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Administración de AMLO contrata en Pemex a 3 funcionarios involucrados en el desvío de 348 mdp de la Estafa Maestra

Los personajes son: Miguel Ángel Lozada Aguilar, director Producción y Exploración; Héctor Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial, y Luis Galván, gerente de Operación y Control Financiero.
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
22 de enero, 2019
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Tres funcionarios de Pemex que firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra, ocupan cargos directivos de Petróleos Mexicanos en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fue nombrado director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP) es una de las seis Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), es decir, la parte medular de la empresa. Dicho nombramiento es propuesto por el director de Pemex, en este caso Octavio Romero Oropeza, quien ha sido un colaborador cercano al presidente López Obrador desde 2000 cuando fue Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y luego como candidato de Morena a la alcaldía de Centro, Tabasco en 2016. Al perder la elección, el Presidente le designó la dirección de Pemex.

Este lunes, la revista Proceso publicó que Miguel Ángel Lozada Aguilar se integró a la nueva estructura de Petróleos Mexicanos, para encargarse de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos en México y en el extranjero. Este es el puesto más alto que ha obtenido desde que comenzó a trabajar en Pemex en 2002 como ingeniero técnico especialista B, de acuerdo con su historial en Declaranet.

Sin embargo, en 2014 como administrador del Activo de Producción Cantarell, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de Pemex-PEP, firmó un convenio por más de 82 millones de pesos que acabaron, prácticamente en su totalidad, en siete empresas fraudulentas.

Se trata del convenio 422082806, del que Animal Político tiene copia, a partir del cual Pemex-PEP le entregó 82 millones 863 mil pesos a la Universidad Popular de la Chontalpa, para que ésta le diera servicios de asistencia técnica en materia de perforación y producción de pozos petrolíferos.

A través de una violación a la ley federal de adquisiciones, la universidad entregó más de 80 millones de pesos a siete empresas que tampoco cumplieron con los trabajos, y se quedó con una ‘comisión’ de un millón 982 mil pesos tan solo por hacer de ‘intermediaria’ en el fraude.

Entre las empresas beneficiadas con dinero público de este convenio figura Maheca SA de CV, que Animal Político documentó en el reportaje periodístico La Estafa Maestra que fue desmantelada después de recibir el dinero público y que sus socios accionistas son, en realidad, prestanombres.

Uno de los ‘dueños’ de Maheca, Francisco N., labora como conserje limpiando el suelo de una escuela ubicada en una ranchería pobre de Tabasco, a pesar de ser, al menos en el papel, el dueño de una compañía millonaria. La otra persona supuesta dueña en el acta constitutiva de Maheca, Ofelia del Rosario Arce, no fue localizada en su presunto domicilio ubicado en el fraccionamiento Bosques de Villahermosa. Y tampoco se localizó a Alejandra Pinete, otra de las accionistas; el que se reportó como su domicilio es un modesto departamento ubicado en una unidad habitacional, donde la mujer que vive dijo no conocerla.

Las otra seis empresas beneficiadas ya fueron catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como ‘fantasma’, debido que se comprobó que son compañías sin infraestructura real, activos, ni personal trabajando, que simularon operaciones comerciales. Se trata de Logistic Peninsular SA de CV; Apa Investments SA de CV; Construcción, Suministros y Arrendadora Lomax; Pacific Asistence SA de CV; Pen Comerce SA de CV; y Global Baker Oil SA de CV.

El segundo funcionario involucrado en el esquema de desvío de recursos es Héctor Salvador Salgado Castro, quien es subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Exploración y Producción, es decir, su puesto depende de Lozada Aguilar, y está encargado del manejo y comercialización de hidrocarburos, según se informa en el directorio del Consejo de Administración de Pemex.

Él era gerente de proyecto de Desarrollo Aytsil-Tekel, en la subdirección de Desarrollo de Campos de Pemex-PEP, cuando firmó el convenio 428813823 por 90 millones 213 mil pesos que, a través del Instituto Superior de Comalcalco, desaparecieron en la empresa Integrated Reservoird Management de México SA de CV; una compañía que no hizo los servicios, que fue desmantelada poco tiempo después de recibir el dinero público, y que tenía entre sus socios accionistas a prestanombres que vivían en zonas pobres de Villahermosa, Tabasco.

