Roma, de Cuarón: cómo era y cómo es ahora el emblemático barrio que inspiró la película
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Roma, de Cuarón: cómo era y cómo es ahora el emblemático barrio que inspiró la película

Miles de personas se identificaron con las imágenes que recrearon cómo era la ciudad y la colonia Roma en 1971.
19 de diciembre, 2018
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Templo de la Sagrada Familia en la Calle Orizaba de Ciudad de México hoy en día.

Alberto Najar
Templo de la Sagrada Familia en la Calle Orizaba, de Ciudad de México, hoy en día.

Nació hace 115 años. Por sus calles y parques caminaron presidentes de México, artistas -como la pintora Leonora Carrington- o escritores como José Emilio Pacheco.

Es la colonia Roma, uno de los barrios más emblemáticos de Ciudad de México, que ahora inspiró la exitosa película del mismo nombre realizada por el cineasta Alfonso Cuarón.

Es, de hecho, el lugar en el que el director, ganador del premio Oscar al mejor director por su película “Gravity”, pasó su infancia.

Los recuerdos de esos años se plasmaron en el filme. Miles de personas se identificaron con las imágenes que recrearon cómo era la ciudad y el país en ese año de 1971.

Para muchos capitalinos, la colonia Roma tiene un espíritu especial, una mezcla de leyendas, tragedias y alegrías que acompañan la historia reciente de la ciudad.

Por ejemplo, el cineasta español Luis Buñuel filmó en el barrio algunas escenas de su película “Los Olvidados”, con la que ganó el premio a mejor director en el Festival de Cannes en 1951.

Templo de la Sagrada Familia en la Calle Orizaba de Ciudad de México a principios del siglo pasado.

Carlos Villasana
Templo de la Sagrada Familia en la Calle Orizaba, de Ciudad de México, a principios del siglo pasado.

Hay una casa donde los vecinos juran que habitó una afamada bruja. Y en 1985 fue una de las zonas más afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

Por todo esto el barrio es emblemático. “Es una colonia entrañable”, le dice a BBC Mundo Rodrigo Hidalgo, uno de los creadores del portal “Ciudad de México en el tiempo”.

“Aquí han sucedido tantas anécdotas e historias familiares. Sigue conservando ese ambiente bohemio que atrae a mucha gente y le da una identidad muy especial”.

Palacete en el Parque España, situado entre las colonias de Roma y Condesa en Ciudad de México.

Carlos Villasana
Palacete en el Parque España, situado entre las colonias de Roma y Condesa en Ciudad de México.

La primera colonia moderna

La colonia Roma se fundó en 1903, durante la última década del gobierno del presidente Porfirio Díaz.

Era un momento intenso. México vivía un período de prosperidad económica, pero al mismo tiempo existía un creciente malestar entre campesinos, obreros e intelectuales.

Díaz llevaba 18 años como presidente de México. Para entonces, la inconformidad social que posteriormente provocó la Revolución Mexicana era escasa en la capital del país.

En ese entorno nació la colonia Roma, en los terrenos de lo que fue un pueblo prehispánico llamado Aztacalco, y que ahora se llama La Romita.

Plaza de Rio de Janeiro, en la colonia Roma de Ciudad de México hoy en día.

Alberto Najar
Plaza de Rio de Janeiro, en la colonia Roma de Ciudad de México hoy en día.

Allí existe la capilla de Santa María de la Natividad, construida en 1530. En el atrio del templo, Buñuel filmó dos escenas de “Los Olvidados”.

Desde el principio, el barrio se concibió como un lugar de casas de descanso para las familias adineradas de la época, conocida en México como “El porfiriato”.

En ese entonces el territorio de Ciudad de México ocupaba la misma superficie de lo que ahora es el Centro Histórico.

El nuevo barrio, a unos seis kilómetros del Zócalo, la plaza central del país, era una zona rural.

Así, algunas de las primeras casas tenían amplios jardines, incluso se construyeron palacetes.

