El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) forma parte de los llamados Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs), instituciones creadas en los últimos treinta años para transparentar y regular las acciones del poder público, que al no estar sujetos a los poderes tradicionales del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica.
Desde 2002, el INEE ha cumplido un importante papel técnico al producir información relevante sobre el Sistema Educativo Nacional, además de dar recomendaciones basadas en evidencia para orientar la toma de decisiones para garantizar el derecho a la calidad de la educación y su equidad. Asimismo, desde que el Instituto es autónomo (en 2013), ha llevado a cabo una función reguladora en materia de evaluación educativa y de coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), así, en conjunto con las autoridades educativas federal y estatales, ha garantizado la calidad y la mejora continua de los servicios educativos que se ofrecen en México.
El Instituto siempre se ha guiado por cinco principios sustantivos: 1) todas las funciones que realiza son para mejorar la calidad educativa; 2) la búsqueda de la equidad, tomando en consideración los contextos en que se desarrollan los procesos educativos; 3) la justicia y el respeto a los derechos de las personas; 4) el reconocimiento, valoración y atención a la diversidad, y 5) la promoción de la participación y el desarrollo de procesos de diálogo con actores educativos y sociales.
Las funciones que ha realizado el INEE han estado orientadas a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, con lo cual no sólo se ha reconocido este derecho constitucional, sino que se ha hecho efectivo. Y, al igual que todos los OCAs, el INEE siempre ha realizado ejercicios sistemáticos para repensar, refundar y defender los sistemas de garantías constitucionales.
El enfoque de la educación basado en derechos humanos parte de la premisa de que existen, por una parte, personas titulares de derechos que tienen capacidad de goce y ejercicio de los mismos; y, por la otra, instituciones titulares de obligaciones cuyo deber primordial consiste en promover, respetar, proteger y garantizar la realización de estos derechos. En este sentido, las niñas, niños y jóvenes son los principales titulares del derecho a la educación; en tanto que las instituciones del Estado mexicano son titulares de obligaciones, que deben hacer respetar y asegurar el cumplimiento de este derecho.
Corresponde al INEE, dar precisión conceptual y operativa del derecho a la educación de calidad para todos, y definir con evidencia el grado que guarda el cumplimento de ese derecho, así como de dar cuenta del nivel de cumplimiento de la obligación que garantiza ese derecho por parte del Estado.
De esta forma, el INEE ha actuado como uno de los garantes del derecho a la educación de calidad en México. Si bien no se trata de un organismo único en el mundo (pues existen instituciones similares en Latinoamérica) sí es único en el grado de autonomía que tiene para velar por el interés superior de la niñez. Por lo tanto, en colaboración con todos los poderes del Estado, el INEE seguirá con su misión de garante de la calidad en la educación, contribuyendo a los procesos de mejora, permaneciendo fiel al compromiso de trabajar por los niños y jóvenes y por la superación del rezago educativo del país.
