Exfuncionarios de Duarte salen de prisión; fiscal que los persiguió enfrenta posible juicio político
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Foto: Cuartoscuro

Exfuncionarios de Duarte salen de prisión; fiscal que los persiguió enfrenta posible juicio político

Diputados de Veracruz analizan hasta cambiar la Constitución estatal para quitar al fiscal Winckler; mientras tanto, hay exfuncionarios vinculados a desvíos que siguen sin ser acusados.
Foto: Cuartoscuro
6 de diciembre, 2018
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En los últimos días y gracias a la obtención de amparos, cuatro exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte procesados por presunto desvío de recursos y desaparición forzada de personas, entre ellos su exjefe de la policía Arturo Bermúdez, han salido de la cárcel. En tanto, otros funcionarios como el exfiscal Luis Ángel Bravo están a punto de hacerlo, tras ganar un recurso en contra de su detención.

Al mismo tiempo el fiscal de la entidad, Jorge Winckler, quien encabezó en los últimos dos años los casos y procesos en contra de 50 exfuncionarios duartistas, entre ellos los que han salido libres, enfrenta la posibilidad de ser destituido debido a diversos juicios políticos promovidos en su contra. Además, la mayoría de Morena en el Congreso de Veracruz tiene la intención de removerlo, utilizando un decreto y una posible reforma constitucional.

Algunos de los juicios políticos son promovidos por los propios abogados y acusados de desaparecer personas, como Arturo Bermúdez.

Ayer Jorge Cisneros, el nuevo secretario de Gobierno de Veracruz, advirtió que “todos los duartistas” podrían salir libres por supuestos errores en los casos integrados por la Fiscalía encabezada por Winckler. Y el nuevo gobernador del estado, Cuitláhuac García, calificó de “aberrante” la actuación del fiscal.

Mientras eso ocurre existen exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte presuntamente ligados a hechos de corrupción, que hasta ahora no han sido acusados de algún delito. Algunos se convirtieron en legisladores federales tras salir de Veracruz, pero hace meses perdieron el fueron que los protegía como legisladores.

Exfuncionarios a la calle

Tan solo esta semana han recuperado su libertad tres exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte que se encontraban presos: el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez,  el exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac, y el excomisionado del Sistema de Aguas Francisco Valencia. Ninguno de ellos está exonerado, pero ganaron amparos para que sigan sus procesos en libertad y no en prisión, como se había decretado originalmente.

Arturo Bermúdez consiguió a través de un amparo que la jueza responsable de su caso modificara la medida preventiva de prisión que se le había impuesto. Esto luego de que se concluyera que el delito de desaparición forzada que se le imputa, aun cuando es de lesa humanidad, no está considerado en la Constitución como parte de los ilícitos que ameritan prisión preventiva automática.

Bermúdez, al igual que una veintena de expolicías de la administración de Duarte, están acusados de haber implementado una supuesta estrategia de combate al crimen, que en realidad consistía en detener ilegalmente a personas (en su mayoría jóvenes) de los cuales no se volvía a saber de ellos.

En el caso del excomisionado Valencia, enfrenta proceso por el presunto desvío de más de 400 millones de pesos destinados a obras hidraúlicas, caso por el cual también se encuentra procesado en Ciudad de México el exgobernador Javier Duarte. Por lo que respecta a Audirac, enfrenta juicio por el posible desvío de más de 2 mil 300 millones del Seguro Popular.

Los jueces federales que revocaron las medidas de prisión oficiosa que se habían dictado en contra de los involucrados, aludieron posibles violaciones a sus derechos humanos. En consecuencia, jueces de Veracruz modificaron dichas medidas por otras que implican firmar periódicamente, o no salir del país, pero ya no la prisión preventiva.

Estos dos últimos casos se suman a otros registrados en las últimas semanas. Por ejemplo, el constructor Cesar Augusto Morando Turrent, quien está acusado de un posible fraude al erario, superior a 75 millones de pesos, en la construcción de una Torre Pediátrica financiada con recursos públicos en el gobierno de Duarte. Turrent consiguió a través de un amparo que se le cambiara la medida de prisión preventiva por domiciliaria.

