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Cuartoscuro

Los más pobres gastan más en transporte y jóvenes son más propensos a morir en accidentes

Aunque más de la mitad de la población usa el transporte público, la bici o camina, políticas públicas se enfocan en los automovilistas. Mientras, las muertes por percances viales y la inseguridad, van en aumento.
Cuartoscuro
Por César Reveles
12 de enero, 2019
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A la movilidad en México la caracteriza la desigualdad. Las políticas en esta materia han priorizado a la población con automóvil y mayor poder adquisitivo, mientras que para las familias en condición de pobreza, los menores de edad, los estudiantes, los adultos mayores y las mujeres persisten condiciones desfavorables y de inseguridad al utilizar el transporte público y las vías peatonales.

A nivel nacional, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 103 millones de personas transitan diariamente por las calles del país, de éstas, el 55% lo hace en transporte público; el 29% caminando y/o en bici, y solo el 16% en automóvil.

Leer: Más redes de transporte, uso de la bici y reducción de contaminantes: plan de movilidad de Sheinbaum para CDMX

Este 85% de población que se traslada en transporte público, en bici o a pie resulta más vulnerable, principalmente, por la inversión que hacen en el pago de pasajes; la falta de transporte de calidad; la inseguridad de las calles, y el riesgo a ser víctimas de un accidente vial.

El libro Anatomía de la Movilidad en México, realizado por la Sedatu evidencia esta desigualdad en materia de movilidad.

De acuerdo al diagnóstico presentado en este documento en el país existe un sinnúmero de zonas urbanas y rurales sin cobertura de servicios de transporte público o, si la hay, de mala calidad, donde la población —particularmente niños, niñas, jóvenes y mujeres— debe caminar kilómetros “en condiciones de inseguridad” para llegar a sus trabajos, escuelas u hospitales.

Leer: La movilidad como necesidad social inminente

La Encuesta Intercensal del Inegi en 2015 registró que en México 32 millones 663 mil 342 personas de 3 años o más viajan para ir a la escuela, mientras que 40 millones 620 mil 746 personas hacen lo mismo, pero para ir a sus trabajos.

El 54.88% de las y los estudiantes lo hacen caminando; el 25.58% en transporte público o taxi; el 17.51% en vehículo particular y el 1.5 % en bicicleta. Mientras que el 34.66% de las y los trabajadores realizan sus viajes en transporte público o taxi; el 27.67% en vehículo particular; el 22.63% caminando y el 5.41% en bici.

Aunque el transporte público es el más utilizado en todo el país, el espacio de circulación que le corresponde es apenas del 40% de la superficie urbanizada. El resto de la infraestructura y la mayor parte del gasto público se destina para mejorar el espacio vial de los vehículos privados.

Discriminación, muertes e inseguridad: la realidad de la movilidad en México

El Informe sobre la Seguridad Vial en México 2017, del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), reveló que anualmente alrededor de 16 mil personas mueren por causas relacionadas con accidentes viales.

Se prevé que el aumento de defunciones se mantenga a la alza, estimándose en 19 mil 536 personas para 2020.

Leer: Muere otro ciclista tras ser atropellado en CDMX; suman 7 casos en mes y medio

De las 16 mil muertes de 2017, el 44% eran a peatones; el 34.4% ocupantes de vehículos; el 19.5% motociclistas y 1.9% ciclistas.

Datos del mismo informe revelan que el 65.4% de los decesos que ocurren en las vías públicas son propiciados por actitudes y comportamientos que pueden ser prevenibles, como exceso de velocidad, invasión de carriles y algunas otras faltas a los reglamentos de tránsito.

Los accidentes viales son la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 35 años, y la principal tendencia para fallecer entre los niños y niñas menores a 5 años, los adultos mayores y los motociclistas.

Las tasas más altas de mortalidad accidentes viales se registran en: Zacatecas, Tabasco, Sinaloa, Durango, Nayarit, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Baja California, Campeche, Morelos, Puebla y Nuevo León.

Además de los menores y los adultos mayores, las personas con discapacidad conforman otro de los grupos con mayor vulnerabilidad. Su accesibilidad al transporte y desplazamiento presentan grandes rezagos.

Según el Inegi, hasta 2014, en México se registraban 7.1 millones de personas con alguna discapacidad. El 5% de estas personas adquirieron su discapacidad por un accidente vial.

Los estados con mayor población con discapacidad son: Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán, entidades que también concentran a las principales zonas urbanas del país.

