Los efectos económicos del desabasto de combustible en México
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Los efectos económicos del desabasto de combustible en México

La crisis de abastecimiento de gasolina en México empieza a crear problemas entre los empresarios del país. El gobierno, sin embargo, dice que su estrategia para combatir el robo de combustible está rindiendo sus frutos.
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11 de enero, 2019
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Personas que no pueden llegar a sus centros de trabajo, retrasos en la entrega de mercancías, despidos, pérdidas de clientes y dinero.

Es la otra cara de la estrategia del gobierno para combatir el “huachicoleo”, como se conoce al robo de combustible que, según empresarios, está causando una crisis de abasto de gasolina que afecta a 7 de los 32 estados del país.

El problema surgió después del plan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir las redes de robo de combustible creadas en las últimas décadas y que provoca al Estado unas pérdidas por 60,000 millones de pesos al año.

La estrategia consistió en cerrar las válvulas de al menos cuatro de los 13 oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para evitar que las bandas de “huachicoleros” (ladrones de combustible) extrajeran gasolina de los ductos, pero con ello se interrumpió también el suministro a decenas de ciudades en los estados de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.

Organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dicen que las pérdidas de esta semana son de 1,250 millones de pesos en tres estados.

Hombres en México extrayendo combustible.

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Según datos oficiales, las pérdidas del Estado por el huachicoleo son de 60,000 millones de pesos al año.

Es el dato de una encuesta realizada a 3,500 empresarios en Michoacán, Querétaro y Guanajuato.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) del país, en el país existen más de cuatro millones de empresas.

Sin embargo, las autoridades aseguran que su plan contra el “huachicoleo” empieza a rendir sus frutos.

El presidente López Obrador dice que en los primeros días de operación el programa generó ahorros por 2,500 millones de pesos.

El dato corresponde a la cantidad de combustible robado diariamente que se evitó con la nueva estrategia.

La estrategia del gobierno de López Obrador fue avalada por el Fondo Monetario Internacional.

“Claramente ir en contra de un negocio ilegal como el robo de combustible, creemos que es obviamente el objetivo adecuado, el hacerlo con fuerza y de manera decidida es un tema importante porque es de corrupción y estado de derecho y de generar los incentivos correctos a la inversión tanto pública como privada”, dijo el director de departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, a medios locales tras participar en un foro en el país.

Militar de guardia frente a una gasolinera.

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Personal militar guarda las refinerías y centros de distribución de combustible para evitar robos.

El miedo

Hasta ahora, el mayor temor de los empresarios es que los problemas de abastecimiento de combustible se prolonguen por más días.

Por ejemplo el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, dice que en los estados de la región conocida como El Bajío, los más afectados, solo pueden soportar una semana más la crisis.

Se trata de Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, así como una parte de Jalisco y Michoacán.

“Es el plazo en el que las empresas podrían seguir asumiendo las pérdidas, antes de que adquieran un carácter irreversible”.

La Cámara Nacional de Comercio coincide en que si la crisis de distribución de combustibles se mantiene por varios días, puede haber problemas en el abasto de alimentos.

Un camión con frutas ofrece sus productos a los transeúntes.

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Los empresarios advierten que si la situación se prolonga una semana más, habrá desabasto de alimentos.

Mientras, la falta de gasolina afecta a otros sectores como los fabricantes de automóviles.

Guillermo Rosales, director de la Asociación mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) dice que tienen problemas con los clientes de Michoacán.

“Los autos nuevos se entregan con cierta cantidad de gasolina” que no tienen. “Se están deteniendo entregas”.

No es todo. Según el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, la primera carga de gasolina de los vehículos nuevos es especial.

“Para que los autos salgan deben hacerlo con un primer combustible que no es el mismo de las gasolineras, sino con estándares más altos”, explica.

“Los proveedores nos han dicho que están teniendo problemas de abasto y hay riesgo de suspender el suministro”.

La raíz del problema

El origen de la crisis de gasolina y diésel no es la falta de productos sino las dificultades para distribuirlo, coinciden empresarios y autoridades.

La mayor parte de los combustibles se distribuyen por los 17,000 kilómetros de poliductos de Pemex.

Camiones cisternas estacionados.

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Los empresarios aseguran que no falta el combustible, pero falla el sistema de distribución y piden a López Obrador que emende errores.

