Arturo Bermúdez Zurita, quien fue secretario de Seguridad Pública de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, dejó la prisión y enfrentará su proceso en libertad luego de que una jueza ordenó cambiar las medidas cautelares.
Tras una audiencia realizada este miércoles, la defensa de Bermúdez dijo que el exfuncionario saldrá del Penal de Pacho viejo pues la jueza de control determinó que desaparición forzada no es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.
El excolaborador de Duarte deberá firmar cada semana ante la jueza, dar 1 millón de pesos de garantía económica, entregar su pasaporte y no acercarse a los testigos del proceso penal, informó el abogado Rodolfo Reus. Esta acción deriva de la queja 128/2018, del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, la cual beneficia también al exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, quien se espera también deje la prisión en las próximas horas.
En un comunicado, la Fiscalía de Veracruz acusó que no comparte los nuevos criterios jurisdiccionales “que están permitiendo que los probables responsables del saqueo y desaparición forzada de personas en Veracruz” enfrenten sus procesos en libertad.
“Dentro de la carpeta de investigación en contra del ex secretario de Seguridad Pública, existen testimonios de víctimas sobrevivientes, testigos presenciales, dictámenes técnicos y periciales, así como evidencia documental que exhibe que la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Arturo “N”, documentaba las desapariciones forzadas”, señaló la Fiscalía.
“Es decir, existen al día de hoy datos de prueba sólidos que acreditan la probabilidad de que Arturo ‘N’ encabezó una estructura organizada que desde la Secretaría de Seguridad Pública cometió de manera sistemática desapariciones forzadas, la FGE considera que la única medida cautelar posible es la prisión preventiva”, agregó.
La Fiscalía rechazó la resolución emitida el día de hoy, “en el sentido de que el delito de desaparición forzada de personas no es grave y por lo tanto no amerita prisión preventiva oficiosa. Tampoco se comparte el criterio de que Arturo ‘N’ tenga derecho a enfrentar el proceso en libertad y que éste no pone en riesgo ni el desarrollo del proceso ni a víctimas y testigos.
La presentación periódica semanal, la garantía de un millón de pesos y la prohibición de acercarse a víctimas y testigos, no resulta suficiente en la opinión de la Fiscalía para asegurar la integridad de estos últimos”.
El martes pasado, el excomisionado estatal del agua en Veracruz de Duarte, Francisco Valencia García, quien estaba detenido en el penal de Pacho Viejo desde el 31 de marzo de 2017, quedó en libertad y deberá firmar cada 15 días en el juzgado, no salir del distrito judicial de Xalapa, y dejar en garantía su pasaporte.
Valencia es acusado de peculado, abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. Se le sigue el procedimiento 56/2017 por presuntamente haber autorizado transferencias de los fondos de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) por 435 millones de pesos en 2013 y 2014.
La liberación se dio un día después de que Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas y Planeación de Javier Duarte, salió de la cárcel por las mismas causas.
Sobre estos casos, la Fiscalía señaló que tampoco comparte la decisión jurisdiccional por la cual los probables responsables de desvío de recursos públicos han sido liberados en los últimos días, al modificarle su medida cautelar de prisión por la de una mínima garantía económica, “que no se compara ni remotamente con el monto de 1,200 millones de pesos que ha sido acreditado como probable quebranto patrimonial causado al Estado, imputable a Mauricio ‘N’ y Antonio ‘N'”.
En esas investigaciones, refirió, “se tiene acreditado plenamente por datos de auditoría, la probable participación de éstos en el enorme desfalco financiero. La Fiscalía General del Estado reitera su condena a una serie de resoluciones judiciales contrarias a tratados internacionales, interés social así como a la exigencia de justicia del Pueblo de Veracruz, mismas que serán combatidas con los medios legales procedentes”.
Colectivos reclaman a la Fiscalía
Familiares de personas desaparecidas en Veracruz, agrupadas en colectivos, culparon a la Fiscalía de Veracruz, encabezada por Jorge Winckler, “de no aportar los elementos necesarios para evidenciar la culpabilidad” de Arturo Bermúdez Zurita.
“No realizaron de la manera correspondiente las investigaciones, para la integración de la carpeta de investigación. Este proceso debió haber concluido en una sentencia en contra de Bermúdez… evidentemente no hubo un trabajo jurídico eficiente, profesional, honesto”, indicaron los colectivos, en un comunicado difundido por @movNDmx.
“El nuevo gobierno necesita poner una fiscalía que sirva y que Bermúdez Zurita sea juzgado por delitos de desaparición forzada. Al igual que Duarte y su gabinete”, agregaron.
Las carpetas están mal integradas: secretario de Gobierno
El nuevo secretario de Gobierno de Veracruz, Erick Patrocinio Cisneros Burgos, aseguró que los exfuncionarios estatales involucrados en la red de desvío de recursos en el estado saldrán por la mala integración de las carpetas de investigación.
“Yo lo dije y lo sigo sosteniendo, van a salir todos y no porque tenga una bola de cristal, lo dije por dos razones, porque estaban mal integrados los expedientes o porque ahí había chanchullo”, advirtió en una entrevista a Xeu noticias.