Leer: Matan a hombre durante asalto en transporte público en Iztapalapa

Ya sea en áreas urbanas o rurales, las personas con discapacidad se enfrentan a los mismos problemas pues la mayoría de los espacios públicos no están adaptados para permitir su libre traslado en caso de utilizar bastón, silla de ruedas, andaderas o muletas.

En la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, el 31.1 % de la población con discapacidad señaló que una de las principales problemáticas que enfrentan se da por calles, instalaciones y transportes inadecuados; mientras que el 25.1% se dijeron víctimas de discriminación en al menos un ámbito social, entre ellos, el transporte público.

En cuanto a la inseguridad, cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, señalan que en 2017 se registraron 11 mil 81 robos o asaltos en calle o transporte público, 2 mil más que en 2016, cuando se reportaron 9 mil 599.

Esto coloca al transporte público en la tercera posición de los lugares en donde más inseguros se sienten las y los ciudadanos. Según información de la ENVIPE el orden de los lugares es el siguiente:

  1. Cajero en vía pública
  2. El banco
  3. Transporte público
  4. La calle
  5. La carretera

Los más pobres gastan más en transporte

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016, para la mayoría de las familias mexicanas que habitan en zonas urbanas, el transporte es el segundo concepto de gasto familiar con el 19.3%, seguido de la educación, con el 12.4%; duplicando el gasto en vivienda y sus servicios que representan el 9.5%, y siete veces más de lo gastado en cuidados a la salud, con el 2.7%.

Lo más preocupante de esto es que las familias en situación de pobreza y, por ende, con menores ingresos gastan el 11% de su presupuesto total en transporte público, mientras las familias con mayores ingresos gastan tan solo el 0.8%.

Leer: Pide CDMX abordar transporte público sin gorras, capuchas y lentes oscuros

Con el paso de los años la inversión en el transporte ha aumentado sin que la calidad del servicio en éste mejore.

En Ciudad de México, el transporte es el segundo concepto de gasto. Cada capitalino gasta alrededor de 7 mil 455 pesos trimestrales solo en pasajes, inversión mayor a la que hace en vivienda, donde gasta 5 mil 908 pesos o los mil 200 pesos que paga por salud.

Chiapas es el estado con menor gasto y aunque el transporte también es el segundo concepto de gastos, su inversión es de 2,616 pesos trimestrales, 1,170 pesos para vivienda y 448 pesos trimestrales para salud.

De acuerdo con datos del Inegi, los hogares con el decil más bajo (con un ingreso mensual promedio de 2 mil 722 pesos) ocupan el 56% de sus recursos reservados para el transporte público, y aquellos con el decil más alto (con ingresos mensuales de 56 mil 285 pesos) invierten el 9.4% de sus ingresos reservados para el transporte público.

Con base en esto, proyecciones hechas del gasto familiar para 2030, estiman que las familias con el decil más bajo incrementarán su gasto en transporte público hasta en un 4%, mientras el decil más alto lo disminuirá hasta en un 0.5%.

¿En qué y cómo se gasta el presupuesto para Movilidad?

El tema de la movilidad no es prioridad para una buena parte del país. Actualmente el 34% de los estados no cuentan con instancias de movilidad que se hagan responsables de implementar políticas; programas, o acciones en este rubro.

Esto impacta negativamente en el uso del presupuesto federal destinado a movilidad, ya que al no haber un análisis del panorama general, no se toman en cuenta las necesidades reales de la población.

Leer: La movilidad de los más privilegiados

Para el periodo 2013-2017 el presupuesto federal en Movilidad ascendió a 39 mil 248 millones 354 mil 604 pesos y se distribuyó de la siguiente manera:

El 74% para proyectos viales en beneficio de automóviles particulares.

El 16.9% en redes hidráulicas o eléctricas.

El 9.68% en los peatones.

El 6.73% para el transporte público.

El 2.94% en espacios públicos.

El 1.54% para los ciclistas.

Así pues, la gran parte del presupuesto se destina en beneficio de los automovilistas. Los estados designan, en promedio, solo el 19% del gasto público federal para proyectos de movilidad sustentable; a diferencia del 81% que invierten en proyectos de infraestructura vial.

A nivel nacional, Ciudad de México y Jalisco, son los estados que realizan más gasto público con recursos locales en materia transporte público masivo. En el caso de la capital del país, particularmente, en obras relativas al Sistema de Transporte Colectivo Metro; y pesar de esto las quejas por su mal servicio son constantes.

El reto para combatir la desigualdad en movilidad

Para plantear posibles rutas de acción que ayuden a mejorar las condiciones y políticas de movilidad en pro de la ciudadanía, el libro Anatomía de la Movilidad en México dio voz a expertos y especialistas en el tema.

