Estos son los tres elegidos por AMLO para la Fiscalía General
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Estos son los tres elegidos por AMLO para la Fiscalía General

Todos son abogados, pero hay perfiles y propuestas distintas. Los finalistas comparecerán este jueves en comisiones y el viernes ante el pleno del Senado.
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17 de enero, 2019
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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado su terna para el cargo de Fiscal General está compuesta por: Bernardo Bátiz, Verónica de Gyves y Alejandro Gertz.

Los aspirantes comparecerán ante la Comisión de Justicia este jueves y ante el pleno de la Cámara Alta el viernes, para votar y elegir a uno.

La Junta de Coordinación Política del Senado escogió a 10 finalistas de un grupo de los 27 que se inscribieron al proceso y fueron considerados elegibles para el cargo. La elección se dio después de que todos ellos entregaron síntesis de sus trayectorias, de que elaboraron un ensayo y de que comparecieron brevemente ante la Comisión de Justicia para defender su candidatura.

La lista fue enviada al presidente para que eligiera a los tres finalistas.

Quien resulte electo fiscal general de la República deberá ocupar el cargo por un periodo de 9 años.

¿Quiénes son los candidatos?

Algunos han dedicado su vida a investigar delitos, mientras que otros no han trabajado nunca en una Procuraduría. Hay quien destaca por su lucha contra la corrupción, y otros que son cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos son abogados, pero 45 años de diferencia separan al candidato de menor y mayor edad.

En la lista de los elegidos por el Senado hay diferencias importantes en los perfiles, pero también en las propuestas. Mientras que para algunos el problema mayor es el rezago de expedientes, para otros lo es la calidad de las investigaciones, las violaciones a derechos humanos o la impunidad que prevalece.

Animal Político te presenta un breve perfil de los 3 candidatos elegidos y de los 7 restantes que integraban la terna, así como alguna de las propuestas que expresaron en su comparecencia.

Los elegidos

Bernardo Bátiz Vázquez (82 años de edad)

Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Ha sido catedrático en múltiples instituciones educativas y autor de diversos libros y publicaciones, entre ellos “Consideraciones Jurídicas sobre la existencia y Funcionamiento del Fondo Bancario de Protección al Ahorro”, “Teoría del Derecho Parlamentario”, y “Acuerdo para la Procuración de Justicia. Una Visión Humanista”.

En el servicio público fue procurador de Justicia del Distrito Federal de 2000 a 2006, en la gestión del jefe de gobierno, y hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador. Además se desempeñó como diputado federal en las legislaturas XLVIII, LII, LIV y LVII.

Bátiz y AMLO

Bernardo Bátiz y Andres Manuel Lopez Obrador, quien lo ha propuesto como procurador desde la campaña presidencial de 2012.

En su comparecencia, Bátiz prometió una Fiscalía General que sea autónoma del Ejecutivo pero también de lo que denominó “poderes fácticos” entre los que hay grandes corporaciones y organizaciones. Dijo que bajo su gestión la institución tendrá como prioridad procurar el castigo al culpable y la reparación del daño a las víctimas. Prometió que se acabarán los tiempos en que se fabricaban delitos y culpables, se sembraban armas a fallecidos, y se manipulaban investigaciones.

Eva Verónica De Gyvés Zárate (58 años de edad)

Licenciada en Derecho por la UNAM con especialidades en Derecho Penal por la Universidad Panamericana y en Amparo por la misma casa de estudios.

En el servicio público se ha desempeñado como defensora de oficio, Agente del Ministerio Público, Directora de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. También ha sido jueza penal y actualmente Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México adscrita a la Primera Sala Penal.

Eva Verónica De Gyvés

Eva Verónica De Gyvés Zárate durante su comparecencia en comisiones del Senado.

En su comparecencia aseguró que de llegar al cargo defenderá la autonomía de la fiscalía y dijo que no se permitirá a nadie influir en las investigaciones por razones políticas. Entre los retos que planteó se encuentra recuperar la confianza de la población, intensificar la formación de personal, abatir el rezago de expedientes, la descentralización de la Fiscalía General, y acabar con lo que calificó como “excesos en la institución” y violaciones a derechos humanos.

