Hasta este 19 de diciembre, 11,576 servidores públicos han tramitado acciones legales contra la Ley de Remuneraciones, la cual establece que ninguno de ellos puede ganar más que el presidente de la República.
De acuerdo con un corte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en total hay 2489 demandas (230 fueron en línea) interpuestas por 402 jueces, 540 magistrados, 3347 secretarios, 745 actuarios, 3381 oficiales y 1499 servidores externos.
Los inconformes pertenecen a 12 entidades: Pemex, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Gobernación, así como del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
El pasado 10 de diciembre, jueces y magistrados que se oponen a la legislación respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador negando que sean privilegiados y que vivan del abuso de erario público.
Lo anterior, luego de que López Obrador dijera que son ofensivos los salarios que ganan los integrantes del Poder Judicial.
En medio de esta confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, una resolución de la Suprema Corte de Justicia suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones. Sin embargo, tanto Morena como la Presidencia presentaron impugnaciones y un recurso de reclamación en contra del ministro Alberto Pérez Dayán.
