Este martes 15 de enero, al mediodía, será formalmente instalada la “Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el Caso Ayotzinapa”, cuya creación fue decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 4 de diciembre de 2018, durante su primer acto como gobernante de México.
Dicho decreto presidencial ordena que todas las instancias del Poder Ejecutivo federal colaboren en cualquier situación que les sea solicitada, como parte de las investigaciones en torno al paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa (víctimas de desaparición forzada desde el 26 de septiembre de 2014), y el órgano que garantizará dicha colaboración será la “Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia”.
La comisión presidencial, explicó López Obrador durante el anuncio formulado a principios de diciembre, “es para dar todas las facilidades” por parte del gobierno, para que la próxima Fiscalía General de la República pueda realizar la investigación penal, con autonomía.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –que da acompañamiento legal a las familias de los normalistas–, explicó que la creación de esta Comisión Presidencial es necesaria, ya que, durante la pasada administración federal, “las instancias ordinarias de investigación penal se enfrentaron muchas veces con obstáculos que tenían una naturaleza más bien política”.
Explicó, por ejemplo, que “cuando el Ministerio Público pedía cierta información a determinada autoridad, para la dependencia que tenía que contestar era muy fácil decir ‘no lo tengo, no existe, adiós’; eso pasó con el Cisen, pasó con la Sedena, pasó con la Policía Federal, y con otras instancias de gobierno, entonces, es muy importante que exista un mecanismo formal de coordinación política, que será la comisión presidencial, que impulse las gestiones necesarias para acceder a la verdad”.
Esta comisión presidencial, aclaró el representante del Centro Pro, será distinta de la fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa que (por orden de un Tribunal Colegiado del Poder Judicial) deberá conformar la próxima Fiscalía General de la República, con el objetivo de continuar la investigación penal de los hechos.
En diciembre pasado, Alejandro Encinas, quien será titular de la comisión presidencial que formalmente será constituida este martes, detalló que este órgano de coordinación política “habrá de implementar la interlocución necesaria con el Ministerio Público para que, respetando su autonomía, se cree una fiscalía especializada o una comisión especial para la investigación de los hechos, asegurando que las investigaciones se realicen con imparcialidad y apego a la ley”.
Igualmente, la comisión presidencial gestionará ante la Secretaría de Hacienda la asignación de todos los recursos necesarios para que la fiscalía especializada desarrolle su labor.
La comisión presidencial, además, contará también con una representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, organismo que tendrá la encomienda de establecer los convenios de colaboración requeridos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y con cualquier organismo o autoridad extranjera que pueda colaborar en las pesquisas.
“La evolución del caso Ayotzinapa –detalló el representante del Centro Pro– descansará de ahora en adelante en tres pilares fundamentales: el primero es esta comisión presidencial, que debe asegurarse de que la voluntad política expresada por el presidente López Obrador aterrice en todas las dependencias de gobierno”.
El segundo pilar, continuó, “será la comisión de la verdad, físcalía especializada, unidad o como se llame, que va a desarrollar la investigación penal, y que tendrá que conformarse en consonancia con la resolución del Tribunal Colegiado”, es decir, tiene que ser una fiscalía especializada en la que las investigaciones del Ministerio Público sean coordinadas por las familias de las víctimas.
Y el tercer pilar, remató, “será la asistencia técnica internacional, y a este respecto lo que hemos propuesto es que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apoye en la investigación de las irregularidades cometidas por servidores públicos involucrados con el caso, porque ellos investigaron muy detalladamente el uso de la tortura como parte de la investigación”.
En paralelo, señaló, “por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que buscamos es una asistencia técnica vinculada a lo fundamental, que es dar con el paradero de los estudiantes, recogiendo todos los aportes tanto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (que dio asistencia técnica al gobierno mexicano en este caso entre 2015 y 2016), como del Mecanismo Especial de Seguimiento creado luego de que el GIEI se fue de México”.
En su calidad de instancia de coordinación política, detalló el representante del Centro Pro, la Comisión Presidencial tendrá la responsabilidad de promover los acuerdos con la próxima Fiscalía General de la República para conformar este órgano de investigación penal del caso Ayotzinapa, así como los acuerdos para obtener asistencia técnica internacional.
De esos tres pilares, sólo el primero será conformado este martes, y del trabajo de éste depende la rapidez con la que se conformen los otros dos: la fiscalía especializada, y los equipos internacionales de asistencia técnica.