La casa de las brujas

Alberto Najar
El edificio a un costado de la plaza Río de Janeiro se conoce también como “la casa de las brujas”.

Las calles eran amplias y arboladas e incluso había alumbrado público. Fue, de hecho, la primera colonia considerada como moderna en la historia del país.

En ese entonces la moda arquitectónica era de tipo ecléctico, recuerda Rodrigo Hidalgo, mezclando tendencias antiguas con otras modernas.

Pero en general las primeras construcciones tenían un estilo francés, como muchas obras construidas en “El porfiriato”: Díaz admiraba la cultura de ese país.

Artistas

Durante la Revolución (1910-1915) muchas de las familias adineradas que vivían en la colonia Roma abandonaron el país, o se mudaron a otra ciudad.

Las mansiones fueron ocupadas por líderes de los ejércitos revolucionarios. Uno de ellos fue Álvaro Obregón, quien luego fue presidente del país.

El 7 de julio de 1928, Obregón salió de su lujosa mansión en el barrio para encabezar una comida con simpatizantes. En el convivio fue asesinado. El político era presidente electo de México.

El espectacular edificio del centro cultural Casa Lamm, en Ciudad de México.

Alberto Najar
El espectacular edificio del centro cultural Casa Lamm, en Ciudad de México.

En las décadas siguientes, el barrio se amplió. A la nueva zona se le llamó Roma Sur, y fue ahí donde creció Alfonso Cuarón.

Las primeras casas que se construyeron tenían el estilo art déco, como donde vivió el cineasta en la calle de Tepeji.

Muchos de los nuevos habitantes eran de clase media-alta, tenían empleos bien pagados o eran dueños de pequeñas empresas, aunque seguía habiendo familias con menores ingresos.

Entre los vecinos también había artistas. Además de Leonora Carrington y José Emilio Pacheco,en el barrio vivieron los escritores Sergio Pitol, Fernando del Paso y Ramón López Velarde, por ejemplo,

Mario Moreno Cantinflas tenía sus oficinas en la colonia. Frente al hospital Obregón, uno de los más grandes del barrio, hay una estatua del actor.

Sismo y renacimiento

Palacete en la intersección de la Calle Orizaba con Avenida Álvaro Obregón.

Alberto Nájar
Palacete en la intersección de la Calle Orizaba con la Avenida Álvaro Obregón.

La colonia Roma fue una de las más afectadas en el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Decenas de casas y edificios resultaron dañados o se derrumbaron.

El barrio sufrió un nuevo despoblamiento, recuerda Rodrigo Hidalgo, pues muchos de los vecinos se mudaron a sitios más seguros.

Quienes se quedaron no podían mantener las viviendas. La colonia se deterioró paulatinamente, e incluso a mediados de los 90 era una de las más peligrosas de la ciudad.

A partir del año 2000, el escenario cambió. En el vecino barrio de La Condesa abrieron decenas de negocios, como restaurantes o galerías de arte.

Colegio en la Calle Zacatecas

Carlos Villasana
Colegio en la Calle Zacatecas, en la parte norte de la colonia Roma.

Tal prosperidad ayudó a La Roma, que desde hace cinco años es uno de los lugares de moda en la capital.

La vida bohemia se interrumpió unos meses tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, pero ahora el barrio recupera paulatinamente su nueva normalidad.

Hay razones para ello. “Es por la historia que tiene. Aquí ha vivido gente muy famosa, intelectuales, escritores, personajes de la farándula”, explica Rodrigo Hidalgo.

Hubo movimientos artísticos que promovieron que la gente regresara a la Roma. Y a partir de allí se empezó a valorar más”.


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Acuerdo de preliberaciones de AMLO: sin comité, sin reglas de operación y sin beneficiados

El año pasado, el gobierno publicó un acuerdo que prometía liberar a personas presas injustamente y que cumplieran cierto perfil, pero la implementación de esta medida no ha tenido avances.
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A prácticamente 10 meses de anunciarlo y a nueve de formalizarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a presos de cárceles federales con más de 10 años sin sentencia, adultos mayores de 75 años, adultos mayores que padezcan enfermedades crónicas y presos víctimas de tortura no tiene ningún beneficiario. 

