Comunidades indígenas de Oaxaca exigen la prohibición total de la minería en el estado
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

Comunidades indígenas de Oaxaca exigen la prohibición total de la minería en el estado

Indígenas de 52 comunidades realizaron un juicio popular contra el Estado para exigir que se cancelen de manera definitiva las 322 concesiones de mineras existentes en la entidad, pues ponen en riesgo el territorio y los bienes naturales.
Cuartoscuro Archivo
10 de diciembre, 2018
Comparte

En octubre pasado se llevó a cabo un juicio popular contra el Estado y las empresas mineras que han violado los derechos de los pueblos originarios e impactado el medio ambiente en Oaxaca.

Los pueblos indígenas exigen en el dictamen emitido durante el Juicio Popular una moratoria a nivel estatal que prohíba la actividad minera en todo el territorio del estado; la cancelación definitiva de las 322 concesiones existentes, así como de los 41 proyectos mineros vigentes en la entidad.

Las empresas juzgadas por los indígenas, los pasados 11 y 12 de octubre fueron: Altos Hornos de México, Fortuna Silver Mines, Comisión Federal de Electricidad, entre otras.

También demandaron a una serie de autoridades, principalmente a los visitadores de la Procuraduría Agraria (por el acoso a los pobladores); las secretarías de Economía, Medio Ambiente y Gobernación; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y diversas autoridades locales, por otorgar permisos de explotación que ponen en riesgo el territorio y los bienes naturales, especialmente el agua, recurso del que las mineras usan hasta un millón y medio de litros diarios, según el informe.

Los indígenas, integrantes de 52 comunidades oaxaqueñas integradas por 16 grupos culturales, también realizaron una serie de asambleas durante un año.

En dichas asambleas documentaron las principales afectaciones provocadas por los proyectos mineros, que van desde explotación laboral en condiciones paupérrimas, desaparición de manantiales, discriminación, desaparición de lenguas maternas, enfermedades pulmonares de trabajadores, contaminación en los principales ríos y arroyos, polarización social y división del tejido comunitario, entre las más importantes.

Un informe de la organización internacional Oxfam da cuenta de 22 casos en que las concesiones mineras otorgadas por los gobiernos locales y federal han impactado el medio ambiente, la vida comunitaria e incluso han cobrado vidas en los pueblos ubicados en los valles centrales, principalmente zapotecos.

El caso más reciente y que sirvió como punta de lanza para la realización del juicio popular son las concesiones vigentes en el municipio San José del Progreso, algunas de las cuales vencen hasta el año 2052 y fueron otorgadas por la Secretaría de Economía sin consulta previa a las comunidades, según el informe.

El proyecto “San José”, operado por la empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense ‘Fortuna Silver Mines’, ha dejado un saldo de cuatro asesinatos derivados del conflicto minero entre 2009 y 2012, además de ocho personas heridas por arma de fuego en ese mismo periodo y el constante uso de grupos armados para hostigar a los defensores de la tierra, advierte el reporte.

También hay afectaciones a la salud y la seguridad de la población: explosiones, derrames en la presa; la emisión constante de un polvo fino proveniente de una planta trituradora de rocas y disminución del agua potable. “La gente está preocupada por lo que está respirando. Nunca se hizo una consulta pero la comunidad se da cuenta que la mina ha empezado a operar porque baja el nivel de los pozos.

El proyecto entró sin un proceso previo de consentimiento informado y su efecto concreto y más tangible es la división comunitaria que se genera porque no hay un proceso de aceptación de la mina; algunos dicen que sí, otros que no, la mina se va con los que dicen que sí dejando fuera a los otros y todo el proceso es sumamente turbio”, explicó a Animal Político el coordinador de Proyectos de industrias extractivas y derechos humanos de Oxfam México, Roberto Stefani.

Y el supuesto beneficio económico y de desarrollo en la región no ha llegado a sus habitantes, quienes sólo han recibido una ínfima parte de las ganancias generadas por la explotación de sus tierras: el proyecto San José, por ejemplo, dejó en 2014 dos mil 124 millones de pesos, de los cuales la empresa solo pagó el 2% a las comunidades. El empleo prometido por los proyectos que llevan “progreso” a esos pueblos tampoco se ha visto reflejado: el proyecto mencionado solo emplea el 5.3% de la población total municipal, según el reporte.

