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Cuartoscuro Archivo

Comunidades indígenas de Oaxaca exigen la prohibición total de la minería en el estado

Indígenas de 52 comunidades realizaron un juicio popular contra el Estado para exigir que se cancelen de manera definitiva las 322 concesiones de mineras existentes en la entidad, pues ponen en riesgo el territorio y los bienes naturales.
Cuartoscuro Archivo
10 de diciembre, 2018
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En octubre pasado se llevó a cabo un juicio popular contra el Estado y las empresas mineras que han violado los derechos de los pueblos originarios e impactado el medio ambiente en Oaxaca.

Los pueblos indígenas exigen en el dictamen emitido durante el Juicio Popular una moratoria a nivel estatal que prohíba la actividad minera en todo el territorio del estado; la cancelación definitiva de las 322 concesiones existentes, así como de los 41 proyectos mineros vigentes en la entidad.

Las empresas juzgadas por los indígenas, los pasados 11 y 12 de octubre fueron: Altos Hornos de México, Fortuna Silver Mines, Comisión Federal de Electricidad, entre otras.

También demandaron a una serie de autoridades, principalmente a los visitadores de la Procuraduría Agraria (por el acoso a los pobladores); las secretarías de Economía, Medio Ambiente y Gobernación; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y diversas autoridades locales, por otorgar permisos de explotación que ponen en riesgo el territorio y los bienes naturales, especialmente el agua, recurso del que las mineras usan hasta un millón y medio de litros diarios, según el informe.

Los indígenas, integrantes de 52 comunidades oaxaqueñas integradas por 16 grupos culturales, también realizaron una serie de asambleas durante un año.

En dichas asambleas documentaron las principales afectaciones provocadas por los proyectos mineros, que van desde explotación laboral en condiciones paupérrimas, desaparición de manantiales, discriminación, desaparición de lenguas maternas, enfermedades pulmonares de trabajadores, contaminación en los principales ríos y arroyos, polarización social y división del tejido comunitario, entre las más importantes.

Un informe de la organización internacional Oxfam da cuenta de 22 casos en que las concesiones mineras otorgadas por los gobiernos locales y federal han impactado el medio ambiente, la vida comunitaria e incluso han cobrado vidas en los pueblos ubicados en los valles centrales, principalmente zapotecos.

El caso más reciente y que sirvió como punta de lanza para la realización del juicio popular son las concesiones vigentes en el municipio San José del Progreso, algunas de las cuales vencen hasta el año 2052 y fueron otorgadas por la Secretaría de Economía sin consulta previa a las comunidades, según el informe.

El proyecto “San José”, operado por la empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense ‘Fortuna Silver Mines’, ha dejado un saldo de cuatro asesinatos derivados del conflicto minero entre 2009 y 2012, además de ocho personas heridas por arma de fuego en ese mismo periodo y el constante uso de grupos armados para hostigar a los defensores de la tierra, advierte el reporte.

También hay afectaciones a la salud y la seguridad de la población: explosiones, derrames en la presa; la emisión constante de un polvo fino proveniente de una planta trituradora de rocas y disminución del agua potable. “La gente está preocupada por lo que está respirando. Nunca se hizo una consulta pero la comunidad se da cuenta que la mina ha empezado a operar porque baja el nivel de los pozos.

El proyecto entró sin un proceso previo de consentimiento informado y su efecto concreto y más tangible es la división comunitaria que se genera porque no hay un proceso de aceptación de la mina; algunos dicen que sí, otros que no, la mina se va con los que dicen que sí dejando fuera a los otros y todo el proceso es sumamente turbio”, explicó a Animal Político el coordinador de Proyectos de industrias extractivas y derechos humanos de Oxfam México, Roberto Stefani.

Y el supuesto beneficio económico y de desarrollo en la región no ha llegado a sus habitantes, quienes sólo han recibido una ínfima parte de las ganancias generadas por la explotación de sus tierras: el proyecto San José, por ejemplo, dejó en 2014 dos mil 124 millones de pesos, de los cuales la empresa solo pagó el 2% a las comunidades. El empleo prometido por los proyectos que llevan “progreso” a esos pueblos tampoco se ha visto reflejado: el proyecto mencionado solo emplea el 5.3% de la población total municipal, según el reporte.

En los últimos 30 años gobiernos estatales y federales han otorgado concesiones a empresas nacionales y extranjeras sin consultarlos, situación que se agravó en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña; por lo que decidieron seguir el ejemplo de otros pueblos latinoamericanos que sufrían la misma problemática y realizaron el primer juicio popular contra el Estado y las empresas que extraen plata y oro, principalmente.