También en noviembre el exsecretario de Salud de la entidad, José Antonio Nemi Dib, consiguió que se le modificara la medida de prisión preventiva. Nemi se encuentra bajo proceso por cargos de posible corrupción tras haber autorizado recursos para la mencionada Torre Pediátrica, que presentó graves irregularidades en su construcción.

La lista de exfuncionarios liberados crecerá luego de que la defensa del exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, acusado del delito de desaparición forzada, anunció la obtención de un amparo en contra de la orden de aprehensión cumplida en su contra hace unos meses, y de la medida de prisión preventiva automática que se le dictó.

Animal Político cuenta con copia de la resolución de dicho amparo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resuelta con voto dividido de dos magistrados a uno, y en la misma se concluyó que la Fiscalía del estado violó la suspensión que tenía a su favor el exfiscal de Veracruz cuando lo detuvo. También se estableció que el delito de desaparición forzada no ameritaba prisión automática.

Se prevé que en las próximas horas una jueza de Veracruz modifique la prisión preventiva y ordene la libertad de Bravo, con lo que sumarían cinco los exfuncionarios de Duarte liberados tan solo esta semana.

Fiscal en la cuerda floja

De forma paralela a la liberación de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, en el Congreso de Veracruz avanzan diversos recursos para destituir al fiscal general del estado, Jorge Winckler, nombrado durante la gestión del exgobernador Miguel Ángel Yunes para ocupar ese puesto por nueve años.

Aunque el periodo de Winckler concluiría hasta 2025, diputados de la bancada de Morena (que son mayoría en Congreso) sostienen que el fiscal debe ser destituido debido a las fallas en las investigaciones en contra de los funcionarios del sexenio de Javier Duarte, así como en supuestas omisiones en la búsqueda de personas desaparecidas.

La diputada panista María Josefina Gamboa Torales, integrante de la Comisión de Procuración de Justicia y de Gobernación del Congreso de Veracruz, explicó que hay dos vías por las cuales se está intentando proceder en el caso Winckler.

Una de ellas es a través de la promoción de juicios políticos, con los cuales se busca evidenciar el supuesto mal trabajo del fiscal. De acuerdo con la legisladora, se han presentado hasta ahora tres denuncias pidiendo la promoción de juicio político.

La primera denuncia pidiendo juicio político en contra de Winckler es de una organización de nombre ONEA, que acusa a la Fiscalía de no atender a los colectivos de desaparecidos. La segunda es una denuncia del abogado Jorge Reyes Perlata, defensor de una de las personas acusadas de desaparición forzada, que acusa a Winckler y a su fiscal para casos de desaparecidos de haber torturado a su cliente.

Y la tercera denuncia en la que se solicita juicio político al Congreso proviene del propio Bermúdez, quien la hizo llegar a través de sus abogados el pasado 3 de diciembre. En ella el exfeje de la policía de Duarte acusa a diversos funcionarios, entre ellos Winckler, de haberlo presionado y hasta extorsionado para firmar declaraciones prefabricadas e inculpar a otras personas, entre ellas al propio Duarte.

Pero además de estas demandas de juicio político, el Congreso analiza reformar la constitución para poder remover al fiscal. El pasado 29 de noviembre se publicó en la gaceta legislativa una iniciativa, promovida por el diputado de Morena Emmanuel Vargas Barrientos, para modificar el artículo 33 de la Constitución de Veracruz, con la finalidad de que el Congreso pueda remover al fiscal autónomo.

Ese mismo día se publicó en la gaceta de la entidad el decreto número 749, previamente aprobado por el Congreso, en el que se reformó el artículo 67 de la Constitución de Veracruz para darle a los legisladores locales nuevas facultades para nombrar y remover al fiscal.

En una entrevista concedida a medios de comunicación, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Javier Gómez Cazarín, estimó que aun con la mayoría de Morena les faltaban cuatro votos para poder reformar la constitución y destituir al fiscal.

La diputada Gamboa comentó a Animal Político que, desde su punto de vista, no existe fundamento alguno para remover al fiscal de sus funciones. Dijo que las solicitudes de juicio político carecen de sustento, pues se basan en dichos y hasta notas de prensa.

No obstante acusó que la falta de representatividad que existe en la actual legislatura, con Morena cooptando comisiones enteras, ocasiona que se aprueben reformas a la ligera, y aseguró que hay motivos políticos detrás de este proceso.

