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Cuartoscuro Archivo
Comunidades indígenas de Oaxaca exigen la prohibición total de la minería en el estado
Indígenas de 52 comunidades realizaron un juicio popular contra el Estado para exigir que se cancelen de manera definitiva las 322 concesiones de mineras existentes en la entidad, pues ponen en riesgo el territorio y los bienes naturales.
Cuartoscuro Archivo
10 de diciembre, 2018
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En octubre pasado se llevó a cabo un juicio popular contra el Estado y las empresas mineras que han violado los derechos de los pueblos originarios e impactado el medio ambiente en Oaxaca.

Los pueblos indígenas exigen en el dictamen emitido durante el Juicio Popular una moratoria a nivel estatal que prohíba la actividad minera en todo el territorio del estado; la cancelación definitiva de las 322 concesiones existentes, así como de los 41 proyectos mineros vigentes en la entidad.

Las empresas juzgadas por los indígenas, los pasados 11 y 12 de octubre fueron: Altos Hornos de México, Fortuna Silver Mines, Comisión Federal de Electricidad, entre otras.

También demandaron a una serie de autoridades, principalmente a los visitadores de la Procuraduría Agraria (por el acoso a los pobladores); las secretarías de Economía, Medio Ambiente y Gobernación; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y diversas autoridades locales, por otorgar permisos de explotación que ponen en riesgo el territorio y los bienes naturales, especialmente el agua, recurso del que las mineras usan hasta un millón y medio de litros diarios, según el informe.

Los indígenas, integrantes de 52 comunidades oaxaqueñas integradas por 16 grupos culturales, también realizaron una serie de asambleas durante un año.

En dichas asambleas documentaron las principales afectaciones provocadas por los proyectos mineros, que van desde explotación laboral en condiciones paupérrimas, desaparición de manantiales, discriminación, desaparición de lenguas maternas, enfermedades pulmonares de trabajadores, contaminación en los principales ríos y arroyos, polarización social y división del tejido comunitario, entre las más importantes.

Un informe de la organización internacional Oxfam da cuenta de 22 casos en que las concesiones mineras otorgadas por los gobiernos locales y federal han impactado el medio ambiente, la vida comunitaria e incluso han cobrado vidas en los pueblos ubicados en los valles centrales, principalmente zapotecos.

El caso más reciente y que sirvió como punta de lanza para la realización del juicio popular son las concesiones vigentes en el municipio San José del Progreso, algunas de las cuales vencen hasta el año 2052 y fueron otorgadas por la Secretaría de Economía sin consulta previa a las comunidades, según el informe.

El proyecto “San José”, operado por la empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense ‘Fortuna Silver Mines’, ha dejado un saldo de cuatro asesinatos derivados del conflicto minero entre 2009 y 2012, además de ocho personas heridas por arma de fuego en ese mismo periodo y el constante uso de grupos armados para hostigar a los defensores de la tierra, advierte el reporte.

También hay afectaciones a la salud y la seguridad de la población: explosiones, derrames en la presa; la emisión constante de un polvo fino proveniente de una planta trituradora de rocas y disminución del agua potable. “La gente está preocupada por lo que está respirando. Nunca se hizo una consulta pero la comunidad se da cuenta que la mina ha empezado a operar porque baja el nivel de los pozos.

El proyecto entró sin un proceso previo de consentimiento informado y su efecto concreto y más tangible es la división comunitaria que se genera porque no hay un proceso de aceptación de la mina; algunos dicen que sí, otros que no, la mina se va con los que dicen que sí dejando fuera a los otros y todo el proceso es sumamente turbio”, explicó a Animal Político el coordinador de Proyectos de industrias extractivas y derechos humanos de Oxfam México, Roberto Stefani.

Y el supuesto beneficio económico y de desarrollo en la región no ha llegado a sus habitantes, quienes sólo han recibido una ínfima parte de las ganancias generadas por la explotación de sus tierras: el proyecto San José, por ejemplo, dejó en 2014 dos mil 124 millones de pesos, de los cuales la empresa solo pagó el 2% a las comunidades. El empleo prometido por los proyectos que llevan “progreso” a esos pueblos tampoco se ha visto reflejado: el proyecto mencionado solo emplea el 5.3% de la población total municipal, según el reporte.

En los últimos 30 años gobiernos estatales y federales han otorgado concesiones a empresas nacionales y extranjeras sin consultarlos, situación que se agravó en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña; por lo que decidieron seguir el ejemplo de otros pueblos latinoamericanos que sufrían la misma problemática y realizaron el primer juicio popular contra el Estado y las empresas que extraen plata y oro, principalmente.

