Instagram: los nuevos filtros de contenido que creó la red social contra la anorexia y la bulimia
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Instagram: los nuevos filtros de contenido que creó la red social contra la anorexia y la bulimia

Si buscas #loseweight, #anorexia o #bulimia, verás un mensaje en el que se advierte que el contenido relacionado puede causar daños.
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12 de diciembre, 2018
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Muchas personas con anorexia o bulimia a menudo usan Instagram para compartir experiencias y “fórmulas” para adelgazar, usando hashtags (etiquetas) para hacer más accesible el contenido.

Una investigación de la BBC reveló que, aunque la red social tiene una lista de hashtags que no se pueden usar por promover malos hábitos alimenticios, los usuarios logran pasarse por alto esos filtros de contenido.

Por eso la plataforma ha añadido algunos hashtags populares a la lista de etiquetas bloqueadas.

También ha agregado advertencias que explican el peligro de acceder a ciertos contenidos.

Por ejemplo, si buscas #loseweight (pierde peso) #anorexia o #bulimia, verás un mensaje antes de acceder a las publicaciones en el que se advierte que el contenido relacionado con esas palabras “puede causar daños e incluso llevar a la muerte”.

anorexia

Instagram

Si haces clic en “más información”, se abre una ventana (en inglés) que ofrece tres opciones:

  • hablar con un amigo
  • contactar una línea de ayuda
  • obtener consejos y apoyo

Pero si haces clic en “mostrar publicaciones” puedes acceder al contenido.

Listas ocultas

Desde su inicio, la red social para compartir fotos ha hecho que algunos términos no puedan ser buscados.

La idea es evitar que los usuarios accedan directamente a imágenes desagradables o chocantes, y también a posts que promueven trastornos alimenticios.

mujer con anorexia

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Algunas personas con anorexia y bulimia usan Instagram para compartir sus fotos y “fórmulas” para adelgazar.

Sin embargo, la BBC descubrió que algunos términos que promocionan la bulimia todavía podrían buscarse y que Instagram incluso sugería opciones alternativas que usan las personas que tratan de fomentar esos hábitos.

En uno de los casos, la red social ofreció hasta 38 alternativas de un término popular entre bulímicos y anoréxicos en la plataforma.

En respuesta a la investigación, Instagram añadió todos esos hashtags y algunos otros relacionados con el tema a su lista de términos que no se pueden usar y colocó más advertencias.

La BBC no tuvo acceso a esa lista específica de etiquetas bloqueadas, pero Insgram aseguró que seguirá trabajando para restringir ese tipo de actividades en su sitio web.

“Problema complejo”

“No toleramos el contenido que fomenta los desórdenes alimenticios y usamos potentes herramientas y tecnologías -incluidas las denuncias a través de la app y aprendizaje automático– para ayudar a identificarlo y eliminarlo”, explicó un vocero de la compañía en un comunicado.

“No obstante, reconocemos que es un problema complejo y queremos que la gente que tiene problemas de salud mental pueda obtener apoyo en Instagram siempre y cuando lo necesiten”.

También dijo que la red social fue “más allá de simplemente eliminar el contenido y los hashtags” y que adoptó un “enfoque holístico” para que quienes miran este tipo de publicaciones cuenten con ayuda.

fotos de comida

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Instagram dijo que “no tolera” el uso de su plataforma para promover enfermedades.

Una de las maneras en que los internautas se saltan los filtros de Instagram y otras redes sociales es escribir mal deliberadamente el nombre de la etiqueta que van a usar.

Instagram, al igual que la mayor parte de las redes sociales, no usa moderadores para buscar de manera proactiva el contenido que va contra sus normas. En lugar de eso, confía en que los usuarios denuncien ese contenido, y los moderadores revisan lo reportado.

“Cuerpos demacrados”

Rose-Anne tuvo anorexia cuando tenía 17 años. Vio fotos en Instagram de gente que se autolesionaba y que describe como “angustiosas”.

