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Cuartoscuro
De 2014 a 2016, militares torturaron física y sexualmente a 9 personas en seis estados: CNDH
La Recomendación 16VG/2018 por violaciones graves a los derechos humanos de la CNDH documentó 6 casos en los que personas fueron víctimas de tortura por parte de soldados, y de violación del derecho de acceso a la justicia, cometida por la PGR.
Cuartoscuro
13 de diciembre, 2018
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El 2 de febrero de 2012, policías de Lagos de Moreno, Jalisco, marcaron el alto en un retén a un vehículo en el que viajaban ocho personas, y obligaron a dos de ellas a descender. Las dos víctimas fueron retenidas durante la noche por los uniformados municipales, y posteriormente entregados a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con la Recomendación 16VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En instalaciones militares, ambos fueron asfixiados con bolsas de plástico y recibieron descargas eléctricas en el torso y genitales, mientras los uniformados trataban de obtener una declaración que los inculpara como integrantes de un grupo criminal.

Luego de que una de las víctimas fue torturada, los militares lo condujeron hasta un sitio en el que se encontraba su familia, para que se percatara que todos ellos se encontraban golpeados.

De acuerdo con una de las víctimas, al ser recibido por un “comandante” de la Sedena, este le dio una cachetada y le dijo que “tenía que hacer lo que él dijera”, y refirió que así dejarían ir a sus familiares.

Luego de haber permanecido 19 horas retenidos por los militares, ambos fueron trasladados a la Cruz Roja local, donde fueron revisados por un médico. Los militares los amenazaron para que no denunciaran las agresiones de las que fueron objeto.

Finalmente, fueron puestos a disposición de la PGR en Guadalajara.

Tortura de militares contra militares

La Recomendación 16VG/2018 por violaciones graves a los derechos humanos de la CNDH documentó, además de este caso, otros cinco en los que personas fueron víctimas de tortura por parte de elementos del Ejército, y de violación del derecho de acceso a la justicia, cometida por la Procuraduría General de la República (PGR).

Estas violaciones a derechos humanos fueron cometidas en agravio de 9 hombres, cuatro de ellos con calidad de militares al momento de los hechos, en los estados de Chiapas, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, entre 2014 y 2016.

Tres de las víctimas de tortura con calidad de militares son un cabo de infantería, un sargento y un subteniente de infantería, quienes fueron detenidos en hechos distintos, en el estado de Durango.

El 20 de enero de 2014, dos de las víctimas, el cabo de infantería y el sargento, fueron detenidos mientras se encontraban realizando sus funciones dentro del 58 Batallón de Infantería.

El cabo de infantería dijo a la CNDH que esa tarde recibió un oficio en el que se le indicó que tenía que presentarse ese mismo día ante el Agente del Ministerio Público Militar de la 10 Zona Militar.

En el sitio, agentes de la Policía Judicial Militar le pidieron entregar sus pertenencias (2 teléfonos celulares y cartera), y posteriormente lo condujeron hacia su casillero para realizar una revisión, sin encontrar nada ilícito.

Luego, fue trasladado al 71 Batallón de Infantería, donde lo ingresaron en un cuarto, lo sentaron en una silla, le vendaron los ojos, brazos y piernas y comenzaron a cuestionarlo sobre la relación que mantenía con el crimen organizado en la Plaza de Durango.

Dijeron “que no me hiciera pendejo, que les dijera la verdad y me ahorrara la madriza”, narró el cabo.

Al ver que no aportaba la información, los militares le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para intentar asfixiarlo, mientras era golpeado en el estómago.

Por su parte, el sargento declaró que el mismo día recibió un oficio emitido por el 58 Batallón de Infantería, con la orden de comparecer ante el Agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 10 Zona Militar en Durango.

Por la noche, personal militar lo condujo a la comandancia de la Unidad, donde se encontraban 4 agentes de la Policía Judicial Militar, quienes lo tomaron de los brazos y lo esposaron sin explicarle el motivo de su detención y lo despojaron de sus pertenencias.

Tras una revisión a su casillero, el sargento fue trasladado a las instalaciones del 72 Batallón de Infantería. Al llegar fue ingresado a un dormitorio de oficiales, donde policías militares lo presionaron para que aceptara que trabajaba para una célula del crimen, “y que si no lo hacía ya tenían a dos oficiales para que me denunciaran como miembro de la delincuencia organizada”.

