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Por qué Japón insiste en cazar ballenas contra la opinión de gran parte del mundo
Japón, al igual que otras naciones balleneras como Noruega e Islandia, sostienen que la caza de ballenas es parte de su cultura y debe continuar de una manera sostenible.
26 de diciembre, 2018
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En un movimiento que generó una ola de críticas, Japón anunció este miércoles que reanudará la caza comercial de ballenas el próximo mes de julio.

Por ello, se retirará de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), el organismo encargado de la conservación de las ballenas, y que prohibió su caza con fines comerciales en el año 1986.

La decisión de Japón, miembro de ese organismo desde 1951, tendrá graves consecuencias, según los grupos ecologistas, entre ellas que el país podrá cazar libremente especies actualmente protegidas por la CBI, como las ballenas minke.

Pero, ¿por qué Japón toma esta decisión, enfrentándose al cuestionamiento internacional? Los argumentos se centran en la tradición y la soberanía.

“Parte importante de la cultura”

Japón, al igual que otras naciones balleneras Noruega e Islandia, sostienen que la caza de ballenas es parte de su cultura y debe continuar de una manera sostenible.

De hecho, varias comunidades costeras en Japón han cazado ballenas durante siglos y continúan haciéndolo.

Sin embargo, los miembros de la CBI acordaron una moratoria a la caza comercial en 1986, para permitir que las poblaciones de ballenas se recuperaran.

Las naciones balleneras esperaban que la moratoria fuera temporal, hasta que se pudiera llegar a un consenso sobre cuotas de captura sostenibles.

Sin embargo, se convirtió en una prohibición casi permanente, para alegría de los conservacionistas y pesar de las naciones balleneras.

En septiembre, Tokio intentó que la CBI permitiera cuotas de captura comercial, pero la propuesta fue rechazada.

En su declaración de este miércoles, el gobierno de Japón dijo que la CBI no estaba lo suficientemente comprometida con uno de sus objetivos, la caza comercial sostenible, y acusó al organismo de centrarse solo en la conservación de los números.

En su anuncio, el gobierno japonés dijo que la caza comercial de ballenas se limitará a sus aguas territoriales y zona económica exclusiva, por lo que Japón dejará de cazar en las aguas antárticas y en el hemisferio sur.

¿Realmente los japoneses consumen tanta carne de ballena?

La respuesta es no: cazar ballenas es irrelevante para la alimentación de la población de la nación asiática.

Las cacerías realmente grandes de ballenas no comenzaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que Japón estaba en ruinas y su población se moría de hambre.

Alentado por el general Douglas MacArthur, el país nipón convirtió dos enormes barcos de la Armada estadounidense en buques factorías y zarparon hacia la Antártica.

Desde fines de los años 40 hasta mediados de los 60 la de ballena fue la principal fuente de carne en Japón.

En su punto álgido, en 1964, Japón mató más de 24.000 ballenas en un año.

Pero hoy Japón puede permitirse importar carne de otros países, como Australia y Estados Unidos, y el consumo de la carne de ballena se ha desplomado en las últimas décadas.

Según el periódico japonés Asahi, la carne de ballena representa solo el 0,1% de toda la carne vendida en Japón.

La industria ballenera ha intentado revertir la tendencia organizando festivales de comida e incluso visitando escuelas, pero sobrevive fundamentalmente gracias a subvenciones estatales.

“Investigación científica”

Pese a la prohibición, Japón lleva años cazando ballenas, sirviéndose de una excepción a la prohibición que permite la caza de ballenas con fines científicos.

Significa que las ballenas pueden ser capturadas para estudios científicos y luego la carne puede ser vendida para el consumo.

Japón ha capturado entre 200 y 1.200 ballenas cada año, argumentando que está investigando los niveles de poblaciones para ver si las ballenas están en peligro o no, y, por tanto, si la prohibición a la caza comercial puede ser levantada.

Los críticos dicen que esto es solo una cubierta para que se puedan matar ballenas por su carne. Y, de hecho, la carne de las ballenas sacrificadas para investigación generalmente termina vendiéndose.

