios sin comprobar.

De acuerdo con la documentación fiscal del SAT consultada por este medio, la administración estatal pagó al abogado 42 millones 860 mil pesos: 8.5 millones en 2013 y 33.3 millones en 2014.

La cifra pagada por la administración del priista Medina representa más de la mitad del total de los desvíos efectuados a las cuentas del abogado, conforme los registros fiscales del SAT.

Animal Político envió solicitudes de información a seis dependencias de Nuevo León para solicitar los contratos o convenios celebrados con Collado que justificaran los pagos realizados.

Todas las dependencias estatales refirieron a la Secretaría de Administración, que funge como una Oficialía Mayor que centraliza las compras de todo el gobierno. Esa institución respondió, a su vez, que no tenía entre sus archivos registro de contrato alguno con Collado, su despacho o su financiera.

Por su parte, el gobierno de Aguascalientes, con el priista Carlos Lozano de la Torre como mandatario, transfirió 9 millones de pesos a las cuentas del abogado: 2 millones en 2013 a través de la Secretaría de Finanzas y 7 millones a través del Instituto de Educación de Aguascalientes en 2014 y 2015.

Ninguna de estas dos instituciones proporcionó los contratos que justificaran esos pagos. Únicamente el Instituto de Educación proporcionó la copia de un convenio de colaboración celebrado con Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. (Caja Libertad) en 2019, es decir, en una administración diferente a la de Lozano de la Torre, que es la que efectuó los depósitos a Collado. 

Dicho convenio fue para que Caja Libertad otorgara créditos a los trabajadores de la educación. El convenio no generó un costo para el gobierno estatal, pues la empresa de Collado se beneficiaría de los intereses cobrados a los deudores mediante descuentos vía nómina.

El gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa pagó 1.5 millones de pesos a Collado. Este medio envió solicitudes de información a cuatro instituciones estatales y ninguna reconoció tener contratos que respaldaron las transferencias de recursos públicos al abogado.

Por último, el SNTE le hizo depósitos por 12 millones 545 mil 670 pesos en tres años, según la documentación fiscal del SAT. El sindicato que dirigía Juan Díaz de la Torre pagó a Collado 1.2 millones de pesos en 2014, 7 millones 90 mil pesos en 2015 y 4.1 millones de pesos en 2016.

En respuesta a una solicitud de información, la organización sindical precisó que no halló contratos que hubieran sido cubiertos con recursos públicos, pero dejó abierta la posibilidad de que existieran pagos de servicios efectuados con cargo a las cuotas de los trabajadores, las cuales “no son susceptibles de ser informadas”, indicó.

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