El colectivo Medios Libres acusó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 no reduce el monto asignado a comunicación social y que el gobierno no justificó bajo qué plan o estrategia basó el presupuesto.
El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla un presupuesto a comunicación social de 4 mil 258 millones de pesos; el año pasado el presupuesto aprobado a ese rubro fue de 3 mil 278 millones de pesos.
Durante la campaña presidencial, López Obrador anunció que como parte de las medidas de austeridad se impulsaría una reducción del 50% en la publicidad gubernamental.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado los excesos cometidos en las pasadas administraciones, ya que el gobierno ha rebasado los montos aprobados por la Cámara en materia de publicidad oficial.
En 2017, por ejemplo, el gasto autorizado fue de mil 447 millones de pesos; sin embargo, al final del año se ejercieron más de 8 mil millones de pesos.
Medios Libres recordó que en mayo de este año se publicó la Ley General de Comunicación Social, que “permite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, contribuyendo al uso de la publicidad oficial para controlar las líneas editoriales de los medios, generando censura indirecta y, de este modo, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Comunicado del colectivo #MediosLibres respecto el #PPEF2019 y el presupuesto propuesto para #PublicidadOficial https://t.co/1boMkNs5TW pic.twitter.com/WTQ9VUCn3L
— Publicidad Oficial (@PubliOficial) December 19, 2018
La ausencia de una regulación adecuada en el gasto de publicidad oficial permite que los sobreejercicios sigan ocurriendo sin control y a discreción de las autoridades encargadas de aprobar los presupuestos, acusó.
“La austeridad anunciada por el presidente no será efectiva si el Proyecto de Egresos no fija topes presupuestarios para la modificación del gasto en materia de comunicación social”, aseguró en un comunicado.
Para el Colectivo, el proyecto determina de manera general cómo se realizará el gasto en comunicación social y advierte sobre la centralización del gasto en la Oficina de la Presidencia de la República, no fija criterios o reglas claras, objetivas y transparentes de asignación del gasto ni tampoco mecanismos de planeación, evaluación y control.
Esto, sostiene, puede ser una limitante en la divulgación de información plural y de interés público.
“La #LeyChayote debe ser abrogada y emitirse una nueva que contemple criterios claros y transparentes para la asignación de la publicidad oficial, así como emitir los candados necesarios para evitar sobreejercicios”, exigió.