Alejandro Gertz Manero (79 años de edad)

Egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho Penal por la UNAM. Es autor de diversas obras relacionadas con el Derecho y se desempeñó como Rector de la Universidad de las Américas.

En el servicio público ha sido agente del Ministerio Público Federal, oficial Mayor de la PGR, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, primer Coordinador de la Campaña contra el Narcotráfico, diputado Federal, entre otros. Actualmente es encargado de la Fiscalía General luego de que el presidente López Obrador lo nombró subprocurador de PGR antes de su extinción.

Alejandro Gertz

Alejandro Gertz-Manero actualmente es encargado del despacho de la Fiscalía General de la República.

En su comparecencia, Gertz advirtió del rezago de más de 200 mil averiguaciones previas que hereda la Fiscalía y de 22 mil órdenes de aprehensión sin cumplir, por lo que es necesario implementar acciones para abatir este retraso. Dijo que se priorizará el combate a la corrupción, a los delitos que atenten contra el patrimonio del Estado, como robo de combustible, los feminicidios, la trata de personas, las redes de pornografía infantil, entre otros.

Los 7 restantes

Luis Manuel Pérez de Acha (58 años de edad)

Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Ha sido abogado independiente implementado estrategias jurídicas en diversas denuncias penales, juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Ha encabezado varios seminarios entre ellos: “”Seminario sobre empresas fantasma y redes de corrupción,” “Comercio exterior y Derechos Humanos,” y “Acciones legales contra la Corrupción”.

Se desempeñó como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pérez de Acha

Pérez de Acha fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

En su comparecencia, Pérez de Acha dijo que si bien la fiscalía es autónoma, eso no significa que no tenga controles y contrapesos, y se mostró a favor de que el Legislativo tenga capacidad de remoción del fiscal. Prometió un combate frontal a la corrupción (con atención especial al uso de empresas fantasma), y combatir redes de crimen organizado desarticulando sus estructuras jerárquicas y no solo a los operadores de bajo nivel.

Dijo que entre sus prioridades estará el respeto a los derechos humanos, así como impulsar políticas de transparencia en la institución. Destacó la importancia de dignificar la labor de fiscales policías y peritos, y advirtió de la necesidad de reformar el apartado B del artículo 123 de la Constitución que permite destituir indiscriminadamente a los servidores públicos del ramo de seguridad y justicia, sin ninguna contraprestación.

Estela Cadena Azcona (72 años de edad)

Es licenciada y Doctora en Derecho por la UNAM y catedrática de esa casa de estudios. Investigadora en diversos temas en el ámbito jurídico penal. Es integrante en activo de la Barra Interamericana de Abogados A.C.

Ha cursado estudios de doctorado en derecho penal y criminología en el Istituto di Diritto Penale e Criminologia de la Universitá Degli Studi Di Roma, Italia.

En el servicio público ocupó múltiples cargos en la Procuraduría General de Justicia capitalina, fue directora del Centro Femenil de Readaptación Social del Distrito Federal, además de haber sido directora de Asuntos Jurídicos Especiales de la Comisión Nacional Bancaria. Fue subprocuradora de Justicia en el Estado de Oaxaca, además de delegada de la PGR en varios estados.

En su comparecencia, propuso crear una “fiscalía de vanguardia” que bajo las normas del nuevo sistema penal acusatorio combata delitos de alto impacto como el narcotráfico, robo de combustibles, tráfico de armas, la corrupción, ilícitos ambientales, entre otros. Propuso un plan de persecución penal con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

“Es necesaria hoy una procuración de justicia eficiente que esclarezca hechos, que proteja al inocente, que procure que el culpable no quede impune, y que se repare el daño” dijo.

