Comunidades indígenas de Oaxaca exigen la prohibición total de la minería en el estado
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Comunidades indígenas de Oaxaca exigen la prohibición total de la minería en el estado

Indígenas de 52 comunidades realizaron un juicio popular contra el Estado para exigir que se cancelen de manera definitiva las 322 concesiones de mineras existentes en la entidad, pues ponen en riesgo el territorio y los bienes naturales.
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10 de diciembre, 2018
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En octubre pasado se llevó a cabo un juicio popular contra el Estado y las empresas mineras que han violado los derechos de los pueblos originarios e impactado el medio ambiente en Oaxaca.

Los pueblos indígenas exigen en el dictamen emitido durante el Juicio Popular una moratoria a nivel estatal que prohíba la actividad minera en todo el territorio del estado; la cancelación definitiva de las 322 concesiones existentes, así como de los 41 proyectos mineros vigentes en la entidad.

Las empresas juzgadas por los indígenas, los pasados 11 y 12 de octubre fueron: Altos Hornos de México, Fortuna Silver Mines, Comisión Federal de Electricidad, entre otras.

También demandaron a una serie de autoridades, principalmente a los visitadores de la Procuraduría Agraria (por el acoso a los pobladores); las secretarías de Economía, Medio Ambiente y Gobernación; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y diversas autoridades locales, por otorgar permisos de explotación que ponen en riesgo el territorio y los bienes naturales, especialmente el agua, recurso del que las mineras usan hasta un millón y medio de litros diarios, según el informe.

Los indígenas, integrantes de 52 comunidades oaxaqueñas integradas por 16 grupos culturales, también realizaron una serie de asambleas durante un año.

En dichas asambleas documentaron las principales afectaciones provocadas por los proyectos mineros, que van desde explotación laboral en condiciones paupérrimas, desaparición de manantiales, discriminación, desaparición de lenguas maternas, enfermedades pulmonares de trabajadores, contaminación en los principales ríos y arroyos, polarización social y división del tejido comunitario, entre las más importantes.

Un informe de la organización internacional Oxfam da cuenta de 22 casos en que las concesiones mineras otorgadas por los gobiernos locales y federal han impactado el medio ambiente, la vida comunitaria e incluso han cobrado vidas en los pueblos ubicados en los valles centrales, principalmente zapotecos.

El caso más reciente y que sirvió como punta de lanza para la realización del juicio popular son las concesiones vigentes en el municipio San José del Progreso, algunas de las cuales vencen hasta el año 2052 y fueron otorgadas por la Secretaría de Economía sin consulta previa a las comunidades, según el informe.

El proyecto “San José”, operado por la empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense ‘Fortuna Silver Mines’, ha dejado un saldo de cuatro asesinatos derivados del conflicto minero entre 2009 y 2012, además de ocho personas heridas por arma de fuego en ese mismo periodo y el constante uso de grupos armados para hostigar a los defensores de la tierra, advierte el reporte.

También hay afectaciones a la salud y la seguridad de la población: explosiones, derrames en la presa; la emisión constante de un polvo fino proveniente de una planta trituradora de rocas y disminución del agua potable. “La gente está preocupada por lo que está respirando. Nunca se hizo una consulta pero la comunidad se da cuenta que la mina ha empezado a operar porque baja el nivel de los pozos.

El proyecto entró sin un proceso previo de consentimiento informado y su efecto concreto y más tangible es la división comunitaria que se genera porque no hay un proceso de aceptación de la mina; algunos dicen que sí, otros que no, la mina se va con los que dicen que sí dejando fuera a los otros y todo el proceso es sumamente turbio”, explicó a Animal Político el coordinador de Proyectos de industrias extractivas y derechos humanos de Oxfam México, Roberto Stefani.

Y el supuesto beneficio económico y de desarrollo en la región no ha llegado a sus habitantes, quienes sólo han recibido una ínfima parte de las ganancias generadas por la explotación de sus tierras: el proyecto San José, por ejemplo, dejó en 2014 dos mil 124 millones de pesos, de los cuales la empresa solo pagó el 2% a las comunidades. El empleo prometido por los proyectos que llevan “progreso” a esos pueblos tampoco se ha visto reflejado: el proyecto mencionado solo emplea el 5.3% de la población total municipal, según el reporte.

En los últimos 30 años gobiernos estatales y federales han otorgado concesiones a empresas nacionales y extranjeras sin consultarlos, situación que se agravó en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña; por lo que decidieron seguir el ejemplo de otros pueblos latinoamericanos que sufrían la misma problemática y realizaron el primer juicio popular contra el Estado y las empresas que extraen plata y oro, principalmente.