“Había imágenes completas de cuerpos demacrados”, le contó a la BBC.

“Puede resulta bastante molesto ver esas imágenes, pero también pueden desencadenar trastornos alimentarios“.

Rose-Anne

Rose-Anne
Rose-Anne dice que encontró muchas imágenes de chicas anoréxicas en internet.

Rose-Anne, quien se recuperó de la enfermedad, también descubrió que la plataforma le recomendaba hashtags para perder peso en su muro, a pesar de solo seguía cuentas relacionadas con la recuperación tras desórdenes alimenticios.

“Recibía sugerencias de contenido que incluían consejos para perder peso“, explica.

La experiencia de Rose-Anne demuestra la dificultad que tienen los algoritmos a la hora de personalizar la experiencia del usuario y detectar las diferencias entre sugerencias positivas y contenido potencialmente dañino.

Algunas organizaciones que ayudan a personas que sufren de anorexia y bulimia han pedido a las redes sociales más responsabilidad en lo que respecta a su política de contenido.

“La situación ideal es que el contenido no pueda buscarse y que sea eliminado, pero si la gente todavía puede buscar contenido dañino para su salud, al menos debería ver una advertencia”, le dijo a la BBC Tom Quinn, de Beat, una ONG británica especializada en ese tipo de trastornos.

Instagram

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Instagram dice que trabaja con “expertos” en trastornos alimenticios.

Muchos de esas publicaciones siguen siendo accesibles. Algunos argumentan que eliminarlas no eliminará el problema y que entonces resultará todavía más difícil moderar ese contenido.

“Si no pueden encontrarlo en Instagram, lo buscarán en otros lados“, dice Quinn.

Instagram prohíbe en sus normas contenido que “promueva o glorifique los desórdenes alimenticios”.

“Los expertos con los que trabajamos nos dicen que la comunicación es la clave” dijo el vocero de Instagram. “Y que unir fuerzas para ofrecer ayuda y facilitar la recuperación es importante”.


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La ciencia que sí dominan los propagadores del dióxido de cloro

Al seguir cómo y quiénes distribuyeron miles de mensajes, citando hallazgos de ensayos clínicos que pretendían probar el poder curativo del dióxido de cloro, se devela cómo la Coalición Mundial por la Salud y la Vida ha perfeccionado su efectivo método desinformador.   
Por Alianza periodística Mentiras Contagiosas * 
24 de marzo, 2022
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En los dos años de pandemia, ha sido persistente y amplia la conversación digital sobre las supuestas propiedades milagrosas del dióxido de cloro para tratar el COVID-19. Tan solo en español han aparecido 680 mil menciones de la sustancia química en redes sociales y sitios virtuales en América Latina. Dentro de esta gran charla virtual, la promoción que hace la Coalición Mundial por la Salud y la Vida (Comusav), una red de devotos del químico extendida por la región, es pequeña. Sus menciones apenas representan el 1.9% del total de las referencias. Sin embargo, su influencia ha sido muy efectiva para legitimarlo. 

¿Por qué ha llegado tan lejos la propaganda de la Comusav? ¿Cuál es fórmula de mercadeo de estos curanderos del siglo XXI para encantar a tanta gente, convenciéndola de que su químico —prohibido por su potencial toxicidad en muchos países del mundo—  es medicina salvadora?

Un análisis de cómo fluyeron y se compartieron esos mensajes de la Comusav realizado por  el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo pro bono de Constella Intelligence, una firma mundialmente conocida en análisis de big data de la conversación pública, le siguió los pasos a la receta desinformadora de la Comusav y descubrió cómo convence a sus entusiastas y consumidores. Este análisis hace parte de la investigación periodística transfronteriza y colaborativa Mentiras Contagiosas, sobre la desinformación y el COVID-19 en América Latina. Los socios de este proyecto coordinado por el CLIP —Univisión (Estados Unidos), Animal Político (México), Agencia Ocote (Guatemala), Efecto Cocuyo (Venezuela), Colombia Check y Cuestión Pública (Colombia), Bolivia Verifica (Bolivia), Chequeado (Argentina) y Aos Fatos (Brasil)— son medios independientes de la región, muchos de ellos con una larga experiencia en la verificación de información pública, que han producido una decena de piezas periodísticas que muestran cómo ha cundido la información deliberadamente falseada, quiénes han estado detrás y cuáles son los intereses que los empujan.

