América Latina avanza en el cuidado de sus adultos mayores, mientras México ni siquiera los considera
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América Latina avanza en el cuidado de sus adultos mayores, mientras México ni siquiera los considera

En México más del 60 % de las personas adultas mayores viven con alguna discapacidad o limitación y casi todas son cuidadas en sus hogares sin asistencia del Estado, de acuerdo con un informe de CONEVAL.
Cuartoscuro
7 de diciembre, 2018
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En México no hay una política pública para cuidar a los adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos. Esto pese a que desde 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que en el siglo XXI ningún país debía ignorar la necesidad de contar con un sistema de cuidados, ni que estos servicios son responsabilidad del Estado. Así lo reporta la guía práctica de políticas públicas del CONEVAL, ¿Qué funciona y que no para cuidados de largo plazo en personas adultas mayores?

En el mundo, señala el documento, hay muchos países donde sí existe un sistema público para este tipo de apoyo, como Japón, Holanda, España o Reino Unido. En América Latina, diversas naciones están avanzando para tenerlo, como es el caso de Colombia, en donde se están reformando los servicios existentes. Brasil ya cuenta con un programa de cuidados unificado y financiado públicamente, mientras que Argentina y Chile avanzan aún cuando tienen sistemas fragmentados y la provisión de servicios depende de diferentes instancias en los distintos niveles de gobierno. En México, en cambio, el Estado no ha hecho nada para generar ese sistema de atención.

La guía del CONEVAL considera que ese vacío deja a las familias con pocas opciones: recurrir a instituciones públicas que brindan el servicio de manera aislada e insuficiente, contratar asistencia privada o asumir entre los integrantes la atención del familiar.

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 mostraron que la mayoría de las personas de 60 años o más (62.1 %) vivía con alguna discapacidad (3.4 millones) o limitación (4.7 millones). De los más de 33 millones de hogares que existen en México, en 3.4 millones se hacían responsables de cuidar a personas mayores de 60.

Una causa de esto es que los servicios privados quedan fueran del alcance de la población por sus altos costos, mientras que en las institucionales públicas una de las pocas opciones es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la otra es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Ambos están descentralizados, por lo que es responsabilidad y decisión de las entidades federativas definir los grupos a quienes dan prioridad los servicios ofrecidos, así como la modalidad de atención. El INAPAM cuenta con seis albergues de alojamiento permanente, cuatro en la Ciudad de México, uno en Guanajuato y otro en Oaxaca. El DIF cuenta con dos asilos para cuidados en la Ciudad de México, una casa hogar para ancianos en Morelos y otra en Oaxaca.

Hay también Instituciones de Asistencia Privada (IAP), asociaciones civiles (A.C.), sociedad civil (S.C.), asociaciones religiosas y sociedades dedicas a brindar servicios de cuidado. Con el objetivo de identificar a tales instituciones, el DIF Nacional y el INEGI generaron un primer Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) en 2015.

Ese censo identificó 4,517 alojamientos. De esos, 22.6 % (1,020) son casas hogar para personas mayores. 58 % están constituidas como asociación civil, 14 % como instituciones de asistencia privada (IAP), 4 % como sociedad civil. Las sociedades mercantiles y las asociaciones religiosas representan 2 % cada una, y el resto (aproximadamente 20 %) representa otro tipo de figura jurídica.

El CAAS registró 14,582 personas colaborando en estas instituciones, pero solo 86 % recibe un pago por su labor, 14 % trabaja en ellas de forma voluntaria. Las mujeres representan 78 % de los empleados y 63 % del voluntariado. El censo del DIF y el INEGI reporta que 97 % de este personal no cuenta con adecuada certificación en competencias para el cuidado de adultos mayores dependientes.

En cuanto a los residentes, en el momento del censo se encontraron 118,876 personas viviendo en instituciones, de las que 22,611 (19 %) residen en los alojamientos clasificados como casa hogar. De entre los residentes, 61 % de las mujeres reportan un bajo nivel educativo (21 % sin educación formal y 48 % con primaria completa o secundaria incompleta) y 56 % tiene ochenta años o más.