Como no confesó, fue vendado de ojos, muñecas y dedos, y envuelto con una sábana para inmovilizarlo. El sargento fue golpeado por dos horas y recibió chorros de agua en la cara para provocarle asfixia.

“Decían que si moría en ese acto desaparecerían mi cuerpo y me darían como prófugo de la justicia y desertor, y que si mi familia se atrevía a poner una denuncia les pasaría lo mismo”, detalló.

La tercer víctima en Durango, un subteniente de Infantería, manifestó a la CNDH que el 27 de enero de 2013 se encontraba en un puesto de mando del 58 Batallón de Infantería, cuando un soldado le dijo que debía presentarse con el Comandante del Batallón, quien le comentó que un funcionario militar se encontraba detenido por la Justicia Militar, y que lo estaban investigando.

Aunque le notificaron que no estaba detenido, el subteniente fue informado que iban a trasladarlo a la ciudad de Durango, por lo que debía entregar su arma. Al llegar al Campo Militar 5 de Mayo, fue detenido y esposado por dos personas vestidas de civil, quienes lo subieron a un vehículo para golpearlo e insultarlo.

Posteriormente, lo condujeron a un dormitorio, donde lo vendaron y lo cuestionaron sobre su participación con narcotraficantes de la zona. Al desconocer lo que le preguntaban, el subteniente era golpeado en la cabeza y amenazado.

Los militares que lo detuvieron le leyeron la declaración de su compañero detenido, donde se incriminaba a él y otras personas.

Al día siguiente, lo subieron a una camioneta en la que lo trasladaron al Cuartel General de la 10 Zona Militar, donde una persona que se identificó como agente del Ministerio Público Militar le dijo que tenía que formar la declaración “que había rendido”, conseguida con actos de tortura, y que si no lo hacía lo consignarían ante un juez federal.

En el documento, la CNDH destacó que la recomendación se dirige a la Sedena porque se encuentra relacionada con una práctica de los militares que realizan detenciones alegando supuestos casos de flagrancia o de denuncias anónimas, y que derivan en actos violatorios de derechos humanos.

Con los expedientes revisados, la Comisión acreditó que un agente del Ministerio Público Militar (para el caso de 3 víctimas) y los Agentes del Ministerio Público Federal (por cuanto a 6 víctimas) violentaron el derecho de acceso a la justicia en agravio de nueve personas.

La CNDH pidió que se realice una indagatoria penal por la probable comisión del delito de tortura en los seis casos analizados.

Sin embargo, a la fecha, solo en cinco casos se ha iniciado la averiguación previa correspondiente.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al titular de la Sedena reparar el daño a los nueve agraviados conforme a la Ley General de Víctimas e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas para los efectos a que haya lugar; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncias de hechos, y que si la facultad de sanción ya prescribió, se incorpore copia de la Recomendación en el expediente personal y laboral de los elementos militares responsables.

Además, deberá capacitar en materia de derechos humanos a los soldados, y aplicar efectivamente el “Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas” en todos sus operativos, e implementar políticas públicas que permitan identificar y reducir los riesgos y puntos de vulneración de los derechos humanos cuando la Sedena coadyuve en funciones de seguridad pública.

A la PGR, la CNDH recomendó continuar con las prácticas de diligencias necesarias para que se determinen las Averiguaciones Previas conforme a derecho, y colaborar en el seguimiento de la queja que promueva ante la instancia competente de la propia Procuraduría contra los agentes que incumplieron su deber.

Asimismo, le pidió realizar una investigación eficaz e imparcial para identificar a la persona que intervino en relación de una persona mencionada por tres de las víctimas, identificada como “El Licenciado” o “El Lic.”, quien se encontraba adscrito a la desaparecida SIEDO.

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Por qué Tijuana rechaza el título de ciudad más violenta del mundo (y qué dicen las cifras)
Un ranking anual de ciudades con más homicidios dolosos le dio a Tijuana un triste título: la ciudad más violenta del mundo. Pero las autoridades en esa urbe mexicana señalan errores de metodología del estudio.
Por Darío Brooks (BBC News Mundo)
11 de abril, 2019
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Tijuana fue colocada en el lugar en el que ninguna urbe quisiera estar: en lo más alto de la lista de las ciudades más violenta del mundo.