En efecto, los mercaderes de la Comusav, cuyo entramado empresarial y político revelamos en otra de las historias de esta investigación colectiva, influyen más que otros actores de mayor actividad digital. “Son mayoritariamente presentados como doctores o expertos y participan en diferentes eventos o jornadas, o conceden entrevistas a televisiones o radios”, explican los analistas de Constella. Así buscan legitimar el discurso alrededor de esta sustancia. “Por esa pátina de respetabilidad pueden hacer sus teorías algo más permeables que las de otros, tal vez negacionistas más influyentes y activos en redes”, argumenta la firma.

El CLIP hizo seguimiento a dos estudios médicos firmados por algunos de sus asociados y descubrió cómo, a pesar de su falta de base científica, fluyeron mensajes aseverando que eran pruebas contundentes de la eficacia de la solución mineral por 65 grupos y canales en Telegram —un servicio de mensajería de origen ruso que es hoy un canal central de difusión de desinformación en contra de las vacunas— y por Facebook.

La prueba clínica que no fue

Un primer ejemplo de esta estrategia es la difusión de una prueba clínica de dióxido de cloro en pacientes con COVID-19, que se inició en 2020 con 20 pacientes en Bogotá y Madrid (un municipio aledaño a la capital colombiana) y en cuya documentación dice que finalizó en junio de ese año, pero no incluye resultados. 

La prueba fue organizada por los colombianos, el médico Eduardo Insignares Carrione, quien fue presidente de Comusav Colombia (y que según el registro único colombiano de talento humano se graduó de medicina en mayo de 1982) y su esposa Blanca Bolaño. Insignares además firma sus artículos académicos como director de investigación en una empresa del alquimista e inventor alemán Andreas Kalcker, principal promotor del dióxido de cloro en Latinoamérica, obispo de la iglesia que repartía como sacramento el dióxido de cloro G-2, y citada autoridad en la materia (ver su historia en “En virus revuelto ganancia de charlatanes”). También participó Yohanni Andrade, quien prestaba servicios profesionales en el Hospital San Carlos de la capital colombiana. 

ClinicalTrials.org, un sitio especializado en informar sobre pruebas o tests, anunció el 13 de abril de 2020 que el test de Insignares se llevaría a cabo entre abril y junio de ese año, con “un diseño cuasi experimental en dos centros de atención médica en una muestra de 20 pacientes”. Aseguraron que entre los pacientes habría varios profesionales de la salud relacionados con la Fundación Génesis (no tiene relación con la iglesia) y pacientes voluntarios y que recibirían “la preparación de base de dióxido de cloro de 3 mil partes por millón (ppm) con instrucciones escritas y precisas sobre cómo prepararla y tomarla”. 

Apenas dos días después de publicado el anuncio del test, personas en Facebook empezaron a compartir la liga o link a ese anuncio. Un grupo que promueve al partido español de ultraderecha Vox, con una cifra de seguidores relativamente modesta, fue el primero de republicarlo. Otros grupos pequeños, que difunden teorías de conspiración y de ideas conservadoras, también compartieron el anuncio de la prueba, con poco éxito. Pero el 18 de abril lo publicó un grupo con 300 mil fanáticos de temas esotéricos, administrado desde España, y ahí se propagó velozmente.

A medida que fue pasando de mano en mano, el mensaje fue cambiando. Un contenido que se volvió viral dice, por ejemplo, que “el instituto de salud norteamericano” era el responsable de la prueba, aunque lo único que había era un anuncio de que se haría un test en un hospital de Bogotá, en el que se advierte de que “el registro de este estudio no significa que este haya sido evaluado por el gobierno de EU”.  