Desapariciones, amenazas, ecosistemas rotos

El 7 de octubre de 2018 se registró un desbordamiento de los jales del proyecto minero “San José” que afectó directamente al río El Coyote en la comunidad de Magdalena Ocotlán. Un letrero advierte a la población que no consuma agua del pozo de la comunidad porque se encuentra cerca de este río. Desde entonces, las personas no han podido usar el pozo, que es el principal del municipio, según Roberto Stefani.

En la comunidad de Silacayoapilla, de habitantes principalmente mixtecos, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) demanda en el Juicio Comunitario a la minera Autlán por la desaparición de Sergio Rivera Hernández, uno de sus miembros, desde agosto pasado en el estado de Puebla.

En la comunidad La Ventosa, del municipio de Juchitán, la Cooperativa Cruz Azul tiene dos concesiones vigentes. “En conjunto con sus operadores, comenzó a dividir a los campesinos vecinos del cerro del Eustaquio, negociando y ofreciendo dinero. Varios defensores han sido amenazados de muerte y tienen temor por sufrir alguna agresión directa”, refieren los testimonios citados en el informe.

Esa comunidad denuncia también el impacto ambiental: cada día se puede observar una gran cantidad aves y murciélagos muertos que son golpeados por las aspas eólicas, lo que ha disminuido la presencia de aves en la zona y provoca la falta de polinización de árboles frutales, flores y cultivos; las bases de los aerogeneradores en la etapa de construcción han provocado sequía con sus excavaciones profundas que han roto las venas del manto freático, desviándolas o secándolas por completo.

El efecto de estos daños no sólo es ambiental sino social: la población migra en búsqueda de trabajo y abandona el campo, también porque los terrenos que rentan las empresas se vuelven propiedad privada durante la vigencia del contrato, limitando el acceso a los trabajadores de la empresa. “Los campesinos no pueden trabajar más su tierra, ni pastar a los animales o si quiera ir a recoger leña o plantas medicinales, los caminos son vigilados por seguridad privada que colocan plumas de peaje para obstruir el libre tránsito de los pobladores”, puntualiza el reporte.

Otro caso que generó demandas es el de Santiago Niltepec, donde las concesiones mineras amenazan el río del mismo nombre y todo el sistema de arroyos que desembocan en éste y que a su vez terminan en el Sistema Lagunar Ikoots. Esto amenaza la soberanía alimentaria en la región, ya que al contaminarse las lagunas se anula una de las principales fuentes de alimento para los habitantes del Istmo, que son los productos marinos. “Un fuerte factor que facilita la llegada de los proyectos mineros es la presencia de caciques vinculados históricamente con las élites priistas del estado de Oaxaca, así como las redes de corrupción que se han tejido en torno al control de los gobiernos locales”, argumenta la demanda presentada por la Asamblea Popular del Pueblo de Niltepec.

Stefani asegura que en México ningún proceso minero ha tenido una consulta previa a los pueblos, como mandatan los tratados internacionales de Naciones Unidasfirmados por México. “Todas las consultas son sobre cosas que ya están en marcha, no hay casos de consulta realmente previa, libre e informada. En México hay proceso de consulta en cada proyecto, pero hasta ahora no han sido consultas reales, han sido trámites”, señala el investigador de Oxfam.

Según datos de la Subsecretaría de Minería de 2017, en México se encuentran registrados 988 proyectos mineros operados por empresas con capital extranjero. En Oaxaca, hasta 2017 se encontraban registrados ante la Secretaría de Economía 41 proyectos mineros impulsados por 38 empresas de origen canadiense, estadounidense, peruano, australiano y mexicano.

Y el aporte de esta industria a las finanzas públicas es “irrisorio”, apunta el informe de Oxfam: apenas el 0.35% de los ingresos que recibe el gobierno federal por pago de impuestos, según cifras de la organización FUNDAR: Es decir, que el gobierno federal no recauda ni siquiera el 1% de sus ingresos a través de la minería, en contraste con lo rentable que resulta la actividad para las empresas.

Por todo ello, los defensores de la tierra en Oaxaca rechazan cualquier proyecto minero en todo el estado; demandan una serie de reformas legales que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en tratados internacionales de los que México es parte, y exigen a la Secretaría de Economía suspender la emisión de títulos de concesión minera en los territorios de las comunidades y ejidos.

De acuerdo con solicitudes de información citadas en el informe, desde enero de 2002 y hasta abril de 2016 la Secretaria de Economía ha otorgado 25 mil 716 títulos de concesión minera en todo el país, siendo los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto donde se ha emitido el mayor número de concesiones para proyectos de exploración y explotación de minerales en territorio de pueblos y comunidades: alrededor de 10 millones de hectáreas del país han sido concesionadas principalmente para empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México.