Se trata de un ranking que cada año publica el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) sobre las metrópolis con más homicidios en todo el planeta.

La organización con sede en México presentó el mes pasado su informe “Las 50 ciudades más violentas del mundo” en el que Tijuana aparece con una tasa de 138.26 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes.

Ningún dicho retórico altera ese hecho“, dijo el CCSPJP días después de la publicación de su informe.

Y es que las autoridades de esa ciudad, fronteriza con Estados Unidos, han rechazado durante los últimos días la metodología empleada en el ranking.

“Nadie puede ir en contra de la verdad, no hay lugar a dudas de que Tijuana tiene grandes retos en materia de seguridad”, dijo el secretario de Seguridad Pública municipal, Marco Antonio Sotomayor, en un comunicado en el que rechaza el estudio del CCSPJP.

“Pero que sea considerada por este estudio la ciudad más violenta del mundo es a todas luces falso y está totalmente alejado de la realidad que se vive en Tijuana”, añadió.

La controversia se centra en cómo se determinó la tasa de homicidios dolosos de Tijuana, y si éste debe ser el único factor a considerar para afirmar que una ciudad es violenta.

Una verificación de BBC Mundo a las cifras oficiales muestra que la tasa de homicidios dolosos en esa ciudad arroja resultados inferiores a los calculados del CCSPJP, aunque no por ello menos graves.

Las cifras del estudio

Ciudad que es hogar de casi 2 millones de personas -y miles más que diariamente cruzan desde o hacia EE.UU.-, Tijuana vivió uno de sus años más complicados de seguridad pública en 2018.

El CCSPJP indicó que la metrópoli tuvo 2,640 casos de homicidios doloso -cuando una persona muere por una acción intencional de alguien- el año pasado.

La tasa fue calculada con base en una población estimada de 1,909,424 habitantes de la zona metropolitana de Tijuana, lo arroja una media de 138,26 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En el segundo lugar de la lista está la también mexicana de Acapulco, en donde la tasa se ubica en 110.50, seguida de Caracas (Venezuela) con 99.98.

Primera objeción

La oficina de Seguridad Pública de Tijuana rechaza, en primera instancia, el hecho de que el CCSPJS no solo considerara los homicidios dolosos ocurridos en su municipio, sino que les sumó los ocurridos en Playas de Rosarito.

Esa otra demarcación territorial del estado de Baja California se encuentra unida a Tijuana por una franja de 3 km de longitud de fraccionamientos semiurbanizados entre unas montañas.

Sin embargo, el CCSPJS lo catalogó como la misma zona urbana de Tijuana, pues la metodología de su estudio se enfoca en “manchas urbanas”, indicó el presidente de la asociación, José Antonio Ortega.

“Desde hace 10 años así lo hemos aplicado metodológicamente. Estamos ubicando manchas urbanas y no divisiones políticas que tienen esas ciudades”, dijo Ortega a BBC Mundo.

Para el secretario Sotomayor, sumar homicidios de demarcaciones vecinas es un criterio que “extrañamente”no es aplicado en el mismo estudio en zonas metropolitanas de grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México.

“Ahí se contabilizan los homicidios de forma separada por municipio. Este error metodológico pareciera haberse utilizado para que Tijuana encabece el ranking”, señala Sotomayor.

¿Qué cambia si no se suman?

En respuesta a esta crítica, el CCSPJS indica que solo considerando las cifras de Tijuana, la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes incluso aumenta para esa ciudad, situándola en 139.99.

“Si le quitamos Rosarito, saldría peor Tijuana”, sostiene Ortega.

BBC Mundo hizo su propia comprobación con base en los homicidios dolosos de Tijuana y Playas de Rosarito registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que el CCSPJP cita como fuente.

Con base en las estimaciones de población para 2018 del gobierno de Baja California en esos municipios, la tasa es menor que la reportada por el CCSPJP, pero no da la razón al municipio de Tijuana.

Tijuana tiene una tasa de 125.56 si se evalúa solo el municipio, mientras que si se le suman los casos y población de Playas de Rosarito, la tasa es de 123.66 (solo la de éste último es de 93.05).