El contenido viral también argumentaba que esta prueba era el “resultado” de la decisión del entonces presidente estadounidense Donald Trump de retirar a su país de la OMS, una movida que fue celebrada por los promotores de las falsas curas contra el COVID-19 como un respaldo a sus teorías alternativas. Estas falsedades se repitieron al menos en otros ocho mensajes, difundiendo el estudio en Facebook y Telegram.

Coincidencialmente, a los pocos días de publicado este estudio, el entonces presidente Trump les sugirió a miembros de su equipo científico que investigaran si una inyección de lejía (decol o hipoclorito sódico) podría curar el COVID-19. 

Estos mensajes, entre otros, circularon en Telegram y Facebook difundiendo el estudio clínico.

Además, este grupo de seguidores de lo esotérico publicó el enlace junto a un video de Andreas Kalcker en el que describía el mecanismo por el cual el dióxido de cloro “oxida” a las células y “cura” el COVID-19. El mensaje de Kalcker fue desmentido al poco tiempo por medios de verificación como Chequeado, pionero en la verificación de noticias falsas en Argentina que conforma esta alianza periodística.

En Facebook, el enlace al estudio clínico fue compartido 771 veces, en grupos y páginas de temas tan variados como esoterismo, partidos políticos de líneas opositoras e incluso avisos clasificados. En promedio, estas páginas o grupos tenían una audiencia 30 mil usuarios cada uno, pero al menos ocho de ellos pasaban de los 300 mil. 

En Telegram, la noticia de la prueba clínica también voló. El primer mensaje que la llevaba apareció el 21 de abril de 2020, en un grupo que apoyaba las marchas pro dióxido de cloro que por esa época se organizaban en Perú. Desde entonces y hasta febrero de 2022, según las cifras que arrojó nuestro análisis, el enlace al estudio clínico se replicó al menos en 81 ocasiones adicionales por esa red, en mensajes que fueron vistos 527 mil veces.

Los grupos o canales que difundieron el supuesto éxito del ensayo clínico para demostrar que el dióxido era panacea para el COVID-19 eran menos diversos que los de Facebook. La mayoría están dedicados a promocionar el químico. También vimos que unos de estos eran administrados por personas cercanas a Kalcker o a la Comusav y a veces sin ninguna afiliación aparente, manejados por usuarios anónimos. 

Algunos de estos grupos incluso difunden instrucciones para consumirlo y listados de vendedores; y otros son largas conversaciones entre usuarios de la sustancia. 

Unos pocos grupos que distribuyeron la noticia del test clínico abarcan un espectro más amplio, pues también difunden contenidos antivacunas y relacionados a otras supuestas curas milagrosas contra el COVID-19. Asimismo, la prueba resultó atractiva entre quienes propagan teorías de conspiración, discursos antisemitas y propaganda de ultraderecha cercana a la teoría de la conspiración Q-Anon, que ha sido vinculada a aliados del expresidente Trump. 

La página web del ensayo nunca reportó resultados y, según un comunicado del Hospital San Carlos, solo tres pacientes alcanzaron a consumir la sustancia. En la comunicación, el hospital rechazó el estudio y el uso del dióxido de cloro, y desmintió tener vinculación laboral con Insignares. Luego se conoció que la institución rescindió el contrato de Andrade, el otro médico que, según el anuncio, había participado en él. 

En entrevista con esta alianza periodística, Insignares dijo que el estudio no se concluyó “para evitar conflictuar y generar más ruido en medios”, a pesar de que tenían “un comité de ética aprobado por el hospital”. 

No obstante, en su comunicado el hospital aseguró entonces que “no hay ningún documento oficial de dicha investigación en la institución”. 