“Lo que está pasando en el tema del fiscal es un atentado no solo contra la autonomía de esa institución, sino contra la división de poderes. Y se hacen valer de la falta de representatividad que tenemos en varias comisiones (…) ahora quieren destituir y meter a la cárcel al fiscal que encarceló a los duartistas, y si eso no es una clara protección y complicidad (del gobierno de Morena) con Duarte, y si no es un claro revanchismo con el que lo metió a la cárcel, yo ya no sé qué sea. Es una locura lo que está sucediendo”, concluyó Gamboa.

Exfuncionarios impunes

Varios de los exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte continúan sin ser acusados hasta la fecha de alguna irregularidad, pese a su posible vínculo con desvío de recursos. Por ejemplo, hay cinco funcionarios que según la investigación de “Las Empresas Fantasma de Veracruz” encabezaron dependencias desde las que se entregaron recursos a empresas fantasma.

Se trata de Antonio Tarek Abdalá, quien fuera Tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz; Alberto Silva Ramos, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social y coordinador de Comunicación Social; Adolfo Mota Hernández, quien ocupó el cargo de secretario de Educación; Edgar Spinoso Carrera, quien trabajó como Oficial Mayor de dicha dependencia, y Noemí Guzmán Lagunes, exsecretaria de Protección Civil.

Todos ellos contaban con fuero, pues se convirtieron en diputados federales en la pasada legislatura, pero desde septiembre pasado ya no cuentan con él. Tanto la PGR como la Fiscalía de Veracruz cuentan con averiguaciones en las que existen indicios de su posible participación en hechos irregulares, pero no se les ha acusado.

A ello se suman casos de otros exfuncionarios duartistas como Gabriel Deantes o Vicente Benítez, que también ocuparon áreas del gobierno veracruzano señaladas incluso por la Auditoría Superior de malos manejos de recursos, pero en contra de los cuales no se ha procedido.

Colectivos protestan en el Congreso

Luego de la excarcelación de Arturo Bermúdez, diferentes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz realizaron una protesta en el Congreso veracruzano, en la que responsabilizaron al fiscal Jorge Winckler de no aportar los elementos suficientes para probar la posible culpabilidad del exsecretario de seguridad en la desaparición forzada de personas en la entidad, durante el gobierno de Javier Duarte.

“Es una desgracia, un golpe bajo a las víctimas, que hayan liberado a Bermúdez Zurita, pero esto es culpa de un mal trabajo jurídico de la Fiscalía. Con todo el tiempo que ha pasado desde que lo detuvieron, ya era para que tuvieran todos los elementos para condenar al señor, y no lo hicieron”, lamentó en entrevista con Animal Político Lucy Díaz, vocera del Colectivo Solecito, quien dijo que los colectivos están analizando la posibilidad de impugnar la decisión de la justicia veracruzana, de que Bermúdez afronte el proceso en su contra en libertad.

“En todo este asunto hay mucho lodo, mucho golpeteo político. Pero, como siempre, somos las víctimas las que estamos sufriendo las consecuencias”, añadió Díaz, que adelantó que las familias solo aceptarán una sentencia condenatoria en el caso de Bermúdez Zurita.

“Para nosotras sería inaceptable cualquier otra cosa que no sea una sentencia firme en contra de Bermúdez Zurita”, concluyó.

Con información de Manu Ureste

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Cómo el COVID-19 generará la mayor deuda pública mundial de la historia (y por qué no es necesariamente algo malo)

El aumento del gasto en todo el mundo para hacer frente a la pandemia ha llevado a que por primera vez en la historia la deuda pública global sea cercana al 100% del PIB internacional. Sin embargo, muchos -entre ellos el FMI- aconsejan que no se recorte el gasto.
20 de noviembre, 2020
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Los países en todo el mundo han aplicado distintas estrategias para combatir la pandemia del coronavirus, pero casi todos han hecho algo en común: aumentar su gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria.

Además de los gastos en salud, la mayoría de los gobiernos han ofrecido ayuda financiera a las personas y los negocios afectados económicamente por la parálisis que trajo la pandemia.

En un informe sobre la situación fiscal de la economía mundial publicado en octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que a nivel mundial se han gastado unos US$12 billones en “amortiguar el golpe” del covid-19.