En los últimos 30 años gobiernos estatales y federales han otorgado concesiones a empresas nacionales y extranjeras sin consultarlos, situación que se agravó en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña; por lo que decidieron seguir el ejemplo de otros pueblos latinoamericanos que sufrían la misma problemática y realizaron el primer juicio popular contra el Estado y las empresas que extraen plata y oro, principalmente.

Desapariciones, amenazas, ecosistemas rotos

El 7 de octubre de 2018 se registró un desbordamiento de los jales del proyecto minero “San José” que afectó directamente al río El Coyote en la comunidad de Magdalena Ocotlán. Un letrero advierte a la población que no consuma agua del pozo de la comunidad porque se encuentra cerca de este río. Desde entonces, las personas no han podido usar el pozo, que es el principal del municipio, según Roberto Stefani.

En la comunidad de Silacayoapilla, de habitantes principalmente mixtecos, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) demanda en el Juicio Comunitario a la minera Autlán por la desaparición de Sergio Rivera Hernández, uno de sus miembros, desde agosto pasado en el estado de Puebla.

En la comunidad La Ventosa, del municipio de Juchitán, la Cooperativa Cruz Azul tiene dos concesiones vigentes. “En conjunto con sus operadores, comenzó a dividir a los campesinos vecinos del cerro del Eustaquio, negociando y ofreciendo dinero. Varios defensores han sido amenazados de muerte y tienen temor por sufrir alguna agresión directa”, refieren los testimonios citados en el informe.

Esa comunidad denuncia también el impacto ambiental: cada día se puede observar una gran cantidad aves y murciélagos muertos que son golpeados por las aspas eólicas, lo que ha disminuido la presencia de aves en la zona y provoca la falta de polinización de árboles frutales, flores y cultivos; las bases de los aerogeneradores en la etapa de construcción han provocado sequía con sus excavaciones profundas que han roto las venas del manto freático, desviándolas o secándolas por completo.

El efecto de estos daños no sólo es ambiental sino social: la población migra en búsqueda de trabajo y abandona el campo, también porque los terrenos que rentan las empresas se vuelven propiedad privada durante la vigencia del contrato, limitando el acceso a los trabajadores de la empresa. “Los campesinos no pueden trabajar más su tierra, ni pastar a los animales o si quiera ir a recoger leña o plantas medicinales, los caminos son vigilados por seguridad privada que colocan plumas de peaje para obstruir el libre tránsito de los pobladores”, puntualiza el reporte.

Otro caso que generó demandas es el de Santiago Niltepec, donde las concesiones mineras amenazan el río del mismo nombre y todo el sistema de arroyos que desembocan en éste y que a su vez terminan en el Sistema Lagunar Ikoots. Esto amenaza la soberanía alimentaria en la región, ya que al contaminarse las lagunas se anula una de las principales fuentes de alimento para los habitantes del Istmo, que son los productos marinos. “Un fuerte factor que facilita la llegada de los proyectos mineros es la presencia de caciques vinculados históricamente con las élites priistas del estado de Oaxaca, así como las redes de corrupción que se han tejido en torno al control de los gobiernos locales”, argumenta la demanda presentada por la Asamblea Popular del Pueblo de Niltepec.

Stefani asegura que en México ningún proceso minero ha tenido una consulta previa a los pueblos, como mandatan los tratados internacionales de Naciones Unidasfirmados por México. “Todas las consultas son sobre cosas que ya están en marcha, no hay casos de consulta realmente previa, libre e informada. En México hay proceso de consulta en cada proyecto, pero hasta ahora no han sido consultas reales, han sido trámites”, señala el investigador de Oxfam.

Según datos de la Subsecretaría de Minería de 2017, en México se encuentran registrados 988 proyectos mineros operados por empresas con capital extranjero. En Oaxaca, hasta 2017 se encontraban registrados ante la Secretaría de Economía 41 proyectos mineros impulsados por 38 empresas de origen canadiense, estadounidense, peruano, australiano y mexicano.

Y el aporte de esta industria a las finanzas públicas es “irrisorio”, apunta el informe de Oxfam: apenas el 0.35% de los ingresos que recibe el gobierno federal por pago de impuestos, según cifras de la organización FUNDAR: Es decir, que el gobierno federal no recauda ni siquiera el 1% de sus ingresos a través de la minería, en contraste con lo rentable que resulta la actividad para las empresas.

