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Cuartoscuro Archivo

Exigen apicultores mayas declarar zona de emergencia en la península por mortandad de abejas y deforestación

Los apicultores piden restringir el uso desmedido de agroquímicos, prohibir las fumigaciones aéreas y frenar la tala.
Cuartoscuro Archivo
7 de enero, 2019
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A Marco Antonio Cupul Ku, del ejido Dzonot Carretero en Yucatán, las fumigaciones aéreas le destruyeron sus 91 colmenas en un solo día. A Luis Alberto Cahuich, de José María Morelos, Quintana Roo, una fumigación reciente en un campo vecino le acabó sus apiarios. En la misma situación están cientos de apicultores de la zona maya.

De acuerdo a datos de la Alianza Maya por Las Abejas de la Península de Yucatán, más de 326 colmenas han muerto en la región durante 2018 por fumigaciones aéreas. Cada colmena puede albergar de 25 mil hasta 50 mil polinizadores.

Desde hace años, mayas de la región han advertido que los pesticidas están matando a las abejas y que la Península de Yucatán es la zona más afectada por esto, pero también por la deforestación de la selva. Cada año se deforestan 600 mil hectáreas.

“Se está tirando selva para la siembra de soya transgénica o sorgo. Como estos son monocultivos y son muy grandes, generan un montón de plagas, entonces necesitan usar más agro tóxicos, y ahí vienen las fumigaciones con avionetas o helicópteros, que matan a miles de polinizadores y otros insectos”, afirma Leydi Pech, delegada de la Alianza Maya por Las Abejas de la Península de Yucatán.

A partir de 2012 apicultores y pobladores de la región iniciaron pláticas para resistir al embate de los agroquímicos y la deforestación y formaron esta alianza peninsular, que agrupa a productores de 200 pueblos.

La lucha ha incluido lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una orden que prohíbe la siembra de soya transgénica en Campeche (aunque los pobladores aseguran que ésta se sigue sembrando de forma ilegal) hasta foros para intercambiar experiencias, de los que se derivó una propuesta de política pública, que presentan a las nuevas autoridades del gobierno federal.

Ante funcionarios de la SADER, SEMARNAT, COFEPRIS, SEGALMEX, CONAFOR, INECC, INPI, Procuraduría Agraria y CIBIOGEM, los apicultores piden declarar a la península de Yucatán como zona de emergencia y expusieron que uno de los temas prioritarios es que se frene de tajo la deforestación en el sureste mexicano.

También solicitaron que se prohíba el uso de plaguicidas que afectan a las abejas (Neonicotinoides y Fipronil), una medida ya aprobada en otros países desde hace años, y que se desarrolle una verdadera política para fomentar la agricultura ecológica.

Leydi Pech, quien se dedica a la meliponicultura y es delegada de la Alianza Maya por Las Abejas, subrayó que no quieren subsidios, sino conformar una alianza apícola que busca igualdad y justicia, dignificar la actividad de los apicultores y no recursos económicos ni fines partidistas.

Los apicultores de la Alianza Maya por Las Abejas de la península de Yucatán entregaron a las dependencias del nuevo gobierno una serie de recomendaciones para vincular los proyectos a implementar con el presupuesto 2019.

Entre las propuestas están: apoyo para abrir el mercado nacional a la miel mexicana, en el marco de la nueva política alimentaria del país, incluyéndola por primera vez en la canasta básica de México y en el consumo en las escuelas.

Los apicultores señalaron que actividades tradicionales como la Milpa Maya, con semillas nativas y policultivos generan néctar y polen que benefician a la actividad. Sobre los nuevos programas como el de Sembrando vida, que propone reforestar el sureste, consideraron que pueden ser útil para aumentar la producción apícola. Para ello, proponen que se reforesten también especies que proveen néctar y polen a las abejas, y que la apicultura se considere dentro del programa.

Lamentaron que el sector apícola no haya sido tomado en cuenta como debería en la propuesta de asignación del presupuesto de egresos, a pesar de qué genera más de 800 millones de pesos a las comunidades mayas. “Para 2019, este sector no tiene presupuesto. Pero varias de las cosas que estamos pidiendo no necesitan dinero, solo voluntad política, como lo de detener las fumigaciones aéreas que implica sólo la revisión de la norma para cancelar los permisos y lo mismo con la tala de la selva”, señala Pech.

