En el conflicto de Venezuela, ¿quién apoya a Guaidó y quién está con Nicolás Maduro?
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En el conflicto de Venezuela, ¿quién apoya a Guaidó y quién está con Nicolás Maduro?

Seis países europeos (España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Holanda) exigieron la convocatoria a elecciones en ocho días, de lo contrario reconocerán a Guaidó como jefe de estado.
AFP
Por AFP
27 de enero, 2019
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Venezuela está en el centro de la escena diplomática internacional desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino desafiando al gobernante socialista Nicolás Maduro. En su disputa por el poder, estos son los principales apoyos que tiene cada uno, dentro y fuera del país:

Maduro

– Militares:

Son considerados el sostén del gobierno y el jueves reafirmaron su apoyo a Maduro, denunciando un “golpe de Estado” en marcha.

De 32 ministros, nueve son militares y dirigen carteras como Defensa, Interior, Agricultura y Alimentación, además de la petrolera PDVSA -que aporta 96% de los ingresos al país- y el servicio de inteligencia. También controlan una televisora, un banco y una ensambladora de vehículos, entre otras empresas.

Sin embargo, aparecen algunas grietas: el sábado, el agregado militar de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva, anunció que ya no reconoce a Maduro como presidente legítimo, y que llama a sus “hermanos militares” para que apoyen a Guaidó.

– Acreedores y aliados internacionales:

China, principal acreedor de Venezuela, con unos 20,000 millones de dólares pendientes de pago, se opuso el jueves a la “injerencia externa”, tras el apoyo de Estados Unidos y otros países a Guaidó.

Rusia, segundo acreedor de Caracas, lo respalda también militarmente: en diciembre envió dos bombarderos y un centenar de oficiales a Caracas para ejercicios conjuntos. El presidente Vladimir Putin llamó a Maduro para expresarle su “apoyo”.

Países como Turquía, Cuba, Bolivia, Uruguay y México -que ha señalado que su posición es de neutralidad- siguen reconociendo a Maduro, de 56 años, que además cuenta entre sus aliados a Irán y Corea del Norte.

– Aparato de Justicia

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es de línea oficialista. Sus miembros fueron designados por la antigua mayoría parlamentaria chavista, en diciembre de 2015, días antes de que la oposición asumiera el control del Parlamento.

Desde 2016 declaró en desacato al Legislativo, en el que la oposición tiene una mayoría calificada, y anula todas sus decisiones. Reiteró el jueves su apoyo a Maduro.

También el fiscal general, Tarek William Saab, respaldó al gobernante socialista.

– Asamblea Nacional Constituyente:

Fue convocada por Maduro tras cuatro meses de protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos en 2017; está integrada solo por oficialistas y tiene poderes absolutos. Asumió en la práctica las funciones del Parlamento. La oposición se negó a participar en las elecciones para escoger ese organismo por considerar “ilegal” su convocatoria.

– Poder electoral:

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es presidido por Tibisay Lucena, abiertamente chavista y durante cuya gestión han sido inhabilitados varios partidos opositores. El jueves hizo una declaración respaldando a Maduro.

Decisiones del CNE y de la justicia frenaron un referendo para revocar a Maduro en 2016, cuya convocatoria está prevista por la Constitución.

Alegando falta de garantías e imparcialidad, los principales partidos opositores se han mantenido al margen de las últimas elecciones, incluidas las presidenciales del 20 de mayo de 2018 en las que fue reelegido Maduro, y que denunciaron como un “fraude”.

Guaidó

– Apoyo internacional reciente:

Estados Unidos, varios países de América Latina y la Unión Europea desconocieron la reelección de Maduro.

Tan pronto Guaidó se autoproclamó presidente interino el miércoles, Donald Trump lo reconoció, así como una docena de otros países de la región, entre ellos Brasil, Colombia y Argentina.

En tanto, la Unión Europea anunció el sábado que “tomará medidas” si no se convocan elecciones “en los próximos días”, aunque algunos de sus miembros, como Grecia, apoyan a Maduro.

Seis países europeos (España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Holanda) exigieron la convocatoria a elecciones en ocho días, de lo contrario reconocerán a Guaidó como jefe de estado.

El domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que su país reconoce el “nuevo poder” en Venezuela.

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, también dio su respaldo al presidente interino.

– Parlamento:

De mayoría opositora, el actual Parlamento fue elegido en 2015, cuando la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asestó al chavismo la mayor derrota electoral de su historia.

Tras asumir el 5 de enero la presidencia del Legislativo, Guaidó, de 35 años, comenzó a presionar por un “gobierno de transición” y nuevas elecciones, llamando a los militares a romper con el gobierno a cambio de una amnistía.

El Parlamento declaró a Maduro “usurpador” y Guaidó dijo el miércoles que asumía sus competencias en forma interina.

Los diputados, sin embargo, están maniatados por las decisiones del TSJ.