El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco violó la ley de adquisiciones para entregarle 83 millones 898 mil pesos a Integrated Reservoird Management de México SA de CV, y además se quedó con una ‘comisión’ de 6 millones 315 mil pesos solo por hacer de intermediaria en la subcontratación.

Salgado Castro tiene 32 años de trabajo en Pemex, pero su nuevo puesto es el de mayor rango. Empezó en 1987 como “analista” cuya función era realizar estudios de reservas de los yacimientos. Ocupó otros cargos como la “subdirección región marina suroeste” en 1992, y en 2017 llegó a la Gerencia de Administración de Proyectos, de acuerdo con información en Declaranet. 

El tercer funcionario es Luis Galván Arcos, que según el directorio del Consejo de Administración de Pemex es gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística, dependiente de la Dirección Corporativa de Finanzas, a cargo de Alberto Velázquez García.

En 1997 tuvo su primer cargo en Pemex, coordinador de Administración y Finanzas Activo de Producción Poza Rica, luego fue subgerente de Administración de Bienes y Servicios Región Norte en 1999 y ocupó diferentes cargos en los siguientes años hasta que en 2015 fue nombrado Gerente de Recursos Financieros de Pemex Producción y Exploración.

Cuando era gerente de Suministros y Servicios Administrativos de Regiones Marinas en Pemex-PEP, firmó cuatro convenios, todos en poder de este medio, por hasta 176 millones de pesos que, a través de la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche (Unacar), la Universidad de la Chontalpa, y el Instituto Tecnológico de Comalcalco, acabaron en las cuentas de nueve empresas fantasma o irregulares, que tampoco cumplieron con los servicios.

Entre las compañías beneficiadas por este convenio están, por ejemplo, MC Tecnologies SA de CV, y Ruvari SA de CV, ambas catalogadas ya oficialmente por el SAT como empresas fantasma. La empresa Maheca SA de CV, que tienen prestanombres entre sus socios, y la compañía Global Baker Oil, catalogada como fantasma por la autoridad, también fueron beneficiadas gracias a estos convenios firmados por Luis Galván Arcos.

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Getty Images

Familia LeBarón: qué se sabe de la comunidad mormona que perdió a 9 de sus integrantes en un ataque

Se establecieron en México en los 1920 después de separarse de la iglesia mormona en EU y prosperaron con la producción de nueces en una zona que ahora es controlada por grupos afiliados a carteles de la droga.
Getty Images
5 de noviembre, 2019
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Coche calcinado

Reuters
La familia dijo que fue “una masacre”.

“Esta es una zona de guerra y desde hace tiempo estamos pidiendo ayuda”.

Así lo dijo este martes Julián LeBarón al informar a los medios sobre la emboscada que mató a al menos nueve miembros de su familia, la mayoría niños.

Los hechos ocurrieron en el límite de los estados de Chihuahua y Sonora, en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.

La “masacre”, como la describió Julián LeBarón a los medios, ocurrió cuando tres mujeres que viajaban en tres vehículos con 14 niños fueron emboscadas por un comando armado. Al menos nueve personas murieron, entre ellos seis niños, y ocho menores lograron escapar.

Las mujeres se estaban trasladando desde un asentamiento en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora, hasta otro en La Mora, en Chihuahua.

Era un viaje que realizaban rutinariamente, según LeBarón, porque en ambas localidades están establecidos miembros de la familia que forman parte de la Colonia LeBarón, una rama fundamentalista de mormones que se estableció en la zona en los 1920.

También es una región de las sierras de Sonora y Chihuahua donde operan carteles de narcotraficantes.

Y en años recientes algunos miembros de la familia LeBarón se han visto enfrentados con habitantes de comunidades locales por el uso del agua en la región.

funeral de Le Barón

Getty Images
La familia LeBarón fue víctima de la violencia del crimen organizado en 2009 con el secuestro y asesinato de Benjamín LeBarón.

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, hasta ahora no se sabe quiénes eran los hombres armados que perpetraron el ataque.