Durante la reunión, Víctor Suárez, subsecretario de autosuficiencia alimentaria de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), reconoció que “hoy hay en la península de Yucatán una situación de emergencia, que exige medidas de emergencia”.

Admitió que la apicultura no es solo una actividad para producir miel, “es un sistema que produce y reproduce diversidad, que está asociada a la conservación de la milpa, y la milpa maya puede producir los alimentos que se requieren y ser una barrera contra la deforestación”.

Dijo también que la propuesta de las y los apicultores es pertinente y obliga al nuevo gobierno a establecer una verdadera coordinación interinstitucional e intersectorial con la participación de los campesinos para el diseño y la implementación de las políticas públicas. “Vamos a tener la oportunidad de, juntos, encarar los problemas de raíz”.

Las pláticas entre los apicultores y las autoridades continuarán para el siguiente año con la intención de ir concretando acuerdos con las diferentes dependencias involucradas. Leydi Pech adelantó que la siguiente reunión será con funcionarios de la Semarnat, después de la segunda semana de enero de 2019.  

Los apicultores plantean cuatro estrategias claves:


• Articulación territorial de políticas y participación efectiva de las y los apicultores
• Disminución de amenazas derivadas del crecimiento de la agricultura convencional e industrial (uso de plaguicidas y deforestación)
• Capacitación, innovación tecnológica e investigación acorde a las necesidades
• Comercialización de la miel y productos de la colmena y valor agregado, con acceso al mercado nacional

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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Reuters

Paro nacional en Colombia: 3 factores inéditos que hicieron del 21 de noviembre un día histórico

La huelga del jueves puede ser recordada como el día demostró que Colombia, para bien o para mal, ya no es el país de antes. Pese a los disturbios y destrozos usuales, el paro nacional mostró facetas inéditas en un país sin tradición de protesta.
Reuters
23 de noviembre, 2019
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En un país sin tradición de protesta como Colombia, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 fue histórico.

La huelga estuvo originalmente convocada por las centrales obreras, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas pensional, laboral y educativa y a favor del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En suma, la población se movilizó en contra del poder establecido, hoy materializado en el presidente, Iván Duque, un aliado del expresidente Álvaro Uribe que en un intento de ser moderado ha generado rechazo entre la izquierda y la derecha.

A medida que las manifestaciones en Ecuador, Chile y Bolivia aumentaron, dejaron decenas de muertos y generaron cambios políticos importantes, la expectativa ante el paro en Colombia se tomó la agenda nacional durante días.

El gobierno militarizó partes del país, acuarteló el ejército, cerró las fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para “mantener el orden”; se produjeron allanamientos; el partido de gobierno, el derechista Centro Democrático, alertó de la supuesta injerencia de gobiernos chavistas.

Y, como suele pasar en jornadas de protesta en América Latina y el mundo, en el paro hubo —según reportaron medios locales— disturbios, saqueos, daños a la infraestructura pública y abusos de fuerza por parte de las autoridades.

Dicho eso, es probable que la historia recuerde al paro nacional del 21 de noviembre en Colombia como el día en que los colombianos, una población traumatizada por un conflicto armado de 60 años, mostraron su disposición a salir a la calle. Pese a la lluvia. Pese a la represión.

Este paro tuvo una magnitud que ninguna protesta tuvo en 60 años“, le dice a BBC Mundo el reconocido historiador y columnista Jorge Orlando Melo.

“La protesta en Colombia siempre fue localizada, y siempre recibió una respuesta negativa del Estado, que la convertía en peligro”.

“Pero esta salida (al paro) de tanta gente no organizada en todo el país, que buscan una política social más clara y un cumplimento genuino del proceso de paz, puede ser la oportunidad de una alternativa no tradicional sin antecedentes en el país”, concluye Melo.

Tres cosas inéditas demuestran el carácter histórico de la jornada.

