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Cuartoscuro
Los tres candidatos a la SCJN, en contra de ampliar prisión preventiva y del mando militar en seguridad
Ampliar prisión preventiva a más delitos viola derechos humanos, advirtieron los candidatos. En comparecencia en el Senado también se expresaron a favor de despenalizar aborto en todo el país y de adopción de parejas de mismo sexo.
Cuartoscuro
18 de diciembre, 2018
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Los tres candidatos propuestos por el presidente para ocupar la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideraron que ampliar la prisión preventiva a un mayor número de delitos, como ya lo aprobó el Senado, es una violación y retroceso en los derechos humanos, y atenta contra la presunción de inocencia que marca la Constitución.

Además coincidieron en que se justifica la participación del Ejército en seguridad pública a través de la Guardia Nacional por una situación que calificaron de “emergencia” en el país, pero ninguno está de acuerdo en que los despliegues sean dirigidos por un mando militar, ni en que la intervención sea permanente.

Lo anterior ocurrió durante la comparecencia que los candidatos  Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara y Celia Maya García llevaron a cabo ante los legisladores de la Comisión de Justicia del Senado. Ello como paso previo a la deliberación y elección que hará la Cámara Alta sobre quién debe ocupar la vacante en el máximo tribunal del país que dejó el ministro José Ramón Cossío.

Cabe señalar que la comparecencia de Alcántara fue la primera del día y la de mayor duración pues se extendió casi tres horas y media, mientras que la de Celia Maya fue de apenas una hora y la de Loretta Ortiz de una hora con 40 minutos.

A continuación Animal Político presenta una síntesis de lo que los candidatos señalaron en los temas de coyuntura en donde fueron cuestionados. Ello además del posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil  que se opusieron a la terna completa propuesta por el presidente.

Prisión preventiva automática para más delitos

El pasado 6 de diciembre el Senado aprobó una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, cárcel automática para personas que sean acusadas de un delito mientras se desarrolla el proceso penal. Dicha reforma, que aún tiene que ser aprobada por diputados, incluye en este catálogo delitos como el robo a casa habitación, ilícitos electorales y portación de armas de alto poder.

Sobre este tema los tres candidatos se manifestaron en contra de esta reforma. Alcántara la calificó de “violatoria a los derechos humanos” y de una falsa salida a los problemas que ha tenido la implementación del nuevo sistema penal.

“Hay la posibilidad de que se declare esa norma como no constitucional si se promueve un recurso en contra de la misma. Esta reforma está afectando los derechos humanos en forma negativa”, dijo.

Celia Maya advirtió que la reforma atentan contra el principio de presunción de inocencia que establece la Constitución. “Hay un principio de presunción de inocencia que se ha reclamado y lo queremos. No podemos hacer delincuentes a las personas antes de tiempo. Eso nos significa caer en la impunidad. Si las instituciones funcionan bien no sería necesario esto. Las mexicanas y mexicanos quieren seguridad pero no debemos sacrificar nuestras libertades porque son importantes”, dijo.

Por su parte Loretta Ortiz también calificó a esta reforma como regresiva en materia de derechos humanos y dijo que se debe avanzar en la dirección opuesta: que sean cada vez menos y no más los  delitos que ameriten prisión automática.

Guardia Nacional sí, mando militar no

En respuesta a los legisladores, los tres candidatos señalaron que la seguridad idealmente debe estar a cargo de la policía, sin embargo, consideraron que el país atraviesa una situación de “emergencia” que justifica la intervención del Ejército a través de la figura de Guardia Nacional propuesta por el presidente.

En lo que no estuvieron de acuerdo es en que la misma sea dirigida por un mando militar lo contempla el gobierno federal. Y consideraron además que la necesidad de que se enfatice  la intervención no sea permanente.

Alcántara Carrancá dijo: Soy contrario a que función policíaca la desarrolle fuerzas armadas pero la situación actual ante carencia de policías lo requiere. Y se ponga un término limite (…) admiro la disciplina militar pero autoridad civil debe estar encima de todos ellos no puede ser distinto.