Pero el argumento de la investigación casi nunca es mencionado por los partidarios de la caza de ballenas, que son más propensos a citar la tradición, la soberanía y la hipocresía percibida de las naciones contra la caza de ballenas.

El profesor Atsushi Ishii, de la Universidad de Tohoku, experto en política ambiental, sostiene que es una excusa para subsidiar una industria no rentable, pero políticamente sensible.

¿Cuáles han sido las reacciones?

En una declaración conjunta, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, y la ministra de Medio Ambiente, Melissa Price, dijeron que estaban “extremadamente decepcionadas” con la decisión de Japón.

“Australia sigue oponiéndose decididamente a toda forma de caza de ballenas, tanto comercial, como la llamada ‘científica'”, se lee en el comunicado.

Greenpeace Japón instó al gobierno a reconsiderar su decisión.

“Está claro que el gobierno está intentando escabullirse en este anuncio a fines de año, lejos de la atención de los medios internacionales, pero el mundo ve esto como lo que es”, dijo su director, Sam Annesley.

“La declaración de hoy está fuera de sintonía con la comunidad internacional”, agregó.


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ProCDMX
Particulares exigen indemnización de 921 mdp por cancelación del Corredor Chapultepec
La Secretaría de Finanzas calificó esta exigencia de “absurda”, y dijo que el gobierno capitalino emitirá en breve la resolución del cálculo de la indemnización a los particulares que formaron parte del fideicomiso.
ProCDMX
12 de junio, 2019
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Los particulares que formaron parte del fideicomiso para la construcción del Corredor Chapultepec, cancelado en 2015, reclaman al gobierno de la Ciudad de México 921 millones de pesos de indemnización.

En conferencia de prensa la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, informó que el gobierno capitalino se encuentra en un litigio, ya que los particulares exigen el pago por la cancelación de la obra, aunque nunca llegó a realizarse el proyecto ejecutivo.

González explicó que en julio de 2015 la entidad del gobierno que antes se llamaba “Calidad de Vida” y actualmente es PROCDMX otorgó una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del Corredor Chapultepec, que abarcaba desde la avenida Sonora, en la Condesa, hasta la calle Florencia.

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La concesión para la obra se dio a un fideicomiso privado porque se construiría bajo la figura de “coinversión”, una forma de asociación pública-privada para poder realizar el proyecto.

Sin embargo, en diciembre del mismo año se anunció la cancelación del “proyecto conceptual”, debido a que en una consulta ciudadana organizada por el Instituto Electoral capitalino vecinos de la zona expresaron su rechazo al corredor.

De acuerdo con la secretaria de Finanzas, el proyecto cancelado fue solo “conceptual”, debido a que nunca llegó a realizarse un “proyecto ejecutivo”.

Luz Elena González explicó que las cláusulas bajo las que se determinó la participación de particulares “perjudicaban el interés público”, pues establecieron que, ante una extinción anticipada con responsabilidad de la dependencia auxiliar, debía indemnizarse a los privados.

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“Lo que el gobierno tendría que pagar por la cancelación anticipada es lo que haya invertido la empresa más las utilidades futuras durante todos los años que dure la concesión, aunque no hayan realizado nada”, dijo.

Por ello, se inició un juicio por parte de la empresa y del fideicomiso en el que requieren el pago de 921 millones de pesos, aunque el proyecto conceptual fue cancelado, lo que “quiere decir que ni siquiera el proyecto ejecutivo estaba hecho, o sea, no invirtieron un peso dentro de la concesión”.

La secretaria de Finanzas calificó esta exigencia de “absurda”, y dijo que el gobierno capitalino emitirá en breve la resolución del cálculo de la indemnización, dado que no hubo erogación alguna de los privados.

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Acerca del caso, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que su administración no va a pagar “ni un centavo”, y aseguró que invertirán en el drenaje y pavimentación de la zona, pues busca modernizarla mientras se resuelve el juicio por la indemnización.

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