Incluso después de conocerse este fiasco, los amigos del dióxido de cloro siguieron promocionado la fallida prueba clínica como evidencia de sus afirmaciones falsas. El enlace de ClinicalTrials.gov ha sido compartido más de 14 mil veces y ha generado más de 48 mil 500 interacciones en Facebook, según Crowdtangle, una herramienta de medición de redes sociales. 

 

Lejos de desprestigiarlo, este revés volvió a Insignares una especie de héroe para los promotores del dióxido de cloro. En Colombia, un grupo de abogados que entabló una acción judicial (una tutela o derecho de amparo) que buscaba frenar el Plan Nacional de Vacunación, también pretendía ordenar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el regulador colombiano equivalente al FDA estadounidense, que aprobara “de forma inmediata el estudio del doctor Eduardo Insignares, que avala el dióxido de cloro para la prevención y tratamiento del coronavirus”.

Durante todo 2020, Insignares apareció en entrevistas en medios de comunicación en diferentes países. Dijo a una radio en Honduras el 8 de junio de 2020 que “hay dos mandatarios que están coqueteando con la posibilidad” de aprobar el uso del dióxido de cloro. Y un mes después, mientras Bolivia discutía la aprobación del uso de la sustancia, hizo una gira de medios en ese país. Fue entrevistado en el noticiero Bolivisión y en la cadena de radio Fides, ambos de alcance nacional. Ya no hay rastro del contenido de la nota en televisión, pero en radio dijo que no había evidencias de su toxicidad. Aseguró además que su familia toma el químico y que “la investigación profunda del dióxido de cloro apenas está empezando”.

La entrevista fue conducida por el periodista John Arandia, uno de los más populares de Bolivia. Quizás por eso fue ampliamente difundida en grupos de Facebook en el país. La republicación más popular alcanzó 875 mil reproducciones y fue compartida más de 26 mil veces en esa red social. Fue el contenido más popular de Insignares desde en esa red social desde el comienzo de la pandemia, en febrero de 2020. No fue este el último experimento del médico colombiano. 

Un cuasiexperimento

El 8 de marzo de 2021 se publicó un artículo titulado “Determinación de la efectividad del dióxido de cloro en el tratamiento del COVID-19” en una revista llamada Journal of Molecular and Genetic Medicine. El documento fue firmado por Insignares, Bolaño, Andrade y los bolivianos Patricia Callisperis (entonces presidenta de la Comusav en ese país), Ana María Suxo, Arturo Bernardo Ajata San Martín y Camila Ostria Gonzales. 

En él, se afirma que se encontró una mejoría del 95% de los pacientes tras 14 días de tomar la sustancia.  El estudio dice estar basado en la prueba clínica hecha en Bogotá —cuyos resultados nunca fueron publicados oficialmente—, pero sostiene que fue “multicéntrica” porque incluyó a 20 pacientes en Ecuador, Bolivia, México y Perú, pero ninguno en Colombia. Los pares académicos revisaron el artículo en tiempo récord. En solo siete días, del 22 de febrero al 1 de marzo de 2021, ya concluyeron que el estudio era válido. 

Los cortos tiempos de revisión son un indicio de la baja calidad científica de la revista que publicó el documento. Distintos medios de verificación de hechos, como Colombiacheck o Chequeado (los dos forman parte de esta alianza periodística), anotaron en verificaciones independientes que el estudio tiene fallas metodológicas, de lenguaje científico, de forma e incluso errores geográficos. Los autores se presentaron con credenciales institucionales dudosas y con muchas citas autorreferenciales, incompletas o erráticas que impiden saber a ciencia cierta el origen de la información. Además, la revista ha sido cuestionada por cobrar 2 mil 200 dólares por publicar artículos sin hacerles una exhaustiva revisión.  