Las bandas de “huachicoleros” instalaron varias redes paralelas a los ductos para extraer permanentemente los hidrocarburos, según cuenta a BBC Mundo la especialista Ana Lilia Pérez.

Es una de las formas de robar combustibles.

Los poliductos de Pemex no solo conducen gasolina. Según datos de la empresa, en distintos momentos pueden contener turbosina, diésel, petroquímicos o naftas que es una mezcla de hidrocarburos líquidos.

Los “huachicoleros” saben el día en que se mueve el combustible que necesitan, y aprovechan el momento para perforar los tubos.

Militar mexicano frente a una de las refinerías de Pemex.

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Muchos expertos aseguran que los huachicoleros tienen la colaboración de algunos empleados de Pemex para perpetrar sus robos.

Esta información la obtienen con ayuda de empleados de Pemex, coinciden la especialista y autoridades.

Un ejemplo ocurrió el martes 8 de enero. Petróleos Mexicanos abrió las válvulas del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, pero lo cerró en pocas horas por una fuga.

El ducto se reabrió después, pero ocurrió un nuevo incidente. Al investigar, dijo López Obrador, se confirmó que hubo sabotajes.

Por estas razones, el gobierno de López Obrador cerró las válvulas de algunos poliductos, y ordenó distribuir gasolina y diésel a través de pipas o carros cisterna.

López Obrador en un atril.

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El presidente mexicano dice que no dará marcha atrás en su estrategia contra el “huachicoleo” porque asegura que está dando sus frutos.

Pemex tiene 1.600 de estos vehículos y para atender la demanda rentó 3,400 más dice la secretaria de Energía Rocío Nahle.

Cada una tiene capacidad de transportar entre 30,000 y 40,000 litros de combustible.

“Y aparte, los gasolineros tienen sus propias pipas que mueven su producto, porque sí hay gasolina”, dice la funcionaria.

Los carros cisterna no han sido suficientes, se quejan los empresarios. Pero la estrategia oficial se mantiene dice el presidente López Obrador.

“No se ha logrado por completo en que dejen de robar”, advierte. “Escuché a algunos que decían que se abrieran los ductos. Es decir, ¿vamos a seguir así? ¿Es mejor que se sigan robando 800 pipas diarias?”.


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Cuartoscuro

“De un día para otro somos desechables”: la expansión de la vivienda tipo Airbnb en la CDMX expulsa a vecinos de zonas céntricas

Del 2000 al 2020, el número de viviendas de uso temporal tipo Airbnb pasó de 22 mil 122 a 71 mil 780. Capitalinos cuentan cómo fueron desalojados de sus departamentos por los planes de sus caseros para convertir edificios en más espacios de alojamiento, una situación puede agravarse en los próximos años.
Cuartoscuro
3 de noviembre, 2022
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En seis años que lleva como inquilina en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Diana ha sido expulsada de donde renta en dos ocasiones, porque los dueños de los edificios han preferido convertirlos en espacios para recibir turistas. En ambas ocasiones, los costos de vivienda se han encarecido a la par de la transformación de los departamentos en alojamientos de Airbnb.

Diana actualmente vive en Bolívar 26, un edificio de arquitectura colonial y grandes portones de madera ubicado en el corazón del Centro Histórico, que cuenta con terrazas con vistas hacia la Torre Latinoamericana. Su departamento, en la planta más alta, tiene acceso privado a una de ellas, motivo por el que ese espacio se ha vuelto tan codiciado.

“Este espacio cuesta alrededor de 15 mil 500 al mes. Cuando llegué aquí, tenía un trabajo (…) y valía la pena hacer todos los esfuerzos por pagarlo. Como ves, tengo la comodidad de la terraza, de estar aquí con mi gato, y eso para mí es muy importante porque es donde paso todo el tiempo”, cuenta en entrevista.

Con la pandemia, su situación económica se vio afectada porque perdió su trabajo en la Secretaría de Cultura y, hasta ahora, solo ha conseguido empleos freelance. Para mediados de 2020, solo ella y tres inquilinos más quedaban en Bolívar 26: todos los demás se fueron a pasar la pandemia a otro lado o dejaron de tener dinero para pagar la renta. En su caso, consiguió que le bajaran la cuota a 10 mil 500 pesos y se quedó, incluso cuando en este año le informaron que nuevamente subiría la mensualidad.