Por todo ello, los defensores de la tierra en Oaxaca rechazan cualquier proyecto minero en todo el estado; demandan una serie de reformas legales que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en tratados internacionales de los que México es parte, y exigen a la Secretaría de Economía suspender la emisión de títulos de concesión minera en los territorios de las comunidades y ejidos.

De acuerdo con solicitudes de información citadas en el informe, desde enero de 2002 y hasta abril de 2016 la Secretaria de Economía ha otorgado 25 mil 716 títulos de concesión minera en todo el país, siendo los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto donde se ha emitido el mayor número de concesiones para proyectos de exploración y explotación de minerales en territorio de pueblos y comunidades: alrededor de 10 millones de hectáreas del país han sido concesionadas principalmente para empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Cómo el COVID-19 llevó a la bancarrota a Avianca, la aerolínea más antigua de América Latina

La aerolínea más grande de Colombia, y la segunda de América Latina, solicitó acogerse a la ley de bancarrota de Estados Unidos.
12 de mayo, 2020
Comparte

En diciembre pasado, Avianca celebró sus 100 años con anuncios de nuevas rutas, conciertos en aeropuertos y vuelos y la emisión de unas estampillas conmemorativas en alianza con el gobierno de Iván Duque.

“Avianca se ha convertido en un símbolo de Colombia ante el mundo”, celebró el Ejecutivo en ese momento.

Cinco meses después, la crisis económica producida por la pandemia del coronavirus, que tiene parados al 90% de los aviones del mundo, llevó a la aerolínea más grande Colombia al default.

El domingo, cuando se cumplía el plazo de unos pagos de deuda, la empresa solicitó acogerse al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, figura que busca defender a los acreedores en ese país y le da incentivos a las empresas con contratos allí para no tener que cerrar operaciones.

La compañía, que tiene filiales en Ecuador, Brasil y Honduras, entre otros países, anunció la liquidación de su operación en Perú, la primera consecuencia concreta de la bancarrota. La pandemia ha significado una caída del 80% en los ingresos de la empresa.

Sin embargo, con acogerse al famoso capítulo 11 Avianca espera reanudar sus vuelos cuando termine la pandemia. La bancarrota le permite mantener el control de sus operaciones y ganar cerca de un año para renegociar una deuda total estimada en US$7.000 millones.

Avianca

AFP
El 90% de los aviones en el mundo están quietos. Los de Avianca no son la excepción.

Uno de los mecanismos que se ha planteado para salvar a la empresa es un rescate del gobierno colombiano.

La idea, al parecer planteada por la compañía según filtraciones de medios locales, generó fuerte polémica en un país que intenta sobrellevar la pandemia entre pobreza, desigualdad e informalidad laboral.

Los defensores de un rescate argumentan que el impacto social y económico de la desaparición de Avianca, que consideran un “activo estratégico” para el país, sería catastrófico.

Los detractores lo ven como un premio a una compañía que ya no es colombiana -y cada tanto protagoniza escándalos de maltrato al cliente- por parte de un gobierno de tecnócratas que, dicen, “gobierna para los empresarios”.

Duque (cuya hermana, Maria Paula, es vicepresidenta de relaciones estratégicas de Avianca), quien fue elegido de la mano del sector privado, no ha ni rechazado ni aceptado la iniciativa. Pero, con la bancarrota, el debate continuará.

Historia de altibajos

Avianca emplea a 21.000 personas, de las cuales 14.000 están en Colombia. Es la segunda aerolínea más grande de la región después de la chilena Latam; tiene 176 aviones, opera a 150 destinos y hasta ahora ofrecía 5.100 vuelos semanales.

La marca está registrada en la memoria de los colombianos, en parte porque en 1973 se incendió su emblemático edificio en Bogotá y porque en 1990 los narcos derribaron uno de sus aviones.

Según Skytrax, un servicio de consultoría aeronáutica, Avianca es la mejor aerolínea de América Latina. Pero en otros portales de críticas, como Official Aviation Guide, registra como una de las que más retrasos y quejas presenta de la región.

No es la primera vez que la aerolínea se declara en bancarrota ante la justicia estadounidense, aunque esta sea, según su presidente, Anko van der Werffa, “la crisis más desafiante en nuestra historia“.