Leer: Herramientas para operar la política de movilidad urbana sustentable

Entre los puntos clave que tendrá que atender la administración entrante están los siguientes:

  • Atender las políticas de movilidad urbana para elevar la conciencia social sobre los valores colectivos y lograr dar acceso a los derechos fundamentales de las personas, especialmente al derecho a la movilidad.
  • Que el gobierno federal brinde apoyo a los locales con políticas que ayuden a tengan como objetivo mejorar la calidad del servicio en el transporte público ya que los gobiernos estatales por sí solos no podrían asumir el costo político de estas acciones.

Con un diagnóstico como éste se espera que tanto sociedad como gobierno asimilen el alto grado de desigualdad que se vive en la movilidad del país y se emprendan acciones que, en trabajo conjunto, ayuden a superar esta situación.

Aunado a esto, actualmente, el Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin), a través del Programa Federal de Apoyo al Transporte Urbano Masivo (Protram), promueve, entre otros proyectos, la elaboración de los Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).

Se espera que los PIMUS, además de permitir diagnósticos profundos en cada uno de los estados, se conviertan en una estrategia de movilidad integrada que permitan la elaboración de:

  1. Una visión a largo plazo para el desarrollo urbano y la movilidad con un enfoque integrado e inclusivo.
  2. La clara identificación de los roles y responsabilidades de las instituciones implicadas.
  3. Un plan para incrementar las capacidades institucionales y administrativas necesarias para planear la movilidad, el desarrollo urbano y la participación cívica.
  4. Una descripción de las medidas e instrumentos que apoyan la implementación de políticas y proyectos.
  5. Una estrategia para generar una cultura de participación comunitaria.
  6. Esquemas de financiamiento.

Mientras esto se pone en marcha, la realidad para las y los mexicanos es el ver obstaculizado su acceso a derechos básicos en materia de movilidad, situación que fomenta las condiciones de marginación y desigualdad.

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BBC

Guadalajara, la ciudad en México donde "puedes sentir el miedo" en el ambiente

Una de las tácticas de los grupos criminales en Jalisco para ocultar sus asesinatos provoca miedo en los suburbios de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México.
BBC
5 de septiembre, 2019
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La señal de que algo anda mal en La Estancia, un arbolado suburbio de la ciudad mexicana de Guadalajara, son las decenas de carteles colocados afuera de las casas que dicen “en venta”.

La gente comenzó a irse de ahí en mayo, cuando la policía encontró un cuerpo en descomposición en el interior de una casa de ese tranquilo barrio.

El mes pasado, una víctima de secuestro pudo escapar a sus captores y pidió a la policía entrar a otro domicilio en la misma calle. En el interior fue hallado un cadáver y tres cabezas decapitadas.

En lo que va de año, se han ubicado más de 15 sitios de asesinatos y entierros clandestinos, algunos con docenas de cadáveres, dentro de casas en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco.

Este es un acontecimiento aterrador en un país donde más de 40,000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 2006.

Cuando los delincuentes entierran a las víctimas en propiedades privadas, se benefician de barreras legales que impiden a las autoridades llegar hasta donde están los cadáveres.

“Puedes sentir el miedo”

Los grupos de búsqueda en Guadalajara ya no pueden valerse solo de las palas; ahora necesitan excavadoras y taladros para perforar el hormigón.

Una cinta de "prohibido el paso" en una calle de Guadalajara

BBC
Los habitantes de los alrededores de Guadalajara no reportan los crímenes por temor a las represalias.

El silencio de los vecinos alimenta la impunidad. Aunque algunos llegan a escuchar gritos o perciben un olor a carne en descomposición, pocos se atreven a llamar a la policía.

“Nadie reporta lo que sabe”, dijo un habitante de La Estancia que por seguridad pidió no ser identificado.

Puedes sentir el miedo… es palpable”, dice.

Desde que el gobierno de México desplegó tropas para luchar contra los carteles de la droga en 2006, se han descubierto fosas comunes con una frecuencia asombrosa.

Un estudio dirigido por los periodistas Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati encontró que al menos 1,978 fosas clandestinas fueron halladas entre 2006 y 2016.

Las autoridades han hecho poco por encontrar esas tumbas.

Campo exterminio Tamaulipas

Mónica González/Pie de Página
Organizaciones civiles han creado grupos para la búsqueda e identificación de víctimas de fosas clandestinas.

En cambio, los políticos han retratado rutinariamente a los desaparecidos como criminales, a pesar de la abrumadora evidencia de que hay muchos civiles inocentes entre ellos.

