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Elizabeth Ruiz /CUARTOSCURO.COM

Gestación subrogada: Morena apuesta por regular en lugar de prohibir

Renta de mujeres pobres para gestar y dar luz a bebés que serán criados como hijos de otras personas, o autonomía de la mujer y respeto a su derecho a decidir, posiciones que se encuentran a debate ante la posibilidad real de que se apruebe en el Congreso la regulación a las técnicas de reproducción humana asistida, entre ellas la gestación subrogada.
Elizabeth Ruiz /CUARTOSCURO.COM
Por Claudia Ramos
10 de diciembre, 2018
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En México se practican anualmente más de 80 mil procedimientos de reproducción humana asistida, entre ellos la gestación subrogada. Estas técnicas se realizan en más de 100 establecimientos, de los cuales sólo 52 cuentan con autorización para realizar esta actividad, de acuerdo con datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Los centros funcionan en ausencia de una legislación federal específica en la materia, lo que ha dado pie a que establecimientos que ofrecen servicios de reproducción humana asistida “con apego a los más altos estándares internacionales médicos y éticos” como el IMSS, el ISSSTE y el Instituto Nacional de Perinatología, coexistan con otros “que apenas si reúnen las características mínimas para operar”, alerta una iniciativa sobre reproducción humana asistida presentada por Morena en el Senado en días pasados.

En los últimos seis años la técnica de gestación subrogada, de manera particular, ha propiciado una serie de denuncias de organizaciones feministas y de defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, como Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler (FEMMVA) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), por violación a los derechos humanos de las partes involucradas, tanto de las mujeres gestantes como de los padres intencionales, e incluso de los recién nacidos producto de dicha procreación.

Entre las prácticas denunciadas se encuentran la ausencia de un consentimiento informado; la imposición de cláusulas para controlar diversos aspectos de la vida de las mujeres que fungen como madres gestantes, como la alimentación, la actividad sexual y el sueño; la imposición de tratamientos hormonales para aumentar la probabilidad del embarazo, que ponen en riesgo la salud de la gestante; la imposición de tratamientos hormonales con fines eugenésicos; la limitación o imposición de la interrupción legal del embarazo, y hasta la obligación de registrar al recién nacido como la madre y luego darlo en adopción para eludir la legislación que prohíbe los contratos de gestación subrogada con extranjeros.

Estas denuncias han abierto un debate respecto a la forma de solucionar el problema. GIRE ha cabildeado para que las autoridades federales regulen las Técnicas de Reproducción Humana Asistida a través de reformas a la Ley General de Salud que permitan la gestación subrogada, como un reconocimiento al derecho de autonomía de las mujeres. En el otro extremo se encuentran organizaciones de mujeres feministas como FEMMVA, quienes han denunciado la práctica como “un negocio en donde se rentan mujeres y se venden bebés en perjuicio de mujeres pobres”.

En medio de este debate se han presentado desde el 2012 diversas iniciativas en el Congreso que han buscado prohibir la práctica y una, la más reciente, que busca justamente regular las técnicas de reproducción humana asistida. Esta iniciativa, presentada el pasado 20 de noviembre por la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, da pie para regular la gestación subrogada, permitida hasta el momento sólo en Tabasco y Sinaloa, y prohibida expresamente en Coahuila y Querétaro. En el resto del país no hay legislación al respecto.

Al debate se suma la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el pasado 21 de noviembre resolvió a favor de una pareja del mismo sexo a quienes un juez de Distrito en Yucatán negaba el amparo para que el Registro Civil de esa entidad le otorgara un acta de nacimiento a su hijo, gestado a partir de un contrato de gestación subrogada. La Corte reconoció la voluntad procreacional de la pareja, y su derecho para acceder a los adelantos de la ciencia en materia de reproducción asistida y convertirse en padres a través de estas técnicas.

Esto obliga a que, independientemente de que no exista una regulación federal en la materia, los códigos civiles de los estados consideren la “voluntad procreacional” de quienes acceden a un contrato de gestación subrogada y registren como hijo legal al recién nacido producto de ese embarazo. Justo lo que niegan los códigos civiles de Coahuila y Querétaro.