Desapariciones, amenazas, ecosistemas rotos

El 7 de octubre de 2018 se registró un desbordamiento de los jales del proyecto minero “San José” que afectó directamente al río El Coyote en la comunidad de Magdalena Ocotlán. Un letrero advierte a la población que no consuma agua del pozo de la comunidad porque se encuentra cerca de este río. Desde entonces, las personas no han podido usar el pozo, que es el principal del municipio, según Roberto Stefani.

En la comunidad de Silacayoapilla, de habitantes principalmente mixtecos, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) demanda en el Juicio Comunitario a la minera Autlán por la desaparición de Sergio Rivera Hernández, uno de sus miembros, desde agosto pasado en el estado de Puebla.

En la comunidad La Ventosa, del municipio de Juchitán, la Cooperativa Cruz Azul tiene dos concesiones vigentes. “En conjunto con sus operadores, comenzó a dividir a los campesinos vecinos del cerro del Eustaquio, negociando y ofreciendo dinero. Varios defensores han sido amenazados de muerte y tienen temor por sufrir alguna agresión directa”, refieren los testimonios citados en el informe.

Esa comunidad denuncia también el impacto ambiental: cada día se puede observar una gran cantidad aves y murciélagos muertos que son golpeados por las aspas eólicas, lo que ha disminuido la presencia de aves en la zona y provoca la falta de polinización de árboles frutales, flores y cultivos; las bases de los aerogeneradores en la etapa de construcción han provocado sequía con sus excavaciones profundas que han roto las venas del manto freático, desviándolas o secándolas por completo.

El efecto de estos daños no sólo es ambiental sino social: la población migra en búsqueda de trabajo y abandona el campo, también porque los terrenos que rentan las empresas se vuelven propiedad privada durante la vigencia del contrato, limitando el acceso a los trabajadores de la empresa. “Los campesinos no pueden trabajar más su tierra, ni pastar a los animales o si quiera ir a recoger leña o plantas medicinales, los caminos son vigilados por seguridad privada que colocan plumas de peaje para obstruir el libre tránsito de los pobladores”, puntualiza el reporte.

Otro caso que generó demandas es el de Santiago Niltepec, donde las concesiones mineras amenazan el río del mismo nombre y todo el sistema de arroyos que desembocan en éste y que a su vez terminan en el Sistema Lagunar Ikoots. Esto amenaza la soberanía alimentaria en la región, ya que al contaminarse las lagunas se anula una de las principales fuentes de alimento para los habitantes del Istmo, que son los productos marinos. “Un fuerte factor que facilita la llegada de los proyectos mineros es la presencia de caciques vinculados históricamente con las élites priistas del estado de Oaxaca, así como las redes de corrupción que se han tejido en torno al control de los gobiernos locales”, argumenta la demanda presentada por la Asamblea Popular del Pueblo de Niltepec.

Stefani asegura que en México ningún proceso minero ha tenido una consulta previa a los pueblos, como mandatan los tratados internacionales de Naciones Unidasfirmados por México. “Todas las consultas son sobre cosas que ya están en marcha, no hay casos de consulta realmente previa, libre e informada. En México hay proceso de consulta en cada proyecto, pero hasta ahora no han sido consultas reales, han sido trámites”, señala el investigador de Oxfam.

Según datos de la Subsecretaría de Minería de 2017, en México se encuentran registrados 988 proyectos mineros operados por empresas con capital extranjero. En Oaxaca, hasta 2017 se encontraban registrados ante la Secretaría de Economía 41 proyectos mineros impulsados por 38 empresas de origen canadiense, estadounidense, peruano, australiano y mexicano.

Y el aporte de esta industria a las finanzas públicas es “irrisorio”, apunta el informe de Oxfam: apenas el 0.35% de los ingresos que recibe el gobierno federal por pago de impuestos, según cifras de la organización FUNDAR: Es decir, que el gobierno federal no recauda ni siquiera el 1% de sus ingresos a través de la minería, en contraste con lo rentable que resulta la actividad para las empresas.

Por todo ello, los defensores de la tierra en Oaxaca rechazan cualquier proyecto minero en todo el estado; demandan una serie de reformas legales que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en tratados internacionales de los que México es parte, y exigen a la Secretaría de Economía suspender la emisión de títulos de concesión minera en los territorios de las comunidades y ejidos.

De acuerdo con solicitudes de información citadas en el informe, desde enero de 2002 y hasta abril de 2016 la Secretaria de Economía ha otorgado 25 mil 716 títulos de concesión minera en todo el país, siendo los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto donde se ha emitido el mayor número de concesiones para proyectos de exploración y explotación de minerales en territorio de pueblos y comunidades: alrededor de 10 millones de hectáreas del país han sido concesionadas principalmente para empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México.

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