“No sabemos, aquí operan los carteles y todo tipo de matones”, declaró.

Quiénes son los LeBarón

La comunidad fue establecida en la zona alrededor de 1924 por Alma Dayer LeBarón con varios miembros de su familia.

LeBarón se separó de la organización en Estados Unidos y emigró a México.

Dos de sus hijos, Joes y Ervil LeBarón fundaron en 1955 la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos y la comunidad, que prosperó en la región principalmente con la producción de nueces, vivió de forma aislada en la zona manteniendo el inglés como principal idioma.

Fue en 2009 cuando el nombre LeBarón llegó a los titulares de los medios mexicanos junto con los graves problemas de inseguridad por el crimen organizado en la zona.

Primero fue el secuestro de Erick LeBarón, de 17 años, por cuya liberación se exigió un millón de dólares.

La comunidad de los LeBarón anunció públicamente su decisión de no pagar el rescate y se manifestó tanto en medios nacionales como internacionales contra la creciente inseguridad de la región durante la llamada “guerra contra las drogas” que declaró el entonces presidente Felipe Calderón.

Así lograron que el joven fuera liberado. Pero meses después Benjamín, el hermano de Erick, y Luis Widmar Stubbs, otro miembro de la comunidad, fueron secuestrados y posteriormente asesinados.

Los responsables colocaron una manta frente a sus casas en la que indicaban que el asesinato era en respuesta al activismo de la familia contra la inseguridad.

Desde entonces los habitantes de la colonia LeBarón pidieron la creación de una policía civil para protegerse de los grupos criminales.

La medida fue apoyada inicialmente por algunos funcionarios públicos pero posteriormente fue rechazada.

Investigación

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, antes de los hechos de este lunes la familia había tenido amenazas.

“Se denuncio que hubo amenazas y le informamos a las autoridades (federales). Hubo la denuncia y estas son las consecuencias”, declaró LeBarón.

No se sabe, sin embargo, quiénes pueden ser los responsables.

Momentos después de los enfrentamientos entre el cartel de Sinaloa y la policía.

AFP
México ha vivido hechos particularmente violentos en las últimas semanas.

Una teoría es que las mujeres y los niños, que viajaban en vehículos SUV similares a los que usan los grupos de crimen organizado, fueron confundidos con grupos rivales.

La zona en el norte de México es disputada por dos grupos rivales, La Línea, que tiene vínculos con el cartel de Juárez, y “Los Chapos” que son parte del cartel de Sinaloa.

Ambos grupos se disputan la ruta de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Pero los miembros de la familia LeBarón también se han visto involucrados en enfrentamientos con agricultores locales.

En 2018 algunos miembros de la familia tuvieron una fuerte confrontación con ejidatarios que protestaron por lo que dijeron era el uso excesivo de agua de la comunidad LeBarón que estaba plantando cada vez más árboles de nogal que requieren una gran cantidad de agua para su producción.

Los reclamos de los ejidatarios, que comenzaron desde 2013, indicaron que esa “sobrexplotación del agua” había dejado sin el líquido a las comunidades aledañas.

Según informó entonces la revista Proceso, “los encargados y empleados del rancho (de los LeBarón) recibieron a los inconformes con disparos de arma de fuego e hirieron a un hombre en la rodilla”.

Los gobiernos de Chihuahua y Sonora emitieron una declaración conjunta indicando que se lanzó una investigación para esclarecer los hechos y que se enviaron fuerzas de seguridad adicionales a la zona.

Los violentos hechos del lunes han provocado una fuerte respuesta en redes sociales tanto en México como Estados Unidos ante lo que muchos ven como la creciente violencia en el país.

“El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que ha adoptado una política de no violencia y no confrontación con los poderosos carteles del país, pero sus críticos lo acusan de carecer de una estrategia de seguridad coherente”, señala Will Grant, corresponsal de la BBC en México.

“La presión sobre el gobierno está creciendo después de un episodio vergonzoso el mes pasado, cuando la policía en Sinaloa liberó al Ovidio Guzmán López, ‘El Ratón’, hijo del narcotraficante preso Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, luego de que sus hombres los superaran”, añadió.


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