Sistema de salud en México: avanza la cobertura, pero la esperanza de vida no crece como en otros países

Tres millones de personas que viven en comunidades aisladas no tienen acceso físico a ningún tipo de servicio de salud. Otros 19 millones no son beneficiarios de ningún servicio médico público. Y solo quienes pagan altos precios por esto pueden garantizar su derecho al bienestar.

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Cuartoscuro

A pesar de los avances registrados en materia de cobertura financiera y acceso a los servicios de atención sanitaria, entre 2005 y 2015 la esperanza de vida en México creció poco comparado con el resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras que el aumento promedio de ese indicador fue de 3.4 años en las naciones integrantes del organismo, en México fue de apenas 1.7 años. El segundo más bajo solo después de Lituania.

La radiografía que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018 contiene numerosas explicaciones para este fenómeno. Si bien es cierto que la cobertura médica avanzó en México –en 2008, 38.4 % de la población carecía de acceso a servicios de salud y para 2016 ese porcentaje se redujo a 15.5 %– todavía hay 19 millones de mexicanos que no cuentan con cobertura para atención médica por parte del Estado.

Lo que se avanzó en ese campo se debe en buena parte a la afiliación al Seguro Popular de los sectores de menores ingresos. En 2016, señala el estudio del CONEVAL, 79.7 % de quienes se ubicaban en el decil I se encontraban afiliados a este sistema. Pero ese avance en cobertura no garantiza el acceso a servicios oportunos y de calidad.

Lo que las personas tienen más cerca en todos los casos son los consultorios de las farmacias, que han demostrado una eficiencia en cuento a cobertura mucho más alta y ordenada que la del Estado. Los mexicanos tardan en promedio 22.8 minutos en llegar al consultivo adyacente a una farmacia contra 28.8 para los centros de salud y hasta 53.4 minutos a los hospitales e instituciones públicas.

Al tiempo promedio que un mexicano puede tardar en llegar a un hospital público hay que agregarle el tiempo de espera para recibir consulta en las áreas de urgencias, documenta el informe de acceso a la salud en México. En 2010 los pacientes esperaban en promedio 23.4 minutos, para 2017 ese lapso se alargó hasta 30.2 minutos. La ineficiencia se elevó sobre todo en ciertas entidades donde los tiempos fueron mayores: Aguascalientes (51.3 minutos), Estados de México (46.9 minutos), Hidalgo (45.7 minutos), Tlaxcala (42.1 minutos) y Baja California Sur (40.7 minutos).

La brecha en la infraestructura presente entre sectores es muy grande en México. Por cuestiones geográficas y de distancia, en 2018, 30.9 % del total de las localidades del país estaban aisladas. Sus habitantes, un total de 3,137,271 personas, no tenían por esa razón acceso físico a ningún servicio de salud. En cambio, el estudio del Coneval documentó que en 2014 el sector particular contaba con más de 69 % de las unidades hospitalarias para una población afiliada a seguros privados de tan sólo 3.2 millones. El Seguro Popular y el IMSS tenían 18.3 y 6.3 % de unidades hospitalarias, respectivamente, para otorgar atención médica a una población afiliada de 55.6 y 43.4 millones.

El diagnóstico del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 menciona que se han presentado debilidades en la planeación integral del sistema de salud lo que ha ocasionado problemas para financiar la operación, con carencias en el equipamiento, recursos humanos, gastos de operación y mantenimiento de unidades médicas.

Poco gasto y mal distribuido

De acuerdo con el estudio del CONEVAL, México es el tercer lugar entre los países miembros de la OCDE que menos recursos asigna para la salud, 5.8 contra 9 % del promedio en 2016. Además, la evidencia sugiere que los recursos disponibles no siempre se usan de la forma más eficiente para lograr beneficios. Una de las razones que contribuyen a este problema es la fragmentación del sistema médico.

Cada uno de los esquemas de aseguramiento cuenta con su propia estructura de gobierno y rendición de cuentas, y sólo ofrece acceso a sus afiliados a través de redes independientes de prestadores de servicios financiados por esquemas distintos. Como resultado, existe una coordinación limitada para recaudar ingresos adicionales y para garantizar que los recursos se asignen de forma equitativa entre las distintas instituciones.

La falta de recursos humanos capacitados afecta también en la calidad de la atención. En 2015, la relación de médicos por cada 1,000 habitantes fue de 2.4, mientras que el promedio de la OCDE se situó en 3.4. La relación de personal de enfermería por cada 1, 000 habitantes fue de 2.8, mientras que el promedio de la OCDE fue de 9. La disparidad por estados en disponibilidad de personal médico especializado es hasta de cinco veces. En 2014, Chiapas contaba con 0.4 de estos por cada mil habitantes, mientras que la ciudad de México contaba con casi 2.

También se ha documentado que 44 % de los médicos especialistas se concentran en el sector privado; mientras que la Secretaria de Salud e IMSS suman juntos, 45.6 % , he ahí una de las razones para la saturación de ambas instituciones, de acuerdo el informe.

La falta de personal sanitario capacitado y su ineficiente distribución llevan a que la fuerza laboral en salud se sobreutilice y a situaciones de sobreexplotación, causante del fenómeno de burn out: los médicos residentes que trabajan períodos recurrentes de 24 horas consecutivas cometen 36 % más errores graves que aquellos que trabajan 16 horas consecutivas, tienen el doble de fallas en el trabajo nocturno por problemas de atención, sufren 61 % más de accidentes con material punzo-cortante y tienen el doble de riesgo de sufrir un accidente vehicular cuando conducen a casa después de 24 horas de trabajo.

Ante este panorama, el CONEVAL identifica seis retos principales para lograr avanzar en la garantía plena del derecho a la salud en México:

1) mejorar la calidad y eficiencia del gasto en salud definiendo criterios claros para una asignación equitativa y resolutiva de las necesidades prioritarias de atención de la población

2) aumentar la infraestructura en salud con especial énfasis en el primer nivel de atención. Así como mejorar la distribución de las unidades de atención médica con base en las necesidades de la población, priorizando a las comunidades rurales y de difícil acceso geográfico (y con ello disminuir las brechas entre regiones) –con estrategias como Telesalud, unidades médicas móviles u otras intervenciones que acerquen los servicios a la población en condición de aislamiento.

3) aumentar la generación de recursos humanos para la salud, atendiendo la calidad en la formación del mismo y generando mecanismos para incentivar su distribución territorial con relación a las distintas necesidades en toda la extensión del país con especial atención a las zonas detectadas con insuficiencia de personal calificado

4) mejorar la calidad en los servicios de atención a la salud, considerando en lugar central al paciente, sus necesidades, expectativas y preferencias; y seguir promoviendo el uso de la evidencia para la formulación de la política sanitaria y la mejora continua de los servicios de salud,

5) promover la planeación de políticas públicas enfocadas en la prevención y promoción de la salud con atención especial a las necesidades de grupos sociales en desventaja así como de regiones prioritarias.

6) contribuir de forma prioritaria a reducir la incidencia de la epidemia de obesidad y sobrepeso, con especial atención en el grupo de niños, niñas y mujeres adultas.

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