Protesta en Colombia

AFP
Cuando parecía que las protestas habían terminado tras la represión policial, miles de colombianos volvieron a salir para reiterar su grito de protestas contra, entre otras cosas, el neoliberalismo.

1. El paro en sí mismo

Colombia no ha tenido la tradición de protesta de países como Chile, Argentina o México por varias razones, pero se destacan la baja tasa de representatividad sindical, de menos del 5%, y la vigencia de un conflicto armado que distorsionó el escenario político clásico de izquierdas y derechas y laceró la viabilidad política de la izquierda democrática, que nunca ha llegado al poder en el país.

El último gran paro nacional se produjo en 1977. Convocado por los sindicatos, el paro fue asumido por profesores, trabajadores y estudiantes y puso contras las cuerdas al gobierno del liberal Alfonso López Michelsen, que enfrenaba una dura crisis económica y una disputa con los militares.

Durante los últimos años, por supuesto, han habido huelgas importantes, como el paro de corteros e indígenas contra el gobierno de Uribe en 2008 y el paro agrario contra Juan Manuel Santos en 2013.

También hubo grandes manifestaciones, como la marcha contras las FARC en 2008 y la que pedía la implementación del acuerdo de paz un día después de que fuera rechazado en un plebiscito en 2016.

Pero al menos desde 1977, y guardando las diferencias de carácter histórico, Colombia no había vivido una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre.

Prácticamente todos los gremios acataron el paro; en cada rincón del país hubo protestas; la mayoría de quienes no protestaron vivieron una suerte de día feriado; el país estuvo paralizado por un día.

Solo el comercio, por ejemplo, se vio paralizado en un 50%, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), lo que equivale a pérdidas de US$60 millones.

En un país históricamente institucionalista, el shock político, económico y cultural que significó el paro del 21 es inédito.

Protesta en Colombia

EPA
Marchas masivas ha habido antes en Colombia, pero esta es la primera vez que un paro es acatado por prácticamente todos los sectores de la economía.

2. El cacerolazo

Al final de la tarde del jueves, cuando las marchas parecían ya haberse apaciguado tras la dispersión policial, miles de colombianos volvieron a las calles.

De noche, muchos en piyama, con el ambiente festivo y musical que marcó el inicio de la jornada, muchos salieron a la calle a reanudar su grito de protesta.

Y con un detalle que es usual en Venezuela, Argentina o Chile, pero que en Colombia no se había visto —o escuchado— en historia reciente: la cacerola.

Desde la calle o desde sus casas, en Bogotá y en otras ciudades del país, un inédito cacerolazo se tomó al país al cabo del día, justo cuando Duque daba un mensaje televisado de 4 minutos en el que criticó los actos “vandálicos”, apoyó a las fuerzas de seguridad y llamó al “diálogo social”.

El cacerolazo se escuchó en barrios de diferentes sectores socioeconómicos y se espera que se reactive en los próximos días.

Protesta en Colombia

AFP
Aunque en Bogotá se vieron las protestas más grandes, en ciudades como Medellín (foto) protestas se vieron en casi todo el país.

3. Protesta en ciudades uribistas

Si los colombianos, en general, históricamente han preferido gobiernos de centro-derecha o derecha, hay ciudades donde esa afiliación política parecía inamovible.

Y una de esas es Medellín, la segunda ciudad más importante del país, tierra del hoy senador y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe, el político más popular de la historia reciente del país gracias a su política de mano duro contra las guerrillas.

Las imágenes de la masiva marcha del jueves en Medellín terminaron de demostrar que la capital de Antioquia se ha diversificado políticamente.

Hace un mes, en unas elecciones regionales en las que el uribismo fue el gran derrotado a nivel nacional, los paisas eligieron como alcalde a un ingeniero de 39 años que apoya el proceso de paz, no hace parte de las maquinarias políticas y marchó el jueves: Daniel Quintero.

La marcha del jueves dejó claro que Medellín ya no es tierra sagrada del uribismo.

Y no fue la única: ciudades tradicionalmente uribistas como Montería, Neiva y Pereira también vieron sus calles tomaras por el paro nacional.

Otra razón para pensar que Colombia, para bien o para mal, ya no es el mismo país del pasado.


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