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Cambio climático: por qué los próximos 18 meses son cruciales para el planeta y todos nosotros

El próximo año también será decisivo para el futuro de un millón de especies y de los océanos.
26 de julio, 2019
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¿Recuerdas los titulares que hablaban de que teníamos apenas 12 años para salvar el planeta?

Pues ahora parece existir el consenso de que los próximos 18 meses son críticos en la lucha contra el cambio climático y otros desafíos ambientales.

Para evitar que el aumento en la temperatura del planeta supere 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, será necesario reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45% para 2030, según afirmó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en su informe de octubre del año pasado.

Sin embargo, los pasos decisivos en ese recorte de emisiones de CO2 deben tener lugar antes de finales del año próximo, de acuerdo a observadores.

La idea de que 2020 es un plazo decisivo fue mencionada ya en 2017 por uno de los principales científicos climáticos a nivel mundial.

“La matemática del clima es brutalmente clara”, afirmó Hans Joachim Schellnhuber, fundador y ahora director emérito del Instituto Potsdam del Clima, en Alemania.

“El mundo no puede ser sanado en pocos años, pero podría estar fatalmente herido de negligencia en 2020”.

La sensación de que el fin de 2020 es una oportunidad límite en términos de cambio climático es cada vez más clara.

“Creo firmemente que los próximos 18 meses decidirán nuestra habilidad para mantener el cambio climático en niveles que permitan la sobrevivencia y asegurar la restauración del equilibrio necesario en la naturaleza para sobrevivir”, afirmó recientemente el Príncipe Carlos de Inglaterra ante cancilleres de países de la Mancomunidad Británica.

¿Por qué son tan cruciales los próximos 18 meses?

El Príncipe Carlos se refería a una serie de reuniones clave de la ONU que tendrán lugar desde septiembre de este año hasta fines de 2020.

En el Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015 los países firmantes se comprometieron a mejorar sus planes de recortes de emisiones para fines del próximo año .

Huelga de estudiantes por el cambio climático en Munich en julio de 2019

Getty Images
Huelga de estudiantes por el cambio climático este mes en Alemania. Cada vez más gente pide acciones concretas para combatir el calentamiento global.

Un punto importante del informe del IPCC de octubre de 2018 era que las emisiones globales de dióxido de carbono deben llegar a un tope máximo y comenzar a bajar para 2020.

Solo de esa forma podrá mantenerse el aumento de temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados, el límite necesario para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático, según el IPCC.

Pero los compromisos actuales de los gobiernos, lejos de garantizar ese límite seguro, conducirán a un incremento de 3 grados para fin de siglo.

Los planes de los gobiernos suelen estipularse en marcos temporales de 5 o 10 años. Y por ello, si se quiere lograr la reducción de 45% en las emisiones globales para 2030 será necesario que los compromisos estén sobre la mesa para fin de 2020.

¿Cuáles son los pasos siguientes?

El primer encuentro crucial es la cumbre climática convocada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que tendrá lugar el 23 de septiembre en Nueva York.

Guterres dejó en claro que los países solo deben ir a la cumbre si presentan en ella planes para reducir sus emisiones en forma significativa.

El encuentro será seguido por la nueva conferencia de las partes del acuerdo marco sobre cambio climático, COP25, en Santiago, Chile, donde tal vez el logro más importante será mantener el proceso de reducciones en movimiento.

Antonio Guterres

Getty Images
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtió a los gobiernos que no concurran a la cumbre de cambio climático en setiembre en Nueva York si no piensan ofrecer reducciones significativas en sus emisiones de CO2.

Más crucial será probablemente la COP26, que según se cree tendría lugar en Reino Unido a fines de 2020.

El gobierno británico cree que puede usar la oportunidad de la COP26, en un mundo post Brexit, para mostrar que Reino Unido puede generar la voluntad política para una acción común, de la misma forma que Francia usó su músculo diplomático para hacer realidad el acuerdo de París.

“Si nuestra candidatura para ser sede de la COP26 tiene éxito, construiremos sobre la base del Acuerdo de París y reflejaremos la evidencia científica necesaria para actuar más y más rápido”, señaló el ministro de Medio Ambiente británico, Michael Gove.

“Juntos debemos dar todos los pasos necesarios para restringir el aumento de la temperatura global a 1,5℃.”

¿Razones para ser optimista?

La causa puede haber sido la evidencia de las olas de calor, la influencia de las huelgas escolares convocadas por la activista sueca Greta Thunberg, o el movimiento Extinction Rebellion.

Lo cierto es que aumentó el interés del público en el cambio climático y en la necesidad de soluciones.

La gente está exigiendo acciones concretas y políticos en muchos países están conscientes de ello.

Greta Thunberg

Getty Images
La influencia de Greta Thunberg es uno de los factores que explica el aumento de la preocupación del público por el cambio climático.