Desapariciones, amenazas, ecosistemas rotos

El 7 de octubre de 2018 se registró un desbordamiento de los jales del proyecto minero “San José” que afectó directamente al río El Coyote en la comunidad de Magdalena Ocotlán. Un letrero advierte a la población que no consuma agua del pozo de la comunidad porque se encuentra cerca de este río. Desde entonces, las personas no han podido usar el pozo, que es el principal del municipio, según Roberto Stefani.

En la comunidad de Silacayoapilla, de habitantes principalmente mixtecos, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) demanda en el Juicio Comunitario a la minera Autlán por la desaparición de Sergio Rivera Hernández, uno de sus miembros, desde agosto pasado en el estado de Puebla.

En la comunidad La Ventosa, del municipio de Juchitán, la Cooperativa Cruz Azul tiene dos concesiones vigentes. “En conjunto con sus operadores, comenzó a dividir a los campesinos vecinos del cerro del Eustaquio, negociando y ofreciendo dinero. Varios defensores han sido amenazados de muerte y tienen temor por sufrir alguna agresión directa”, refieren los testimonios citados en el informe.

Esa comunidad denuncia también el impacto ambiental: cada día se puede observar una gran cantidad aves y murciélagos muertos que son golpeados por las aspas eólicas, lo que ha disminuido la presencia de aves en la zona y provoca la falta de polinización de árboles frutales, flores y cultivos; las bases de los aerogeneradores en la etapa de construcción han provocado sequía con sus excavaciones profundas que han roto las venas del manto freático, desviándolas o secándolas por completo.

El efecto de estos daños no sólo es ambiental sino social: la población migra en búsqueda de trabajo y abandona el campo, también porque los terrenos que rentan las empresas se vuelven propiedad privada durante la vigencia del contrato, limitando el acceso a los trabajadores de la empresa. “Los campesinos no pueden trabajar más su tierra, ni pastar a los animales o si quiera ir a recoger leña o plantas medicinales, los caminos son vigilados por seguridad privada que colocan plumas de peaje para obstruir el libre tránsito de los pobladores”, puntualiza el reporte.

Otro caso que generó demandas es el de Santiago Niltepec, donde las concesiones mineras amenazan el río del mismo nombre y todo el sistema de arroyos que desembocan en éste y que a su vez terminan en el Sistema Lagunar Ikoots. Esto amenaza la soberanía alimentaria en la región, ya que al contaminarse las lagunas se anula una de las principales fuentes de alimento para los habitantes del Istmo, que son los productos marinos. “Un fuerte factor que facilita la llegada de los proyectos mineros es la presencia de caciques vinculados históricamente con las élites priistas del estado de Oaxaca, así como las redes de corrupción que se han tejido en torno al control de los gobiernos locales”, argumenta la demanda presentada por la Asamblea Popular del Pueblo de Niltepec.

Stefani asegura que en México ningún proceso minero ha tenido una consulta previa a los pueblos, como mandatan los tratados internacionales de Naciones Unidasfirmados por México. “Todas las consultas son sobre cosas que ya están en marcha, no hay casos de consulta realmente previa, libre e informada. En México hay proceso de consulta en cada proyecto, pero hasta ahora no han sido consultas reales, han sido trámites”, señala el investigador de Oxfam.

Según datos de la Subsecretaría de Minería de 2017, en México se encuentran registrados 988 proyectos mineros operados por empresas con capital extranjero. En Oaxaca, hasta 2017 se encontraban registrados ante la Secretaría de Economía 41 proyectos mineros impulsados por 38 empresas de origen canadiense, estadounidense, peruano, australiano y mexicano.

Y el aporte de esta industria a las finanzas públicas es “irrisorio”, apunta el informe de Oxfam: apenas el 0.35% de los ingresos que recibe el gobierno federal por pago de impuestos, según cifras de la organización FUNDAR: Es decir, que el gobierno federal no recauda ni siquiera el 1% de sus ingresos a través de la minería, en contraste con lo rentable que resulta la actividad para las empresas.

Por todo ello, los defensores de la tierra en Oaxaca rechazan cualquier proyecto minero en todo el estado; demandan una serie de reformas legales que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en tratados internacionales de los que México es parte, y exigen a la Secretaría de Economía suspender la emisión de títulos de concesión minera en los territorios de las comunidades y ejidos.

De acuerdo con solicitudes de información citadas en el informe, desde enero de 2002 y hasta abril de 2016 la Secretaria de Economía ha otorgado 25 mil 716 títulos de concesión minera en todo el país, siendo los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto donde se ha emitido el mayor número de concesiones para proyectos de exploración y explotación de minerales en territorio de pueblos y comunidades: alrededor de 10 millones de hectáreas del país han sido concesionadas principalmente para empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México.