Por su parte, Celia Maya aseguró que está a favor de la Guardia Nacional con mando civil y dijo que a esta situación se llega por el abandono en que se encuentran las policías. “Sí  a la Guardia Nacional, pero presidida por un civil. Ya tenemos a militares en seguridad pública y es porque se dio dinero a fuerzas armadas y olvidaron a policías”.

“En una situación de normalidad no tendrían que ejercer esas funciones pero en esta situación de extrema urgencia es que veo con buenos ojos que participen fuerzas militares en Guardia Nacional… pero debe estar al frente una autoridad civil y no una militar”, dijo por su parte Loretta Ortiz.

Salarios a revisión sí; Alcántara crítica suspensión

Sobre la polémica registrada en los últimos días por las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que considera son salarios elevados de los ministros de la SCJN, los tres candidatos a la Corte se mostraron a favor de que se lleve a cabo una revisión de los mismos a la luz de parámetros y experiencias internacionales.

Alcántara Carrancá fue aún más allá y criticó la suspensión provisional que uno de los ministros de la Corte, Albero Pérez Dayán, concedió para que no se aplique la Ley de Remuneraciones aprobada por el Congreso.

“Creo que Pérez Dayán no lo hizo bien al conceder una suspensión de ese tipo porque hay disposición expresa y está mal otorgada la suspensión en ese caso concreto. (…) Creo que debe analizarse. Hay que consultar con la Corte Interamericana por ejemplo si están bien las reformas sobre salarios o no. Preguntar también a Instituto de Investigaciones Jurídicas”, dijo el candidato.

Celia Maya añadió que a su juicio los salarios de los ministros sí son altos y siguiendo una política de austeridad debe llevarse a cabo una revisión. Loretta Ortiz dijo que de ser ministra analizará las distintas disposiciones que hay del tema y aunque no adelantó un juicio, coincidió en que si es un tema del que se debe reflexionar.

En lo que también coincidieron los tres candidatos es que independientemente del tema de salarios debe respetarse la independencia del Poder Judicial respecto a los otros dos pues es clave para la vida democrática del país

Aborto y eutanasia, a favor

Todos los candidatos se mostraron conformes en que el aborto se despenaliza en todo el país así como en que las personas tengan derecho a elegir morir dignamente. Consideraron que en ambos casos se trata de libertades y derechos humanos que deben respetarse.

En el caso de las candidatas Celia Maya y Loretta Ortiz se expresaron literalmente a favor de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Alcántara dijo por su parte que, independientemente de si en lo personal está de acuerdo o no, es un derecho de la mujer la libre determinación sobre su cuerpo y en ello no puede haber retroceso.

De la misma forma los candidatos coincidieron en que las personas deben tener las facultades de decidir sobre una muerte digna en casos de enfermedades terminales. Alcántara sostuvo que mantener a una persona viva a veces en contra de su voluntad, con procesos costosos, no solo es “indigna” para ella misma sino que incluso destruye patrimonios familiares.

Adopción en matrimonio igualitario

Aquí también hubo unanimidad de todos los candidatos. Loretta Ortiz destacó que de acuerdo con criterios no solo de la SCJN sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es “discriminatorio” el impedir a una pareja adoptar a un menor solo por cuestiones de preferencia sexual.

Celia Maya subrayó que la Constitución establece el término de progresividad de los derechos que significa que no puede actuarse se forma regresiva  garantías que ya se han reconocido en tribunales, como es en este caso.

Cercanía con Morena y Tren Maya

Las candidatas Celia Maya y Loretta Ortiz fueron cuestionadas por los senadores sobre su cercanía con Morena y como ello podría afectar la independencia de la Corte y generar conflictos de interés. Ambas desestimaron esta situación.