Sobre el desempeño de todas estas instituciones no hay forma de tener datos, porque en México no existe una evaluación sistemática de la calidad de la atención ni para las instituciones públicas ni para las de asistencia que se dedican a cuidar adultos mayores, como tampoco se evalúan las condiciones ambientales ni la infraestructura.

En cuanto a los servicios formales y públicos de apoyo en casa existe el programa de Atención Domiciliaria al Enfermo Crónico (ADEC) del IMSS, que inició en 1990 para proporcionar procedimientos básicos, con la participación activa del paciente y sus familiares. Pero no está especializado en población adulta mayor y se apoya en el cuidador primario o red de apoyo familiar. Sobre este programa no hay reportes institucionales respecto a su desarrollo o del impacto en el largo plazo en la salud y bienestar de los pacientes.

Por todo esto no sorprende que el cuidado recaiga primordialmente en el hogar, auspiciado por familiares, vecinos y amigos, sin remuneración y, por lo general, con poco o ningún tipo de apoyo, señala el estudio del CONEVAL.

Los datos más recientes de la Cuenta Satélite del Sector Salud en México, publicadas por el INEGI, muestran que el trabajo no remunerado en salud representó el 28.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese sector en 2016, y el 1.6 % del nacional en el mismo año. En términos de horas por semana, el trabajo no remunerado por cuidados a la salud representó, para el 2016, el 3.7 % del total.

Aun cuando estas cifras se refieren a cuidados a personas de todas las edades, la realidad de los cambios en la estructura poblacional y el hecho de que 26 % de la población que reporta limitaciones (motoras, cognitivas o sensoriales) describa a su edad avanzada como causante de las mismas indica que, muy probablemente, un porcentaje importante del trabajo no remunerado en salud corresponda a cuidados y atención a personas mayores.

Ante este panorama y luego de hacer una evaluación de diferentes políticas de cuidado en diversos países, el CONEVAL recomienda:

● La Secretaría de Salud debe asumir la responsabilidad de la provisión de servicios de CLP incluyendo servicios de salud y sociales, así como de la regulación de las instituciones. Todo esto bajo una perspectiva multidimensional y de integración intersectorial.
● Generar estrategias con enfoque multidimensional, de apoyo a los familiares o cuidadores principales para disminuir los costos directos e indirectos que sobre estos generan los cuidados que realizan, incluyendo servicios de acompañamiento y de apoyo en actividades de cuidado personal.
● Extender los modelos de visita médica domiciliaria para personas mayores dependientes.
● Centros de respiro para los familiares cuidadores.
● Estrategias de apoyo adicional como servicios de comida caliente, relevo de
cuidado, entre otras.
● Generar modelos de CLP en el marco del primer nivel de atención de los servicios
de salud.
● Elaborar un programa de acreditación tanto para instituciones de CLP como para personal, en equivalencia al programa de certificación de instituciones prestadoras de servicios de salud.
● Es indispensable desarrollar la normatividad referente a los lineamientos o requerimientos bajo los cuales las instituciones de cuidados de largo plazo para personas mayores podrán operar o funcionar, incluyendo los estándares de calidad de carácter obligatorio y de observancia nacional, definiendo una institución única encargada de supervisar, evaluar y en su caso, sancionar a aquellas que no los cumplan.
● El Consejo de Salubridad General debe impulsar la declaratoria de obligatoriedad que regule la prestación de CLP para que la Secretaría de Salud en consecuencia proponga la norma oficial correspondiente, así como un programa nacional de capacitación.
● Establecer un registro nacional obligatorio en el que todas las instituciones de CLP deban inscribirse, sin importar su razón social o condición de financiamiento, con la finalidad de concretar las acciones de control y vigilancia hacia estos establecimientos, a la vez que se cuente con un instrumento de información de acceso público para todos los usuarios potenciales de estas instituciones y sus familiares.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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