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La inusual estrategia del país que está vacunando primero a los jóvenes y no a los ancianos contra COVID-19

Para proteger a los mayores, sostienen en Indonesia, es mejor primero vacunar a quienes propagan más fácilmente el coronavirus. El enfoque tiene sentido, según algunos expertos.
13 de enero, 2021
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Como otros países, Indonesia está implementando un programa masivo y gratuito de vacunación contra la covid-19, pero con un enfoque muy diferente al de los demás.

En lugar de vacunar a las personas mayores en la primera fase de aplicación, las primeras dosis -después de los trabajadores de la salud- serán para los trabajadores de entre 18 y 59 años.

El presidente Joko Widodo, de 59 años, se ha ofrecido como voluntario para ser el primero en la fila. El vicepresidente Ma’ruf Amin, de 77 años, no recibirá la inyección pronto, porque es demasiado mayor.

¿A qué se debe este inusual enfoque?

El profesor Amin Soebandrio, quien ha asesorado al gobierno en su estrategia de “la juventud primero”, sostiene que tiene sentido priorizar la inmunización de los trabajadores, aquellos “que salen de la casa a todas partes y luego por la noche regresan a sus hogares con sus familias”.

“Estamos apuntando a aquellos que probablemente propaguen el virus“, dijo a BBC Indonesia.

Explica que este enfoque le dará al país la mejor oportunidad de lograr la inmunidad colectiva, algo que ocurre cuando una gran parte de una comunidad se vuelve inmune a través de las vacunas o la propagación masiva de una enfermedad.

Trabajadores cargan vacunas contra la covid-19 en Indonesia

EPA
Suministros de vacunas para todo el país fueron preparados en vísperas del lanzamiento.

Se sabe que entre 60-70% de la población mundial debe ser inmune para detener la propagación del coronavirus fácilmente. Sin embargo, esas cifras aumentarán considerablemente si las nuevas variantes más transmisibles se difunden ampliamente.

“Ese es el objetivo a largo plazo, o al menos reducimos significativamente la propagación del virus para que la pandemia esté bajo control y podamos hacer que la economía vuelva a funcionar”, dijo el profesor Soebandrio.

Indonesia, con una población de 270 millones, tiene el mayor número acumulado de casos de covid-19 en el sudeste asiático. Según datos del gobierno, el 80% de los casos se encuentran entre la población activa.

Si bien las escuelas y las oficinas gubernamentales han estado cerradas durante casi un año, el gobierno se ha resistido a implementar cierres estrictos por temor al impacto en la economía del país. Más de la mitad de la población trabaja en el sector informal, por lo que para muchos trabajar desde casa no es una opción.

Una mujer recibe una vacuna en Indonesia

EPA
El objetivo de Indonesia es vacunar primero a la población de 18 a 59 años.

El nuevo ministro de Salud del país, Budi Gunadi Sadikin, defendió la estrategia e insiste en que no se trata solo de la economía, sino de “proteger a las personas y apuntar primero a aquellos que probablemente contraigan y propaguen” la enfermedad.

“Nos estamos enfocando en personas que tienen que encontrarse con mucha gente como parte de su trabajo: mototaxistas, policías, militares. Entonces, no quiero que la gente piense que esto se trata solo de la economía. Se trata de proteger a la gente”, señaló.

¿Y los ancianos?

El gobierno también argumenta que ofrecerá protección a los ancianos.

“Inmunizar a los miembros que trabajan en un hogar significará que no llevarán el virus ahí, donde están sus parientes mayores”, dijo la doctora Siti Nadia Tarmizi, portavoz del Ministerio de Salud para el programa de vacunación covid-19.

La mayoría de las personas mayores de Indonesia viven en hogares intergeneracionales y, a menudo, es imposible aislarlas del resto de la familia.

“Entonces, es un beneficio adicional de este enfoque, que al vacunar a las personas de 18 a 59 años, también estamos ofreciendo algo de protección a las personas mayores con las que viven”, dijo.

Una prueba de coronavirus en Indonesia

EPA
Indonesia ha registrado más de 600.000 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia.

Pero esto depende de que la vacuna evite que las personas porten el virus y lo transmitan.

“Simplemente, aún no tenemos esa información“, dijo el profesor Robert Read, miembro del comité de vacunación e inmunización (JCVI) que asesora a los departamentos de salud del Reino Unido sobre inmunización.

“La razón por la que el Reino Unido no ha optado por la población más joven, por supuesto, es que, primero, no contraen una enfermedad tan grave y, segundo, no hemos podido demostrar todavía que las vacunas tengan ningún impacto en absoluto en la transmisión”, dijo.

El enfoque de Indonesia, consideró, necesitaría una absorción de vacunas muy alta: “al menos el 50% con toda probabilidad, para detener la muerte y la hospitalización en su población mayor”.