En respuesta a distintas solicitudes de información pública, la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Adán Augusto López, confirmó que no se ha instalado el comité que deberá analizar los casos —ni hay fecha para hacerlo—, y aunque se emitieron lineamientos para el beneficio, no hay reglas de operación pues estas deben ser aprobadas por dicho comité.

“Desde su diseño ya era totalmente factible concluir que no iba a tener absolutamente ninguna utilidad práctica para que las personas pudieran salir. En este sentido, no nos sorprende que no esté funcionando, que no se estén liberando a personas, lo que sí nos causa mucho pesar es que el anuncio del presidente en la mañanera y la emisión del propio acuerdo generó muchísimas expectativas entre las víctimas de fabricación de culpables, entre las víctimas de tortura”, lamentó Víctor del Pozo, abogado en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Animal Político buscó a la Segob para conocer las razones por las que no se ha instalado el comité, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Sin resultados 

El 29 de julio de 2021, durante su conferencia matutina, el presidente informó que a la brevedad firmaría un decreto —que a la postre fue un acuerdo— para que personas privadas de la libertad que tuvieran más de 10 años en prisión sin sentencia, adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con alguna enfermedad crónica y personas torturadas fueran liberadas.

Aquella mañana, incluso dijo: “La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia”.

Un mes después, el 25 de agosto, en el DOF se formalizó el acuerdo que instruía a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esta última a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a implementar las disposiciones del acuerdo.

La Segob debía crear el comité permanente y obligatorio que daría seguimiento a los expedientes de las personas que quisieran beneficiarse del acuerdo. Para ello, en apego a los artículos transitorios, la dependencia contaba con tres días hábiles.

Una vez instalado, tendría 15 días más para emitir sus reglas de operación. Sin embargo, a la fecha esto no ha sucedido, por lo que ninguna persona privada de la libertad ha sido beneficiada.

A través de solicitudes de información, este medio solicitó a la Segob conocer cuántas personas habían sido beneficiadas por el acuerdo y que se detallara las causas de su liberación, es decir, en cuál de los cuatro considerandos que contempla el acuerdo recaían sus casos. También se solicitó conocer cuántas veces había sesionado el comité, pero ambas solicitudes tuvieron la misma respuesta: no se ha instalado el comité, no hay fecha para hacerlo y no hay reglas de operación.

“En ese sentido, se informa que con fecha 24 de marzo de 2022, el Titular de la Unidad de Apoyo a Sistema de Justicia, envió al Coordinador General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana correo electrónico con la finalidad de estar en condiciones de fijar la fecha de la sesión en la que se instalará el Comité y en la que también serán aprobadas las Reglas de Operación. Es pertinente aclarar que dicha fecha no se ha concretado”, informó la Segob en la respuesta enviada a través del oficio S.I. 330026222000559.

En dicho correo electrónico, del cual se proporcionó una copia, Crescencio Jiménez Núñez, titular de la unidad de apoyo al sistema de justicia de la Segob, envió a Rubén Fernández, coordinador general de prevención y readaptación social de la SSPC, la versión final de las Reglas de Operación del Comité Permanente de Seguimiento, con lo que ya estarían en condiciones para fijar la fecha de instalación y aprobación de las mismas. Sin embargo, esto no ha sucedido.

En tanto, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informó en el oficio PRS/OC/UNIT/0557/2022 que ha integrado algunos expedientes de personas que buscan beneficiarse del acuerdo, pero que ese análisis se hará hasta la instalación del comité.

“Ahora bien por lo que hace a libertades concedidas en los Centros Penitenciarios Federales, se informa que se han integrado los expedientes respectivos, y una vez que se instale el Comité de carácter Permanente, los mismos serán analizados y se realizarán las gestiones ante las autoridades judiciales correspondientes, quienes son las facultadas para negar o conceder los mismos”, informó. 