Bernardo Jaime González Garza (37 años de edad)

Licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana. Especialidad en Investigación y Prueba en el Derecho Procesal por la Universidad de Castilla – La Mancha.

Se ha desempeñado profesionalmente en el servicio público donde ha ostentado diversos cargos como coordinador de Asuntos Internos en Monterrey, Nuevo León, y consejero Jurídico del gobierno de la misma entidad.

También ha fungido como secretario de Seguridad Pública de Nuevo León y Procurador de Justicia de ese estado.

En su comparecencia, González dijo que el nuevo sistema penal es positivo pero se requiere fortalecer la capacitación de los funcionarios con protocolos claros de actuación y con un modelo que permita conocer y proyectar los resultados, pues advirtió que es vital recuperar la confianza de la ciudadanía. Prometió formas “nuevas y atrevidas” de investigación, como operativos encubiertos.

Reiteró que es importante que la Fiscalía General trabaje de la mano con Universidades, cámaras de comercio y organismos ciudadanos. También destacó la importancia de los mecanismos alternativos de justicia para despresurizar el sistema penal.

Ernesto López Saure (45 años de edad)

Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Ha sido catedrático en diversas universidades y director de la Academia de Formación Profesional en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.

En el servicio público, ha sido subdirector de Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, encargado de la subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, coordinador General de Averiguaciones Previas Desconcentradas, visitador General de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, entre otros.

En su comparecencia fue el único de los candidatos en advertir de riesgo de los delitos que se cometen a través de las divisas digitales conocidas como “criptomonedas”. Dijo que la Fiscalía necesita de un programa de fortalecimiento y capacitación pues carece de recursos humanos suficientes. Se mostró a favor de poner en el centro de la estrategia a las víctimas y de abrir a la participación ciudadana el diseño del plan de persecución penal.

Julio Ángel Sabines Chesterking (38 años de edad)

Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores Contables y Administrativos del Sureste y maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por el Colegio de Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Ha sido conferencista y ha escrito diversos artículos de opinión.

En el servicio público se ha desempeñado como director General Adjunto en el Centro Nacional de Planeación de la PGR, asesor del secretario de Gobernación del Gobierno Federal, diputado Federal suplente de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, coordinador de Asesores del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, entre otros.

Fue el único de los aspirantes en pronunciarse sobre la Guardia Nacional y decir que será útil para la Fiscalía. Dijo que su gestión se caracterizará por la transformación y no solo la administración. Subrayó la importancia de fortalecer a los peritos y servicios forenses, y de fortalecer las investigaciones con perspectiva de género y respeto a derecho humanos.

Se calificó asimismo como el “caballo negro” de la competencia.

Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria (40 años de edad)

Licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UNAM. Ha sido investigadora, catedrática y académica en diversas instituciones educativas. Ha sido litigante en el ámbito penal, administrativo disciplinario, familiar, civil, mercantil y fiscal por más de 20 años.

No ha ocupado cargos en el servicio público.

En su intervención en el Senado, destacó que México ocupa la posición 1 de 33 países de la OCDE en corrupción, por lo que es necesario un combate frontal a estos ilícitos. Destacó la importancia de combatir eficazmente el lavado de dinero, de arrebatar recursos a los criminales y recuperar esos activos en favor del Estado. Se mostró a favor de dignificar el trabajo de los policías investigadores, definir protocolos claros de actuación, y respetar los derechos humanos pero sin dejar en la impunidad los delitos.

Marcos Santana Montes (42 años de edad)

Licenciado en Derecho por la Universidad de Derecho en el estado de Colima.

En el servicio público, ha sido agente del Ministerio Público, director de Averiguaciones Previas, director de la Policía, subprocurador Operativo y titular de la Procuraduría de Colima.

Santana dijo en su comparecencia que de ser elegido fiscal tendrá como política central la “cero tolerancia a la corrupción”. Garantizó que la institución operará libre de presiones o influencias políticas, y prometió un modelo de gestión que dé seguimiento de resultados caso por caso. También se mostró a favor del uso de nuevas tecnologías.

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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