– Justicia en el exilio:

Un tribunal supremo de justicia paralelo, nombrado por la mayoría parlamentaria opositora y que está en el exilio, saludó el miércoles la “voluntad” de Guaidó de asumir como presidente encargado.

La fiscal general destituida Luisa Ortega, una chavista que huyó de Venezuela en 2017 tras ser removida de su cargo por no respaldar a la Constituyente, dio su “apoyo y reconocimiento” al “nuevo presidente”. “Cuente con el Ministerio Público legítimo para restablecer la democracia”, le dijo.

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Agresión de policías a músico reenciende protestas en Francia por polémica ley de seguridad

El ataque a un productor de música negro, que fue golpeado por policías de París, ha elevado la indignación en Francia en momentos en que el gobierno promueve una polémica ley de seguridad.
28 de noviembre, 2020
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Los policías involucrados “han manchado el uniforme de la república”, sentenció este viernes el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin.

Y es que la golpiza que recibió el productor de música Michel Zecler el pasado 21 de noviembre ha indignado al país luego de que se diera a conocer un video del incidente que tuvo con policías en París.

Un caso que ha reavivado las protestas que se registran en el país por una ley de seguridad que propone el gobierno y que los manifestantes advierten hará invisibles casos de abuso de las fuerzas del orden.

Las imágenes de una cámara de seguridad, difundidas primero por el sitio de noticias Loopsider, muestran a tres agentes pateando y golpeando con porras a Zecler, cuando este entraba a su propio estudio musical.

El productor de Black Gold Studios presuntamente se había cruzado con una patrulla y, al no llevar puesta una mascarilla, trató de entrar rápido a su oficina para evitar ser multado.

Tres agentes lo siguieron e ingresaron al estudio para sacarlo a la calle. Para conseguirlo, hicieron uso de la fuerza, hecho que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que es “inaceptable” y “vergonzoso.

Tras pedirles ayuda, artistas que estaban en el estudio consiguieron liberarlo de los agentes y cerrar la puerta, pero los policías reingresaron y lanzaron una granada lacrimógena en el interior.

Zecler asegura que, además de ser golpeado, fue objeto de insultos racistas por ser negro durante los cinco minutos de golpiza que le dejó hematomas en todo el cuerpo, además de necesitar puntos en la cabeza.

Inicialmente había sido acusado de violencia y resistencia al arresto, pero los fiscales desestimaron los cargos y en su lugar abrieron una investigación contra los agentes.

“Me atacaron personas que deberían haberme protegido. No hice nada para merecer esto. Solo quiero que estas tres personas sean castigadas según la ley”, dijo Zecler a la prensa afuera de la jefatura de policía el jueves, a la que llegó con su abogado para presentar una denuncia.

Los tres policías que aparecen en el video han sido suspendidos y están bajo investigación. Fueron interrogados el viernes.

Pero este caso y otros de uso excesivo de la fuerza solo ha reavivado las protestas en el país contra el gobierno de Macron.

Una protesta en París

EPA
Miles de manifestantes tomaron las calles, a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia de covid-19.

La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se manifestaban en París este sábado.

Los enfrentamientos comenzaron después de que algunos en la multitud arrojaron piedras y fuegos artificiales a los agentes. Autos fueron incendiados y se levantaron barricadas.

Una protesta en París

Reuters
Hubo algunos disturbios en París durante una marcha multitudinaria.

Macron exigió el viernes una respuesta rápida de sus subalternos para reconstruir la confianza entre la policía y los ciudadanos. Dijo que Francia nunca debería “resignarse a la violencia” o “dejar que prospere el odio o el racismo”.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo estar “profundamente conmocionada” por este “acto intolerable”.

El ojo sobre la policía

El gobierno francés ha emprendido un controvertido proyecto de ley de seguridad, que según los opositores podría socavar la capacidad de los medios para examinar el comportamiento de la policía.

El artículo 24 del proyecto de ley tipifica como delito la publicación de imágenes de policías o soldados en las redes sociales que puedan afectar a los uniformados en su seguridad física y psicológica.

Los críticos de la legislación dicen que sin tales imágenes, ninguno de los incidentes como el de Zecler, o el desalojo de un campamento de migrantes la semana pasada en París, habría salido a la luz.

El gobierno argumenta que el nuevo proyecto de ley no compromete los derechos de los medios de comunicación ni de los ciudadanos comunes a denunciar los abusos policiales.

Una protesta en París

Reuters
Tras las protestas, el artículo 24 del proyecto de ley ha sido enmendado.

Ante las críticas, el gobierno agregó una enmienda, especificando que el artículo 24 “sólo tendrá como objetivo controlar la difusión de imágenes claramente dirigidas a dañar la integridad física o psicológica de un oficial de policía o soldado”.

Las personas declaradas culpables podrían ser castigadas con un año de prisión o con una multa de hasta 45.000 euros (US$53.800).


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