Estas medidas fiscales “han salvado vidas y medios de subsistencia”, resaltó el organismo.

Sin embargo, semejante incremento del gasto público internacional, sumado a la fuerte caída en los ingresos tributarios como consecuencia de la parálisis de la actividad, también ha generado algo inédito.

Ha llevado a que la deuda pública mundial alcance su máximo histórico y por primera vez sea cercano al 100% del Producto Interno Bruto (PIB) internacional.

Dicho de otra forma, ha provocado que por primera vez en la historia la deuda pública global iguale al tamaño de la economía mundial.

No obstante, lejos de lo que podría pensarse, el FMI no aconseja recortar el gasto.

Por el contrario. La directora del organismo, Kristalina Georgieva, ha enfatizado repetidamente los riesgos de una reducción prematura del estímulo.

Tijeras y un billete de US$100 cortado

iStock
No es momento para cortar el gasto estatal, dice el FMI.

“Donde persiste la pandemia, es fundamental mantener líneas de vida en toda la economía, para las empresas y los trabajadores, como aplazamientos de impuestos, garantías de crédito, transferencias de efectivo y subsidios salariales”, señaló Georgieva.

“Es igualmente importante la acomodación monetaria continua y las medidas de liquidez para asegurar el flujo de crédito, especialmente a las empresas pequeñas y medianas, apoyando así el empleo y la estabilidad financiera”, dijo en un discurso a comienzos de octubre.

“Corta las líneas de vida demasiado pronto y el largo ascenso (de la recuperación) se convierte en una caída precipitada“, advirtió.

Déficit

A pesar de que el FMI estima que los déficits presupuestarios de los gobiernos aumentarán del 3,9% del PIB al 12,7% en 2020, lo considera algo transitorio.

“Lo que vemos es un aumento único de la deuda en 2020, luego una estabilización después de 2021, e incluso una ligera tendencia a la baja en 2025“, le dijo a Reuters el director de Asuntos Fiscales del FMI, Vitor Gaspar.

El organismo incluso está incentivando a algunos países, reacios a aumentar el gasto, a aprovechar las bajas tasas de interés para invertir en infraestructura.

Sus estimaciones sugieren que una inversión en infraestructura pública del 1% del PIB podría impulsar la producción en un 2,7%, creando entre 20 y 33 millones de puestos de trabajo.

Según Gaspar, la reanudación del crecimiento económico y las tasas de interés extremadamente bajas ayudarán a aliviar los déficits presupuestarios primarios.

“La diferencia entre las tasas de interés y el crecimiento no solo es negativa, sino más negativa, en nuestras proyecciones, de lo que era antes del covid-19. Por lo tanto, las bajas tasas de interés juegan un papel importante en la dinámica de la deuda”, aseguró.

Un martillo que dice 2020 rompiendo un chanchito con ahorros

iStock
El FMI estima que muchos países podrán estabilizar su deuda tras la crisis sanitaria.

Deuda récord

El FMI no es el único que afirma que el inédito nivel de deuda pública no es algo necesariamente malo.

Son varios los actores económicos que coinciden en que, lejos de generar pánico, este gasto récord es exactamente lo que se necesita para reactivar la economía global.

“La pandemia parece estar cambiando lo que muchos piensan sobre una deuda pública considerable”, observa John Letzing, editor digital de Inteligencia estratégica del Foro Económico Mundial.

“Aquellos que alguna vez pudieron haberse asustado con el concepto parecen ahora estar de acuerdo con él, si el dinero se utiliza bien y los intereses adeudados siguen siendo relativamente bajos”.

Según Letzing, hace no tanto existía un consenso generalizado de que la carga de la deuda pública de un país debía mantenerse muy por debajo del tamaño de su economía.

“En Estados Unidos la deuda pública ascendía a aproximadamente el 60% del PIB en vísperas de la crisis financiera mundial hace poco más de una década”, detalla.

“Y el tratado de fundación de la Unión Europea (UE) de hecho estableció un límite de deuda pública del 60% del PIB”.

“Pero al igual que otras cosas que alguna vez se dieron por sentadas, la pandemia ha eliminado, al menos temporalmente, esa directriz de la UE, mientras los responsables políticos se apresuran a apuntalar las economías”, afirma.