Hijo de mi hija, mi nieto

Desde que en 1974 se reformó el artículo 4o de la Constitución para incorporar el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, se encuentran disponibles en México diversas técnicas de reproducción humana asistida, entre ellas la inducción de ovulación, la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la transferencia de óvulos fecundados, la transferencia intratubárica de gametos u óvulos fecundados, la criopreservación de ovocitos y óvulos fecundados, y la donación de ovocitos y óvulos fecundados.

La gestación subrogada como técnica de reproducción humana asistida existe en el país desde hace 20 años. Sin embargo, fue hasta 2012 que su práctica se empezó a incrementar debido a modificaciones legales en India y Tailandia –entonces destinos internacionales de la gestación subrogada– que impusieron restricciones a extranjeros y parejas del mismo sexo, y que convirtieron a México en la opción para celebrar este tipo de contratos con mujeres que aceptan gestar para una persona o pareja, de manera altruista o a través de una compensación económica.

De esa forma Tabasco se convirtió en el destino favorito de personas o parejas de otros países que buscaban ser padres a través de la gestación subrogada, hasta que en 2016 se reformó su Código Civil para limitar el uso de esta técnica exclusivamente a mexicanos, como lo establece Sinaloa desde un inicio. El principal problema que ha generado esta reforma es la dificultad que ahora enfrentan personas y parejas extranjeras para registrar como suyo al recién nacido producto del contrato de gestación subrogada que firmaron previo al cambio legal, y que ha provocado que mujeres gestantes se vean obligadas por las agencias a registrar a la criatura para luego cederla en adopción, con la incertidumbre jurídica que ello genera para todos los involucrados.

Para FEMMVA, “negar el parto como señal inequívoca de maternidad supone un retroceso a los tiempos en que lo determinante en un nuevo ser humano era la aportación genética del hombre; la mujer era apenas una simple vasija, un lugar de paso. Esta postura, además, no toma en cuenta que para un bebé recién nacido no importa de dónde haya venido el óvulo: madre es la mujer que lo gestó y lo parió”.

En un pronunciamiento dado a conocer en sus redes sociales, el grupo enumera 25 razones para prohibir la gestación subrogada, entre las que destaca que el alquiler de vientres se presta a la trata de personas y es contrario al ejercicio de la libertad de elección de las mujeres. “Gestar y parir para otros no es un derecho (…) las mujeres que son contratadas como madres gestantes se encuentran en precariedad económica, ante una falta de auténticas oportunidades laborales que les garanticen un salario digno con el cual cubrir sus necesidades básicas. Cuando la alternativa es la pobreza extrema o la carencia constante de recursos, la elección no es libre”.

Argumentan además que “quienes buscan legalizar la venta de vientres no son las mujeres empobrecidas, sino las empresas intermediarias, que se encuentran en los países del tercer mundo un negocio jugosísimo. Esa legalización no favorecería el bienestar de las mujeres sino la ganancia de unos empresarios”.

Para GIRE, el argumento es exactamente el contrario: “la reproducción asistida es un avance de la ciencia fundamental para poder ejercer el derecho que tienen todas las personas a fundar una familia, así como el de su autonomía reproductiva”, y la gestación subrogada, como técnica de reproducción humana asistida “puede ayudar a las personas a ejercer su derecho a formar una familia con el número de hijos y espaciamiento que deseen”, como lo establece el artículo 4o Constitucional y tratados internacionales de los que México es parte.

“Criminalizar el acto de gestación subrogada al considerarlo una forma de trata de personas significa partir del supuesto de que las mujeres no son capaces de decidir de manera autónoma si quieren gestar el producto de otra persona; significa asumir que siempre hay abuso y coerción y no un ejercicio libre de derechos”.