El 14 de septiembre, también en conferencia matutina, el secretario de Gobernación celebró que los gobiernos estatales hayan hecho suyo el acuerdo y lo estuvieran implementando en sus estados. De hecho, afirmó que al otro día, 15 de septiembre, se pondría en libertad a las primeras 682 personas; 36 de ellas —declaró— correspondían a presos en penales federales, pero la propia Segob desconoce esta información.

“Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, sin embargo, no se localizó expresión documental que dé cuenta de la información requerida”, informó la dependencia en la respuesta con folio 330026222000558, para la que se solicitó conocer el detalle de las personas liberadas: entidad, centro penitenciario, sexo y razón de liberación.

18 años en prisión y sin sentencia

El día que el presidente dio a conocer que se trabajaba en este acuerdo, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que en México había 94 mil 547 personas encarceladas que no tenían sentencia, es decir, el 43% de la población penitenciaria estaba en prisión preventiva.

De esas personas que no tienen una sentencia, 12 mil 358 son por delitos del fuero federal, mientras que 82 mil 189 son por delitos del fuero común.

Dulce María Obregón Cervantes, privada de su libertad desde hace 18 años sin una sentencia, es una de las personas que, al enterarse de este beneficio, vio una posibilidad de salir de prisión y recuperar su vida, pero los días pasan y sigue tras las rejas.

El 16 de febrero de 2004, cuando regresaba de dejar a su pequeño de cinco años en el kínder, fue detenida. Unos hombres le preguntaron sobre una dirección y cuando menos advirtió ya estaba rodeada y en segundos la subieron a un automóvil.

En entrevista telefónica desde la prisión de Neza Sur, la mujer contó que sin una orden de aprehensión fue detenida a media calle. Horas después y tras ser torturada diciéndole que le harían daño a su hijo y a su familia, le comunicaron que estaba señalada en el secuestro de su exjefe y del hijo de este, un hecho que había pasado dos años atrás.

Recuerda que horas después un elemento de la extinta AFI le dijo: “Los jefes ya me tienen hasta la madre, ya tenemos dos años, ellos quieren un pagador de este secuestro porque ellos no pueden cobrar sus seguros… de la empresa teníamos cinco personas pero a la única que localizamos fue a ti… Ya te chingaste”.

Dos años antes —contó—, ella trabajaba en una empresa de ropa a donde llegaron unas personas a secuestrar al dueño y a su hijo. Todos los empleados, incluyéndola, fueron convocados como testigos, por lo que rindieron su declaración.

Su exjefe fue liberado al otro día y su hijo algún tiempo después.

Al medio año de los hechos, el jefe informó a sus trabajadores que la fábrica, que para entonces se ubicaba en Tlalnepantla, Estado de México, cerraría sus puertas y se iría a Toluca. Dulce recuerda que tuvo que renunciar y entró a trabajar como cajera en una tienda de autoservicio. Año y medio después, fue detenida.

“Querían que grabara un video en donde yo aceptaba el delito; me pusieron en una cartulina detrás de la cámara lo que querían que dijera y se enojaron porque yo veía la cartulina y no a la cámara… hasta me dieron una cachetada porque jamás lo acepté”, relató.

“(Después) me suben a una oficina en donde había como 10 personas, entre ellas mi exjefe, y los demás eran de la AFI. Me sientan ahí en medio y es mi exjefe el que me empieza a interrogar, ni siquiera el Ministerio Público, y me amenaza diciéndome que le diga dónde está la casa de seguridad (porque) yo había participado”.

En ningún momento firmó una declaración donde aceptara el delito del cual era señalada. Sin embargo, al cabo de las horas le llevaron unas hojas en las que le dijeron que pusiera sus huellas porque con eso la dejarían en libertad. No fue así.

“Se supone que esas son las declaraciones en las que yo acepto”, contó.