En realidad, aerolíneas como Delta, American y United entraron a este proceso durante la crisis posterior al 2008.

Aviones de Avianca.

Reuters
El sector aeronáutico es uno de los más perjudicados por la pandemia del coronavirus.

La última emergencia de esta magnitud para Avianca fue en 2003, cuando el proceso de renegociación resultó en la compra de la mayoría de las acciones por parte del empresario Germán Efromovich, quien aún hoy posee la mayoría, pero perdió el control de la junta.

El brasileño quiso convertir Avianca en una “aerolínea latinoamericana“, invirtió en Bogotá y San Salvador como principales centros de conexión, desarrolló aerolíneas satélite en Perú, Argentina y Brasil y se alió con la gigante estadounidense United Airlines.

La aerolínea, cuya sede fue trasladada a Panamá, se disparó durante la primera década del siglo.

Pero hacia 2017, con la desaceleración de la economía latinoamericana, reflotaron los problemas: las operaciones en Brasil resultaron un fracaso y la empresa tuvo que acogerse a una ley de quiebras; la crisis en Argentina contrajo la demanda por vuelos internos de bajo precio; y un viejo y profundo conflicto con el sindicato aeronáutico en Colombia significó retrasos, protestas y el despido de decenas de pilotos en 2018.

Germán Efromovich

AFP
Germán Efromovich ha sido la cabeza de Avianca desde 2003 pero en los últimos años perdió su posición en la junta.

“Antes de los años 80 el mercado global estaba compartimentalizado y no había política de cielos abiertos”, dice a BBC Mundo el economista Salomón Kalmanovitz.

“Pero eso cambió en los 90, se abrió una competencia plena, bajaron los precios y Avianca nunca pudo adaptarse a ese nuevo escenario”.

“Entre 2003 y 2015 tuvieron buen desempeño y eso le dio alas para expandirse, pero la crisis la castiga muy duro porque se creyó el cuento de que la bonanza de esa época, generada por el auge de las materias primas, los bajos impuestos y la apertura total, era para siempre”, agrega.

Kalmanovitz, que escribió una columna de El Espectador criticando el rescate estatal, recuerda que Avianca siempre ha tenido una participación, a veces mayoritaria, de empresarios extranjeros.

Menos colombiana que su reputación

Avianca fue creada el 5 de diciembre de 1919 y se llamó Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos (Scadta). Los impulsores eran tres alemanes y seis colombianos que hacían parte de un grupo de inversionistas en Barranquilla, la ciudad portuaria en el norte de Colombia más cerca del Canal de Panamá.

Para entonces, la única aerolínea rentable del mundo era la holandesa KLM.

Según una investigación del historiador Luis Eduardo Rosemberg, la llegada del nazismo al poder en 1933 tuvo cierto impacto en Scadta, porque el gobierno alemán quiso utilizarla como parte de su estrategia geopolítica en la región.

Algunos de los fundadores alemanes de la empresa, además, parecían mostrar simpatía con el nacional-socialismo.

A finales de los años 30, según registros de la época, el gobierno estadounidense presionó al presidente colombiano Eduardo Santos para que nacionalizara Avianca y despojara a los alemanes de su participación en la empresa.

Fue así como, en junio de 1940, la compañía pasó a llamarse Avianca. Era una empresa colombiana cuyo principal accionista, sin embargo, era el gobierno estadounidense a través de Pan Am Airlines.

Con el tiempo la participación accionaria fue cambiando, pasó por el portafolio de los principales millonarios de Colombia y, en 1975, quedó en manos de la empresa más poderosa del país en ese entonces: el Grupo Santo Domingo, dueños de cervecerías, canales de televisión y servicios aduaneros, entre otras cosas.

“Avianca gozó durante años del proteccionismo del Estado, que limitaba la competencia, le dio el monopolio del correo y la rescataba cuando necesitaba, pero cuando llegó el libre mercado en los 80 y 90, nunca supo adaptarse”, concluye Kalmanovitz.

Bajo las riendas de los Santo Domingo, en 2003, Avianca cayó en bancarrota. Y ahora, con el coronavirus, la historia se repite.


Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

Visita nuestra cobertura especial



Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=SlTSFkTsZL8

https://www.youtube.com/watch?v=kLdwBsIG5bY

https://www.youtube.com/watch?v=HJFAoUU2alE

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.