GIRE afirma que mientras no exista una legislación de las técnicas de reproducción humana asistida en general, “la incertidumbre jurídica permitirá abusos para las personas involucradas en los procesos de gestación subrogada, desprotección para el personal médico que intervenga e incluso violaciones a los derechos humanos de los recién nacidos bajo estas técnicas”.

Hijo de mi hijo, ¿quién sabe?

La iniciativa presentada por la entonces senadora y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no es el primer intento por legislar respecto a las técnicas de reproducción humana asistida, pero sí es el primero que reconoce que el Estado debe garantizar el acceso a los servicios de reproducción humana asistida como una forma de proteger el derecho de las personas a fundar una familia, a la igualdad y no discriminación, a la salud, y a beneficiarse del progreso científico.

“Cuando el constituyente permanente aprobó esa reforma hace ya 40 años, seguramente no pudo imaginar que la ciencia iba a avanzar hasta dar origen a la reproducción humana asistida; sin embargo, en su atinada redacción, dejó abierta la puerta para que el acceso a esos servicios se convirtiera en un derecho.

“Hoy podemos afirmar que la libre decisión reproductiva consagrada en la Constitución Mexicana no implica exclusivamente la garantía de acceso a esquemas de planificación familiar (…) sino que también comprende la obligación del Estado de promover lo conducente para que todas las personas tengan acceso a los mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la procreación, lo que incluye los servicios de reproducción humana asistida”, enfatiza la exposición de motivos de la iniciativa.

En ese sentido, considera que ninguna de las anteriores iniciativas prosperaron debido a “la prevalencia de enfoques meramente ideológicos que buscan contradecir a los hechos concretos comprobados por la ciencia y a su método (e. g. como el dotar de personalidad jurídica a un embrión)” y por postular “argumentos discriminatorios que excluyen de los beneficios a todas aquellas personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexualidad o que no se encuentren unidas en figuras como el matrimonio o el concubinato”.

Con el objetivo de garantizar este derecho, el documento advierte que la regulación se requiere ante el riesgo en que se encuentran particularmente las mujeres gestantes.

“De acuerdo con datos obtenidos por GIRE, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) reconocía que en 2013 existían en México 52 establecimientos autorizados para aplicar técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, otros datos señalan que operan más de 100, lo que hace pensar, primero, que el número puede ser mayor, y segundo, que muchos de ellos funcionan sin apegarse a la regulación general a la que se ha aludido previamente (regulación general aplicable a servicios de gineco-obstetricia y manejo de células y tejidos)”, además de “jugar con el legítimo anhelo de las personas de poder lograr un embarazo y con el hecho de poner en peligro su vida”.

La iniciativa de Sánchez Cordero propone reformar la Ley General de Salud y fue turnada para su análisis a las comisiones unidas de Salud, y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Sólo necesita la mayoría del grupo parlamentario de Morena para ser aprobada.

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Los tres mexicanos que libraron la muerte en la horca en Malasia tras 11 años en prisión por narcotráfico

Pasaron 11 años en una prisión de Malasia, sentenciados a muerte por narcotráfico. Son tres hermanos que ahora regresan a casa tras recibir el perdón del sultán Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj.
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20 de mayo, 2019
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Aquel día de 2008, los hermanos Luis Alfonso, Simón y José Regino González Villarreal limpiaban una fábrica en Malasia cuando los sorprendió la policía.

Llevaban una semana trabajando en el lugar. Viajaron más de 15.000 kilómetros desde Sinaloa, México, donde vivían, hasta la ciudad de Johor Bahru, donde fueron detenidos.

La persona que los contrató dijo que había un buen proyecto donde ganarían mucho dinero.

El empleo era en una empresa donde aparentemente se fabricaban globos gigantes para publicidad. Pero en realidad era una fachada para producir drogas sintéticas, como metanfetaminas.

Los hermanos González Villarreal lo sabían. “Nosotros estábamos en esa fábrica, a un lado tenían el laboratorio”, cuenta ahora José Regino a BBC Mundo.

Uno no es tonto, llegamos con la idea de que se iba a hacer algo ilegal“, reconoce.