Sin embargo, hace tres semanas recibió el aviso de los administradores del edificio de que al terminar el año, cuando se vence su contrato, debe irse, porque los dueños decidieron convertir el inmueble en un espacio de alojamiento para turistas.

Es la segunda vez que Diana pasa por la misma situación. A finales de 2019, vivía cruzando la calle, hasta que una mañana recibió un aviso de que tenía que irse porque los dueños convertirían el edificio en un hotel.

Airbnb ha crecido más del 200% en CDMX

De acuerdo con el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, elaborado por el gobierno capitalino, del 2000 al 2020 el número de alojamientos tipo Airbnb pasó de 22 mil 122 a 71 mil 780 inmuebles registrados, lo que equivale a un crecimiento de 224%.

La mayoría de estos alojamientos fueron ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc (10 mil 017), Tlalpan (7 mil 021), Miguel Hidalgo (6 mil 851), Iztapalapa (6 mil 216) y Benito Juárez (5 mil 615).

El documento reconoce que en los últimos 20 años “el porcentaje de viviendas deshabitadas se ha mantenido constante, mientras que la vivienda de uso temporal se triplicó; la reducción del número de ocupantes por vivienda se traduce en la disminución de los hogares, altos precios en la vivienda en venta y renta”.

En el proyecto, el gobierno capitalino identifica como una problemática que “la población de los deciles más bajos destina más del 30% de su ingreso mensual al arrendamiento de su vivienda”, y que “la falta de vivienda asequible y bien localizada provoca la expulsión hacia el Estado de México y la ocupación de suelo de conservación y zonas de alto riesgo”.

Pese a ello, y sin regulación de por medio, el pasado 26 de octubre el gobierno local anunció un convenio con Airbnb y la Unesco para promover a la capital como destino para “nómadas digitales”, un acuerdo que, a decir de especialistas, tendrá como consecuencia la expulsión de inquilinos que habitan en zonas que se consideran de valor turístico, así como el encarecimiento de las rentas para sus habitantes.

Lee: CDMX y Airbnb pactan promover “turismo creativo”; Sheinbaum niega que eleve los precios en las rentas

El proyecto contempla la promoción del alojamiento turístico en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Benito Juárez, que actualmente cuentan con el mayor número de espacios en Airbnb de la CDMX. Sin embargo, también comprende el impulso de la llegada de la plataforma a otras con menor cantidad, como Xochimilco y Milpa Alta, identificadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como aquellas con mayor número de personas en condición de pobreza.

Diana está por sumarse a los vecinos expulsados que tendrán que pagar más por rentar un departamento en una zona céntrica. De hecho, dice que todavía no encuentra un espacio bien ubicado que pueda pagar con sus ingresos actuales, aunque todos los días revisa páginas de bienes raíces y está suscrita a los boletines de varios ofertantes. Tiene un mes para decidir a dónde mudarse.

“Vamos a pagar como 35% más”

Después de 14 años viviendo en el Edificio Victoria, ubicado a unas cuadras del Palacio de Bellas Artes, en la calle de López, Lorena —quien omite dar su verdadero nombre por miedo a represalias— está preparando una mudanza de emergencia. Hace unos días, personas tocaron a su puerta y le entregaron una notificación que dice que debe desalojar el inmueble antes de que comience diciembre y la amenazaron con agredirla en caso de que se niegue.

“Cuando llegamos, el edificio tenía una fachada descuidada y era casi completo destinado a bodegas. Mi novio y yo vivíamos al sur de la ciudad, por Santo Domingo, y nos mudamos para quedar más cerca de nuestros trabajos. Estando acá fuimos partícipes de las movilizaciones para que el Presupuesto Participativo de la ciudad nos permitiera dignificar este espacio de vivienda”, narra.

Para ella, siempre fue claro que el departamento no era suyo, pero reclama la forma en la que le notificaron. Las amenazas le provocaron crisis emocionales que la llevaron nuevamente a terapia, y desde ese día dice que vive con incertidumbre: “Regreso del trabajo cansada y temerosa porque sé que ese espacio ya no es seguro”.