Cavando por los muertos

En todo México, muchos padres desesperados han emprendido la tarea de buscar los restos de sus hijos desaparecidos. Estas investigaciones informales han llevado a descubrimientos impactantes.

En 2016, una llamada anónima condujo a un colectivo a una zona boscosa en el estado de Veracruz, en el este de México. Allí fueron desenterrados al menos 298 cuerpos y miles de fragmentos óseos.

Pero los obstáculos para encontrar personas desaparecidas en Guadalajara se han multiplicado en los últimos años, según cuenta Guadalupe Aguilar, miembro fundador de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco.

Guadalupe Aguilar sostiene una foto de su hijo José Luis

BBC
Guadalupe Aguilar ha pasado 8 años buscando a su hijo desaparecido, José Luis,

Ella ha estado buscando a su hijo, José Luis Arana, desde que desapareció en las afueras de Guadalajara en 2011.

“En otras regiones, los delincuentes están más cerca de zonas rurales”, indica Aguilar.

Explica que como en la ciudad es mucho más riesgoso transportar un cadáver, los criminales utilizan casas para esconder los cuerpos de sus víctimas.

“Siempre es más difícil buscar en una propiedad privada, porque se necesita una orden judicial para ingresar”, dice.

Una ciudad en guerra

Un funcionario de la policía que habló con la BBC bajo condición de anonimato dice que dos organizaciones criminales están detrás de las fosas clandestinas en las casas de los alrededores de Guadalajara.

El primero es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que el gobierno considera la organización criminal más violenta del país en la actualidad.

El segundo es Cartel Nueva Plaza, un grupo rival que se separó del CJNG en 2017, una ruptura que ha provocado la violencia en toda la ciudad.

Una puerta con una cadena

BBC
Las autoridades deben obtener órdenes judiciales para inspeccionar viviendas privadas, lo que beneficia a los criminales.

“Estos grupos rentan (casas) a propietarios que no tienen idea de para qué se utiliza su propiedad“, dijo el funcionario.

“También hemos documentado casos en los que simplemente las invaden. Encuentran propiedades deshabitadas y las convierten en casas de tortura o sitios de entierro”, afirma.

Esta estrategia no se había visto en esta escala en México desde 2011, después de una serie de asesinatos masivos en el estado de Durango, ubicado en el norte del país.

Pero el funcionario de la policía advirtió que la táctica del entierro podría extenderse pronto a otras ciudades, ya que los delincuentes de Jalisco, particularmente los del CJNG, están ampliando su control en todo el país.

Las áreas pobres y poco pobladas son particularmente vulnerables a las invasiones de carteles.

Desaparecidos en México

AFP
Las familias de los desaparecidos encabezan las búsquedas en México.

El problema es tan grave en Chulavista, una zona de viviendas en las afueras de Guadalajara, que los lugareños tapan las puertas de las casas abandonadas para evitar que los delincuentes las tomen.

“Nadie está buscando”

La crisis de seguridad de Jalisco fue noticia internacional en septiembre del año pasado, cuando las autoridades dejaron en una calle un tráiler refrigerado con 273 cuerpos de personas no identificadas en los suburbios de Guadalajara.

El gobierno del estado había alquilado el contenedor después de un aumento de la violencia que saturó las instalaciones forenses.

Los políticos atribuyeron el escándalo al mal manejo del entonces jefe de los forenses de Jalisco, Octavio Cotero. Pero Cotero acusó al estado de ignorar sus alertas de destinar fondos para el manejo de cadáveres.

También reveló que había un segundo tráiler que contenía más cuerpos no identificados.

En 2018, hubo cambio de gobernantes tanto en el estado de Jalisco como en el gobierno federal. Pero Cotero dice que estos nuevos liderazgos tampoco están solucionando la crisis de los desaparecidos.

Octavio Cotero junto a una foto de su hija

BBC
Octavio Cotero también busca a su hija desaparecida en 2018.

Según Cotero, el número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas en viviendas de los alrededores de Guadalajara excede la capacidad oficial para identificarlos.

“Necesitamos invertir en capacitación (forense)”, argumenta.

Para el exfuncionario, la crisis de seguridad de México también es una tragedia personal.

En julio del año pasado, su hija, Indira Cotero, desapareció sin dejar rastro.

La policía anunció que estaban buscando identificar un domicilio en Guadalajara como parte de la investigación, pero Cotero asegura que no se ha hecho nada desde entonces.

“Lo peor es no saber dónde está. Y el hecho de que nadie está buscando“, se lamenta.


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