José Regino y sus hermanos fueron sentenciados a morir en la horca, por procesar narcóticos.

Durante 11 años pelearon en los tribunales pero perdieron dos apelaciones a la condena.

Su última esperanza era un indulto. Y lo consiguieron de parte del sultán del estado malasio de Johor, Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj.

El pasado 10 de mayo los hermanos regresaron a Culiacán, Sinaloa, después de ser perdonados con una condición: que jamás regresen a Malasia.

“Está bien”, dice José Regino. “Después de todo lo que pasó no quedan ganas de volver”.

“¿A quién íbamos a acudir?”

El mismo año de la captura de los hermanos González Villarreal, agencias internacionales antidrogas, como la DEA estadounidense, detectaron que narcotraficantes mexicanos producían drogas sintéticas en países de Asia y Oceanía.

De hecho, fueron desmantelados laboratorios del Cartel de Sinaloa en Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo.

Durante el primer juicio que enfrentaron en la Corte Superior de Kuala Lumpur, los mexicanos fueron señalados de pertenecer al cartel.

Ellos siempre lo negaron.

E inclusive, cuando se conoció el caso la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) dijo que los hermanos no tenían antecedentes penales en México.

Pero una de las pruebas que presentó la fiscalía de Malasia en el juicio fue la ropa de los detenidos con restos de metanfetaminas.

En Malasia el narcotráfico se castiga con pena de muerte.

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En Malasia el narcotráfico se castiga con pena de muerte.

José Regino recuerda que a principios de 2008 un amigo le ofreció un empleo bien pagado en Malasia.

No lo pensó mucho. Como sus padres y diez hermanos, Regino se dedicaba a fabricar ladrillos, una actividad de mucho esfuerzo físico y pocas ganancias.

“Estaba con la ilusión de hacer una casita y dije, nos aventamos, todo va a estar bien”, cuenta.

“El amigo nos dijo: ‘Yo los llevo y los traigo’. Pero allá nos abandonó.

Hermanos mexicanos siendo trasladados por las autoridades en 2013.

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Las condiciones de la cárcel eran “terribles”, según los hermanos.

La realidad los enfrentó en Johor Bahru.

Cuando llegaron a la fábrica, encontraron el laboratorio de drogas. José Regino insiste a BBC Mundo que no pudieron escapar.

En el juicio los hermanos dijeron que les habían obligado a permanecer en la fábrica.

“Cuando llegamos y vimos todo eso no tuvimos la oportunidad de salir ni nada porque nos quitaron los pasaportes”, asegura.

“No sabíamos hablar inglés ni malayo, se nos hacía muy difícil comunicarnos y teníamos muy poquito dinero. ¿A quién íbamos a acudir?”.

Una semana después, al llegar la policía, empezó su odisea.

Abandonados

Los tres mexicanos fueron enviados a una antigua prisión, construida en el siglo XIX, que no tiene baños ni letrinas.

Las condiciones eran “terribles, muy duras”, le dice a BBC Mundo Luis Alfonso González Villarreal.

Su hermano José contrajo tuberculosis y así enfrentó el primer juicio.

Ellos denuncian que durante los primeros tres años no recibieron apoyo de la embajada de México y sus familias no tenían dinero para enviarles.

“Estábamos abandonados, solos, no teníamos ni para comprar jabón”, recuerda.

Sin embargo, la Cancillería afirmó en un comunicado que en marzo de 2008, cuando fueron capturados, los hermanos González Villarreal recibieron asistencia consular.

Y durante el juicio la diplomacia mexicana asegura que también solicitó atención médica para los detenidos e informó a su familia de los avances del caso.

La dureza de la prisión era una parte de su vida. La otra fue el proceso judicial que se complicaba cada vez más.

El abogado de los mexicanos aseguró que existían irregularidades graves, como la pérdida de evidencias sobre la culpabilidad de los clientes.

Tampoco contaron con traductores y denuncian que sufrieron maltratos.