Pilas de yen que van en aumento

iStock
La deuda pública de Japón es la más alta del mundo y crecerá casi 30% como consecuencia del aumento del gasto por el coronavirus.

Las mayores deudas

Según los cálculos del FMI, 30 países superarán el 100% de deuda respecto a su PIB en 2020, debido a su respuesta a la pandemia.

Al tope de la lista está Japón, que ya era el país más endeudado, con una deuda pública del 238% del PIB. Este año, la cifra ascendería casi 30 puntos más, a 266%, según ese organismo.

También Sudán y Grecia tendrán deudas por encima del 200% de su PIB, de acuerdo con las estimaciones. El país africano pasaría de 202% a 259% y el europeo de 181% a 205%.

Completan el ranking de los 20 países más endeudados Eritrea, Líbano, Italia, Portugal, Cabo Verde, Belice, Barbados, EE.UU., Singapur, Baréin, España, Mozambique, Bután, Angola, Francia, Chipre y Bélgica.

Estas perspectivas han llevado a algunos legisladores en estos países a exigir a los gobiernos que empiecen a recortar el gasto relacionado con el covid, antes de que la creciente deuda genere un problema.

Muchos de estos políticos proponen que, en vez, se levanten las cuarentenas y restricciones y se reabran las economías.

Sin embargo, think tanks como el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas de EE.UU. advierten que esto sería un error.

“Contrariamente a algunas teorías previas, no hay evidencia de que una cierta proporción de deuda con respecto al PIB precipite una crisis de deuda“, señaló el instituto en un informe.

“La reapertura de la economía ha fracasado como estrategia para fortalecer las finanzas familiares y estatales, y esta estrategia no puede justificar el retiro a nivel federal de la sólida ayuda fiscal para las familias y los estados”, agregó.

Un mendigo durante la Gran Depresión en EE.UU.

Getty Images
Recortar el gasto impidió la recuperación después de la Gran Depresión, advierten los expertos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas de EE.UU.

El centro de investigación también advirtió que “un giro equivocado y prematuro hacia la austeridad fiscal impidió la recuperación después de la Gran Depresión, y los legisladores deben evitar cometer el mismo error ahora”.

Riesgo para los más pobres

No obstante, los mismos actores que consideran que la histórica deuda pública mundial no debería causar alarma ni llevar a los gobiernos a reducir su gasto durante la pandemia, también advierten que la situación no será igual para todos.

Letzing, del Foro Económico Mundial, reconoce que “los niveles récord de deuda pública crearán desafíos financieros en muchas partes del mundo”.

“Los países en desarrollo, por ejemplo, podrían ser incapaces de aprovechar los mismos recursos que sus pares más ricos, y es probable que pronto se vean obligados a pagar miles de millones de dólares en pagos de deuda”, alerta.

También Georgieva, la directora del FMI, ha advertido que “muchos países se han vuelto más vulnerables” debido a sus niveles de deuda.

La economista sostiene que se debe actuar de forma coordinada para ayudar a estos países a “lidiar con su deuda”.

“Entraron en esta crisis con niveles de deuda ya elevados y esta carga solo se ha vuelto más pesada. Si quieren luchar contra la crisis y mantener un apoyo político vital; si quieren evitar la reversión de los avances en desarrollo logrados durante décadas, necesitarán más ayuda y rápido“, señaló.

“Esto significa acceso a más subsidios, crédito en condiciones favorables y alivio de la deuda, combinado con una mejor gestión de la deuda y transparencia”, detalló.

Kristalina Georgieva

Reuters
Kristalina Georgieva, del FMI, afirma que habrá que ayudar a los países más pobres que no pueden hacer frente a su carga de deuda.

Georgieva adelantó que “en algunos casos, será necesaria la coordinación global para reestructurar la deuda soberana, con la plena participación de los acreedores públicos y privados”.

“El largo ascenso”

Según la jefa del FMI, el mundo atraviesa en este momento un “largo ascenso” para salir de la crisis que trajo el coronavirus.

Este difícil ascenso será “desigual, incierto, y propenso a contratiempos”, advirtió.

“Mientras nos embarcamos en este ‘ascenso’, todos estamos unidos por una sola cuerda, y somos tan fuertes como los escaladores más débiles. Necesitarán ayuda para subir”, concluyó.

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BBC

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