Quien se defendió con mayor vehemencia sobre este asunto fue Loretta Ortiz quien antes de recibir preguntas leyó un posicionamiento y subrayó que la Corte Interamericana desestima que una militancia partidista sea obstáculo para que una persona aspire a una función jurisdiccional. No obstante dijo que como una señal de imparcialidad ayer mismo había renunciado a su militancia en Morena.

Ortiz además recordó que en el pasado habido ministros en la Corte con “franca preferencia partidista” y citó como ejemplo a Sergio Valls quien  -según ella – presumía su cercanía con el PRI, o al ministro Salvador Aguirre Anguiano que era próximo al PAN. Señaló que todos fueron propuestos por presidentes y su independencia no fue motivo de mayor cuestionamiento.

“Todos los ministros fueron seleccionados como se está proponiendo, ahora así que habría que cuestionar la independencia de todos, no solo la mía”, dijo.

Celia Maya por su parte reiteró que aun cuando se postuló a un cargo con Morena, ella tiene una carrera en el Poder Judicial que ampara su trayectoria e independencia técnica.

Cabe señalar que ambas candidatas fueron cuestionadas sobre como actuarían si la construcción del llamado Tren Maya llegara para su análisis al Pleno de la Corte y ambas aseguraron que si la misma incumple con la Constitución tendría que detenerse. Ortiz incluso adelantó que si no se consulta a comunidades indígenas sobre el tema la Corte puede detenerla.

Caso Góngora

Alcántara Carrancá fue cuestionado sobre la determinación que tomó hace cinco años siendo magistrado en el caso Góngora Pimentel. En dicho proceso resolvió reducir la pensión alimenticia que estaba obligado a pagar el exministro Góngora a la madre de sus hijos. Dicha determinación fue criticada en los medios por la presunta cercanía de Alcántara con Góngora.

Pero el hoy candidato a la Corte aseguró que fue una decisión apegada a derecho y que la pensión que el fijó en 50 mil pesos mensuales cubría los gatos alimenticios de los menores. Sostuvo que fue un caso “triste” debido a que se mediatizó y a que estaban involucrados menores que padecían de autismo.

“Pero no hubo irregularidades en nuestra actuación como magistrados de la Sala Familiar. Incluso la CNDH revisó el caso y al emitir una recomendación señaló que en lo relacionado con la pensión alimenticia se actuó conforme a derecho. Es la recomendación 33/2013”, sostuvo Alcántara.

Organizaciones reprueban terna y exigen análisis

Una decena de organizaciones no gubernamentales especializadas en temas de justicia, derechos humanos y libertad de expresión emitieron ayer un comunicado conjunto titulado “Por una terna equivalente y con personas independientes” en el que reprueban la terna que el presidente envió al Senado para ocupar la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con las ONG las postulaciones de Ortiz Ahlf, Maya García y González Alcántara no garantizan ni la paridad en la Corte ni su independencia de actuación, y por ende tampoco fortalecerá la confianza en el máximo tribunal del país, como lo exigen los estándares internacionales.

“La militancia partidista y la cercanía con otros poderes de la unión y grupos políticos por parte de las personas que integran la terna son circunstancias que no deben formar parte de los antecedentes de quienes aspiran a ocupar el cargo de la Corte, y que son incompatibles con la independencia que deben exhibir los y las Ministras del máximo tribunal constitucional”, señala el comunicado.

En ese contexto las organizaciones le recordaron al Senado que tiene “la obligación de analizar exhaustivamente la idoneidad de la terna recibida” y de valorar a fondo el perfil de los candidatos y las objeciones de la sociedad civil sobretodo en materia de posibles conflictos de interés y respeto a los derechos humanos.

Este comunicado se suma a la posición dada a conocer desde la semana pasada por el denominado Panel Internacional de Expertos Independientes, que en una carta pública dirigida a la Comisión de Justicia del Senado le pidió a los legisladores que no llevaran a cabo un proceso exprés de elección de ministro de la Corte y que, al contrario evaluara a profundidad cada perfil propuesto.

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