Un informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo señala que, en el caso de Malasia, “continuaron recibiéndose noticias sobre uso innecesario o excesivo de la fuerza, así como denuncias de tortura y malos tratos a detenidos a manos de la policía”.

Los argumentos de su defensa fueron desechados por la Corte Superior que emitió una sentencia de muerte.

Los hermanos González Villarreal apelaron la decisión pero en 2015 la Corte Federal de Malasia ratificó la condena.

Para ese momento la embajada mexicana ya había contratado un nuevo equipo de abogados, “pero era tarde, ya todo había terminado, recuerda José Regino.

No obstante, solicitaron una nueva revisión del caso con la esperanza de que, al evidenciar las fallas en el proceso, se repusiera el juicio. Tampoco hubo suerte.

La última salida era el indulto del sultán.

Los diplomáticos mexicanos pidieron que se les conmutara la sentencia de muerte.

Es un procedimiento que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aplica en todos los casos de mexicanos que enfrentan la pena capital.

En México, está prohibida la pena de muerte y legalmente es obligación de la cancillería trabajar para impedir que se aplique esta sanción a los nacionales que reciben esa sentencia en otros países.

BBC Mundo solicitó a la SRE detalles de su participación en el indulto a los hermanos González. La cancillería declinó ofrecer comentarios sobre el tema.

La sorpresa

A partir de 2015, el caso se mantuvo virtualmente estancado, a la espera de la respuesta del sultán.

En marzo de 2018, el sultán ordenó conmutar la pena de muerte de los mexicanos por una sentencia de 30 años de prisión y, meses después, en octubre de ese año, el gobierno anunció la intención de derogar ese castigo de sus leyes.

La conmutación de la sentencia es algo que cumple con una de las tradiciones en Malasia. Cuando se celebra algún acontecimiento importante, las autoridades suelen otorgar medidas de gracia a los sentenciados a muerte.

Eso ocurrió en este caso. Pero los hermanos González Villarreal no esperaban la sorpresa del año siguiente.

Funcionarios transportan pruebas del caso de narcotráfico en el que estuvieron involucrados los tres mexicanos.

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Según el abogado de los mexicanos, se produjeron irregularidades con el caso.

Luis Alfonso cuenta que unos días antes de volar a México fueron enviados de la cárcel donde se encontraban a la prisión central de Malasia.

Para los sentenciados a muerte en ese país y que solicitan el perdón del sultán ese movimiento es una apuesta arriesgada: puede ser que les informen de un indulto, pero también pueden enterarse de que no fueron perdonados.

Los mexicanos sospecharon que podrían recibir buenas noticias porque su sentencia de muerte ya había sido anulada.

“El jefe de la prisión quiso jugar con nosotros”, considera José Regino. “Nos preguntó qué le pediríamos a Dios si lo tuviéramos enfrente. Yo le dije que regresar con mi hija y mis viejos (padres)”.

Respuesta atinada.Nos dijo: ‘Ya pueden regresar a México, el sultán los indultó‘”.

Sultán de Johor.

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El sultán de Johor (centro) decidió indultarles.

Las horas siguientes parecieron tan largas como la estancia en prisión, dice Luis Alfonso.

“En todo el viaje de regreso no dormimos nada. Estábamos ansiosos por pisar Sinaloa. Yo quería que se apuraran las horas pero con el tiempo no se puede”.

No está claro por qué el sultán los dejó en libertad, pero los mexicanos creen que fue otro momento de misericordia por algún asunto importante.

Ahora es lo de menos. Desde hace unos días los hermanos González Villarreal gozan de su segunda oportunidad de vida.

Su plan es empezar otra vez, con un nuevo empleo y el empeño de redimirse. Y aprovechar el tiempo porque “cada minuto es valioso”, dice Luis Alfonso.

“Dejé a mi hija chiquita y ahora ya cumplió 15 años”, cuenta José Refugio. “Le dije: ‘Mija, no tengo para hacer su fiesta’. Y me responde: ‘Regresaste, tú eres mi mejor regalo'”.


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