Lee: Encarecimiento de rentas y expulsión de inquilinos en la CDMX, los riesgos del convenio entre gobierno y Airbnb

Cuando llegó a vivir al Edificio Victoria, la renta oscilaba en 7 mil pesos mensuales y consiguió un acuerdo para pagar un incremento del 10% anual, que se mantuvo vigente hasta la actualidad. Sin embargo, ahora que debe mudarse, señala que las mensualidades serán aproximadamente 35% más altas. Consiguió un departamento en la colonia Santa María la Ribera y este fue el cobro más razonable que encontró.

“Tengo mucho enojo y mucho miedo, porque de un día para otro somos desechables quienes vivimos acá, porque a cambio de un supuesto beneficio económico están tomando la decisión de sacarnos. No imaginas lo doloroso que es estar hablando desde el departamento y estar pensando que no importa lo que haga, me tengo que ir y dejar atrás este proyecto de vida”, agrega Lorena.

“Y ni modo, a destinar más dinero a la renta, aunque eso obviamente va a representar afectaciones a otros gastos como los destinados a salud, o simplemente para la vida de todos los días”.

Cada año, 20 mil personas dejan la CDMX por encarecimiento de rentas

María Silvia Emanuelli, de Habitat International Coalition (HIC-AL), indica que el Proyecto de Programa de Ordenamiento Territorial que actualmente discuten las autoridades de la CDMX advierte que cada año se expulsa de la capital a 20 mil personas por imposibilidad de pago de la vivienda, quienes continúan acudiendo a la urbe para distintas actividades.

La especialista en temas de vivienda agrega que otras 7 mil personas cada año se ven en la necesidad de ubicarse en lugares peligrosos o asentamientos precarios para poder seguir siendo habitantes de la CDMX, debido a que son las únicas zonas que pueden costear.

Según análisis de HIC-AL, en la capital los inquilinos destinan entre 48% y 51% de sus ingresos mensuales para pagar alquiler, lo que, de acuerdo con la ONU, se encuentra por arriba del límite máximo de pago para una vivienda, “lo que vuelve difícil satisfacer otras necesidades básicas como alimentación, vestido o transporte”. 

“Entonces, si metemos a esta ecuación la aparición de Airbnb sin límites ni reglamentaciones, se deja a la ciudad en un estado de vulnerabilidad ante el posible incremento de los precios de la renta, sobre todo en los barrios que resulten interesantes para el turismo”, detalla.

Un informe de HIC-AL señala que a nivel nacional hay 5.2 millones de hogares que pagan alquiler mes con mes, de los cuales 680 mil se encuentran en la CDMX, donde cuatro de cada 10 hogares son rentados, principalmente en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

En este informe, la asociación advierte que la pandemia de COVID-19 afectó la economía de las personas, lo que generó dificultades para cubrir el pago de alquileres, situación que no ha sido atendida por las autoridades, que a la fecha no emitieron medidas para garantizar el acceso a vivienda de la ciudadanía.

Ante este contexto y el anuncio del convenio del gobierno local con Airbnb, HIC-AL promovió la firma de un posicionamiento para exigir que se haga público el diagnóstico realizado por las autoridades de los impactos que esto tendrá en el tema de vivienda, y promover medidas que mitiguen el encarecimiento de las rentas.

El documento, respaldado por 51 organizaciones y 832 personas, alerta que con la entrada sin regulación de Airbnb “la realidad para los habitantes de buena parte de la CDMX es el encarecimiento de las rentas para distintos sectores de la sociedad: una generación entera de jóvenes que crecen sin derechos laborales y no son sujetos de créditos, poblaciones indígenas que siguen luchando para que se reconozca su arraigo en la capital, personas de la tercera edad a quienes se les desaloja con violencia mediante juicios fraudulentos”.

“Y es precisamente Airbnb uno de los actores que más agudizan estos problemas. En el Centro Histórico hemos visto los efectos nocivos de la plataforma. Hoy tenemos conocimiento de al menos ocho edificios habitacionales que viven o vivieron expulsión de habitantes”, afirma el posicionamiento.

 

María Silvia Emanuelli dice que la firma del posicionamiento es solo el inicio de la batalla que como vecinos de la CDMX y activistas piensan dar contra la turistificación promovida por las autoridades y Airbnb. A partir de ahora, con la articulación de las distintas organizaciones y ciudadanos firmantes, promoverán jornadas de protesta para exigir la regulación de la plataforma y de los costos de renta, para que ningún otro habitante de la capital tenga que dejar de vivir en ella.

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