Planes como el Green New Deal en Estados Unidos, la propuesta de un paquete de estímulos económicos para abordar el cambio climático y la desigualdad, que podrían haber parecido inviables hace unos años, ahora están ganando apoyo.

Y países como Reino Unido legislaron para asegurar emisiones netas cero en 2050.

“Nuestro grupo de pequeños estados insulares compartimos el sentido profundo de urgencia expresado por el Príncipe Carlos”, afirmó Janine Felson, de Belice, estratega principal de la Alianza de Pequeños Estados Insulares ante la ONU.

“Estamos siendo testigos de una convergencia de varios factores que exigen un liderazgo decisivo: la movilización del público, la intensificación de los impactos climáticos y las graves advertencias científicas”.

“Sin duda, 2020 es el plazo para que ese liderazgo se manifieste”.

¿Razones para ser temerosos?

2020 podría ser también el momento en que Estados Unidos finalmente se retire del Acuerdo de París.

Si Donald Trump no es electo por un segundo mandato y un candidato demócrata gana los comicios eso podría cambiar.

Cualquiera de las dos posibilidades podría tener enormes consecuencias en la lucha contra el cambio climático.

Actualmente varios países parecen interesados en asegurar que el progreso en esa lucha sea lento.

En diciembre del año pasado, Estados Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Rusia bloquearon la discusión en un encuentro de la ONU del informe del IPCC sobre el límite de 1,5 grados.

Donald Trump y el príncipe de Arabia Saudita Mohammad bin Salman

Getty Images
Estados Unidos y Arabia Saudita se opusieron a la inclusión de un informe clave del IPCC en negociaciones de la ONU.

Hace pocas semanas, el informe fue excluido una vez más de negociaciones de la ONU debido a la objeciones de Arabia Saudita, a pesar de la frustración de las naciones en desarrollo y de los estados insulares.

“Es bueno que la COP26 tenga lugar en Reino Unido porque hay más conciencia climática aquí que en otros países, pero ese movimiento apenas ha comenzado a pensar cómo ejercer la presión suficiente”, señaló Michael Jacobs, científico de la Universidad de Sheffield y asesor en temas climáticos del ex primer ministro británico Gordon Brown.

“Si no usamos la oportunidad para acelerar la ambición será imposible asegurar un límite de 1,5 o 2℃”, agregó Jacobs.

“Actualmente no existe nada que se asemeje al compromiso necesario en los países líderes. Por eso el Secretario General de la ONU convocó a la cumbre de setiembre”.

En Reino Unido, el Comité sobre Cambio Climático advirtió recientemente que el país va camino a incumplir su meta de emisiones cero para 2050, a pesar de haber legislado para ello.

“El gobierno británico debe mostrar que toma en serio sus obligaciones legales, su credibilidad está en juego”, afirmó el jefe del Comité, Chris Stark.

“Hay una ventana de oportunidad para hacer algo en los próximos 12 a 18 meses, o me temo que el gobierno británico pasará vergüenza en la COP26“.

No se trata solo del cambio climático

También habrá en los próximos meses encuentros que decidirán la protección de especies y de los océanos en las próximas décadas.

En mayo causó gran impacto el informe de la ONU según el cual un millón de especies están amenazadas. El reporte fue compilado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

Gráfico sobre porcentajes de especies amenazadas

BBC

Para responder a esta crisis global de biodiversidad, gobiernos de todo el mundo se reunirán en 2020 en China para buscar acordar medidas de protección.

La Convención sobre Diversidad Biológica de la ONU es el organismo encargado de elaborar un plan efectivo de protección para 2030. El encuentro del año próximo podría arrojar un equivalente al Acuerdo de París para la biodiversidad.

Si se logra un acuerdo es probable que éste ponga énfasis en la agricultura y la pesca sostenible, la protección urgente de especies y la reducción de la desforestación.

El año próximo también se reunirá la Convención de la ONU sobre las leyes del Mar con el objetivo de negociar un tratado global sobre océanos.

El tratado podría tener un impacto real, de acuerdo a Michael Gove.

“Reino Unido ha sido líder en asegurar la protección de al menos el 30% de nuestras aguas para 2030. Pediremos a otras naciones que se comprometan a metas similares”, señaló el actual ministro británico.

Si hay compromisos significativos en 2020, el mundo tendrá una posibilidad de preservar nuestro medio natural.

Pero los desafíos son enormes y las acciones políticas dispersas.

Lograr acuerdos será difícil.


https://www.facebook.com/BBCnewsMundo/posts/10157613595709665


https://www.youtube.com/watch?v=WHVHsbI4oYs&t=

https://www.youtube.com/watch?v=d4L-tZXPhxY

https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI&t=


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