La variación del número de homicidios contabilizados en el SNSP -menor en la revisión de BBC Mundo- es algo normal, pues las bases de datos de meses anteriores son actualizadas conforme se confirman o descartan registros erróneos.

Homicidios dolosos en Tijuana. Tasa de casos por cada 100.000 habitantes solo para este municipio (sin incluir a Playas de Rosarito). [ 139,99 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal ],[ 125,26 Observatorio Nacional Ciudadano ],[ 125,56 BBC Mundo ], Source: Fuentes: Publicaciones del CCSPJP, del ONC y recuento de BBC Mundo., Image:

Francisco Rivas, un experto en los índices de violencia de México consultado por BBC Mundo, señaló que “no es correcto” sumar municipios diferentes en estudios sobre estas problemáticas.

“Es como si yo dijera que en el caso de Londres con algún municipio aledaño, yo le estuviera agregando las tasas de incidencia”, dijo el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Su ONG encontró que hay una tasa de homicidios dolosos de 125.26 para Tijuana, es decir, 13 puntos menos que la determinada por el CCSPJP y 0.30 menos que el cálculo de BBC Mundo.

Segunda objeción

Las autoridades de Tijuana parten de un reconocimiento: la situación de inseguridad que vivió la ciudad fue grave.

“Debemos iniciar aceptando la problemática generada por la rivalidad entre grupos delictivos que provocó que las cifras de homicidios aumentaran significativamente el año pasado en Tijuana”, indicó el secretario Sotomayor.

Pero critica que el estudio del CCSPJP solo considere al homicidio doloso como síntoma de una ciudad violenta.

“La violencia se debe medir con base en todos los delitos“, sostiene Sotomayor (en lo cual coincide parcialmente el experto Francisco Rivas, del ONC).

“También deben ser consideradas el alto número de desapariciones forzosas que se presentan en otras regiones de México y que no están considerados como homicidios, pero en la práctica desafortunadamente lo son, situación que no prevalece en Tijuana”, añade el funcionario.

El CCSPJP sobre esto indica que solo compara el homicidio doloso “ante la imposibilidad de obtener datos sobre otros delitos violentos de urbes de todo el mundo”.

“Población flotante”

El secretario Sotomayor también apuntó a que Tijuana vive una situación especial al tener una “población flotante” -las personas que entran y salen de la ciudad día con día- particularmente especial.

“Tijuana por su ubicación geográfica en la frontera tiene una población flotante importante, por lo que el número de habitantes es mucho mayor al establecido”, dijo el funcionario.

“La asociación que publica el estudio (el CCSPJP) utiliza como base las cifras oficiales que están alejadas de la realidad”, añadió.

Ante esto Ortega afirma que su asociación necesariamente tiene que trabajar con cifras de población residente, pues esto es básico para dar certidumbre en el caso de Tijuana y otras urbes de más de 300,000 habitantes consideradas para su estudio.

“No importa que dicho retórico intente el secretario Sotomayor, eso no va cambiar el hecho de que Tijuana es la ciudad más violenta del mundo”, critica Ortega.

¿La ciudad más violenta del mundo?

Desde la perspectiva del Observatorio Nacional Ciudadano, que cada mes presenta cifras de incidencia delictiva en México, el estudio del CCSPJP presenta “muchas debilidades” de metodología.

Francisco Rivas señala que entre varias falencias observa que el estudio “analiza los datos oficiales e incluye otras fuentes no oficiales” ante la falta de información de algunos países.

“Venezuela hace años que no presenta ningún dato sobre seguridad”, señala Rivas.

En su metodología, el CCSPJP dice que toma como base que “las cifras de homicidios deben provenir de fuentes oficiales o fuentes alternas”, como notas periodísticas, y que deben ser “asequibles a través de internet”.

Pero Rivas indica que al no haber homogeneidad en los datos que reportan los crímenes en cada país, es imposible afirmar cuál es “la ciudad más violenta del mundo”.

“Tijuana vive una crisis absolutamente terrible, pero para mí es igualmente grave que afirmemos cosas con la información incorrecta o falsa“, señala.

“Es tan negativo encubrir datos como falsear sistemas de información para castigar a una autoridad”.


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