Después de 52 días arraigada en un hotel de la colonia Doctores, 18 años en prisión y un Protocolo de Estambul positivo en el que se confirma fue víctima de tortura, Dulce exige a las autoridades “que apliquen sus leyes porque solo dicen y prometen, hay una amnistía o un decreto que realmente no los están cumpliendo como debe de ser; lo publican y hasta en la tele sale, pero realmente no lo trabajan”.

“Si realmente quieren hacer justicia, que vengan a los penales y que realmente vean. Yo quiero justicia porque, se escucha feo, pero aquí dejé mis mejores años cuando yo no cometí nada”, dijo.

En estos 18 años, el niño de cinco años que dejó ahora es un joven de 23 que tuvo que ser criado por su abuela, mientras que sus cinco hermanos han buscado la forma de apoyarla pagando abogados privados que —reclama— no han hecho nada por ayudarla.

En 2007, por ejemplo, uno de los abogados que tuvo no entregó conclusiones de su caso y Dulce recibió una condena de 36 años de prisión. Apeló y esa sentencia fue cancelada porque su caso se volvió a abrir.

En 2017, se le volvió a dar la misma sentencia y volvió a apelar. Desde esa fecha su caso sigue abierto y ella sin una sentencia.

“Dicen que la cárcel es para los pobres y yo te puedo decir que sí, yo he visto a mucha gente que igual paga y tiene dinero y se va… yo seguiré peleando hasta que me hagan justicia”, sostuvo.

Reconocer fabricación de culpables 

Víctor del Pozo, abogado en la CMDPDH, afirmó que desde la emisión del acuerdo para liberar a presos que oficializó el presidente se advertían las fallas en su implementación, particularmente en la acreditación de la tortura.

En entrevista, el experto consideró que las autoridades deberían buscar la manera de adoptar una política de Estado integral para hacer frente a la fabricación de culpables.

Una política, explicó, en la que las personas privadas de la libertad no necesiten un abogado o un dictamen tan complejo como el Protocolo de Estambul, sino que realmente haya un compromiso para identificar qué personas están injustamente detenidas y que se les conceda alguna forma de extinción de la acción penal.

“Sería una forma de liberarlas y que al mismo tiempo esté acompañado de un reconocimiento de inocencia, que no sea simplemente un indulto de que ‘yo, por mi buena gracia, Poder Ejecutivo, te voy a dejar ir’, sino que se reconozca que las personas que tienen encerradas son inocentes y que fueron de alguna forma alcanzadas por la mano abusiva y arbitraria del Estado, que ante su incapacidad de hacerle frente a la violencia decide fabricar culpables para inflar sus cifras, y que esto esté acompañado de una reparación integral del daño”, afirmó el defensor.

Agregó que el acuerdo emitido por el Ejecutivo parte de una visión en donde la tortura es una situación excepcional, pero la realidad es que “hay una cantidad aún indeterminada, pero seguramente enorme, de personas injustamente privadas de su libertad consecuencia de las políticas de fabricación de culpables que se tiene no solamente en la Ciudad de México, sino en todas las entidades y a nivel federal en donde la mayoría de las personas han sido víctimas de tortura o detención arbitraria”.

Por separado, Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh, consideró que el reconocimiento por parte del Ejecutivo de la existencia de la tortura y la gravedad de que las personas pasen tanto tiempo sin sentencia sin duda es positivo, pero no suficiente.

“Creemos que fue muy bueno, el primer paso es reconocer, que haya una mirada de comprensión y sensibilidad para las personas que están en prisión por tanto tiempo; sin embargo, no se trata solo de hacer una muestra de interés, sino que esto se traduzca en recursos y personal suficientes. En este tipo de medidas no puede aplicar una visión de austeridad”, expuso la defensora.

“Al final, es un tema de voluntad política, pero también de no ver la dimensión de esto. Mientras tengamos denuncias de tortura de personas privadas de la libertad, estamos hablando de un sistema de procuración de justicia sin capacidad para investigar realmente delitos, y de ahí que sea persistente la tortura en contexto de detención o de investigación criminal”.

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