“Es posible que si obtienen tasas de cobertura muy altas, habrá algún impacto en la transmisión, aunque obviamente todavía no lo hemos visto”.

¿Qué pruebas ha realizado Indonesia?

Indonesia ha adoptado este enfoque único en parte porque la vacuna que está utilizando no se ha probado en personas mayores.

Un trabajador en Indonesia

Reuters
Indonesia tiene una población joven enorme, pero gasta poco en salud.

El país depende principalmente de la fórmula de CoronaVac, fabricado por Sinovac en China, para inocular a su población, con tres de las 125 millones de dosis prometidas ya entregadas y distribuidas a los centros de salud de todo el país.

Indonesia dice que la vacuna de China tiene una efectividad del 65,3%. Pero el gobierno solo ha realizado pruebas en el grupo de edad de 18 a 59 como parte del ensayo Sinovac en varios países.

“Cada país podría tener un grupo de edad diferente y resultó que se le pidió a Indonesia que hiciera el ensayo sobre la población trabajadora”, dijo la doctora Nadia. Comenzarán a inmunizar a los ancianos, dice, en la segunda ronda de vacunaciones una vez que obtengan datos de otros países involucrados en el ensayo.

Pero incluso si se les hubiera pedido que lo probaran en personas mayores de 60 años, dice que lo más probable es que todavía se concentren en inmunizar a la población trabajadora primero, ya que creen que protegerá a la mayoría de las personas.

¿Cómo ven los científicos el experimento?

“No sabemos si funcionará y es necesario evaluarlo”, dijo Peter Collignon, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad Nacional de Australia, quien consideró que tiene sentido modificar el lanzamiento de la vacuna según las circunstancias de un país.

“Si eres un país en desarrollo, puedo ver una política de protección de tus trabajadores adultos jóvenes, aquellos que propagan más el virus, como un método razonable, porque realmente no puedes decirle a la gente que se quede en casa”, opinó.

Un puesto de vacunación en Indonesia

EPA
En países en vías de desarrollo, dice Collignon, tiene sentido una estrategia como la de Indonesia.

El profesor Read estuvo de acuerdo y dijo: “No nos corresponde a nosotros en los países occidentales ricos decirle a otros países del mundo lo que deberían estar haciendo”.

Consideró que el enfoque de Indonesia “puede ser lo correcto para su país”, y señaló que, a nivel mundial, nadie está seguro de qué es lo correcto en este momento.

El profesor Dale Fisher del Hospital de la Universidad Nacional dijo que Indonesia estaba adoptando un “enfoque pragmático”.

“Dicen que vamos a vacunar a este grupo de edad del que tenemos los datos. Es un grupo accesible y sin duda ayudará a mantener los negocios y la tubería de alimentación en funcionamiento”, sostuvo.

¿Cómo está afrontando Indonesia la pandemia?

El ambicioso despliegue de Indonesia no será fácil.

Su población es la cuarta más grande del mundo, distribuida en un vasto archipiélago cercano al ecuador, por lo que existen importantes desafíos logísticos en términos de la temperatura requerida para las vacunas.

Y los expertos en salud advierten que la política del gobierno centrada en la inoculación y no mucho en contener el virus conlleva peligro, ya que el sistema de salud está sufriendo por el aumento de casos.

Un cortejo fúnebre en Indonesia

EPA
Indonesia tiene una de las mayores tasas de víctimas de covid-19 del sudeste asiático.

Los cementerios en Yakarta, el epicentro de la pandemia, están llenos y los hospitales dicen que están luchando por hacer frente a la cantidad de pacientes.

El experto en salud pública Dicky Budiman, de la Universidad Griffith de Australia, dijo que el gobierno necesitaba hacer más para proteger a los vulnerables, fortaleciendo lo que llamó la estrategia fundamental para la pandemia: pruebas, rastreo y el cumplimiento del distanciamiento social.

La periodista local Citra Prastuti en Yakarta, que acaba de recuperarse del virus, dijo que “salir de su casa es como entrar en una zona de guerra, con el creciente número de grupos familiares: parece que ningún lugar es lo suficientemente seguro para nosotros”.

Dijo que los mensajes de salud pública habían sido confusos y contradictorios. “Se anima a la gente a quedarse en casa durante las vacaciones, pero los hoteles ofrecieron descuentos y no hubo restricciones de transporte”.

Y no hubo seguimiento ni rastreo, como en su caso el cual lo notificó a las autoridades sanitarias locales.

“Así que no sé si estoy incluida en los datos generales de la covid o no”, dijo. “Creo que mucha gente ve la vacuna como una salida fácil, como la cura de todas las enfermedades, como el salvador final”.


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