La medición de la pobreza en el periodo 2008-2016 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revela que la mayoría de las carencias sociales disminuyeron y, sin embargo, México no ha podido combatir realmente la pobreza en los últimos 30 años. Este fracaso se refleja en las altas carencias de acceso a la seguridad social y alimentación que aún padecen algunos grupos de población, como las mujeres y los jóvenes, cuyo ejercicio de derechos se encuentra sistemáticamente comprometido, refiere el Consejo.
Esto se debe a que el combate a la pobreza ha tenido un enfoque cuantitativo soslayando la calidad de los servicios, explicó el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona. Las políticas públicas se han enfocado en la cobertura y no en el acceso efectivo a los derechos sociales, por lo cual el Consejo presentó una serie de indicadores para medir la pobreza durante el próximo gobierno, enfocándose en los derechos y su ejercicio real.
“Necesitamos medir más allá de la pobreza porque el desarrollo social es más que eso: es acceso efectivo a los derechos, no sólo que el niño vaya a la escuela sino que vaya a una escuela de calidad. No es suficiente que haya una afiliación al seguro popular sino que haya calidad en los servicios de salud. Eso hay que medirlo para que podamos cerrar las brechas de un país profundamente desigual”, dijo Hernández Licona a Animal Político.
En el marco del Día de los Derechos Humanos y del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Coneval presentó dos productos que permitirán evaluar el acceso efectivo de la población a los derechos sociales, confiando en que sirvan para crear un mecanismo de colaboración interinstitucional de combate real a la pobreza y de garantía de derechos.
Los productos son el libro ‘Pobreza y derechos sociales en México’ y los ‘Diagnósticos de los Derechos Sociales 2018‘, en los que se identifica las brechas de los grupos sociales que se encuentran en mayor desventaja. El objetivo, explicaron los presentadores, es que el país cuente con un sistema de información continua que permita monitorear el ejercicio de los derechos sociales, más allá de los indicadores de pobreza.
Este sistema, de acuerdo con Gonzalo Hernández, busca institucionalizar indicadores -además de la pobreza- para guiar políticas públicas centradas en alcanzar la calidad y no sólo la cobertura de los servicios. “Para que le digamos al gobernador ‘oiga, no sólo ponga pisos firmes, no sólo haga que el niño vaya a la escuela -que eso baja la pobreza-: es que ese niño y esa familia tenga acceso efectivo a los derechos completos, que aprenda en la escuela”, abundó el funcionario.
No obstante, para que el acceso efectivo a los derechos sea no sólo medido sino garantizado por las instituciones, se necesitaría que los indicadores fueran acordados no sólo por Coneval sino por otras instancias públicas, para que el gobierno se enfoque en un puñado de grandes objetivos que se lleven a cabo por todos los órdenes de gobierno de manera coordinada, puntualizó Hernández Licona.
“La pobreza sólo da cuenta marginalmente de la desigualdad. El acceso a los derechos buscando igualdad de oportunidades te da directamente una entrada a la desigualdad tan grande que hay en el país. Si esa no la afrontamos, si no la perseguimos con política pública, podríamos tener una pobreza extrema que va bajando pero sin cerrar las brechas”, dijo el secretario ejecutivo de Coneval.
Con este objetivo, el Instituto Nacional de Economía Social (dependiente de la secretaría del Bienestar, antes de Desarrollo Social) se encuentra en una etapa de planeación para definir nuevas reglas de operación que permitan que el sector social de la economía sea protagonista de las políticas públicas, lo que deberá estar listo en los primeros meses del año entrante, indicó el director del Instituto, Juan Manuel Martínez.
“Todo lo que está en esta publicación, la orientación de los derechos sociales, es la reflexión que estamos teniendo en el grupo interno de la Secretaría para que justamente podamos tener las modificaciones normativas que nos acerquen”, dijo Martínez en entrevista. Indicó que el primer paso para la secretaría será replantearse su labor, a fin de que no sólo busque generar un desarrollo social en términos amplios y ambiguos sino en la exigibilidad de derechos.
El funcionario aseguró que el rediseño de la secretaría de Desarrollo Social -que inició con su transformación en secretaría de Bienestar- está relacionado con el objetivo de centrar las políticas en los derechos, lo que -a decir de él- está reflejado en la nueva configuración de la estructura de la propia secretaría. “Nosotros no queremos un mero combate a la pobreza sino que realmente toda la población tenga acceso a los medios productivos y financieros que garanticen la concepción de sus derechos sociales”, señaló.
Por su parte, Gonzalo Hernández precisó que el primer paso que el gobierno entrante debe dar para lograr estos objetivos es que los indicadores de medición del bienestar -el de pobreza sumado a otros tres o cuatro específicos- formen parte del Plan Nacional de Desarrollo, “para que todo el mundo vaya sobre esas metas y no dispersar acciones, porque México tiene tantas necesidades que es muy tentador querer arreglar muchas y al final no resolver mucho”.
Agregó que aumentar la cobertura es fácil y la prueba es que ha crecido desde hace 20 años, sin embargo, se requiere una estricta coordinación con los estados, especialmente en los programas relativos a educación y salud. “Desde la descentralización, la responsabilidad es de los estados. Hablando de los ‘superdelegados’ -tan controversiales-, si estos cuates se dedicaran a apretar las tuercas a los gobernadores en la calidad de los servicios de salud y educación, sería un hitazo”, concluyó Hernández Licona.
En la presentación de los indicadores estuvieron presentes también Edgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar. Los funcionarios coincidieron en que para cambiar el enfoque de las políticas de desarrollo social por uno de derechos sociales se requiere que éstos sean exigibles, y que la medición de la pobreza deje de estar basada sólo en el ingreso y contemple otros factores como los precios y el control del mercado.