A una conclusión similar llegó un análisis publicado en The Conversation por Tania Romero Allsop y Kevin Navarrete, quienes trabajan como investigadores en el Instituto de Microbiología de la Academia Checa de Ciencias. Allí se detalló el error de hacer un “cuasiexperimento” en el que cada participante decidió si tomar o no el dióxido, lo que indujo a posibles sesgos a la hora de valorar si el químico tenía o no efecto. Para que fuera válido el estudio, dicen estos investigadores, tendría que haber sido “doble-ciego” y aleatorio. Es decir, que ni investigadores ni pacientes supieran quién tomó placebo y quién dióxido de cloro hasta el final de los resultados, y que las probabilidades de estar en uno u otro grupo fueran las mismas al comienzo de la prueba. 

Además, el estudio no determina si una persona se curó del virus con una prueba reconocida como PCR o medición de la carga viral, lo que daría certeza, sino con una descripción de los síntomas. “Se evaluaron variables subjetivas como el dolor o los escalofríos, justo las características que son más influenciadas por el efecto placebo”, dicen los investigadores. 

El artículo es tan problemático que hasta algunos de sus coautores han intentado desmarcarse de él. En abril de 2021, Suxo dijo a un medio español que promociona el dióxido de cloro y reporta sobre las movidas de la Comusav que le parece que el estudio carece de credibilidad y que el contingente boliviano ha intentado que quiten sus nombres de él, sin mayor éxito.

Ante estos señalamientos, Insignares le dijo a este equipo periodístico, que las estadísticas de impacto y relevancia de la publicación Donde apareció el artículo la hacen “una revista aceptable y promedio”. Dijo además que el mismo documento admite la posibilidad de que se presenten sesgos y efecto placebo. Pero explicó que cuando desaparecen la fiebre y los  escalofríos no se puede pensar que esto es un efecto placebo. “Intente quitarse una fiebre con la mente y verá lo difícil que es”. dijo. 

Sobre las limitaciones de la metodología del estudio, el médico Insignares admitió que si hubieran utilizado métodos aleatorios y de doble ciego hubiera sido mejor, pero aseguró que él y sus colegas no podían correr con los costos de un estudio así y que, aun así, el experimento que hicieron tiene validez científica. “Nosotros hicimos lo mejor que pudimos con los que teníamos a disposición de recursos, siendo metodológicamente estrictos”.

Sobre las diferencias con sus coautores, Insignares dijo que se trató de un enfrentamiento personal “bastante incómodo para mí” entre Andreas Kalcker y los coautores bolivianos de la investigación, el cual —aseguró— no tiene relación con el contenido del estudio.

Contactada, Patricia Callisperis dijo que no contestaría sin que primero el periodista le enviara su registro de periodista y su currículum “para en enviar a la Asociación Internacional de Periodismo para que estén presentes el día de la entrevista, si esta se realiza. Así no se tergiversarán los hechos”. En Bolivia no existe un registro oficial de periodistas y esta asociación a la que se refiere es desconocida. Al insistirle, optó por no dar la entrevista. 

La falta de evidencia sólida del estudio de bajo recursos no impidió que los promotores del dióxido de cloro hicieran circular este artículo en redes sociales como supuesta prueba definitiva de la eficacia de la sustancia como tratamiento anticovid. El 8 de abril, en un escueto video difundido en uno de los canales oficiales de la Comusav en Telegram, Insignares daba la “primicia” sobre su estudio. 

Pronto comenzó una ola de mensajes que lo difundían en el original en inglés o su traducción al español, que muchas veces repetían o incluso exageraban las afirmaciones que están en él. “El dióxido de cloro sí cura el COVID-19, después de casi un año de estudios y probado con cientos de personas”, dice un texto del que encontramos 46 republicaciones en esta plataforma. Otro texto, que fue republicado al menos 21 veces, dice que el estudio probaba que “es innecesario cualquier medicamento alternativo o inyección experimental”, refiriéndose a las vacunas. 

En total, encontramos 132 mensajes que difundían el artículo en nuestro seguimiento de Telegram, que fueron vistos 1.2 millones de veces en esa plataforma. Es interesante notar que los mensajes más sobrios venían de los canales oficiales de Kalcker o Comusav, mientras que los que distorsionaban los supuestos hallazgos normalmente venían de grupos sin una afiliación aparente.

