El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, al considerar que el recorte de 950 millones de pesos, representa una vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.
A través de un comunicado, el INE resaltó que “la drástica reducción presupuestal”, aprobada en diciembre pasado, les impide participar de forma independiente y autónoma, en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas.
Aunado a esto, el Instituto podría verse impedido de expedir gratuitamente millones de credenciales para votar, fiscalizar los recursos de partidos políticos y monitorear las transmisiones de radio y televisión de éstos, para que cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales.
Argumentan que el Consejo General del INE aprobó un Anteproyecto de Presupuesto Fiscal 2019 manteniendo su política de austeridad y sensibilidad social, pero cuidando que los recursos solicitados fueran suficientes para el cabal cumplimiento de todas sus atribuciones.
En dicho proyecto, se previeron reducciones a las remuneraciones netas de las y los consejeros electorales, así como de funcionarios de mando de primer nivel, cuidando que se cumpliera con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Argumentan que la Cámara de Diputados desconoció este trabajo previo y aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, donde se plantea la reducción de 950 millones de pesos con respecto a lo solicitado por el INE.
“En el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación no hay una sola explicación ni fundamentación al recorte impuesto al INE, sino que el monto se remite a un anexo”, acusan.
Tras confirmarse el recorte el INE, a través de sus consejeros electorales, tomó la decisión de promover ante la SCJN una controversia constitucional en contra del PEF, por la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.
El INE plantea que la Cámara de Diputados no puede realizar una reducción presupuestaria, sin justificación, ni fundamentación alguna, que les impida el ejercicio de sus funciones.
En la controversia constitucional también se plantea “la invasión a la esfera competencial del INE por parte de la Cámara de Diputados”, al establecer aspectos referentes a las condiciones de trabajo de las y los servidores públicos, las cuales se rigen por lo que establece la ley electoral y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa.
El INE argumenta que al modificar en el PEF 2019 los tabuladores que el Instituto había aprobado en ejercicio de su autonomía, se vulneran los derechos humanos de sus trabajadores y trabajadoras.
Con la promoción de la controversia constitucional, el INE busca que la SCJN como último intérprete de la Constitución, establezca y delimite la aplicación de las normas y respete la autonomía que la ley le confiere al Instituto Nacional Electoral.
Este martes el INE había advertido que, como una medida al recorte de 950 mdp, por primera vez en su historia, estaría postergando el pago de impuestos (Impuesto Sobre la Renta de julio a diciembre de 2019), el cual asciende a 761 mdp, con el fin de que las autoridades hacendarias acepten aumentar los recursos del organismo.
El INE agregó que de no lograr un aumento de 619 millones pendientes para tareas del instituto, entonces presentarían una acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto, ante la SCJN, situación que ocurrió este miércoles.