En Facebook, la difusión de este documento fue inferior a la que obtuvo en el estudio clínico. Encontramos 96 republicaciones del artículo, la mayoría de ellas en páginas y grupos dedicados a la difusión de temas esotéricos o teorías de la conspiración, con una audiencia promedio cada uno de 24 mil 700 usuarios. Los posts tuvieron un total de mil 286 interacciones, una fracción de las obtenidas por el link del estudio clínico publicado en 2020. 

El estudio encontró eco en algunos sitios web. El más popular fue un medio costarricense llamado Cambio Político, cuyo reporte (hoy borrado) obtuvo 10 mil interacciones en Facebook y fue compartido en una veintena de grupos y páginas, según Crowdtangle. Además, la boliviana Karla Revollo, con gran influencia en redes, entrevistó a Insignares en su programa de radio que difunde terapias medicinales alternativas. Revollo es la directora internacional de comunicación de la Comusav.

Así, Insignares ha construido una influencia que le permite hoy presentarse como un supuesto líder científico. Cada vez que le dan la oportunidad, aparece en los congresos de América Latina pidiendo “apoyo para hacer más estudios científicos y clínicos”. También ha dicho que las muertes han subido después de la vacunación, una afirmación contraria a la realidad de Latinoamérica, un continente en el que en la mayoría de los países el 70% de la gente tiene al menos una dosis de la vacuna. 

Del análisis de estos dos estudios espurios se puede ver con claridad que sí hay un método probado que estos promotores del dióxido de cloro de la Comusav dominan bien. Pero no es la ciencia para curar el COVID-19, sino la de cómo diseminar su desinformación con eficacia. 

Producen “estudios” que en apariencia parecen sustentados. Sus propios militantes producen los documentos, los publican en medios que también tienen la pose de contener ciencia, pero no resisten una verificación. Su red o la de sus aliados los comentan y comparten profusamente en comunidades digitales de promotores y simpatizantes del dióxido de cloro y simpatizantes de las teorías de conspiración. Y de vez en cuando consiguen que la apariencia de ciencia legítima convenza a incautos, que asustados por el mortal virus, y sin vacunas accesibles, se vuelvan clientes de los múltiples negocios que han montado alrededor del dióxido de cloro. Desafortunadamente, algunos de esos mensajes también son republicados sin chistar por medios de comunicación, que por supuesto masifican a la fraudulenta cura. 

 

Carolina Méndez, Joaquín Martela y Marcelo Blanco de Bolivia Verifica hicieron reportería desde Bolivia. Mago Torres, parte del equipo de CLIP, colaboró en el diseño del análisis de datos de redes sociales.

 

* Equipo de Mentiras Contagiosas:

Dirección y edición: Pablo Medina Uribe y María Teresa Ronderos; Producción: Luisa Fernanda López; Desarrollo web: Diego arce; Análisis y visualización de datos: Rigoberto Carvajal y José Luis Peñarredonda; Gerencia: Emiliana García; Grabación de testimonios: Ángela Cantador; Ilustración para logo: Miguel Méndez; Caricatura de portada: Ditto.

Autores:

José Luis Peñarredonda, CLIP

Jeanfreddy Gutiérrez, Colombiacheck

Sharon Mejía, ColombiaCheck

Pablo Medina Uribe, CLIP 

Este trabajo contó con apoyo en Investigación de Olaya Grueso de Correctiv.

 

Mentiras Contagiosas es un trabajo coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística – CLIP en el que participan Chequeado de Argentina, Bolivia Verifica de Bolivia, Aos Fatos de Brasil, ColombiacheckCuestión Pública de Colombia, Efecto Cocuyo de Venezuela, Agencia Ocote de Guatemala, Animal Político de México y El Detector de Univisión de Estados Unidos.

 

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